Discriminación de los aborígenes del Canadá en sus tierras ancestrales: Una grave crisis

Con una proporción cada vez mayor de sus vecinos en prisión, en libertad condicional o en situación de riesgo, las comunidades de nativos en todo el mundo tienen ahora que afrontar otro problema urgente. Las estadísticas demuestran que el porcentaje de indígenas en situación de conflicto con el sistema de administración de justicia es muy elevado y que en muchos lugares ese porcentaje puede estar aumentando.

En el Canadá, esta cuestión ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos años. Según el Centro Canadiense de Estadísticas de la Justicia, los aborígenes representan el 19% de los reclusos federales, mientras que entre la población en general sólo representan el 3% aproximadamente. Entre 1997 y 2000, los aborígenes tuvieron 10 veces más probabilidades de ser acusados de homicidio que los no aborígenes. El porcentaje de nativos en las prisiones canadienses aumentó un 22% entre 1996 y 2004, mientras que la población reclusa general disminuyó un 12%. En otras sociedades análogas, las diferencias son igualmente asombrosas.

Aunque esas cifras ya de por sí dicen mucho, no son sino la punta visible del iceberg. "Estamos enfrentándonos a los efectos retardados de la colonización", ha afirmado Beverly Jacobs, Presidenta de la Asociación de Mujeres Nativas del Canadá. "La colonización ha tenido repercusiones muy concretas sobre las personas". La Sra. Jacobs cree demostrado que el subseguirse de generaciones que han sufrido pobreza, abusos y discriminación ha tenido efectos tremendos sobre las comunidades nativas, que han desembocado a menudo en la comisión de delitos. Ed McIsaac, Director Ejecutivo de la Oficina del Investigador de Instituciones Penitenciarias del Canadá, se muestra de acuerdo con eso, señalando que "la situación social y económica reinante ha influido en la educación, la salud y el empleo. Esas son variables de pueden llevar a las personas a tener problemas con el sistema de administración de justicia".

Pocos niegan el hecho de que, proporcionalmente, en el Canadá hay más aborígenes que cometen delitos que no aborígenes. Sin embargo, hay quienes creen que aparte de los arraigados prejuicios y otros males sociales, también existe una discriminación flagrante por parte de la policía y los tribunales. De hecho, de conformidad con el Investigador de Instituciones Penitenciarias, que es un funcionario público que desempeña la función de defensor del pueblo en las instituciones penitenciarias federales del Canadá, es evidente que existen algunas formas de discriminación sistémica en la administración de justicia, según ha indicado el Sr. McIsaac. Lo que complica la cuestión es que la discriminación, conforme a la definición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no necesariamente tiene que ser deliberada. Esto significa que las concepciones falsas arraigadas que existen respecto de los nativos, independientemente de lo sutiles que sean, pueden ser consideradas discriminatorias cuando sean el fundamento de actos llevados a cabo por agentes de la policía o por jueces. Para los indígenas acusados de comisión de delitos, esto puede significar que se les aplique involuntariamente un perfil racial discriminatorio. Para los indígenas sometidos a reclusión, esa discriminación adopta a menudo la forma de medidas de seguridad más estrictas y de falta de oportunidades para obtener la libertad condicional, que van acompañadas de la serie de problemas que provoca tener que estar alejados de la propia casa y de la familia durante largos períodos. Más compleja todavía es la cuestión de cómo adaptar las políticas oficiales a la realidad de la vida de los aborígenes. "[La discriminación] a menudo se produce al aplicarse políticas supuestamente neutrales", ha explicado el Sr. McIsaac.

