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Derechos reservados conforme a la ley.
IMPRESO EN M�XICO. PRINTED IN MEXICO

�NDICE

INTRODUCCI�N .............................................................................................. 5

I. SITUACI�N DE LA MUJER EN M�XICO ................................................... 9
1. La poblaci�n femenina ......................................................................................11
2. Educaci�n de la mujer ...................................................................................... 12
3. Salud de la mujer ..............................................................................................19
4. Participaci�n econ�mica de la mujer ................................................................. 25
5. La carga de la pobreza para la mujer .................................................................30
6. Mujer rural y mujer ind�gena ............................................................................. 33
7. Mujer joven y mujer de la tercera edad ............................................................. 37
8. Mujer y familia ................................................................................................. 43
9. Violencia contra la mujer .................................................................................. 49
10. Imagen femenina en los medios ....................................................................... 54
de comunicaci�n
11. Participaci�n de las mujeres en la toma de ...................................................... 57
decisiones

II. RETOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER . 59

III. OBJETIVOS ................................................................................................. 67

IV. ESTRATEGIAS ............................................................................................ 69

V. L�NEAS PROGRAM�TICAS ........................................................................73

ANEXO ............................................................................................................. 109

INTRODUCCI�N

El Programa Nacional de la Mujer, que aqu� se presenta, reconoce que la poblaci�n femenina desempe�a un papel protag�nico en el proceso de desarrollo y es sujeto fundamental del mismo. No debe pensarse, sin embargo, que el desarrollo implica autom�ticamente el mejoramiento de la condici�n social de la mujer, como si s�lo fuera beneficiaria pasiva de este proceso. Por el contrario, debe reconocerse su papel estrat�gico, no s�lo en la promoci�n del desarrollo econ�mico y social, sino tambi�n en los avances democr�ticos y en la transmisi�n de nuestra cultura y valores. La mujer realiza asimismo una serie de actividades primordiales para el bienestar familiar y el desarrollo comunitario. A pesar de la importancia de sus aportes, �stos han sido s�lo parcialmente reconocidos y valorados.

La Constituci�n Pol�tica de nuestro pa�s, en su Art�culo Cuarto, establece la plena igualdad jur�dica del hombre y de la mujer. No obstante, la realidad cotidiana dista de reflejar cabalmente este principio. La desigualdad entre hombres y mujeres permea a�n la organizaci�n de muchas de nuestras instituciones sociales. Ello ocurre as�, tanto en el medio dom�stico y familiar, como en diversos �mbitos p�blicos, lo que contribuye a reproducir su situaci�n de desventaja.

Diversos programas y acciones gubernamentales han sido puestos en pr�ctica en los �ltimos veinte a�os para coadyuvar al mejoramiento de la condici�n de la mujer. En 1974 se llev� a cabo una profunda revisi�n de la legislaci�n mexicana para eliminar cualquier forma de discriminaci�n hacia la mujer. En esa oportunidad se reform� el Art�culo Cuarto de la Constituci�n Pol�tica. En ese mismo a�o se estableci� tambi�n el Programa Nacional del A�o Internacional de la Mujer, que prepar� el Informe de M�xico presentado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en nuestro pa�s en 1975. M�s tarde, en 1980, se cre� el Programa Nacional de Integraci�n de la Mujer al Desarrollo (PRONAM) dentro del Consejo Nacional de Poblaci�n (CONAPO). Este Programa signific� un importante avance, al proponer un conjunto de iniciativas espec�ficas orientadas a promover el mejoramiento de la condici�n social de la mujer. Con posterioridad, en 1985, se instal� la Comisi�n Nacional de la Mujer para coordinar las actividades y proyectos sectoriales en la materia. Esta misma Comisi�n prepar� tambi�n la participaci�n de M�xico en la materia en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Nairobi en 1985, e impuls� el desarrollo de proyectos diversos en beneficio de la poblaci�n femenina. En 1993 se instal� el Comit� Nacional Coordinador con el prop�sito de organizar las actividades preparatorias de la participaci�n de M�xico con vista a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual tendr�a por sede la ciudad de Pek�n, en septiembre de 1995. El resultado de los trabajos fue la elaboraci�n de un informe detallado sobre la situaci�n de la mujer en nuestro pa�s, as� como de un conjunto de diagn�sticos tem�ticos que sirvieron de base para la participaci�n de M�xico en esa trascendental conferencia.

No obstante los innegables logros alcanzados por los diversos programas e iniciativas mencionados, persisten a�n grandes desaf�os. Por ello, el Gobierno de la Rep�blica reconoce que es impostergable avanzar de manera decidida en esta tarea, lo que hace imperativo impulsar acciones efectivas en pro de la mujer. Un objetivo prioritario de la pol�tica social, tal y como lo se�ala el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, es el de promover la participaci�n plena y efectiva de la mujer en la vida econ�mica, social, pol�tica y cultural del pa�s, lo que debe contribuir a consolidar las condiciones para que tome parte en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el var�n.

Se requiere, entre otras estrategias y acciones, alentar una amplia participaci�n de la mujer en la formulaci�n, puesta en marcha, seguimiento y evaluaci�n de las pol�ticas p�blicas, cuidando que los programas atiendan sus demandas y necesidades espec�ficas; llevar a cabo acciones de educaci�n y comunicaci�n con el prop�sito de crear conciencia entre la poblaci�n acerca de la condici�n de la mujer; impulsar esfuerzos de sensibilizaci�n dirigidos a legisladores y funcionarios encargados de elaborar y operar planes y programas p�blicos; actualizar y fortalecer los mecanismos jur�dicos y administrativos para asegurar el ejercicio �ntegro de sus derechos ciudadanos y la eliminaci�n de la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho, incluidas las reformas necesarias para hacer efectivo el precepto igualitario del Art�culo Cuarto Constitucional; e impulsar un sistema de informaci�n, documentaci�n e investigaci�n sobre la mujer que permita conocer cabalmente sus necesidades, demandas y, asimismo, haga visibles sus aportes a la sociedad.

M�xico necesita definir un conjunto de estrategias y acciones espec�ficas que contribuyan a impulsar el avance de la mujer, incluida la apertura de espacios propicios para su desenvolvimiento personal. Llevar a cabo esta tarea es imperativo, tanto por consideraciones de �tica, justicia, equidad y humanismo, como porque de ello depende la incorporaci�n cabal del potencial creativo del que M�xico dispone y requiere. El Gobierno de la Rep�blica presenta este Programa para impulsar la formulaci�n, ordenamiento, coordinaci�n y el cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y profundizar la participaci�n de la mujer en el proceso de desarrollo, en igualdad de oportunidades con el var�n.

El Gobierno de la Rep�blica, mediante las directrices que traza este Programa Nacional, coadyuvar� al mejoramiento de la condici�n social de la mujer, en ejercicio de su papel de agente promotor y coordinador de las iniciativas orientadas a este fin. Con ello busca atender las leg�timas demandas, aspiraciones y anhelos formulados por las propias mujeres en el sentido de avanzar firme y decididamente en la tarea de eliminar los obst�culos para su participaci�n en todos los �rdenes y �mbitos de la vida social. Las estrategias propuestas no s�lo persiguen cambios de �ndole material, sino tambi�n transformaciones en las actitudes, creencias, pr�cticas y conductas de hombres y mujeres, las cuales posibiliten el fortalecimiento de una cultura de la igualdad que, al preservar lo mejor de nuestros valores y tradiciones, sea tambi�n fuente de renovaci�n permanente de relaciones sociales e interpersonales m�s equitativas e igualitarias.

El Programa es resultado de un amplio proceso de consulta y, asimismo, recoge las contribuciones realizadas en el seno de los grupos tem�ticos del Comit� Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Incluye, adem�s, propuestas emanadas tanto de consultas realizadas en las entidades federativas por instituciones gubernamentales, como de los foros promovidos por comisiones legislativas, incluidas las derivadas de m�ltiples reuniones impulsadas por diversos organismos no gubernamentales y foros ciudadanos. Las recomendaciones planteadas durante los foros de consulta popular para la formulaci�n del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 han sido tambi�n importantes insumos para la elaboraci�n de este Programa.

I. SITUACI�N DE LA MUJER EN M�XICO

El balance sobre la situaci�n de la mujer en M�xico debe interpretarse a la luz de las transformaciones econ�micas, sociales, pol�ticas y culturales que han tenido lugar en los contextos mundial y nacional en los �ltimos a�os. En el �mbito internacional, por ejemplo, algunos fen�menos globales han propiciado el tr�nsito de la econom�a mundial hacia una fase de globalizaci�n, lo que ha provocado que en este proceso ocurran profundos reacomodos econ�micos y geopol�ticos, los cuales est�n sentando las bases para un amplio cambio estructural de la econom�a y de las relaciones internacionales.

Esta situaci�n ha contribuido a acentuar en Am�rica Latina la urgente necesidad de emprender una amplia y profunda revisi�n de las estrategias y orientaciones pol�ticas del desarrollo. La crisis de 1982, por su intensidad e impacto, asest� un duro golpe al modelo econ�mico predominante en los pa�ses de la regi�n, el cual hac�a hincapi� en la sustituci�n de importaciones y una fuerte intervenci�n estatal, al tiempo que implic� la detonaci�n de un proceso de cambios econ�micos radicales. Dicha estrategia fue reemplazada gradualmente, aunque con intensidad cada vez mayor a medida que avanzaba la d�cada de los ochenta, por un nuevo paradigma inspirado en los principios liberales de la econom�a de mercado.

En M�xico, los esfuerzos de transformaci�n estructural de la econom�a nacional incluyeron cambios centrados en la liberalizaci�n del mercado, la apertura hacia el exterior y su integraci�n estrat�gica en bloques comerciales, a la par que en la redefinici�n del papel y funciones del Estado en el proceso de desarrollo econ�mico y social. El tr�nsito hacia un nuevo modelo no ha estado exento de dolorosos ajustes y costos econ�micos y sociales expresados, entre otras circunstancias, en ca�das recurrentes del producto interno bruto y la insatisfacci�n de demandas sociales largamente postergadas.

Las nuevas realidades del pa�s reclaman la activa participaci�n y corresponsabilidad de los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo, con el prop�sito de poner en pr�ctica una pol�tica econ�mica con perspectiva social, as� como una pol�tica social con enfoque de g�nero. Ello supone armonizar la promoci�n del crecimiento econ�mico sostenido con los esfuerzos orientados a superar la pobreza, contener los efectos sociales de la crisis, e impulsar un conjunto de iniciativas orientadas a garantizar que tanto hombres como mujeres tengan oportunidades iguales para desarrollar sus capacidades y potencialidades. En este marco, la Reforma del Estado desempe�a un papel central. El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 nace del reconocimiento de que la intervenci�n estatal puede y debe contribuir a transformar y, en lo posible, erradicar las condiciones de discriminaci�n que afectan a las mujeres.

El desarrollo de una nueva cultura pol�tica ha propiciado la b�squeda de consensos y nuevos t�rminos de convivencia fincados en la democracia, la justicia y el federalismo, a la vez que ha alentado la revalorizaci�n de la ciudadan�a y el respeto a la pluralidad ideol�gica y cultural, as� como a la diversidad �tnica. En este proceso ha quedado claro que la democracia no se agota en la definici�n de un r�gimen pol�tico caracterizado por la existencia de reglas compartidas por los diferentes actores, sino que tambi�n debe dar lugar a un orden social capaz de proporcionar los medios indispensables para el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de naturaleza individual y social.

Una sociedad verdaderamente democr�tica debe asegurar la igualdad de oportunidades y los mismos derechos de participaci�n a sus ciudadanos, as� como reconocer la urgente necesidad de dise�ar y poner en marcha pol�ticas sociales que aten�en las inequidades sociales y de g�nero, con el fin de asegurar la construcci�n de una sociedad m�s justa, formada por hombres y mujeres libres, iguales y corresponsables, m�s productivos en lo econ�mico, m�s solidarios en lo social, as� como m�s participativos en lo pol�tico. La profundizaci�n del proceso democr�tico exige la efectiva puesta en marcha de una pol�tica que permita a hombres y mujeres participar en un plano de equidad y disfrutar por igual de los frutos que se derivan de sus esfuerzos. La construcci�n de una sociedad basada en principios de justicia social e igualdad de g�nero debe ser aspiraci�n y anhelo de todos, viendo en ello uno de los pilares que los mexicanos hemos acordado para impulsar el proceso global de desarrollo de la sociedad mexicana.

La redefinici�n del papel y funciones del Estado, la vocaci�n democr�tica de los movimientos sociales y el quehacer de los organismos no gubernamentales, entre otros factores, han dado lugar a una matriz de interrelaciones sociales cada vez m�s compleja. En este marco, es imposible pensar que el gobierno pueda dar respuesta por s� solo a las leg�timas necesidades y demandas de las mujeres. Para dise�ar y poner en marcha una pol�tica realmente eficaz que las respalde, es preciso que se combinen y potencien los esfuerzos de entidades gubernamentales con los de la sociedad: organizaciones no gubernamentales, del sector privado y social, de universidades y de centros de investigaci�n, entre otras. El �xito de este Programa depende de la colaboraci�n y el compromiso decidido de toda la sociedad.

Con el fin de presentar una visi�n de conjunto de la situaci�n actual de las mujeres en M�xico, se describe a continuaci�n una serie de indicadores socioecon�micos que pone de relieve las diferencias entre hombres y mujeres, as� como los avances y rezagos al respecto. Como se desprende de esta descripci�n, es claro que en el curso de las dos �ltimas d�cadas ha habido avances considerables en la impostergable tarea de mejorar la condici�n social de las mujeres mexicanas. Sin embargo, tambi�n es evidente que en el umbral del nuevo milenio permanecen fuertemente arraigadas en la sociedad las condiciones estructurales y culturales que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres.

1. LA POBLACI�N FEMENINA

Las mujeres mexicanas suman actualmente 46.5 millones y representan poco m�s del 50 por ciento de los 92 millones de habitantes del pa�s. En los �ltimos 25 a�os, como consecuencia del r�pido descenso de la fecundidad y la transformaci�n de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura por edades de la poblaci�n, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la misma, expresado en el continuo aumento de la proporci�n de adultos y ancianos en la poblaci�n total.

Conviene se�alar que, entre 1970 y 1995, el peso relativo de las mujeres menores de 15 a�os de edad, al igual que entre los varones, disminuy� significativamente (de 47 a 36 por ciento); el de las que tienen entre 15 y 64 a�os aument� (de 49 a 60 por ciento); y el de las de la tercera edad (65 a�os o m�s) creci� en el mismo periodo de referencia (de 3.7 a 4.2 por ciento). En n�meros absolutos, las mujeres menores de 15 a�os sumaban alrededor de 16.3 millones en 1995, mientras la poblaci�n femenina en edades productivas (de 15 a 64 a�os) ascend�a a 27.8 millones, y las mujeres de la tercera edad constitu�an 2.4 millones. La transformaci�n de la estructura por edades ocurrida entre 1970 y 1995 tambi�n se expresa en el incremento de la edad media de la poblaci�n femenina (de 22.2 a 25.8 a�os), que en ambos a�os fue ligeramente superior a la de la poblaci�n masculina (de 21.4 a 24.7 a�os).

