Financiación para el desarrollo

Resumen

En 2015 se consiguió un gran logro con la adopción de la Agenda de Acción de Addis Abeba, un nuevo marco global para la financiación del desarrollo sostenible, que alinea la financiación y las políticas con las prioridades económicas, sociales y medioambientales. La Agenda de Addis se fundamenta en el Consenso de Monterrey de 2002 y la Declaración de Doha de 2008 y presenta unas bases sólidas para realizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incluye acuerdos y recomendaciones sobre políticas que giran en torno a siete temas principales: (i) recursos nacionales públicos; (ii) actividad financiera y comercial privada nacional e internacional; (iii) cooperación internacional para el desarrollo; (iv) el comercio internacional como motor del desarrollo; (v) la deuda y la sostenibilidad de la deuda; (vi) tratamiento de las cuestiones sistémicas; y (vii) ciencia, tecnología, innovación y creación de capacidad. El apartado final está dedicado a la información, la supervisión y el seguimiento. La Agenda de Addis establece también un sólido y detallado proceso para dar seguimiento y revisar los resultados de la financiación al desarrollo, además de los medios para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Oficina de Financiación para el Desarrollo Sostenible (FSDO) respalda el proceso de seguimiento de la financiación para el desarrollo, al tiempo que trabaja con los Estados miembro, las principales partes interesadas a nivel institucional, otras organizaciones, la sociedad civil y el sector empresarial. Es más, la oficina sigue de cerca los desarrollos en materia de políticas económicas y financieras en otros foros internacionales para dotar de coherencia a las políticas a nivel mundial.

La pandemia del COVID-19 acelera la desigualdad y frena el desarrollo sostenible

Resumen

La economía global ha experimentado la peor recesión en 90 años, y los segmentos más vulnerables de las sociedades son los más afectados de una manera desproporcionada. Más de 60 agencias internacionales piden que se dediquen fondos para reconstruir un mundo más justo tras la crisis que ha provocado el coronavirus. Para ello, se necsita una mayor recaudación. Entre las recomendaciones figuran la imposición de impuestos a las empresas digitales.

La pandemia de COVID-19 está conduciendo a un mundo aún más marcadamente desigual a medida que se invierten los avances en desarrollo para millones de países pobres.

El Informe sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021 dice que la economía global ha experimentado la peor recesión en 90 años, con los segmentos más vulnerables de las sociedades afectados de manera desproporcionada. Se estima que se han perdido 114 millones de puestos de trabajo y alrededor de 120 millones de personas han vuelto a sumirse en la pobreza extrema.

Solo una acción política inmediata puede evitar una década perdida para el desarrollo de muchos países.

“Lo que esta pandemia ha demostrado más allá de toda duda es que ignoramos la interdependencia que todos tenemos a nivel mundial y lo dejamos a nuestro propio riesgo. Los desastres no respetan las fronteras nacionales”, dijo la subsecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, al dar a conocer el documento.

“Un mundo divergente es una catástrofe para todos nosotros. En el interés económico de todos es moralmente correcto ayudar a los países en desarrollo a superar esta crisis”, añadió.

Cuidado con el endeudamiento

La respuesta sumamente desigual a la pandemia ha ampliado las ya enormes disparidades e inequidades tanto dentro de cada país como entre los distintitos pueblos y naciones. La cifra histórica de 16 billones de dólares en fondos de estímulo y recuperación que los países han puesto para superar la crisis del coronavirus ayudaron a evitar los peores efectos, pero menos del 20% de esa suma se gastó en países en desarrollo. En enero de este año, de los 38 países que pusieron en marcha campañas de vacunación solo 9 no eran países desarrollados.

Alrededor de la mitad de los países menos adelantados y otros países de bajos ingresos estaban en alto riesgo o con problemas de endeudamiento antes del COVID-19 y, con la caída de los ingresos fiscales, la pandemia ha disparado los niveles de deuda.

La situación en los países más pobres del mundo es profundamente preocupante y podría retrasar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030 otros 10 años más.

El informe incluye recomendaciones concretas para ayudar a los países a superar los estragos de la pandemia e insta a los gobiernos a que tomen medidas inmediatas, que incluyen:

  • Rechazar el nacionalismo de las vacunas y aumentar las contribuciones al Acelerador de herramientas de acceso a COVID-19 para cerrar la brecha de financiamiento restante de más de 20.000 millones de dólares que se necesitan en 2021
  • Cumplir el compromiso de ayuda oficial al desarrollo del 0,7% del PIB y proporcionar nueva financiación en condiciones favorables para los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados
  • Evitar el sobreendeudamiento proporcionando liquidez y apoyo para el alivio de la deuda con el objetivo de que los países en desarrollo puedan combatir el COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales

Invertir en capital humano

“La creciente brecha entre países ricos y pobres es preocupantemente regresiva y requiere una corrección inmediata del rumbo”, dijo Liu Zhenmin, subsecretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, que elaboró el informe.

Zhenmin indicó que “se debe ayudar a los países no solo a mantenerse a flote financieramente, sino también a invertir en su propio desarrollo. Para reconstruir mejor, tanto el sector público como el privado deben invertir en capital humano, protección social e infraestructura y tecnología sostenibles”.

La inversión sostenible e inteligente, por ejemplo, en infraestructura, reduciría los riesgos y haría que el mundo fuera más resistente a las crisis futuras. Crearía crecimiento; permitiría una vida mejor para millones de personas; y combatiría el cambio climático.

Por ejemplo, se estima que invertir entre 70.000 y 120.000 millones de dólares durante los próximos dos años, y entre 20.000 y 40.000 millones a partir de entonces, reduciría significativamente la probabilidad de otra pandemia, unas cifras que contrastan con los billones de dólares gastados en daños económicos causados por el COVID-19. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes desarrolladas, la mayoría de los países en desarrollo no tienen el espacio fiscal para tal inversión.

El informe sugiere formas de abordar este desafío, que incluyen:

  • Proporcionar financiación a ultra largo plazo, por ejemplo, más de 50 años, a los países en desarrollo, a tasas de interés fijas, para aprovechar las tasas de interés históricamente bajas actuales
  • Utilizar mejor los bancos públicos de desarrollo como herramienta para la inversión en desarrollo sostenible
  • Reorientar los mercados de capitales hacia la alineación con el desarrollo sostenible eliminando por ejemplo los incentivos a corto plazo a lo largo de la cadena de inversión

Impuestos a las empresas digitales

El informe hace hincapié en que el desarrollo que no tenga en cuenta los riesgos que existen no será sostenible, y presenta la respuesta a la crisis provocada por la pandemia como una oportunidad para restablecer y “preparar los sistemas mundiales para el futuro”.

Si bien las brechas en la arquitectura financiera internacional o las políticas inadecuadas a menudo socavan la financiación del desarrollo, durante la crisis del COVID-19, las salvaguardias previas hicieron que se mantuvieran algunos sistemas, especialmente los sistemas financiero y bancario, en parte debido a las reformas que efectuadas tras las quiebras bancarias de 2008.

Las lecciones aprendidas de la crisis actual pueden permitir que se implementen reformas ahora para crear resiliencia en el futuro. Por eso, el informe recomienda encontrar una solución global para la tributación de la economía digital con el fin de combatir la evasión fiscal de las empresas, reducir la competencia fiscal dañina; y utilizar mejor la tecnología para combatir los flujos financieros ilícitos.

Fuente: Noticias ONU

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