La Sra. Jacobs, ilustra ese problema, en relación con la labor que lleva a cabo con las mujeres nativas, diciendo que la gran mayoría de las aborígenes sometidas a reclusión, que representan la cifra asombrosa del 30% de las mujeres recluidas en prisiones en el Canadá, han sido condenadas por delitos relacionados con una adicción o con actos de legítima defensa cometidos en el contexto de la violencia en el hogar. Teniendo presente la elevada incidencia de abusos en los hogares de los nativos y el uso generalizado de drogas y alcohol en sus comunidades, a menudo es difícil adoptar una posición muy dura respecto de esos delitos. Al adoptar los gobiernos nuevas medidas en apoyo de los pueblos indígenas, hay muchas personas que han comenzado a plantearse esa paradoja. Es difícil encontrar un equilibrio entre la necesidad de responder a la historia particular de los aborígenes y la necesidad de reprimir el delito en todas las comunidades, independientemente del contexto en que se cometan.

En el Canadá se ha iniciado recientemente un debate sobre esa cuestión debido al examen realizado en 2005 por las Naciones Unidas del cumplimiento por el país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos observó que había deficiencias en la aplicación de ese tratado y pidió al Canadá que adoptara disposiciones con el fin de proporcionar reparación por las violaciones de los derechos humanos cometidas, en especial contra los aborígenes. El Comité instó al Gobierno a que luchara contra la violencia y la discriminación sufridas por las aborígenes y manifestó su preocupación por la situación de las reclusas en el país, especialmente las de origen nativo.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se hizo eco en 2005, en su informe anual a la Asamblea General, de algunas de esas preocupaciones cuando hizo una recomendación general sobre la discriminación racial y la administración de justicia. El Comité observó que las tasas proporcionalmente más elevadas de comisión de delitos atribuidas a algunos grupos particulares, especialmente respecto de delitos menores cometidos en la vía pública y de delitos relacionados con drogas y prostitución, eran a menudo un síntoma de exclusión social. El Comité pidió a los Estados que abolieran las leyes que entrañaban una discriminación racial y establecieran programas de sensibilización y capacitación de sus funcionarios de administración de justicia.

Los Estados que son Partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial deben adoptar una serie de normas en materia de derechos humanos. En virtud de ese tratado, los grupos y los particulares pueden presentar denuncias al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. La Secretaria del Comité, Sra. Nathalie Prouvez señaló que esa cláusula era uno de los mejores medios con que contaba el Comité para obligar a los Estados a rendir cuentas respecto del cumplimiento del tratado. Los grupos o los particulares "pueden obtener reparación en el plano internacional si no la han recibido en el plano nacional", señaló la Sra. Prouvez. Pero esto sólo sucede si el Estado de que se trate ha ratificado ese tratado, y muchos Estados, incluido el Canadá, todavía no lo han hecho.

Sin embargo, el Canadá ha modificado sus propios programas para que las comunidades indígenas puedan recuperar su vitalidad. Las iniciativas se han centrado en la idea de que los aborígenes necesitan la atención y protección de su propio pueblo para estar a salvo de la discriminación en la administración de justicia. Ya en 1992 se inició la adopción de iniciativas innovadoras en los ámbitos de prevención del delito, policía e instituciones penitenciarias, con el establecimiento de la Política de Policía para las Primeras Naciones. En virtud de esa Política, el Gobierno federal y el local y la nación aborigen trabajan juntos en las labores de policía de las tierras tribales. A fin de asegurar que las labores de policía de las comunidades nativas se adapten a la población a la que sirven, las comisarías, juntas y comisiones de policía están integradas en su mayor parte por nativos. Aparte de algunos casos excepcionales previamente acordados, todos los agentes de policía deben ser personas pertenecientes a las Primeras Naciones.