Se prev� que al inicio del nuevo milenio las mujeres sumar�n alrededor de 50.1 millones y para el a�o 2010 ascender�n a 56.6 millones. Los cambios en la composici�n por edades de la poblaci�n femenina tienen importantes consecuencias en la conformaci�n de un amplio espectro de demandas sociales. En los pr�ximos a�os, el peso relativo de la poblaci�n femenina menor de 15 a�os continuar� disminuyendo y sus efectivos se reducir�n gradualmente, para alcanzar 16 millones en el a�o 2000 y 14.7 millones en el 2010. Este hecho ejercer� una menor presi�n sobre la educaci�n b�sica y permitir� continuar extendiendo la cobertura y mejorar la calidad de la educaci�n primaria y secundaria. En contraste, se anticipan aumentos considerables en el volumen de la poblaci�n en edades productivas y de la tercera edad. La poblaci�n femenina entre 15 y 64 a�os se incrementar� a 31.4 millones en el a�o 2000 y a 38 millones en el 2010, mientras que la de 65 a�os o m�s aumentar� a 2.6 millones y 3.8 millones, respectivamente, lo cual se traducir�, entre otros factores, en fuertes presiones sobre la educaci�n superior, el mercado laboral, el sistema de salud y las bases de financiamiento de la seguridad social del pa�s.

2. EDUCACI�N DE LA MUJER

El fundamento de una educaci�n de calidad reside en la s�lida adquisici�n de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y destrezas para la actividad productiva, en la transmisi�n de lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones, as� como de los valores esenciales que propician el desarrollo integral y arm�nico de las personas. La educaci�n contribuye a enriquecer y ampliar los horizontes de los individuos, as� como modificar sus actitudes al infundir en ellos el convencimiento de que pueden influir en su propia conducta y en la manera en que desarrollan sus relaciones sociales e interpersonales. Por todas estas razones, la educaci�n sobresale como un factor estrat�gico para lograr un mejor nivel de vida y es clave para impulsar el desarrollo personal y la participaci�n plena de la mujer en la sociedad, as� como para promover relaciones m�s equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres.

En una sociedad que en su marco jur�dico confiere iguales derechos al hombre y a la mujer, es inaceptable la desigualdad en materia educativa. M�s aun si dicha inequidad contribuye a favorecer la transmisi�n intergeneracional de la pobreza y la marginaci�n, dado el papel que desempe�a la madre en la educaci�n, la asistencia a la escuela y el aprovechamiento escolar, as� como la salud y bienestar de los hijos. La inversi�n en educaci�n y capacitaci�n de la mujer repercute no s�lo en su propio provecho, sino tambi�n en el de sus hijos, su familia y en el de la sociedad en su conjunto.

Los avances en el acceso de la mujer a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional han sido notables. A pesar de ello, persisten elevados niveles de analfabetismo. Este es un fen�meno que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres (15.2 y 9.8 por ciento de la poblaci�n femenina y masculina de 15 a�os y m�s, respectivamente). De hecho, casi dos de cada tres personas adultas que no saben leer ni escribir son mujeres. El analfabetismo es mayor a mayor edad y la brecha con respecto a los hombres se ampl�a de manera marcada a partir de los 35 a�os de edad (Gr�fica 1). Las diferencias por sexo son especialmente importantes en las entidades federativas m�s pobres del pa�s, donde el analfabetismo femenino llega a ser superior al 30 por ciento, en comparaci�n con la poblaci�n masculina que registra un nivel no mayor de 20 por ciento (Gr�fica 2).

La matr�cula escolar de los tres niveles que componen la ense�anza b�sica (preescolar, primaria y secundaria) ha registrado un extraordinario crecimiento en las �ltimas dos d�cadas. La educaci�n preescolar ha recibido especial atenci�n, y cada vez m�s se le reconoce como factor que estructura y da bases a los procesos educativos y al desarrollo integral de las personas. De hecho, el ritmo de crecimiento de esta matr�cula, entre 1981 y 1992, ha sido de 8.5 por ciento anual para ni�os y ni�as. Es as� que, actualmente, la demanda atendida a nivel nacional es del 80 por ciento, tanto para ni�as como para ni�os. Resulta relevante se�alar que las diferencias por sexo, en lo que concierne a la asistencia en este nivel educativo, son m�nimas. Sin embargo, persisten contrastes regionales que ponen de manifiesto la urgente tarea de extender estos servicios, enfocando su atenci�n en la poblaci�n de menores recursos econ�micos y en las zonas del pa�s donde la inasistencia preescolar es elevada.

Gr�fica 1 Porcentaje de la poblaci�n de 15 a�os o m�s que no sabe leer ni escribir por sexo y grupos de edad, 1992

Ver grafico 1

Gr�fica 2 Porcentaje de la poblaci�n de 15 a�os y m�s que no sabe leer ni escribir por sexo y entidad federativa, 1990

Ver grafico 2

El ingreso a la primaria hoy en d�a es casi universal y no se observan diferencias significativas entre ni�as y ni�os en el �mbito nacional. La asistencia escolar de la poblaci�n de entre 6 y 14 a�os de edad s�lo presenta peque�as diferencias entre mujeres y hombres, y abarca alrededor del 90 por ciento de la poblaci�n de ambos sexos. Sin embargo, a partir de los diez a�os y hasta los catorce es sistem�tico el incremento de las diferencias entre el alumnado masculino y el femenino. A los catorce a�os el 32.5 por ciento de las ni�as y el 27.5 por ciento de ni�os ya no asiste a la escuela.

La creciente incorporaci�n de la poblaci�n femenina a la ense�anza b�sica, observada en los �ltimos decenios, se evidencia en la disminuci�n del porcentaje de mujeres mayores de 15 a�os que no concluy� la primaria. Mientras que en 1970 el 72.3 por ciento no hab�a concluido este nivel de ense�anza, veinte a�os despu�s, el 39.4 por ciento se encontraba en esa situaci�n. En 1990 por cada 100 hombres sin primaria completa hab�a 120 mujeres. A pesar de esta evoluci�n, debe reconocerse que la magnitud del rezago educativo contin�a siendo mayor entre las mujeres. M�s aun, la mayor�a de ellas s�lo curs� los primeros grados, mientras que, en contraste, una proporci�n importante de la poblaci�n masculina logr� aprobar el cuarto o quinto a�o de primaria. Es importante reconocer que el rezago es mayor en las entidades del sur del pa�s (Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente) (Gr�fica 3).

Gr�fica 3 Porcentaje de la poblaci�n de 15 a�os o m�s sin primaria completa por sexo y entidad federativa, 1990

Ver grafico 3

La matr�cula de la ense�anza secundaria tambi�n ha crecido notablemente como reflejo del aumento del egreso de primaria y la diversificaci�n de la oferta educativa, en especial de la telesecundaria y las modalidades t�cnicas. En este nivel, la matr�cula ascend�a, al inicio del ciclo 1994-1995, a poco menos de 4.5 millones de alumnos de ambos sexos. Aunque la asistencia de las mujeres a la secundaria contin�a siendo inferior a la de los hombres, se muestran cambios importantes a favor de las primeras: en el periodo 1981-1994, la relaci�n de mujeres por cada cien hombres pas� de 89 a 95. Al igual que en otros niveles de ense�anza, en la secundaria las diferencias inter e intraestatales siguen siendo muy notorias, lo cual expresa la persistencia de factores que a�n mantienen la inequidad educativa entre hombres y mujeres. Basta se�alar que los niveles de absorci�n de la ense�anza secundaria de los egresados de la primaria son menores para las mujeres, en comparaci�n con los hombres, en todas las entidades del pa�s.

La participaci�n femenina en la educaci�n media superior tambi�n se ha ampliado considerablemente en el periodo reciente, lo cual ha contribuido a reducir las diferencias por sexo en este escal�n educativo. De acuerdo con los resultados del censo de 1990, del total de mujeres de 20 a�os o m�s, el 5.5 por ciento hab�a cursado alg�n grado en este nivel de ense�anza. Hace m�s de 20 a�os esta proporci�n constitu�a poco menos del 1.0 por ciento. En relaci�n con las carreras t�cnicas o comerciales (con secundaria terminada) est� muy extendido el estereotipo de considerarlas como "carreras para mujeres", por lo que no sorprende constatar en ellas una considerable presencia femenina, muy superior a la de los varones. En 1990, el 6.4 por ciento de la poblaci�n femenina de 20 a�os o m�s a nivel nacional hab�a cursado alg�n grado de este tipo de instrucci�n, frente al 2.6 por ciento de hombres en las mismas edades. Otro �mbito con presencia predominante de mujeres es el de los estudios de normal b�sica, donde habitualmente la matr�cula masculina representa s�lo la mitad de la femenina

La incorporaci�n de las mujeres en la educaci�n superior tambi�n ha presentado un incremento continuo en los �ltimos a�os. Basta se�alar que mientras en el ciclo escolar 1991-1992, por cada 100 hombres matriculados se registraban 76 mujeres, en el ciclo 1994-1995 esta relaci�n se hab�a elevado a 82. A pesar de que en este nivel educativo a�n persisten desigualdades por sexo, el creciente acceso de las mujeres a las instituciones de educaci�n superior ha contribuido a reducir dicha brecha profesional. Al respecto, es importante se�alar que entre 1970 y 1990 aument� de 19 a 37 por ciento la proporci�n representada por las mujeres en el total de personas de 25 a�os o m�s que hab�an aprobado al menos 4 a�os en el nivel de educaci�n superior. A pesar de este incremento, la participaci�n femenina sigue siendo relativamente baja y es minoritaria en distintas disciplinas y quehaceres profesionales, en particular en la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica.

No obstante los rezagos se�alados, los crecientes logros educativos de la mujer han propiciado mayores posibilidades de desarrollo personal e incorporaci�n a la actividad econ�mica. Es un hecho notable que las tasas de participaci�n de la poblaci�n femenina en el trabajo remunerado se incrementan a medida que su escolaridad es mayor (Gr�fica 4). Asimismo, la educaci�n se asocia directamente tanto con la calificaci�n para el desempe�o de las ocupaciones, como con mejores oportunidades para insertarse en actividades remuneradas y con prestaciones sociales. Sin embargo, conviene destacar que las actividades desempe�adas por las mujeres, incluso entre las que cuentan con grados profesionales, todav�a se restringen a determinadas ramas, as� como a ocupaciones espec�ficas y, dentro de �stas, a ciertas categor�as ocupacionales que, por lo general, son las menos valoradas social y econ�micamente.

Gr�fica 4 Tasa de participaci�n econ�mica por sexo y nivel de instrucci�n, 1993

Ver grafico 4

Aunque la brecha educativa se ha reducido significativamente, persisten m�ltiples barreras y obst�culos que es preciso remover y superar para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para hombres y mujeres. Adem�s de dedicar esfuerzos firmes y decididos para abatir el analfabetismo, extender el acceso y cobertura del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, mejorar la calidad de la ense�anza, incluido el logro de una eficiencia terminal cada vez mayor, es necesario promover una educaci�n libre de prejuicios y discriminaciones, y que en sus contenidos, textos, materiales y m�todos pedag�gicos, transmita y refuerce valores, actitudes e im�genes no sexistas.

La difusi�n de im�genes estereotipadas incide negativamente en la educaci�n temprana de las mujeres e influye tanto en su autoestima y desempe�o a lo largo de todo el proceso escolar, como en la formaci�n de sus expectativas acerca de los papeles sociales que pueden desempe�ar en la edad adulta. Ello contribuye a que, aun dentro de una misma familia, a menudo se tengan mayores expectativas de escolaridad para los hijos varones que para las mujeres, lo que incide en sus elecciones vocacionales y profesionales, as� como en su permanencia en la escuela, al tiempo que se traduce en una marcada segmentaci�n por sexo del mercado laboral.

Uno de los retos fundamentales que enfrenta el sistema educativo es el de responder a las necesidades de una sociedad en r�pido progreso y cambio. La transformaci�n del paradigma productivo, el cambio tecnol�gico, la creciente necesidad de competir en un contexto de globalizaci�n, la acelerada urbanizaci�n y la profundizaci�n de la democracia, imponen la necesidad de que el modelo educativo del siglo XXI fortalezca el sentido de pertenencia, responsabilidad, iniciativa propia y capacidad creativa e innovadora de los educandos, as� como su inter�s y aprecio por el conocimiento cient�fico y t�cnico. Ello implica, asimismo, el desaf�o de fomentar valores, actitudes y comportamientos que contribuyan al respeto y vigencia de los derechos ciudadanos, propicien una mayor conciencia de la situaci�n de la mujer y de sus potencialidades y una integraci�n social m�s arm�nica en todos los �mbitos de la vida social, incluido el fortalecimiento de una cultura democr�tica y participativa, al margen de prejuicios y discriminaciones.

Para responder a los retos que plantea la creciente demanda de educaci�n de hombres y mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, el gobierno ha establecido diversas estrategias. Entre ellas destaca el proceso de descentralizaci�n educativa, incluido en el Acuerdo Nacional para la Modernizaci�n de la Educaci�n B�sica. A su vez, la responsabilidad de ejercer una funci�n compensatoria entre entidades y regiones con demandas educativas insatisfechas ha llevado a establecer programas para abatir el rezago educativo, los cuales funcionan en 24 estados de la rep�blica. De la misma forma, se han desarrollado modelos alternativos para llevar la educaci�n b�sica preescolar y primaria a la poblaci�n infantil de comunidades rurales dispersas y con alta marginaci�n econ�mica. Asimismo, la necesidad de actualizar y modernizar la curr�cula educativa ha conducido a renovar los planes y programas de estudio y con ello los libros de texto de la educaci�n b�sica. La concomitante capacitaci�n de los maestros para utilizar los nuevos contenidos educativos ha sido emprendida mediante el programa emergente de actualizaci�n magisterial.

3. SALUD DE LA MUJER

Hombres y mujeres presentan demandas distintas a los servicios de salud y acceden a �stos de manera desigual. Usualmente, las demandas de la mujer en ese �mbito no s�lo se originan en su calidad de usuaria directa, sino tambi�n para buscar atenci�n a los problemas de salud de sus hijos y de otros miembros de su familia. Diversos factores obstaculizan el acceso de las mujeres a los servicios de prevenci�n y atenci�n de la salud. En este sentido, se habla de una demanda insatisfecha y de problemas de adecuaci�n de dichos servicios a las demandas y necesidades de ni�as, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad de diversos sectores sociales.

