Resulta difícil negar la existencia del racismo en los países europeos. Nos preciamos de poseer sistemas democráticos avanzados, un sistema jurídico que protege y garantiza los derechos individuales y un Estado asistencial que nos proporciona servicios básicos e iguales para todos. Sin embargo, ninguna sociedad europea está libre del racismo. A la existencia de un racismo estructural persistente, a menudo alimentado por estereotipos, se añaden nuevas tendencias, fomentadas por la inmigración.

La diversidad que lleva aparejada la inmigración es enriquecedora, pero al mismo tiempo genera un miedo irracional que lleva a algunos sectores de la sociedad a percibir la diferencia como una amenaza. Estos temores son explotados por determinados movimientos, políticos y sociales, que difunden sus mensajes racistas de base identitaria a través de las nuevas tecnologías, muy particularmente Internet, o en espectáculos deportivos multitudinarios como los partidos de fútbol. El racismo conduce a la intolerancia, y la xenofobia a la violencia, generándose un círculo vicioso sumamente difícil de romper.

La existencia de un importante "corpus" legislativo internacional no parece ser suficiente para luchar contra el racismo. La comunidad internacional se ha dotado a lo largo de los años de instrumentos necesarios, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1969 o la Declaración y el Programa de Acción de Durban dimanantes de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001. En Europa contamos con la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en el marco del Consejo de Europa, y con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, heredera del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) en el marco de la Unión Europea, que en 2007 celebra el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos.

Con todo, no cabe duda de que es en el ámbito nacional donde se debe llevar a cabo la lucha efectiva contra los fenómenos racistas, pues éstos se alimentan en gran medida del temor a la pérdida de una supuesta cultura nacional homogénea. Las políticas de integración, igualdad de trato y no discriminación tienen una importancia crucial para evitar, o al menos prever, la expresión y difusión del racismo o la xenofobia. Para poder garantizar a todos los ciudadanos la igualdad de trato y la necesaria igualdad de oportunidades es fundamental que exista una instancia que permanezca atenta a los procesos de discriminación, racismo y xenofobia y tenga por misión proponer estrategias de prevención.

Sabiendo esto y plenamente consciente de que España no es ninguna excepción en lo relativo al fenómeno racista actual, el Gobierno creó el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, en virtud de la Ley de Extranjería de 2000, aunque su constitución no se materializó hasta 2006. La decisión de crear el Observatorio es el resultado de las recomendaciones de los diversos informes de la ECRI, la transposición de la Directiva 43/2000 de la Unión Europea sobre "Aplicación del principio de Igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico" y advertencias de la sociedad civil del aumento en España de situaciones de discriminación, racismo y xenofobia contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas.

La primera y fundamental misión del Observatorio es llevar a cabo un diagnóstico periódico de la situación del racismo y la xenofobia en España. La recogida de datos, el análisis por expertos y la publicación de un diagnóstico detallado de la situación son los tres aspectos fundamentales de este primer objetivo, que tiene un importante corolario: la elaboración y publicación de informes, el primero de los cuales fue el Estudio sobre la opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia de marzo de 2006. El segundo objetivo del Observatorio es el establecimiento de redes de comunicación con entidades internacionales equivalentes. De este modo, se convierte en el principal interlocutor español de la ECRI y de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, con quienes mantiene una relación permanente y directa, así como a través de la sociedad civil. La tercera tarea fundamental del Observatorio es, elaborar informes preceptivos con anterioridad a la aprobación de legislación sectorial en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia. Quizá el caso más conocido y notorio haya sido el de la reciente Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, uno de los ámbitos en que el fenómeno racista es más visible y lamentable, tanto en España como en toda Europa. El objetivo último del Observatorio es promover el principio de igualdad de trato para todos. De la eficacia de las acciones que se adopten en este ámbito dependerá que se consigan eliminar las actitudes racistas y xenófobas. Las acciones ya emprendidas comprenden la formación a funcionarios, entre otros los miembros de las fuerzas de seguridad, en materia de igualdad de trato y no discriminación por motivos de origen racial o étnico, el fomento del tratamiento adecuado del fenómeno racista en los medios de comunicación o el fomento del uso de buenas prácticas en el sector público y el sector privado.

El modelo del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia es aún demasiado nuevo como para poder ofrecer resultados tangibles de importancia, pero cabe esperar que pueda convertirse en una herramienta esencial para luchar contra los fenómenos racistas que, lamentablemente, van en aumento en España como demuestra el estudio elaborado por el Observatorio en marzo de 2006. El estudio muestra también que en España existe un rechazo generalizado de las manifestaciones abiertas de racismo y una valoración positiva de la presencia en la sociedad española de personas de diferente origen. Sin embargo, junto con estos datos esperanzadores, surgen varias paradojas preocupantes. La primera es la percepción de que el número de extranjeros que hay en el país es excesivo. Por otro lado, prevalece la idea de que en España hay determinados grupos o minorías étnicas, religiosas o culturales, que no se mezclan con el resto de la sociedad: ello prueba la existencia de una minoría importante poco proclive a la apertura cultural. Existe también la percepción generalizada de que el aumento de la inmigración favorece la delincuencia.

La eliminación de obstáculos para la consecución de una igualdad real de todos los ciudadanos es una de las principales señas de identidad del actual Gobierno de España. Así, han sido aprobadas la Ley de igualdad de género; la modificación de la Ley de matrimonio, que lo hace extensivo a todos; la Ley de dependencia, cuyo objetivo es procurar una mayor igualdad de oportunidades para aquéllos que no pueden valerse por sí mismos y para sus familias; la introducción en las escuelas de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; y la aprobación de la Ley de identidad de género, que elimina toda discriminación basada en la orientación sexual. En el ámbito de la tolerancia y la no discriminación, además del establecimiento del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, se ha modificado el Código Penal para introducir el agravante de racismo en la comisión de cualquier crimen, lo que supondrá penas más duras, y se han establecido dos nuevos órganos, la Fundación Pluralismo y Convivencia, para promover el diálogo ecuménico, y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que reconoce las continuas dificultades de integración de un pueblo establecido en España desde hace siglos.

Estas mismas prioridades quedan reflejadas en la política exterior de derechos humanos de España, que ha hecho de la lucha contra la discriminación una de sus banderas. Como ejemplo, además de la puesta en marcha de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, cabe citar que, en 2007, año en que España preside la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se ha elegido para la dimensión humana de la Organización el lema "Diversidad y Participación en Sociedades Pluralistas".

Un sistema democrático no es compatible con la perduración del fenómeno racista y con las manifestaciones modernas de intolerancia y discriminación que padecemos actualmente. Sin embargo, estas expresiones del odio más acérrimo e irracional no desaparecerán hasta que se cree un marco que favorezca la labor de sensibilización, valiéndose eficazmente, de la educación y los medios de comunicación, y fortalezca la legislación encaminada a eliminar toda forma de discriminación.