Los programas de la Política de Policía para las Primeras Naciones se aplican en la actualidad en ocho provincias, con 33 acuerdos sobre policía comunitaria en la sola provincia de Saskatchewan. El Gobierno del Canadá también ha establecido la Comisión Real sobre el Pueblo Aborigen y el Comité Consultivo Nacional de Aborígenes, y aplica un programa contra el crimen organizado en las Primeras Naciones. El Sr. McIsaac señaló que los ancianos de las comunidades habían estado presentes en las audiencias de concesión de la libertad condicional a reclusos y reclusas aborígenes y que era bastante común la utilización en el proceso de concesión de la libertad condicional de "grupos de rehabilitación". Por otra parte, desde que el Tribunal Supremo del país declaró el sobreseimiento del proceso judicial por homicidio instruido contra una indígena que había actuado en defensa propia (R. contra Gladue, 1999), los tribunales canadienses empezaron a tener en cuenta en el enjuiciamiento y condena de los acusados los "factores sistémicos o de antecedentes" en el caso de las comunidades indígenas.

Muchos expertos siguen preocupados de que los nativos en libertad vigilada después de haber sido condenados por delitos tengan que abandonar sus casas para obtener los servicios sociales que necesitan. La Sra. Jacobs indicó que obligar a las aborígenes a separarse de sus hijos podría entrañar que éstos sufrieran una falta de apoyo aun mayor y que ello generara más delitos o violencias. Pero el Canadá quizás esté entrando en un período de transformación también en este ámbito. En un innovador acuerdo celebrado en 2005, el gobierno provincial de Manitoba transfirió todos los servicios de libertad vigilada de las instituciones penitenciarias a las organizaciones nativas. Un acuerdo de esa índole significa que los nativos en libertad vigilada pueden ser supervisados por los miembros de sus propias comunidades y permanecer cerca de sus familias.

La Federación de Naciones Indias de Saskatchewan, una confederación de 74 Primeras Naciones, se encarga de la gestión de dichos servicios en esa provincia. En 2007, su proyecto experimental de rehabilitación de jóvenes de las Primeras Naciones se ha centrado en los jóvenes en situación de riesgo en dos comunidades de las Primeras Naciones, ocupando su tiempo libre con actividades culturales, prácticas tradicionales y comunicación con sus conciudadanos nativos. Las actividades de ese proyecto incluyen el programa "Adoptar un anciano", en que se asigna a un joven la labor de acompañar a un anciano de su comunidad. La Federación ha añadido recientemente a sus órganos de asesoramiento un Consejo para promover relaciones adecuadas entre los jóvenes.

El Sr. McIsaac señaló que, a pesar de las iniciativas de los grupos de nativos y de las autoridades del Canadá, todavía era necesario superar la brecha estadística entre la proporción de nativos y no nativos en reclusión; de hecho, los estudios realizados demuestran que esa brecha podría aumentar aún más en breve plazo. La discriminación y el delito son problemas a largo plazo, indicó, "y no tenemos soluciones mágicas". El Sr. McIsaac también considera que las diferencias en los niveles de educación, empleo y servicios sociales deben ser eliminadas a fin de que se puedan lograr otros cambios. La Sra. Jacobs cree que la crisis continúa debido a que muchas políticas de prevención, policía y reclusión, incluso las que se administran conjuntamente con las comunidades nativas, se basan todavía en modelos establecidos por el Gobierno. Las Primeras Naciones dependen del Gobierno para su financiación, por lo que no pueden todavía abandonar por completo esos modelos. "Las comunidades están trabajando para establecer sus propios sistemas de justicia", indicó. Mientras tanto, la enseñanza básica sobre los aborígenes impartida en las escuelas ordinarias del Canadá podría ser de gran utilidad para erradicar la discriminación. La Sra. Jacobs considera que "el racismo es únicamente carencia de educación" y que la mayoría de los canadienses "no tienen ni idea" de todos los problemas con que han tenido que enfrentarse los nativos de sus comunidades vecinas.

Enraizada en problemas sociales y económicos existentes durante siglos, la discriminación de las comunidades indígenas es un problema abrumador que requiere soluciones innovadoras y el apoyo de la comunidad internacional. Pero aunque el problema no es en absoluto sencillo, muchos grupos de nativos han demostrado que están dispuestos a hacer todo lo posible para darle una solución duradera.