Desde 1930 se ha registrado en M�xico un descenso sostenido de los niveles de mortalidad, lo que ha dado lugar a un incremento significativo en la esperanza de vida al nacimiento tanto para los hombres como para las mujeres, aunque con distinta intensidad. En 1930, los varones ten�an una esperanza de vida de 35 a�os y las mujeres de 37; seis d�cadas m�s tarde, en 1995, este indicador pr�cticamente se duplic�, al alcanzar 69.8 y 76 a�os, respectivamente (Gr�fica 5). En correspondencia con su mayor esperanza de vida, el descenso de la mortalidad en el primer a�o de vida ha sido m�s notable entre las ni�as: en 1930, por cada cien defunciones infantiles masculinas ocurr�an 90 femeninas; en la actualidad esta raz�n es de 79 por cien. No obstante los considerables logros alcanzados, persisten marcadas diferencias por regiones, entidades federativas y grupos socioecon�micos. As�, por ejemplo, la esperanza de vida femenina al nacimiento en Oaxaca, Chiapas y Puebla es inferior en m�s de 3.5 a�os a la de Baja California Sur, Nuevo Le�n, Distrito Federal y Quintana Roo. Estas diferencias en la vida media de las mujeres se traducen en una sobremortalidad promedio casi 30 por ciento m�s alta en el primer grupo de entidades respecto al segundo.

Gr�fica 5 Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1930-1995

Ver grafico 5

La poblaci�n de M�xico se caracteriza hoy en d�a por un perfil de salud-enfermedad en r�pida transformaci�n, determinado por una paulatina disminuci�n del peso relativo de las muertes atribuibles a padecimientos infecciosos, as� como por una tendencia creciente de las causas cr�nico-degenerativas y de lesiones. La disminuci�n del riesgo de muerte por enfermedades transmisibles contribuy�, entre 1979 y 1993, al incremento de la esperanza de vida en 2.9 a�os para los hombres y 3.2 para las mujeres.

Al analizar la informaci�n relativa al total de "a�os de vida perdidos" y la contribuci�n de cada grupo de causas de muerte, se advierte, para el per�odo 1990-1993, una mortalidad femenina marcadamente prematura en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, donde se pierden casi 15 a�os potenciales de vida. Por el contrario, los estados del norte, junto con el Distrito Federal, pierden alrededor de 10 a�os. El aspecto m�s sobresaliente es que a los niveles de mortalidad m�s altos corresponden las mayores proporciones de fallecimientos causados por enfermedades transmisibles, mientras que las no transmisibles inciden casi por igual en todas las entidades (Gr�fica 6). Ello significa que gran parte de la sobremortalidad femenina de los estados m�s pobres podr�a disminuirse de ser abatida la mortalidad por padecimientos infecciosos, que son los m�s factibles de prevenirse mediante intervenciones de salud p�blica.

Gr�fica 6 A�os de vida perdidos por grupos de causas de muerte y entidad federativa. Mujeres, 1990-1993

Ver grafico 6

Entre las mujeres de 15 a 64 a�os de edad, las principales causas de muerte en 1992 fueron, en orden de importancia: los tumores malignos (45 por cada cien mil mujeres; principalmente del cuello del �tero y de mama); las enfermedades del coraz�n (23.6 por cien mil), la diabetes (22.4) y las lesiones (14.1). La incidencia relativa de la mortalidad debida a diabetes e hipertensi�n en los mayores de 50 a�os es m�s alta en las mujeres que entre los varones. Por el contrario, las lesiones y accidentes tiene menor importancia entre las mujeres en las diferentes edades.

La exposici�n de las mujeres a los riesgos de salud asociados al embarazo ha disminuido de manera sustancial en M�xico, concomitantemente con el descenso de la fecundidad. La tasa global de fecundidad pas� de 6.8 hijos promedio por mujer a finales de la d�cada de los sesenta a 3.0 hijos en 1994. Sin embargo, debe reconocerse que la reducci�n de los niveles de fecundidad no se ha dado con la misma intensidad en todos los grupos sociales y regiones del pa�s. Los sectores m�s pobres, con menor escolaridad y residentes en las zonas rurales, todav�a muestran un rezago importante. As�, por ejemplo, la poblaci�n femenina sin instrucci�n tiene una tasa global de fecundidad de 5.6 hijos por mujer, que resulta superior en dos hijos a la de las que concluyeron la primaria, y tres hijos mayor respecto a las que cuentan con educaci�n media o m�s.

El descenso de la fecundidad est� estrechamente relacionado con la notable expansi�n de la cobertura de m�todos anticonceptivos entre las mujeres casadas o unidas en edad f�rtil. Entre ellas, la prevalencia pas� de 30.2 por ciento en 1976 a un nivel superior a 66 por ciento en 1995. No obstante, persiste una elevada demanda insatisfecha de m�todos anticonceptivos, especialmente entre las mujeres del medio rural y de contextos urbano-marginados.

Una consecuencia grave de los embarazos no deseados es la incidencia de abortos inducidos. En M�xico no se reconoce el aborto como un m�todo de planeaci�n de la familia y se considera que su pr�ctica pone en riesgo la salud de la mujer, m�s a�n cuando hoy en d�a es la quinta causa de las muertes maternas en el pa�s. Se estima que durante el periodo 1990-1992 ocurrieron alrededor de 220 mil abortos (espont�neos o inducidos) por a�o. Existen evidencias de que la pr�ctica de los abortos inducidos ha venido disminuyendo, principalmente por el mayor acceso de las mujeres a m�todos anticonceptivos efectivos para cristalizar sus decisiones reproductivas. Sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso adecuado a los servicios de planificaci�n familiar y salud reproductiva, por lo que es preciso ampliar su cobertura y fortalecer las acciones encaminadas a prevenir los embarazos no deseados y, en consecuencia, abatir la incidencia de abortos.

Los riesgos de salud asociados al embarazo tambi�n han disminuido debido a los avances logrados en la atenci�n prenatal y del parto. Entre 1987 y 1994, la proporci�n de mujeres que recibi� atenci�n m�dica durante el embarazo se elev� de 63.3 a 85.3 por ciento. Sin embargo, cabe hacer notar que el incremento en la cobertura de servicios no ha sido acompa�ado hasta ahora por acciones efectivas para enfrentar otros aspectos espec�ficos de la salud femenina. Al respecto, destaca la necesidad de prevenir, detectar y atender de manera oportuna los tumores mamarios y cervicouterinos, los cuales provocan casi la mitad de las defunciones por tumores malignos entre las mujeres de 15 a 64 a�os de edad. Apenas una de cada cuatro mujeres entre 15 y 49 a�os de edad en 1994 se hab�a practicado la prueba de Papanicolau (esta proporci�n era de s�lo 17 por ciento en las localidades rurales).

La disminuci�n de la mortalidad materna ha sido considerable y est� vinculada a las acciones desplegadas por las instituciones de salud p�blica en el campo de la planificaci�n familiar y la atenci�n materna. No obstante, la mortalidad asociada al embarazo y el parto es todav�a elevada en M�xico: en 1994 se estim� en por lo menos 61 defunciones de madres por cada cien mil nacidos vivos, m�s del doble que la observada en los pa�ses desarrollados, donde hacia fines de los a�os ochenta se estimaba en 26 defunciones por cien mil. Sigue siendo un grave problema de salud p�blica que una mujer fallezca por causas relacionadas con el embarazo y el parto, pues en su gran mayor�a no deber�an entra�ar riesgos para la madre, o bien, casi en su totalidad, deber�an ser susceptibles de prevenirse y atenderse. Por ello, es impostergable seguir impulsando una maternidad sin riesgos como estrategia prioritaria de salud.

Las mujeres enfrentan tambi�n problemas espec�ficos en relaci�n con las enfermedades de transmisi�n sexual (ETS) y, en general, con las enfermedades del tracto reproductivo, debido a que tienen una mayor probabilidad de adquirirlas de una pareja infectada. Las ETS constituyen una amenaza para la salud de las mujeres y con frecuencia significan un importante deterioro funcional y fuente de morbilidad por las secuelas que provocan, incluidas la infertilidad y los dolores cr�nicos.

Un problema de salud femenina en ascenso es el VIH-SIDA. Su principal mecanismo de transmisi�n entre la poblaci�n adulta es sexual y se ha presentado con mayor frecuencia entre homosexuales y bisexuales. Sin embargo, las tasas han tendido a estabilizarse en estos grupos y a mostrar un aumento progresivo de transmisi�n heterosexual. Si bien la enfermedad se presenta de manera m�s frecuente entre los hombres, �sta registra un aumento progresivo entre las mujeres y una tasa de crecimiento mayor que la de los varones. Para 1994, el 13.6 por ciento de los casos notificados en M�xico correspondi� a mujeres. Varios estudios se�alan una creciente vulnerabilidad de la poblaci�n femenina al contagio conforme avanza esta epidemia.

La transfusi�n sangu�nea es la v�a de transmisi�n m�s com�n entre las mujeres, y representa el 56.5 por ciento de los casos de SIDA entre mujeres adultas. Sin embargo, la transmisi�n sexual se ha transformado en un mecanismo importante de infecci�n entre la poblaci�n femenina, (4 de cada 10 mujeres con SIDA). Para prevenir y atender la creciente presencia de esta pandemia se han llevado a cabo acciones de educaci�n, orientaci�n y consejer�a, as� como campa�as de comunicaci�n en medios masivos. En id�ntico sentido, se han realizado acciones de capacitaci�n y sensibilizaci�n dirigidas al personal de salud. Es imperativo reforzar estas acciones por la v�a de ampliar su cobertura y darles mayor continuidad.

La situaci�n nutricional de las mujeres tiene consecuencias directas sobre su salud. Eventos como la menstruaci�n, el embarazo y la lactancia hacen que aumenten los requerimientos nutricionales de las mujeres. Algunos estudios se�alan que el bajo peso afecta de manera especial en las edades en que se presenta la menarca, en tanto refleja una inadecuada nutrici�n en la ni�ez y la adolescencia, con posibles consecuencias negativas durante el per�odo reproductivo y en la vejez. Por ello, es impostergable fortalecer los esfuerzos de comunicaci�n y educaci�n que contribuyan a una mejor comprensi�n de los problemas que acarrea una inadecuada nutrici�n en las distintas etapas de la vida de las mujeres. Asimismo, hay que intensificar esfuerzos para romper con esquemas culturales que a menudo llevan a las familias a dar preferencia alimenticia y nutricional a los hombres, en detrimento de la salud de la mujer.

La presencia cada vez mayor de las mujeres en la actividad econ�mica, que se concentra principalmente en algunas ramas manufactureras, en el sector servicios y en el mercado informal, las expone a factores espec�ficos de riesgo laboral, que se traducen en accidentes y enfermedades profesionales femeninas. Asimismo, los m�ltiples papeles que desempe�an las mujeres, que con frecuencia se expresan en la doble jornada de trabajo, tienen efectos sobre su salud, y se reflejan en fatiga y fuerte desgaste f�sico.

Esta situaci�n y las desigualdades que sufren las mujeres en los distintos espacios de sus vidas tambi�n pueden tener repercusiones en su estado emocional. Esto, aunado a la violencia de que son a menudo objeto, provoca p�rdida de la autoestima, sentimientos de soledad y abandono, depresi�n u otros trastornos. Por todo esto, es de crucial importancia que en la atenci�n a la salud de la mujer se tomen en cuenta los aspectos emocionales y psicol�gicos en las distintas etapas de su vida, y se contemplen tanto la atenci�n de tipo preventivo y de apoyo como la de tipo curativo.

4. PARTICIPACI�N ECON�MICA DE LA MUJER

La incorporaci�n de las mujeres a la actividad econ�mica ha crecido de manera sostenida durante los �ltimos 25 a�os. La tasa de participaci�n femenina se increment� de un nivel cercano a 17 por ciento en 1970 (del total de mujeres de 12 a�os y m�s) a 35 por ciento en 1995. Conviene recordar, sin embargo, que todav�a una gran parte de las tareas econ�micas desempe�adas por las mujeres sigue oculta o subregistrada en las estad�sticas, debido a la definici�n de las actividades econ�micas y las caracter�sticas de los procedimientos de registro de los censos y las encuestas, lo cual se vincula a su vez con consideraciones culturales sobre la divisi�n del trabajo entre hombres y mujeres.

La presencia cada vez mayor de la poblaci�n femenina en el mercado de trabajo no s�lo ha respondido a los procesos de modernizaci�n y reestructuraci�n que han tenido lugar en la econom�a mexicana, sino que tambi�n constituye una expresi�n de su creciente nivel educativo y de la proliferaci�n de estrategias generadoras de ingreso mediante las cuales las mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de sus familias, particularmente deteriorado con las crisis y los ajustes econ�micos.

A pesar de la favorable evoluci�n de la tasa de participaci�n econ�mica femenina, la mujer sigue enfrentando m�ltiples obst�culos para insertarse en el mercado laboral. As�, por ejemplo, las oportunidades y opciones de trabajo de las madres a menudo se ven limitadas por la necesidad de que la jornada de trabajo fuera del hogar sea compatible con la crianza y el cuidado de los hijos. La eventual incompatibilidad entre la participaci�n en la actividad econ�mica y el ejercicio de la maternidad sigue influyendo, si bien cada vez en menor medida, en la apreciaci�n que se tiene del trabajo remunerado de la mujer. No es casual que en el mercado laboral femenino predominen las mujeres solteras o sin hijos y sea considerable la proporci�n de la poblaci�n econ�micamente activa femenina que des-empe�a una actividad o trabajo de tiempo parcial (casi 38 por ciento del total). No obstante, las mujeres casadas y unidas han aumentado notablemente su participaci�n econ�mica. Sus tasas de actividad se incrementaron, entre 1991 y 1993, de 25.8 y 22.8 por ciento a 27.8 y 25.9 por ciento de las mujeres casadas y las unidas, respectivamente.

Los datos por edad indican que la participaci�n femenina en la actividad econ�mica permanece elevada hasta los 49 a�os, siendo que en el pasado disminu�a marcadamente a partir de los 25 a�os de edad. Por lo general, las mujeres ya no abandonan el mercado de trabajo una vez que se casan y comienzan a ocuparse de tareas dom�sticas y del cuidado de los hijos, sino que, cada vez en mayor proporci�n, agregan a esta responsabilidad la del trabajo remunerado fuera del hogar (Gr�ficas 7 y 8).

Gr�fica 7 Tasas espec�ficas de participaci�n en la actividad econ�mica por sexo, 1970-1995

Ver grafico 7

Es preciso reconocer que la incorporaci�n de las mujeres a la actividad econ�mica no es una condici�n suficiente para mejorar su condici�n social. La cristalizaci�n efectiva de los avances derivados de su creciente inserci�n en la vida econ�mica depende, en el �mbito familiar, de una distribuci�n m�s equitativa de las tareas y responsabilidades dom�sticas entre hombres y mujeres, del acceso a infraestructura y servicios de apoyo y del poder de uso y destino de sus ingresos. En el �mbito laboral, depende del tipo de ocupaci�n que las mujeres desempe�an, de las caracter�sticas de los procesos econ�micos en los que participan, de sus formas y niveles de remuneraci�n, de la duraci�n de la jornada laboral, y de las prestaciones sociales a las que tienen acceso.

Gr�fica 8 Tasas de participaci�n femenina en la actividad econ�mica por estado civil, 1991 y 1993

Ver grafico 8

La mayor participaci�n econ�mica de las mujeres se asocia primordialmente con el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo familiar sin pago. En el primer trimestre de 1995, de un total de 10.8 millones de mujeres ocupadas, 5.9 millones correspondieron a trabajadoras asalariadas; 2.4 millones a trabajadoras por cuenta propia; 2 millones a trabajadoras sin pago; 400 mil a trabajadoras a destajo y alrededor de 150 mil a empleadoras. Entre 1991 y 1995, el peso relativo de la poblaci�n femenina ocupada en actividades no asalariadas se increment� de 38 a 42 por ciento. El sector terciario ha sido el espacio m�s propicio para la expansi�n del autoempleo femenino, el cual est� muy estrechamente conectado con estrategias familiares de vida, incluida la proliferaci�n de peque�as unidades econ�micas familiares que requieren poco capital y escasa tecnolog�a.

En el incremento de la participaci�n econ�mica de la mujer est�n representadas tanto las ocupaciones tradicionalmente consideradas como femeninas (empleadas dom�sticas, secretarias, mecan�grafas, empleadas del comercio y comerciantes, educadoras, enfermeras y asistentes de servicios de salud, entre otras), como las obreras de la industria y las ocupaciones m�s calificadas de profesionistas y t�cnicas. Sin embargo, a pesar de los cambios observados, las mujeres siguen concentr�ndose en un reducido n�mero de opciones ocupacionales y, dentro de �stas, en los niveles de menor jerarqu�a.

La expansi�n de algunas ramas particulares de actividad ha favorecido el aumento en la incorporaci�n de las mujeres en la actividad econ�mica. La poblaci�n femenina ocupada se concentra principalmente en los servicios personales y dom�sticos, as� como en el comercio mayorista y minorista, pero tambi�n ha aumentado significativamente su presencia en los sectores caracterizados por una organizaci�n flexible del proceso de trabajo, tanto en la industria como en la agricultura, aunque ello a menudo implica inestabilidad laboral, la sustituci�n del trabajo protegido y de tiempo completo por jornadas de tiempo parcial, la expansi�n del trabajo a domicilio y del pago por tareas espec�ficas y la carencia de prestaciones sociales. Basta se�alar que, entre 1991 y 1993, el peso relativo de las mujeres ocupadas que no ten�an acceso a servicios m�dicos y sociales se increment� de 54 a 59 por ciento. En ese mismo per�odo, la proporci�n de hombres ocupados sin prestaciones sociales se increment� de 64 a 66 por ciento.

La participaci�n econ�mica femenina presenta marcadas variaciones seg�n las caracter�sticas de la econom�a regional. Se advierte, por ejemplo, que las mujeres participan en mayor medida en los mercados de trabajo urbanos m�s diversificados y en los mercados laborales donde florecen las actividades asociadas con la agroindustria y la mediana agricultura comercial, los talleres de maquila y los parques industriales ubicados en entornos rurales. En las ciudades de la frontera norte, por ejemplo, la incorporaci�n de las mujeres est� claramente vinculada a la expansi�n de las actividades manufactureras de exportaci�n.

La "feminizaci�n" de algunas ocupaciones y ramas de actividad no se ha traducido en mejores condiciones laborales; �stas contin�an caracteriz�ndose por la discriminaci�n salarial, la desigualdad de oportunidades de ocupaci�n, ascenso y capacitaci�n, as� como por el incumplimiento de las leyes laborales. En algunos �mbitos contin�an vigentes las pr�cticas de despido en caso de embarazo o la exigencia de un certificado de ingravidez para acceder a un empleo.

La mayor incorporaci�n de las mujeres al mercado de trabajo no ha contribuido a cerrar la brecha entre sus remuneraciones y las de los hombres. En un contexto general de descenso de los niveles de retribuci�n de la clase trabajadora, las mujeres siguen obteniendo ingresos m�s bajos en casi todas las ramas de actividad.

Si bien es cierto que las condiciones laborales de las mujeres tienden a variar de acuerdo al grupo ocupacional, existen algunos denominadores comunes que representan situaciones de desventaja para ellas y constituyen claros l�mites para su desarrollo como trabajadoras. Los m�s importantes son: (a) la segregaci�n ocupacional, tanto horizontal como vertical, con su consiguiente desigualdad de oportunidades y discriminaci�n salarial; (b) la doble jornada de trabajo que dificulta o impide a la mujer llevar a cabo actividades de capacitaci�n, recreaci�n o participaci�n pol�tica y sindical; y (c) la insuficiencia o elevado costo de los servicios de apoyo, entre los que destaca el limitado acceso a guarder�as y centros de atenci�n y desarrollo infantil.

Las iniciativas gubernamentales en el terreno del empleo femenino se han encaminado tradicionalmente a apoyar estrategias generadoras de ingreso en algunos grupos espec�ficos de mujeres. En general, las acciones institucionales no han favorecido la ejecuci�n de programas laborales dirigidos a mujeres ni el desarrollo de instancias espec�ficas que busquen corregir las pr�cticas discriminatorias que enfrenta la poblaci�n femenina en el mercado de trabajo. Por ello, es impostergable promover una pol�tica de empleo espec�ficamente dirigida a la mujer e impulsar oportunidades productivas y adecuadamente remuneradas para ella.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y la Alianza para la Recuperaci�n Econ�mica y el Empleo reconocen que la elevaci�n de las condiciones de vida de hombres y mujeres s�lo es posible con un crecimiento econ�mico sostenido generador de empleos productivos y promotor de mejoras en los niveles de remuneraci�n reales. Para generar el mayor n�mero posible de �stos, estimular la productividad y mejorar las remuneraciones de los trabajadores, el Gobierno de M�xico est� impulsando reformas fiscales y financieras para promover el ahorro y la inversi�n, un sistema de apoyos a la peque�a y mediana empresa, esquemas de vinculaci�n de las percepciones con los incrementos de la productividad mediante bonos e incentivos, bolsas de trabajo y programas de becas de capacitaci�n para hombres y mujeres que se encuentran desempleados.

Sin embargo, en la actual coyuntura, caracterizada por severas adversidades econ�micas y restricciones financieras, la adopci�n de pol�ticas de ajuste ha implicado elevados niveles de desempleo y una ca�da de los ingresos reales. Al igual que sucedi� durante la crisis de los a�os ochenta, los hogares buscan incorporar en actividades remuneradas al mayor n�mero posible de sus miembros para compensar la p�rdida de ingresos familiares, circunstancia que implica una mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral y en ocupaciones autogestadas. Sin embargo, las posibilidades que ofrecen estas �ltimas se ven limitadas por un contexto dominado por la compresi�n de los niveles de inversi�n, producci�n y consumo.

5. LA CARGA DE LA POBREZA PARA LA MUJER

La pobreza constituye la forma extrema de exclusi�n de los individuos y las familias de los procesos productivos, de la integraci�n social y del acceso a m�ltiples bienes, servicios y oportunidades. La pobreza es una condici�n que, adem�s de la injusticia social que representa, tiene un elevado costo para el pa�s, pues impide elevar la productividad, bloquea el crecimiento econ�mico y es una fuente latente que amenaza la paz, la estabilidad y compromete la democracia.

En M�xico, la pobreza est� asociada con marcadas desigualdades en la distribuci�n de la riqueza y el acceso socialmente diferenciado a las oportunidades y frutos del progreso. Se trata de un mal cr�nico que ha coexistido en nuestra sociedad con un proceso de modernizaci�n concentrado en ciertos �mbitos y que se ha agudizado por las crisis y los ajustes.

El conocimiento de la magnitud de la poblaci�n en situaci�n de pobreza, su evoluci�n en el tiempo, sus caracter�sticas y las carencias que implica, constituye un insumo indispensable para las pol�ticas y programas dirigidos a combatir este fen�meno. La proporci�n de la poblaci�n pobre se redujo durante los a�os sesenta y setenta. No obstante, con la crisis de los a�os ochenta, esta tendencia no s�lo se vio frenada, sino que incluso se revirti�. Paralelamente se observ� una tendencia hacia la "urbanizaci�n" de este fen�meno, aunque contin�a siendo en el campo donde la pobreza est� m�s generalizada y es m�s aguda.

La pobreza es una condici�n que afecta gravemente a muy amplios sectores de la poblaci�n, y ata�e tanto a hombres como a mujeres, a j�venes, a ni�os y a ancianos. Pero la pobreza femenina no puede ser entendida o abordada de la misma forma que la pobreza en general. Las desigualdades entre hombres y mujeres, al intersectarse con otras formas de asimetr�a social, provocan una acumulaci�n de desventajas para las mujeres que las hace m�s vulnerables a situaciones de pobreza y privaci�n.

La pobreza femenina abarca un amplio espectro de situaciones distintas, cada una de las cuales tiene causas espec�ficas y es producto de una variedad de procesos diferenciadores, aspectos que a su vez influyen en las vivencias (objetivas y subjetivas) de las mujeres pobres y en las estrategias desplegadas por ellas y sus familias para enfrentar esa condici�n. Para comprender la complejidad de este problema, es necesario tomar en cuenta el papel que desempe�an las mujeres en la divisi�n del trabajo, los arreglos dom�sticos, su grado de dependencia respecto al var�n y el tipo de oportunidades de trabajo que tiene a su alcance, entre otras.

Los hogares monoparentales (unidades con s�lo uno de los progenitores e hijos solteros) dirigidos por mujeres son usualmente m�s pobres que los conyugales. Al respecto, se aduce que la ruptura de la uni�n o del v�nculo matrimonial pone al descubierto, en una cultura que reproduce permanentemente la desigualdad de g�nero, la dependencia de la mujer respecto del var�n y la falta de ingresos propios o suficientes para satisfacer las necesidades del n�cleo dom�stico. De esta manera, los hogares monoparentales, al depender de manera casi exclusiva de las aportaciones monetarias de la mujer, se colocan en una situaci�n de extrema vulnerabilidad. Al respecto, cabe destacar el bajo nivel educativo de las jefas de hogar en comparaci�n con los jefes varones (Cuadro 1).

Cuadro 1 Niveles de instrucci�n* de jefes de hogar por sexo, 1990.

Niveles de Instrucci�n	Jefas %	Jefes %
	100.0	100.0
Sin instrucci�n	25.3	15.2
Primaria incompleta	28.9	28.8
Primaria completa	17.0	19.6
Post Primaria	24.9	34.0
No especificado	3.9	2.4
* Porcentaje respecto al total de jefas y jefes de 12 a�os y m�s.

Si bien se reconoce que no todos los hogares monoparentales con jefatura femenina son pobres, se destaca que una proporci�n importante de ellos s� lo son. Los estudiosos del tema, sostienen que dichos hogares constituyen espacios proclives para la transmisi�n intergeneracional de la pobreza, por lo que este solo hecho justificar�a brindarles atenci�n especial en los programas orientados a combatir la pobreza.

En la d�cada de los ochenta, diversas acciones gubernamentales se pusieron en marcha para apoyar actividades productivas generadoras de empleos e ingresos para las mujeres campesinas y de los sectores populares urbanos. Su dise�o y puesta en marcha ha estado orientado a combatir la pobreza, racionalizar los recursos dedicados al desarrollo social, e impulsar la participaci�n comunitaria. Un instrumento espec�ficamente dise�ado para atacar la situaci�n de pobreza de las mujeres lo constituye el Programa Mujeres en Solidaridad. Este programa parte del reconocimiento de que para solventar sus necesidades b�sicas, personales y familiares, las mujeres requieren de apoyo y capacitaci�n, tanto para el desarrollo de actividades productivas como para tener oportunidades de acceso a empleos remunerados.

Recientemente las acciones de combate a la pobreza han estado orientadas a apoyar proyectos productivos de car�cter social con prioridad en subregiones, comunidades y grupos sociales con niveles cr�ticos de alimentaci�n, salud, vivienda y educaci�n, as� como promover el desarrollo de comunidades que registran una creciente expulsi�n de poblaci�n. Las acciones dirigidas a superar la pobreza en los �ltimos a�os atendieron la demanda social y productiva de mujeres residentes en 4 449 localidades de 1 002 municipios del pa�s, de los cuales el 75 por ciento se centr� en el sector rural, el 15 por ciento en el ind�gena y el 10 por ciento en zonas urbano-marginadas. Los proyectos con mayor demanda fueron los concernientes a tortiller�as, panader�as, granjas comunitarias, centros de producci�n artesanal, molinos de nixtamal y para la autoconstrucci�n de vivienda.

Diversas evaluaciones orientadas a explorar la potencialidad y efectividad de estos programas han identificado algunos de los obst�culos que limitan su impacto en el mejoramiento de la condici�n social de la mujer. Destacan el reducido monto de recursos destinados a su ejecuci�n, la falta de continuidad de estos esfuerzos, aunado al predominio de proyectos productivos que trasladan el modelo dom�stico al �mbito laboral (talleres de costura, conservaci�n de frutas y alimentos, tortiller�as, etc.), la carencia de estudios previos que permitieran valorar en cada caso su viabilidad econ�mica, as� como la insuficiente capacitaci�n y asistencia t�cnica en los aspectos de producci�n, organizaci�n y administraci�n, incluida la ausencia de canales adecuados de cr�dito y comercializaci�n.

6. MUJER RURAL Y MUJER IND�GENA

Mujer rural

En 1990, la poblaci�n rural, definida como aquella que reside en localidades con menos de 2 500 habitantes, representaba alrededor del 28.7 por ciento de la poblaci�n total. Esta poblaci�n tiene en general un acceso limitado a los servicios b�sicos y la mayor�a vive en condiciones de pobreza y marginaci�n, las cuales inciden principalmente en las mujeres. La precariedad de las viviendas rurales y la falta de servicios repercuten en sus condiciones de vida y de salud, lo que hace m�s larga y ardua su jornada de trabajo.

En las �reas rurales los problemas de salud de las mujeres se vinculan a carencias nutricionales, excesivas cargas de trabajo, alta fecundidad y embarazos frecuentes, inadecuada atenci�n prenatal y del parto, elevada mortalidad materna e infantil, as� como condiciones de insalubridad en su entorno y en sus viviendas. Se estima que durante el periodo 1986-1990 la mortalidad infantil en las �reas rurales era de 46 por mil nacidos vivos, casi 60 por ciento m�s alta que la de las �reas urbanas. Asimismo, en 1990 la fecundidad de las mujeres rurales ascend�a, en promedio, a 4.7 hijos, superior en m�s de dos hijos al nivel observado en las ciudades.

La educaci�n de las residentes rurales se ve limitada por su marginaci�n socioecon�mica y cultural, adem�s de las desventajas asociadas con su condici�n femenina. As�, 30 por ciento de las mujeres rurales de 15 a�os o m�s no saben leer ni escribir, proporci�n significativamente mayor que la de los hombres (20 por ciento). Mientras en el conjunto del pa�s nueve de cada diez ni�as de 6 a 14 a�os asisten a la escuela, en el medio rural s�lo lo hacen tres de cada cuatro.

Las mujeres rurales tradicionalmente han tenido a su cargo las tareas dom�sticas, incluida la responsabilidad de alimentar, cuidar y proteger a los hijos, en ocasiones sin el apoyo del esposo (cuando �ste es migrante o se encuentra separado de ella), raz�n por la que se ocupa de estas actividades en condiciones extremadamente precarias. Adem�s, buena parte del trabajo que ejecutan (recolecci�n de le�a, acarreo de agua, cuidado de ganado y participaci�n en las labores agr�colas, por s�lo se�alar algunos ejemplos) no se registra en las estad�sticas. La adecuada contabilidad y registro de estas labores ayudar�a a valorar la contribuci�n del trabajo femenino en las comunidades rurales.

En el hogar, las mujeres del medio rural enfrentan tambi�n las consecuencias derivadas de la disminuci�n del ingreso familiar, lo que usualmente significa para ellas un incremento de la carga dom�stica, adem�s de la intensificaci�n del trabajo agropecuario familiar no remunerado que desempe�a y la b�squeda de trabajo retribuido.

Las mujeres residentes en las zonas rurales se han insertado de manera creciente como trabajadoras en los cultivos comerciales, en las agroindustrias y las maquiladoras, as� como en la construcci�n o en los servicios personales asociados con el trabajo dom�stico. La ampliaci�n de oportunidades laborales propiciadas por la expansi�n de la producci�n agroindustrial y el florecimiento de la mediana agricultura comercial (sobre todo en el cultivo de las hortalizas y los frutales), aunado a la necesidad de ingresos complementarios a la producci�n campesina, han contribuido a multiplicar la participaci�n de las mujeres en los mercados laborales rurales. Asimismo, ha proliferado en numerosas localidades del pa�s la producci�n industrial en peque�os talleres y maquila a domicilio, lo que posibilita la integraci�n de la poblaci�n rural femenina a la producci�n fabril, sobre todo en el ramo textil y de confecci�n de prendas de vestir.

Las mujeres campesinas tambi�n participan activamente en la ejecuci�n de proyectos productivos dirigidos a impulsar el desarrollo comunitario y el bienestar de las familias rurales. Uno de los principales instrumentos de la organizaci�n ha sido las Unidades Agr�colas Industriales para la Mujer Campesina (UAIM), originadas en 1972. Sus objetivos principales fueron la incorporaci�n plena de las mujeres a las actividades econ�micas del ejido, as� como alentar su capacitaci�n para propiciar su participaci�n en el desarrollo rural. A principios de la d�cada de los noventa se ten�an registradas 6,300 UAIM, de las cuales alrededor del 35 por ciento estaban activas. Su funcionamiento tendi� a depender de la voluntad pol�tica de los funcionarios, la presi�n de la opini�n p�blica o de los grupos organizados de mujeres. Estos �ltimos han demandado la integraci�n de figuras jur�dicas para obtener financiamiento y capacitaci�n, con el prop�sito de desarrollar proyectos y administrar sus propias empresas.

Adem�s de las UAIM, se han desarrollado otros programas gubernamentales, entre los que se pueden se�alar el de Acci�n para la Participaci�n de la Mujer Campesina en la Consecuci�n del Desarrollo Rural, el de Apoyo a Proyectos Productivos de la Mujer Campesina, y el Programa de Desarrollo Comunitario con la Participaci�n de la Mujer. M�s recientemente, otras experiencias que buscan contribuir a elevar el bienestar de la mujer rural, son la de Mujeres en Solidaridad, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y el Programa Rural de Abasto. Los principales problemas que han enfrentado estos y otros programas semejantes son su falta de continuidad, el limitado monto de recursos asignados a su ejecuci�n, la ausencia de canales adecuados de comercializaci�n, y los insuficientes apoyos para la capacitaci�n de las productoras rurales.

Mujer ind�gena

La poblaci�n ind�gena representa casi 8 por ciento de la poblaci�n total de M�xico, lo que corresponde a poco m�s de siete millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres. Esta poblaci�n vive en su mayor�a en localidades rurales dispersas. Comparte con la poblaci�n rural la falta de acceso a servicios y bienes, aunque su situaci�n de rezago es mucho m�s aguda. La mortalidad infantil entre la poblaci�n que habla alguna lengua ind�gena es de 56 por mil nacidos vivos, casi el doble de la observada en el resto de la poblaci�n. Es evidente que la elevada mortalidad infantil impide la consolidaci�n de un marco de certidumbre para la planeaci�n de la familia, lo que, aunado a los problemas de acceso a los servicios de salud en general y de salud reproductiva en particular, contribuye a propiciar un nivel elevado de fecundidad (5.7 hijos por mujer), superior en un hijo al registrado entre las mujeres rurales y en casi tres hijos respecto al promedio no ind�gena del pa�s.

La mitad de las ind�genas mayores de 15 a�os de edad no sabe leer ni escribir. Ello significa que el analfabetismo femenino es 1.7 veces mayor que el de los varones. Adem�s, s�lo dos de cada tres ni�as ind�genas de 6 a 14 a�os de edad asiste a la escuela, relaci�n que es menor que la de los ni�os (3 de cada 4). En general, puede afirmarse que las mujeres ind�genas tienen menor acceso que los hombres a los medios de vinculaci�n y comunicaci�n con las comunidades no ind�genas. Basta se�alar, por ejemplo, que una de cada cinco mujeres ind�genas habla �nicamente su lengua natal (propor-ci�n que se eleva por encima del 35 por ciento en los estados m�s pobres del pa�s), mientras s�lo uno de cada diez hombres presenta esa condici�n (Gr�fica 9).

Gr�fica 9 Porcentaje de la poblaci�n ind�gena monolingüe por sexo y entidad federativa, 1990

Ver grafico 9

Las mujeres ind�genas concentran tanto las desventajas sociales y econ�micas de su grupo de pertenencia social y �tnica, como las que se derivan de su condici�n femenina. A ellas les corresponde valerse de una gama de recursos y la forma en que lo hacen determina, en muchos casos, la subsistencia familiar. Adem�s de atender la casa y los hijos, se hacen cargo de los animales, la confecci�n de art�culos para el autoconsumo, la fabricaci�n y venta de productos artesanales, y la participaci�n en las labores agr�colas. Sin embargo, la producci�n artesanal de la poblaci�n rural e ind�gena, en la que toman parte de manera fundamental las mujeres, enfrenta hoy en d�a serios problemas ligados a su limitado acceso al cr�dito y la carencia de canales de distribuci�n y comercializaci�n. Ello ha llevado a muchas de ellas a abandonar sus actividades artesanales e incluso sus comunidades. De igual forma, la falta de servicios b�sicos, como la carencia de agua en la vivienda o de molinos modernos, aumenta la carga de trabajo dom�stico y limita su participaci�n en la esfera extradom�stica.

7. MUJER JOVEN Y MUJER DE LA TERCERA EDAD

Mujer joven

La poblaci�n de entre 15 y 24 a�os de edad constituye una proporci�n considerable y creciente de la poblaci�n total del pa�s. En 1970, este grupo representaba alrededor del 18.2 por ciento de la poblaci�n total, en tanto que en 1995 su peso relativo se increment� a 21.2 por ciento, lo que corresponde a un total de 19.5 millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres.

Los cambios biol�gicos y emocionales son elementos que permiten identificar a la adolescencia y la juventud como etapas con caracter�sticas espec�ficas y distintivas en el proceso de desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, la problem�tica de los adolescentes y j�venes rebasa esas dimensiones y se manifiesta en su complejidad en los diferentes contextos sociales, econ�micos y culturales. Por ejemplo, se ha podido identificar, mediante la informaci�n proveniente de un servicio telef�nico dedicado a la orientaci�n y consejer�a para los j�venes del �rea metropolitana de la Ciudad de M�xico, que demandan respuestas y soluciones en materia de relaciones interpersonales, relaciones familiares, sexualidad, planificaci�n familiar y salud reproductiva, adicciones, oportunidades educativas y de empleo.

La educaci�n de los j�venes es crucial desde el punto de vista personal y social, puesto que se trata de individuos en plena etapa de formaci�n. La preparaci�n que se ofrezca a las adolescentes y j�venes les permitir� desplegar sus potencialidades y capacidades para participar en el desarrollo del pa�s.

El analfabetismo de mujeres y hombres j�venes se ha reducido significativamente, aunque todav�a alrededor del 5 por ciento de la poblaci�n de entre 15 y 24 a�os de edad no sabe leer ni escribir, sin marcadas diferencias por sexo. Entre las personas de 15 a 19 a�os, 64 por ciento tiene al menos un a�o de estudios de secundaria, porcentaje muy superior al observado en generaciones anteriores. Un porcentaje elevado de la poblaci�n joven deja de estudiar tempranamente, de manera que, entre los 15 y 19 a�os, s�lo una cifra ligeramente superior al 40 por ciento de los hombres y las mujeres contin�an estudiando. Estos porcentajes descienden a poco menos del 20 por ciento en las edades comprendidas entre los 20 y 24 a�os.

La adolescencia y la juventud constituyen etapas decisivas de la vida que permiten al individuo prepararse para su incorporaci�n a la vida adulta. Sin embargo, una proporci�n importante de j�venes se ve obligado a abandonar la escuela tempranamente para insertarse en el mercado laboral o formar una familia. En 1990, del total de j�venes con edades comprendidas entre 15 y 19 a�os, 41.6 por ciento ya estaba trabajando, porcentaje que se eleva a 61 por ciento en el segmento de 20 a 24 a�os de edad. Las tasas de participaci�n en la actividad econ�mica de los hombres de esas edades duplica a las observadas entre las mujeres. Los j�venes de ambos sexos enfrentan restricciones que entorpecen su incorporaci�n constructiva y plena en la vida econ�mica de la sociedad. En un contexto de crisis y de ajuste, as� como de elevados niveles de desempleo abierto, sus posibilidades de inserci�n en ocupaciones productivas, estables y adecuadamente remuneradas, suelen ser restringidas. Esta situaci�n afecta con mayor frecuencia a las mujeres.

En lo que concierne al matrimonio, acontecimiento trascendental en la vida de los individuos que marca la transici�n de la adolescencia y la juventud a la edad adulta, las mujeres mexicanas contin�an estableciendo su primera uni�n marital a una edad temprana (18.4 a�os), situaci�n que apenas ha variado en los �ltimos 15 a�os. En comparaci�n, los varones se casan en promedio dos a�os m�s tarde. Las mujeres que viven en las �reas rurales tienden a casarse o unirse un a�o antes que las mujeres del medio urbano (17.6 y 18.7 a�os, respectivamente). Diferencias semejantes se observan entre la poblaci�n femenina que no ha terminado la primaria y la que s�lo ha completado el ciclo escolar b�sico (Cuadro 2).

Cuadro 2 Edad a la primera uni�n por tama�o de la localidad, nivel de instrucci�n y sexo, 1992*

	Mujeres	Hombres
Estados unidos mexicanos	18.4	20.2
�reas rurales**	17.6	19.9
�reas urbanas***	18.7	20.4
Nivel de instrucci�n
Sin instrucci�n	17.3	19.6
Primaria incompleta	17.9	20.0
Primaria completa	19.1	20.5
* Datos referidos a la poblaci�n de 12 a�os y m�s unida antes de los 25 - a�os seg�n su estado civil al momento de la entrevista.
** Localidades de menos de 2,500 habitantes.
*** Localidades de 2,500 habitantes y m�s

Un rasgo relevante de la fecundidad adolescente es que constituye una proporci�n creciente de la fecundidad total. Si bien la fecundidad de las mujeres menores de 20 a�os ha disminuido, �sta todav�a contribuye con alrededor del 13.8 por ciento de la tasa global de fecundidad, lo que en n�meros absolutos representa 390 mil nacimientos cada a�o. Los nacimientos premaritales son m�s frecuentes cuanto m�s temprana es la edad de la mujer en el momento del primer embarazo.

Diversos estudios tambi�n han puesto de relieve el efecto que tiene un inicio temprano de la reproducci�n sobre la fecundidad a lo largo de la vida. De acuerdo con �stos, las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 18 a�os presentan, 10 a�os m�s tarde, una descendencia de 4.2 hijos, en comparaci�n con las que tuvieron su primer hijo despu�s de los 24 a�os, las cuales alcanzan, 10 a�os despu�s, una descendencia de 3 hijos (Cuadro 3).

Cuadro 3 Promedio de hijos nacidos vivos por mujer seg�n edad al primer nacimiento y n�mero de a�os transcurridos despu�s de ese evento, 1987.

Edad al primer nacimiento
A�os	17 o menos	18 - 20	21 - 23	24 o m�s
3	1.88	1.93	1.77	1.66
5	2.62	2.64	2.44	2.16
10	4.24	4.06	3.66	3.05

Mujer de la tercera edad

La reducci�n de la mortalidad ha permitido un aumento en la esperanza de vida, una mayor longevidad de las personas y una mayor presencia, tanto en t�rminos absolutos como relativos, de personas de la tercera edad. Hoy en d�a, las mujeres constituyen el componente m�s importante de esta poblaci�n, cuyo volumen asciende a 2.4 millones. De este total, una alta proporci�n de ellas son viudas, hecho atribuible a la mayor sobrevivencia femenina, as� como a la m�s alta propensi�n de los hombres a contraer segundas nupcias. Asociado a esto, una mayor proporci�n de mujeres que de hombres viven solas en la tercera edad (Gr�fica 10).

Gr�fica 10 Estado civil de personas de la tercera edad por grupo de edad y sexo, 1994

Ver grafico 10

El analfabetismo y la escasa escolaridad son factores que repercuten desfavorablemente en la condici�n social de las mujeres en la tercera edad. Alrededor del 40 por ciento de la poblaci�n femenina de 60 a�os o m�s no sabe leer ni escribir, proporci�n que en los varones representa el 28 por ciento. S�lo una de cada cuatro mujeres de la tercera edad alcanz� una escolaridad de primaria completa o m�s.

La vejez a menudo se considera como una etapa de soledad, abandono, deterioro y desaliento. En contra de esta idea, cabe se�alar que tres de cada cuatro mujeres de 60 a�os o m�s declara estar satisfecha o muy satisfecha con su vida (proporci�n pr�cticamente igual que la de los hombres). Esto no quiere decir, sin embargo, que est�n libres de aflicciones. Una de cada tres se�ala, entre sus principales preocupaciones, la salud, la familia y la precariedad de su sustento econ�mico. Los dos primeros aspectos son mencionados con menor frecuencia por los varones.

La preocupaci�n de las mujeres por su condici�n de salud est� asociada al hecho de que una alta proporci�n de ellas declara haber experimentado enfermedades, accidentes (principalmente ca�das) y deterioro funcional para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Una de cada cuatro mujeres de 60 a�os o m�s declar�, en 1994, que no pod�a salir de su casa o caminar tres cuadras sin ayuda, y una de cada tres no pod�a subir escaleras sin el auxilio de otra persona (los porcentajes correspondientes a los hombres son de 15 y 20 por ciento, respectivamente) (Cuadro 4).

Cuadro 4 Proporci�n de personas de la tercera edad por estado funcional (% que puede realizar actividad sin ayuda ) y sexo, 1994

Actividad	Hombres	Mujeres
Salir de casa	85.2	73.6
Caminar 3 cuadras	83.3	75.3
Subir escaleras	77.7	66.9
Desplazarse en habitaci�n	95.9	91.9
Tareas dom�sticas ligeras	74.9	81.3
Cargar objetos pesados	64.3	54.4
Manejar su dinero	90.9	86.1
Tomar sus medicamentos	89.2	87.8
Ba�arse	94.8	91.9
Vestirse	95.8	93.6

La mayor longevidad de las mujeres no ha estado acompa�ada de sistemas de prevenci�n y atenci�n de la salud y seguridad social con suficiente cobertura que propicien las condiciones para una vida digna durante la tercera edad. M�s de la mitad de ellas no tienen acceso a servicios m�dicos y, en muchas ocasiones, �stos no cuentan con los recursos humanos o materiales para ofrecer una atenci�n adecuada.

Ante la insuficiencia de servicios de seguridad social y de programas que den respuesta adecuada a sus necesidades, las personas de mayor edad generan demandas cuya atenci�n recae b�sicamente en la familia, sobre todo en las mujeres, as� como en las redes sociales de solidaridad y ayuda. En general, tanto hombres como mujeres de la tercera edad reciben apoyos familiares. Dos terceras partes de ellas reciben apoyo en dinero y un 60 por ciento en productos para la despensa. Las transferencias familiares a los hombres en estos rubros son menores, principalmente porque una mayor proporci�n de ellos contin�a trabajando o tiene acceso a una pensi�n.

8. MUJER Y FAMILIA

La familia es el �mbito por excelencia para el desenvolvimiento de las relaciones y la interacci�n de personas emparentadas entre s�, quienes habitualmente conviven en un mismo espacio. La familia es tambi�n un �mbito privilegiado del proceso de socializaci�n primaria de los individuos, opera como espacio productor y transmisor de pautas y pr�cticas culturales e inculcaci�n de h�bitos, y conforma un �mbito fundamental para la formaci�n de identidades, en particular la de g�nero y en lo relativo a los papeles asignados socialmente a hombres y mujeres.

Los mexicanos generalmente asocian con el vocablo familia significados altamente positivos: uni�n, hijos, amor, hogar, bienestar, padres, comprensi�n, casa, cari�o, educaci�n, felicidad y apoyo. Por esta raz�n, cuando en 1991 se les pregunt� a hombres y mujeres por el grado de importancia que otorgan a algunos aspectos de su vida vinculados con la esfera p�blica (trabajo y pol�tica) y la esfera privada (familia, recreaci�n y amistad), no debe extra�ar que lo m�s decisivo para ambos sea la familia (85 por ciento considera que la familia es muy importante en su vida), en contraste con la pol�tica (12 por ciento), mientras el trabajo (67 por ciento), la recreaci�n (28 por ciento) y los amigos (25 por ciento) se ubiquen entre los dos polos se�alados. Sin embargo, el hecho de que las personas atribuyan mayor importancia a la familia no debe interpretarse como una satisfacci�n total con su vida en ese �mbito, pues cuando se les pidi� calificar este aspecto en una escala de 1 a 10 lo hicieron de la siguiente forma: 62 por ciento le otorg� una calificaci�n de entre 8 y 10, 31 por ciento le asign� entre 4 y 7 puntos, y 7 por ciento le otorg� entre 1 y 3 puntos.

El hogar suele ser el cuadro de referencia cotidiano donde se desenvuelve la vida familiar. En M�xico, su n�mero ha aumentado r�pidamente. En poco m�s de veinte a�os su monto pr�cticamente se duplic�, totalizando en 1992 poco m�s de 18 millones. Quiz� uno de los cambios m�s importantes en la composici�n de las familias mexicanas haya sido el descenso sostenido de su tama�o medio, el cual pas� de 5.3 a 4.7 personas durante el periodo 1970-1992, hecho que est� asociado a la disminuci�n de la fecundidad.

Otra caracter�stica relevante se refiere a la estructura de los hogares. La gran mayor�a son de tipo familiar (95 por ciento) y s�lo una reducida proporci�n de ellos (5 por ciento) corresponde a corresidentes sin v�nculo de parentesco o a personas que viven solas. Los hogares de tipo nuclear son mayoritarios: en 1992 representaban alrededor del 69 por ciento del total de las unidades dom�sticas del pa�s. Dentro de este conjunto destacan los hogares conyugales (parejas con hijos solteros) y los monoparentales (unidades con s�lo uno de los progenitores e hijos solteros).

Los hogares no son unidades homog�neas. La prevalencia de los distintos tipos, sus caracter�sticas sociodemogr�ficas y las formas de organizaci�n hogare�a y familiar var�an en el tiempo y de acuerdo con las transformaciones econ�micas, demogr�ficas y culturales del contexto social. De ah� que presenten rasgos peculiares seg�n regiones y espacios rurales y urbanos, grupos �tnicos, as� como de acuerdo con el sector social de pertenencia. As�, por ejemplo, los hogares nucleares conyugales representaban en 1992 alrededor del 60 por ciento en los estados de Quer�taro y Aguascalientes, pero s�lo concentraban el 50 por ciento en Veracruz o Guerrero. Por su parte, la presencia de hogares monoparentales tiende a variar desde el 9 por ciento en Tamaulipas, y el Distrito Federal, hasta un 4.7 por ciento en Yucat�n (Gr�fica 11).

Gr�fica 11 Porcentaje representado por los hogares monoparentales y conyugales por entidad federativa. 1992

Ver grafico 11

Es ampliamente reconocido el hecho de que las familias mexicanas se sustentan, en su mayor�a, en el matrimonio y que, en general, las parejas viven una cierta estabilidad reflejada en la relativamente baja prevalencia de la disoluci�n de uniones. Sin embargo, poco se sabe acerca de las implicaciones que tienen los cambios observados en el predominio de los distintos tipos de hogares, as� como de los patrones de formaci�n y disoluci�n familiar, sobre la situaci�n social de las mujeres. Al respecto, un grupo de especial preocupaci�n, desde la perspectiva de los programas de pol�tica social orientados al combate de la pobreza, es el de los hogares encabezados por mujeres. Ellas viven cotidianamente la condici�n social de ser mujeres y jefas de un hogar, lo que en algunos casos las enfrenta al conflicto derivado de la necesidad de obtener ingresos monetarios y atender la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos, posici�n que a su vez condiciona su acceso al mercado de trabajo y las coloca en una situaci�n de extrema vulnerabilidad. Estos hogares se calculaban en alrededor de 3 millones en 1992 y en ellos resid�an cerca de 10 millones de personas. Las jefas de hogar suelen tener mayor edad que los jefes varones (las edades promedio correspondientes son de 52 y 43 a�os, respectivamente). Adem�s, en dos de cada diez hogares la jefa no sabe leer ni escribir y en cuatro de cada diez est� al frente de un hogar monoparental (Cuadro 5).

Cuadro 5 Distribuci�n porcentual de los hogares por tipo y sexo del jefe. 1992

	Total	Hombres	Mujeres
FAMILIARES
NUCLEARES	68.4	73.2	44.0
Pareja sin hijos	6.4	7.3	1.8
Pareja con hijos solteros	55.0	64.9	5.0
Jefe con hijos solteros	7.0	1.0	37.2
EXTENSOS	24.4	21.9	36.3
Pareja sin hijos y otros parientes	3.4	3.9	0.8
Pareja con hijos solteros y otros parientes	12.6	14.8	1.5
Jefe con hijos solteros y otros parientes	3.9	0.8	19.3
Jefe con otros parientes	4.6	2.4	15.7
COMPUESTOS	1.2	1.2	2.6
Pareja sin hijos y otros no parientes	0.2	0.2	0.1
Pareja con hijos solteros y otros no parientes	0.6	0.8	0.0
Jefe con hijos solteros y otros no parientes	0.2	0.0	1.1
Jefe con otros no parientes	0.2	0.2	0.5
NO FAMILIARES
UNIPERSONALES	5.5	3.5	16.5
CORRESIDENTES	0.4	0.3	0.9

El contexto socioecon�mico y la naturaleza de las pol�ticas y acciones p�blicas afectan a las familias, no s�lo en t�rminos de su bienestar, sino tambi�n en su din�mica interna. En respuesta a las condiciones del entorno socioecon�mico, las familias desarrollan una serie de estrategias de vida que con frecuencia trascienden el grupo dom�stico y su espacio de residencia. As�, por ejemplo, en el contexto de las crisis econ�micas de los �ltimos a�os, se observa un incremento en la participaci�n econ�mica de los miembros del hogar, particularmente de las mujeres. Se registra tambi�n la proliferaci�n de peque�os negocios o unidades productivas familiares y con ello la intensificaci�n del trabajo dom�stico, asociada a la sustituci�n de bienes y servicios que antes se adquir�an en el mercado y que las familias en condiciones de carencia producen ahora en el hogar. Asimismo, se aprecia el incremento en el uso de redes familiares solidarias como medio para garantizar la satisfacci�n de las necesidades del hogar.

La mayor participaci�n de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado su contribuci�n monetaria en los hogares mexicanos. En una importante proporci�n de familias, �sta es ahora indispensable. Basta se�alar que en uno de cada tres hogares las mujeres contribuyen al ingreso monetario familiar. En uno de cada cinco hogares el ingreso principal lo genera una mujer y en uno de cada diez hogares una mujer es la �nica perceptora. Si bien no todas las unidades familiares donde la mujer es la proveedora exclusiva tienen un nivel de ingreso precario, s� comparten una situaci�n com�n, que es la ausencia de varones en edades activas (el n�mero promedio de mujeres en esas edades duplica al correspondiente de hombres), lo que hace recaer sobre ellas el peso de las responsabilidades econ�micas del hogar, adem�s de las tareas dom�sticas, el cuidado de los hijos y, con frecuencia, la atenci�n de familiares enfermos o ancianos.

La distribuci�n por sexo de los principales perceptores de ingresos monetarios en los hogares, su relaci�n de parentesco con el jefe, y la proporci�n que significa su aportaci�n en el ingreso del grupo, confirman la creciente importancia de la aportaci�n econ�mica femenina en los hogares mexicanos. En uno de cada diez el jefe es hombre, aunque el principal ingreso monetario del hogar lo genera una mujer; en una proporci�n ligeramente mayor (el 11.1% del total nacional), tanto la jefatura como el ingreso principal corresponden a una mujer. Si bien en estos casos suelen estar ausentes varones en edad productiva, se observa la presencia de hombres adultos que por discapacidad o vejez no pueden ser el sost�n econ�mico de su hogar, lo que con frecuencia hace recaer esta responsabilidad en una mujer.

Los hijos tambi�n desempe�an un papel importante como proveedores de ingreso de los hogares (11.3% de los perceptores principales). Llama la atenci�n que, aunque proporcionalmente las mujeres con ingreso principal son minor�a, las hijas casi equiparan a los hijos como perceptores principales (4.7% contra 6.6% en el total nacional de hogares, respectivamente). Se advierte tambi�n que el n�mero de miembros que trabaja es mayor en los hogares que dependen del ingreso femenino (15 por ciento m�s que en los de primac�a econ�mica masculina), aunque es menor su ingreso monetario per c�pita, a pesar de que estas familias suelen ser de menor tama�o. Esto se debe a que, en estos casos, el ingreso por cada perceptor es casi 30 por ciento m�s bajo, no s�lo por ser un ingreso mayoritariamente femenino, sino porque con frecuencia proviene del trabajo de las hijas e hijos j�venes que han abandonado sus estudios y est�n poco calificados para participar en el mercado laboral.

La valoraci�n de los papeles asignados a las mujeres muestra cambios importantes derivados, en gran medida, de su creciente incorporaci�n al trabajo remunerado. Algunas encuestas recientes revelan que ocho de cada diez personas entrevistadas (tanto hombres como mujeres) est�n de acuerdo con que las mujeres trabajen. Cabe hacer notar que la proporci�n de personas que est�n a favor de la participaci�n de la mujer en la actividad remunerada se incrementa a medida que es mayor la escolaridad y el nivel de ingreso de las personas.

Parad�jicamente, la mayor participaci�n de las mujeres en el mercado de trabajo y la creciente aceptaci�n de su presencia en ese �mbito no se han traducido en una significativa disminuci�n de sus responsabilidades dom�sticas. Las tareas que ocasionalmente realizan los hombres, con frecuencia consideradas s�lo como una "ayuda" a las mujeres, siguen concibi�ndose como una responsabilidad exclusivamente femenina. Al respecto, conviene mencionar que de acuerdo a encuestas recientes, alrededor del 2 por ciento de los entrevistados considera que las tareas dom�sticas deben ser responsabilidad exclusiva de los hombres, en tanto 63 por ciento declar� que de las mujeres, y 35 por ciento contest� que de ambos. Proporciones relativamente similares se registran al indagar acerca de qui�n debe hacerse cargo de las compras del hogar y el cuidado de los hijos.

Cuando no hay correspondencia entre los derechos y obligaciones de los diferentes miembros del hogar, pueden surgir dificultades que afectan la organizaci�n, funcionamiento y solidaridad familiares. La crisis econ�mica, por ejemplo, al estimular una mayor participaci�n de las mujeres en el trabajo extradom�stico, puede generar tensiones en las relaciones de pareja, dados los papeles tradicionalmente atribuidos a las mujeres y a los hombres.

A fin de cumplir con el principio del Art�culo Cuarto Constitucional que se�ala la protecci�n a la organizaci�n y el desarrollo de la familia, el Gobierno de M�xico proporciona servicios asistenciales y enfoca sus acciones hacia los grupos m�s vulnerables de la poblaci�n, con lo cual vincula la pol�tica de fortalecimiento de la familia con las acciones de combate a la pobreza. Las instituciones dirigidas al desarrollo integral de la familia han procurado impulsar espacios de di�logo, concertaci�n y participaci�n, desarrollando programas productivos, de salud, de rehabilitaci�n, de apoyo a la integraci�n familiar, de orientaci�n educativa, recreativos y culturales, as� como de prevenci�n y eventual soluci�n de conflictos intrafamiliares. Sin embargo, la cobertura de muchos de estos programas es limitada, se concentran en las ciudades, e incluso requieren del fortalecimiento de esquemas de coordinaci�n entre los mismos y de mecanismos para asegurar su continuidad.

9. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer atenta contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona y puede inhibir su desarrollo, adem�s de provocarle da�os irreversibles. �sta adopta diversas formas: se manifesta mediante la agresi�n f�sica, psicol�gica o sexual; puede ser un acto �nico o sistem�ticamente reiterativo, incluso producirse en �mbitos diversos, en el medio familiar, en la calle o en el espacio laboral.

La violencia afecta a las mujeres de todas las edades, niveles educativos y clases sociales. Diversos estudios asocian este fen�meno con las creencias y conductas que refuerzan la idea de la superioridad del hombre y la subordinaci�n femenina; la proliferaci�n de im�genes agresivas y violentas difundidas a trav�s de los medios de comunicaci�n masiva; la socializaci�n de los agresores en ambientes violentos; as� como la impunidad de esos delitos y el desconocimiento que generalmente tienen las mujeres de sus derechos. Estos estudios tambi�n indican que, en gran parte, la sociedad condiciona a las mujeres a enfrentar el temor a la violencia mediante conductas de adaptaci�n que las llevan a conformarse a vivir en esta situaci�n y a considerarla como una parte intr�nseca de sus relaciones humanas.

El fen�meno de la violencia contra las mujeres, por encontrarse enraizado en las relaciones sociales, no ha sido reconocido en toda su gravedad. En M�xico, las estad�sticas al respecto son deficientes. La vergüenza de las v�ctimas y el temor a desencadenar represalias de parte del agresor, provoca que estos delitos con suma frecuencia no sean denunciados o incluso no sean reconocidos como tales por quienes los padecen o quienes los cometen. Aunque las denuncias han registrado un constante aumento a partir de la apertura de agencias especializadas para atender tales agresiones, se estima que s�lo una de cada diez violaciones es denunciada ante la ley.

La violaci�n constituye una de las expresiones m�s graves de violencia contra las mujeres. En el Distrito Federal, entre los hechos de esa naturaleza denunciados durante el primer semestre de 1995, alrededor del 54 por ciento corresponde a violaciones, 8 por ciento a intentos de violaci�n, 33 por ciento a abusos sexuales y el 5 por ciento restante a estupro, hostigamiento y adulterio. Alrededor de la mitad de los casos de violaci�n y otros delitos conexos son cometidos contra ni�as y adolescentes; cerca del 26 por ciento corresponde a menores de 12 a�os de edad y 28 por ciento a adolescentes. Una investigaci�n publicada en 1993 document� en 33 fuentes oficiales y no gubernamentales cerca de 10 000 casos de abuso sexual cometidos entre enero de 1990 y julio de 1991, de los cuales entre 70 y 80 por ciento, correspondi� a abuso sexual en menores. Las diversas fuentes disponibles confirman que la gran mayor�a de los delitos sexuales denunciados son perpetrados por familiares o personas conocidas de las v�ctimas. Se advierte que el padre o el padrastro, como reiteradamente lo se�ala la literatura sobre el tema, son quienes cometen con mayor frecuencia este tipo de delitos, seguidos por abuelos, t�os y hermanos.

Un asunto de vital importancia y del que no se tiene registro es el relacionado con los costos sociales y las consecuencias de la violaci�n sobre la salud f�sica, mental o psicol�gica de las v�ctimas. Los escasos datos disponibles revelan que una de cada diez mujeres que denuncia un acto de violaci�n sexual queda embarazada como consecuencia de la agresi�n. Asimismo, existen evidencias de que el abuso sexual incrementa en las mujeres el riesgo de contraer enfermedades de transmisi�n sexual, incluido el VIH-SIDA.

Los actos de violaci�n pueden causar en las v�ctimas serios da�os psicol�gicos, acompa�ados de severos problemas sexuales, con consecuencias que suelen perdurar. Adem�s, la violencia contra las mujeres incide negativamente en diversas facetas de su vida social. As�, por ejemplo, algunos estudios se�alan que la inseguridad que perciben o experimentan las mujeres restringe la amplitud de su movilidad. En muchos casos, por miedo a ser atacadas, evitan viajar en transportes p�blicos y limitan las horas de sus salidas y sus recorridos.

Un caso de violencia espec�fica y singular es la que se ejerce contra las mujeres en el hogar, fen�meno que en el pasado era considerado como un asunto privado que deb�a resolverse en ese �mbito. Sin embargo, lo que hasta hace unos cuantos a�os era un hecho oculto ha pasado a ser un fen�meno con mayor visibilidad y de indudable trascendencia social. En el seno del hogar, la violencia permea con frecuencia las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones, al tiempo que �sta puede ejercerse de maridos a esposas (el caso m�s frecuente), de padres a hijos y de hermanos a hermanas. Entre las modalidades asumidas por la violencia intrafamiliar se encuentran las agresiones verbales, el confinamiento en el hogar, la prohibici�n de tener contacto o comunicaci�n con familiares o la de trabajar, as� como las relaciones sexuales forzadas, el maltrato y las lesiones f�sicas, las amenazas de muerte o de represalias y, en �ltima instancia, el homicidio.

Se sabe que en la gran mayor�a de los casos denunciados de violencia dom�stica en el Distrito Federal, las v�ctimas son mujeres casadas o separadas y el agresor es el esposo o compa�ero. Alrededor de ocho de cada diez mujeres que fueron atendidas en el Centro de Atenci�n a la Violencia Intrafamiliar durante el primer semestre de 1995 sufrieron la agresi�n de sus c�nyuges. Con frecuencia se se�ala que tales datos son apenas leves indicios de la magnitud del problema, ya que un n�mero desconocido de mujeres se abstiene de denunciar los actos de violencia de que son objeto.

Los ni�os y ni�as constituyen el siguiente grupo en importancia dentro de las v�ctimas de la violencia dom�stica, caso en el que los agresores m�s comunes son los propios progenitores. El hecho que las v�ctimas sean los miembros m�s indefensos de la familia hace pensar que los agresores usan la violencia para reafirmar una autoridad y una jerarqu�a que, por diversos motivos, pueden sentir amenazadas, adem�s de casos extremos y patol�gicos de abuso de autoridad.

Si bien es cierto que los datos son escasos y fragmentarios, son claramente indicativos de la gravedad del problema de la violencia intrafamiliar. Un estudio realizado en Ciudad Netzahualc�yotl, Estado de M�xico, revela que alrededor de una de cada tres mujeres unidas con edades comprendidas entre 15 y 60 a�os de edad afirm� sufrir maltratos serios y recurrentes de un familiar, de los cuales era el propio marido casi siempre el agresor. Asimismo, datos provenientes del estado de Jalisco indican que cerca del 57 por ciento de las mujeres entrevistadas residentes en zonas urbanas y 44 por ciento de las residentes en zonas rurales hab�an experimentado alg�n tipo de violencia intrafamiliar, siendo la gran mayor�a de los agresores sus propios esposos.

El abuso ejercido sobre las mujeres por parte de sus parejas deja huellas tanto f�sicas como psicol�gicas. Las f�sicas incluyen quemaduras, golpes, fracturas y heridas graves. La violencia intrafamiliar tambi�n puede causarles severos da�os psicol�gicos a largo plazo y manifestarse mediante el miedo y la ansiedad. Los lazos emocionales, legales y econ�micos que vinculan a las mujeres con sus agresores frecuentemente las conducen a un estado de baja autoestima, vulnerabilidad, aislamiento y desesperanza, circunstancias que dan lugar a problemas como el alcoholismo, la drogadicci�n y aun el suicidio.

El hostigamiento o acoso sexual constituye una pr�ctica que las mujeres sufren reiteradamente en sus relaciones laborales o las que mantienen en otros �mbitos. En la mayor�a de los casos, lo ejerce el hombre cuando existe una relaci�n de subordinaci�n de la mujer, lo que se convierte de manera impl�cita o expl�cita en un t�rmino o condici�n que se le impone. Al igual que ocurre con otras formas de violencia, existe escasa evidencia emp�rica que permita medir la dimensi�n real de este problema. En los informes estad�sticos oficiales se reportan unas cuantas denuncias de actos de hostigamiento sexual. La escasa cuant�a de denuncias de este tipo de delitos se atribuye con frecuencia a factores como los siguientes: el largo y tortuoso procedimiento penal que deben seguir las v�ctimas para confirmar su denuncia, la incierta garant�a de �xito respecto a la posibilidad de que el agresor sea consignado y presentado ante una autoridad competente, as� como la propia naturaleza del castigo, casi siempre benigno, que recibe el hostigador sexual.

Las actividades desplegadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales han contribuido a hacer visible el problema de la violencia contra la mujer en todas sus formas de expresi�n, lo que ha influido en la puesta en marcha de acciones en la materia, entre las que destacan las realizadas en los �mbitos legislativo y judicial, en particular las siguientes:

En 1984 se modific� el C�digo Penal del Distrito Federal para castigar con mayor rigor el delito de violaci�n.

En 1989 se crearon las Agencias Especializadas del Ministerio P�blico para la atenci�n de los delitos sexuales y atentados al pudor, que actualmente operan en el Distrito Federal y en varias entidades federativas del pa�s. Adem�s, con el objeto de fortalecer los programas de apoyo a las v�ctimas, se establecieron en ese mismo a�o el Centro de Terapia de Apoyo y el Centro de Atenci�n a V�ctimas de Violencia Intrafamiliar.

En 1990 se present� la iniciativa que pretendi� tipificar el delito de hostigamiento sexual en el C�digo Penal del Distrito Federal, estableciendo sanciones de 30 d�as de salario m�nimo u ocho meses de c�rcel a cualquier patr�n, empleador o supervisor que, haciendo uso de su poder, busque obtener favores sexuales de trabajadoras subordinadas. M�s tarde, en la reforma de 1991, se aprob� un texto m�s amplio referido no s�lo a conductas del patr�n, empleador o supervisor, sino a las cometidas por cualquier persona que posea una relaci�n de autoridad sobre ellas.

En 1991 se llevaron a cabo enmiendas, adiciones y derogaciones al C�digo Penal y al C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en materia de delitos sexuales.

En 1993 se aprobaron reformas a la Constituci�n que establecen la obligaci�n del Estado de brindar asistencia jur�dica a las v�ctimas de delitos sexuales, derecho a recibir reparaci�n del da�o y atenci�n m�dica de urgencia.

En 1994 se emprendi� la creaci�n de la Unidad Especializada de Atenci�n y Orientaci�n Legal y el Programa de Atenci�n Integral para las V�ctimas de Ataques Sexuales. Asimismo, se puso en operaci�n un programa de Atenci�n Integral para la Rehabilitaci�n de V�ctimas de Ataques Sexuales.

10. IMAGEN FEMENINA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACI�N

La importancia de los medios de comunicaci�n masiva resulta innegable a la luz de los procesos modernizadores y globalizadores que tienen lugar en la sociedad contempor�nea. Los contenidos que difunden, as� como su creciente penetraci�n e influencia, los convierten en una de las principales instituciones propagadoras de modelos de comportamiento, aspiraciones sociales, de trayectorias de vida y visiones del mundo socialmente normadas.

Diversas investigaciones han demostrado que los mensajes difundidos por los medios de comunicaci�n tienden a reproducir im�genes estereotipadas de la mujer y de los papeles que desempe�a. La televisi�n es el medio de comunicaci�n masiva que m�s ha atra�do la atenci�n de los estudiosos y cr�ticos. Su capacidad para llevar los mensajes al �mbito privado y cotidiano de los hogares y modificar actitudes y creencias de las personas, son parte de su reconocido poder e influencia. Sin embargo, a menudo se se�ala que la televisi�n proyecta im�genes no equilibradas de las mujeres y los hombres. A ellas se les presenta usualmente como abnegadas, sumisas, d�biles, sin confianza en s� mismas y condescendientes, o bien se les presenta como objeto sexual o de placer. En contraste, a los hombres por lo general se les proyecta como fuertes, valientes, agresivos, decididos y dominantes, en correspondencia con las tradicionales representaciones estereotipadas de la masculinidad.

En los horarios de mayor audiencia televisiva, generalmente ocupados por las telenovelas, se aprecia una profusa difusi�n de im�genes que refuerzan modelos y pautas sociales y culturales que confinan a la mujer a papeles y actividades tradicionalmente considerados como "femeninos". Esta circunstancia resulta agravada, adem�s, por la publicidad, que es uno de los veh�culos m�s efectivos para la construcci�n de im�genes sociales, la cual contribuye a reafirmar no s�lo los papeles tradicionales, sino tambi�n la difusi�n de patrones ideales o modelos a seguir. Si bien se advierte en los programas de televisi�n una presencia cada vez mayor de personajes femeninos en papeles no tradicionales, el cambio se est� produciendo lentamente y a menudo se ve reducido a personajes secundarios.

Por su parte, los programas radiof�nicos tienden a presentar una m�s amplia variedad de enfoques y tem�ticas. Algunos son promotores abiertos de pautas y modelos tradicionales, pero otros han creado espacios dedicados a la discusi�n y el an�lisis de la condici�n y las situaciones de vida de las mujeres mexicanas, as� como a la difusi�n de im�genes sobre su potencial para cristalizar sus aspiraciones personales. Desafortunadamente, estos espacios, en general conducidos por mujeres, constituyen m�s una excepci�n que la regla.

Los peri�dicos, diarios y revistas presentan una gran diversidad. Algunos diarios de circulaci�n nacional cuentan con secciones orientadas hacia la mujer. Con algunas contadas excepciones, nuevamente el com�n denominador de estas publicaciones es la difusi�n de im�genes que reducen y estereotipan las diversas actividades y papeles que desarrollan las mujeres. Cuando se refieren a las profesionistas, casi siempre se les ubica en actividades u ocupaciones "feme-ninas" (por ejemplo, jefa de relaciones p�blicas, modelo de modas, trabajadoras o due�as de cl�nicas de belleza, entre otras). Asimismo, en las revistas tradicionales de mujeres, que tienen una amplia circulaci�n, el �nfasis m�s recurrente est� puesto en los "secretos de belleza" o en c�mo "atraer", "ganar", "conservar" o "entender" al sexo masculino. En los �ltimos a�os ha surgido otro tipo de revistas en M�xico, las cuales analizan los problemas de la condici�n y presencia de las mujeres en la sociedad y buscan la promoci�n de im�genes sociales m�s equilibradas de hombres y mujeres. Sin embargo, en t�rminos generales estas publicaciones tienen una circulaci�n relativamente reducida.

Un aspecto poco explorado hasta la fecha es el relativo a la condici�n de la mujer como trabajadora dentro de los medios de comunicaci�n masiva. La presencia femenina en �stos se ha ampliado y diversificado gradualmente, pero las periodistas y comunicadoras todav�a enfrentan marcadas desigualdades en el acceso a ellos. Aunque es cierto que la televisi�n cuenta con animadoras de programas y conductoras de series, la presencia femenina no es destacada en programas de debate o en el an�lisis de temas relacionados con la pol�tica, la ciencia o la cultura. Existe evidencia de c�mo la participaci�n de las mujeres en los niveles de decisi�n de los medios de comunicaci�n es restringida, ya que por lo com�n se les ubica en niveles medios, inscritas en una estructura dominada b�sicamente por hombres. Del mismo modo, son pocas las directoras de peri�dicos, subdirectoras y jefas de informaci�n, directoras de estaciones de radio y televisi�n, as� como due�as de agencias de publicidad, lo que contrasta con la alta participaci�n femenina en las escuelas de periodismo, ciencias de la comunicaci�n y publicidad.

Diversos sectores insisten en la necesidad de que los medios de difusi�n masiva contribuyan al cambio de actitudes y pautas culturales que obstaculizan la participaci�n y el desarrollo pleno de la mujer. Entre otras cuestiones, se se�ala la necesidad de promover y difundir mensajes que contribuyan a propiciar la igualdad de responsabilidades y reconocimiento entre mujeres y hombres, ampliar la participaci�n de ellas en las instancias de decisi�n y en el dise�o y ejecuci�n de pol�ticas y programas en materia de medios de comunicaci�n, incluido el aumento de los recursos destinados a la investigaci�n para profundizar en el estudio de los fen�menos de comunicaci�n relacionados con la imagen de la mujer.

11. PARTICIPACI�N DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES

Frente a lo ya se�alado, en el sentido de que la brecha educativa que separa a la poblaci�n femenina de la masculina ha venido disminuyendo y la presencia de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado r�pidamente, la participaci�n de la mujer en los puestos de decisi�n de los �mbitos ejecutivo, judicial y legislativo, en los partidos pol�ticos, en las empresas y en los sindicatos sigue siendo reducida.

Desde 1953 a la fecha, s�lo seis mujeres han sido Secretarias de Estado (en comparaci�n con m�s de 180 secretarios varones), de las cuales dos de ellas ocupan este cargo en la actualidad. La presencia femenina en los puestos de alta direcci�n dentro de la estructura gubernamental representa menos del 10 por ciento del total, aunque debe se�alarse que hay Secretar�as de Estado donde alcanza una participaci�n cercana al 20 por ciento.

En la esfera de la impartici�n y administraci�n de justicia, la participaci�n de las mujeres desde 1980 hasta 1994 es m�s alta que en otras �reas del sector p�blico. En la Suprema Corte de Justicia han alcanzado una importante presencia en los puestos de mayor jerarqu�a: hoy en d�a, son mujeres alrededor del 20 por ciento de los ministros, 12 por ciento de los magistrados y 23 por ciento de los jueces de distrito. En conjunto, las mujeres ocupan alrededor del 19 por ciento de los puestos de mayor nivel.

En los �ltimos 15 a�os solamente tres mujeres han gobernado una entidad federativa del pa�s. La participaci�n de las mujeres en las alcald�as y presidencias municipales es muy reducida, pero ha mostrado un ligero incremento. Hoy en d�a, 89 municipios son presididos por mujeres, y la poblaci�n de los mismos representa aproximadamente el 3.7 por ciento del total de los 31 estados de la Rep�blica. En el Distrito Federal, de un total de 16 delegaciones pol�ticas, 4 est�n dirigidas por mujeres (Gr�fica 12).

En lo que concierne a la presencia de las mujeres en el poder legislativo, en la actual LVI Legislatura, correspondiente al periodo 1994-1997, de un total de 628 esca�os ocupados por diputados y senadores, 13.7 por ciento corresponden a mujeres. El n�mero de legisladoras aument� significativamente en comparaci�n con la Legislatura anterior, en parte gracias al incremento en el n�mero total de esca�os de ambas c�maras. As�, mientras en la LV Legislatura hab�a 3 senadoras y 42 diputadas, la actual cuenta con 16 senadoras y 66 diputadas.

Gr�fica 12 Proporci�n de presidentas municipales por entidad federativa*. 1995

Ver grafico 12

La participaci�n de las mujeres en los partidos pol�ticos es un poco mayor que la observada en los cuerpos legislativos. En los tres partidos con mayor votaci�n en el pa�s, la presencia femenina en los comit�s directivos fluct�a entre 15.6 y 23.8 por ciento. Los esfuerzos y compromisos de los partidos pol�ticos por incorporar a las mujeres en las posiciones de dirigencia y en los puestos de elecci�n popular no se han traducido en una representaci�n femenina significativamente mayor en esos �mbitos de decisi�n.

Por su parte, en las agrupaciones sindicales y sociales la presencia fe-menina es considerable. Se estima que aproximadamente dos millones y medio de mujeres trabajadoras pertenecen a alguna organizaci�n sindical. En algunas ramas de actividad su participaci�n es significativa, como es el caso del sindicato de los trabajadores de la educaci�n, el de la industria textil y del vestido, el de los telefonistas y el de los trabajadores bancarios. Sin embargo, dentro de estas organizaciones, la participaci�n de las mujeres en los cargos directivos sigue siendo baja. En contraste, su presencia en los organismos no gubernamentales es significativa, lo mismo que en los puestos de direcci�n de las mismas, hecho que les ha permitido ganar terreno en los espacios p�blicos.

II. RETOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER

La sociedad mexicana experimenta r�pidos y profundos cambios. Son evidentes los avances logrados en materia de salud, educaci�n y participaci�n en la actividad econ�mica, entre otros. De manera concomitante, la poblaci�n femenina ha ido ampliando su presencia en muy diversas esferas de la vida social, econ�mica, pol�tica y cultural. No obstante, las mujeres todav�a enfrentan obst�culos que limitan la realizaci�n de su potencial en la sociedad. En mayor o menor grado, el hecho de ser mujeres las expone a prejuicios ancestrales, y a pr�cticas de discriminaci�n y opresi�n que a menudo las relegan a una condici�n desmerecida, de inferioridad y subordinaci�n. De hecho, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir y perpetuar su situaci�n de desventaja.

Para realizar sus anhelos y aspiraciones y desarrollar su pleno potencial, las mujeres requieren tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como de espacios propicios para su participaci�n integral en la vida pol�tica, social y cultural del pa�s. Adem�s, debe tomarse en cuenta que las mujeres enfrentan necesidades cambiantes a lo largo de su ciclo de vida, de manera que las problem�ticas comunes a su condici�n femenina tienen expresiones espec�ficas entre las mujeres de distintas edades. Las necesidades de las ni�as no son las mismas que las de las adolescentes, como tampoco lo son las de las mujeres en edades productivas y reproductivas con respecto a las de la tercera edad. Es importante tomar en cuenta este hecho y ofrecerles m�s y mejores oportunidades en materia de educaci�n, empleo, cultura, deporte y recreaci�n, seguridad social y atenci�n de la salud, pugnando por la puesta en marcha de acciones dirigidas a atender y responder a sus demandas y necesidades.

Para avanzar en esta tarea se requiere identificar los problemas m�s acuciantes que aquejan a las mujeres, entre los cuales se pueden mencionar el acceso desigual a los servicios de salud, educaci�n, oportunidades laborales y espacios de toma de decisiones, la persistente y creciente carga de la pobreza femenina, la violencia que experimentan en distintos �mbitos, la difusi�n de im�genes sobre la mujer que ignoran la diversidad de papeles que desempe�a en la sociedad, as� como sus logros y aportaciones al desarrollo.

Si bien estos problemas se encaran hoy en d�a con mayor decisi�n en diferentes sectores de la sociedad, es necesario avanzar m�s firmemente en esta tarea y hacer frente a los obst�culos que les impiden tomar parte activa en todas las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el var�n. S�lo de esta manera ser� posible que las mujeres desarrollen su pleno potencial en la sociedad, plasmando su vida de conformidad con sus propias aspiraciones, elecciones y proyectos. Del diagn�stico de su situaci�n actual se desprenden los siguientes retos prioritarios:

1. Superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educaci�n de las mujeres

La educaci�n sobresale como un factor estrat�gico para impulsar el mejoramiento de la condici�n social de la mujer, promover relaciones m�s equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres y lograr una mejor calidad de vida de la poblaci�n. La educaci�n, adem�s de brindar conocimientos y contribuir a desarrollar destrezas y habilidades, inculca valores esenciales que propician el desarrollo integral de las personas, fortalecen su dignidad, fomentan el af�n de logro y superaci�n personal y abren nuevas opciones y perspectivas de vida. En especial, la educaci�n y capacitaci�n para la mujer repercute no s�lo en su propio provecho, sino tambi�n en el de su familia. En este marco, son tareas prioritarias superar el analfabetismo, garantizar el acceso de las mujeres a las oportunidades educativas en todos sus niveles y modalidades, propiciar su permanencia en la escuela y alcanzar una eficiencia terminal cada vez mayor. Adem�s, se debe mejorar la calidad de la ense�anza, e impulsar una educaci�n que en su impartici�n y en sus contenidos y materiales est� al margen de discriminaciones y prejuicios sexistas.

2. Garantizar el acceso de las mujeres a servicios
integrales de atenci�n de la salud

El derecho a gozar de plena salud es esencial para el bienestar y una condici�n indispensable para el ejercicio de otros derechos. Las mujeres suelen enfrentar obst�culos que limitan su acceso a los servicios preventivos y de atenci�n de la salud. Adem�s, diversos factores de riesgo para la salud pesan en exceso sobre la poblaci�n femenina. La fuerte incidencia de la pobreza entre muchas mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas y el control limitado que tienen sobre su vida sexual y reproductiva, por s�lo mencionar algunos de los problemas acuciantes que viven, las hacen m�s propensas y vulnerables a determinados padecimientos. Para garantizar su derecho a disfrutar de salud, es preciso ampliar y facilitarles el acceso a los servicios en condiciones de calidad, que den respuesta a sus demandas y necesidades a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida y que, asimismo, est�n basados en un enfoque integral, incluido el acceso a los servicios de medicina preventiva, nutrici�n, planificaci�n familiar y salud reproductiva, as� como a los programas de educaci�n, consejer�a e informaci�n en la materia.

3. Fortalecer las capacidades de las mujeres y
promover su participaci�n en todos los niveles y
�mbitos de decisi�n

Las oportunidades para desarrollar las capacidades, destrezas y habilidades de las mujeres se han ampliado de manera considerable en el curso de las �ltimas dos d�cadas. Sin embargo, todav�a existen serios obst�culos para que puedan desplegarlos en toda su potencialidad. Por ello, es necesario fortalecer los programas de formaci�n gerencial y aliento al liderazgo, adem�s de poner en marcha acciones orientadas a remover las barreras que obstaculizan su integraci�n cabal en los distintos �mbitos y procesos de toma de decisi�n. Debe reconocerse que su presencia sigue siendo limitada en los puestos y funciones de direcci�n de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los partidos pol�ticos, en las empresas y los sindicatos, y en los espacios organizados de la sociedad civil. La representaci�n femenina en los procesos de toma de decisi�n en todos los niveles y en todas las instancias, no s�lo es una cuesti�n de elemental justicia, sino tambi�n una condici�n necesaria para consolidar nuestra democracia y redefinir prioridades que atiendan y respondan a sus demandas e intereses.

4. Defender y proteger los derechos de las mujeres

Es innegable que el desarrollo de nuestra sociedad y el bienestar de todos sus miembros exigen la participaci�n integral de la mujer en la vida familiar, econ�mica, social, pol�tica y cultural del pa�s. Por ello, la promoci�n y protecci�n de los derechos humanos es una piedra angular de este Programa. Aun y cuando la Constituci�n Pol�tica de nuestro pa�s establece la igualdad jur�dica de hombres y mujeres, la realidad no refleja la aplicaci�n cabal de este principio. Persiste la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho. La igualdad jur�dica de hombres y mujeres debe traducirse en igualdad de oportunidades de todo tipo. Para lograrlo, es necesario impulsar un amplio proceso de educaci�n, comunicaci�n y sensibilizaci�n, as� como fortalecer los instrumentos, mecanismos e instancias institucionales que contribuyan a garantizar el respeto a los derechos de la mujer en todos los espacios sociales. Un grupo que merece especial atenci�n por su vulnerabilidad es el de las mujeres ind�genas, cuyos derechos humanos, civiles y culturales deben ser respetados y protegidos dentro y fuera de sus comunidades.

5. Prevenir y eliminar la violencia contra
las mujeres

Una de las m�s graves violaciones a los derechos de la mujer, por su incidencia y sus repercusiones en la vida familiar y social, es la violencia a la que com�nmente est� sujeta. Se trata de un fen�meno que afecta a las mujeres de todos los niveles educativos y de todas las clases y grupos sociales, y que ocurre tanto en el hogar, como en la calle, la escuela y los centros de trabajo. La violencia contra las mujeres es un problema de inter�s p�blico y es deber del gobierno luchar contra esta pr�ctica, profundamente arraigada en nuestra sociedad. Resulta imperativo hacer visible dicho problema social y desarrollar mecanismos institucionales, incluidas reformas legislativas y administrativas y acciones de informaci�n y educaci�n para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas de expresi�n.

6. Combatir la pobreza que aqueja a las mujeres

La persistente y creciente carga de la pobreza que aqueja a las mujeres tiene efectos devastadores. Atenta contra su dignidad y limita su potencial, no s�lo por las carencias materiales que implica, sino tambi�n porque les impide desplegar todas sus capacidades y potencialidades. Se hace necesario poner en marcha programas de combate a la pobreza que atiendan tanto las manifestaciones como las causas estructurales de este fen�meno, enfatizando la incorporaci�n de las mujeres como sujetos protag�nicos y beneficiarios de todas las acciones orientadas a este fin.

7. Apoyar a las mujeres trabajadoras

La participaci�n de las mujeres en la actividad econ�mica ha crecido de manera sostenida durante las dos �ltimas d�cadas y ha respondido tanto a los procesos de reestructuraci�n que han tenido lugar en la econom�a, como a la proliferaci�n de estrategias familiares generadoras de ingreso. Su creciente presencia en el mercado de trabajo y en el desempe�o de actividades productivas ha coadyuvado a impulsar cambios en la organizaci�n de la vida cotidiana de los hogares y en la contribuci�n econ�mica de sus integrantes. La antigua creencia de que el trabajo femenino constituye s�lo un complemento del presupuesto familiar ha empezado a ser cuestionada por las cifras disponibles: millones de hogares son sostenidos hoy en d�a por mujeres y en muchos otros aportan m�s que los hombres. Paralelamente, el trabajo dom�stico no remunerado que ellas realizan se ha intensificado ante la carencia o reducci�n de ingresos familiares, el alza de precios de los art�culos de primera necesidad y el deterioro de los servicios b�sicos. Estas transformaciones se han producido en un contexto dominado por las crisis econ�micas y la aplicaci�n de programas de ajuste, cuyos efectos han sido significativos y con m�ltiples ramificaciones: aumento de los niveles de desigualdad, precarizaci�n del mercado laboral e incremento de la pobreza, entre otros. Frente a estas realidades, resulta indispensable fortalecer los mecanismos institucionales para:

Proteger los derechos de las trabajadoras asalariadas

La mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral no se ha acompa�ado de la eliminaci�n de pr�cticas discriminatorias y de situaciones de desventaja para ellas, lo que impone claros l�mites para su desarrollo como trabajadoras. Resulta prioritario apoyarlas, tanto en el campo como en la ciudad, protegiendo sus derechos laborales, incentivando el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y haciendo frente al deterioro de sus remuneraciones.

Apoyar el desarrollo de micro y peque�as empresas
dirigidas por mujeres

Resulta de inter�s estrat�gico respaldar a las mujeres que encabezan micro y peque�as empresas y a las que trabajan por cuenta propia o sin pago, incluidas las que desempe�an labores agropecuarias. La disponibilidad de cr�ditos para que las mujeres puedan desarrollar microempresas es una alternativa promisoria para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Por ello, se requiere impulsar acciones de capacitaci�n, acceso a tecnolog�as adecuadas, informaci�n, canales de comercializaci�n y asistencia t�cnica efectiva, as� como de dise�o y operaci�n de esquemas de cr�dito apropiados, accesibles y �giles.

8. Propiciar una distribuci�n m�s equitativa de las tareas y responsabilidades dom�sticas y extradom�sticas entre hombres y mujeres

Las mujeres han desempe�ado tradicionalmente una funci�n decisiva en la educaci�n y crianza de los hijos, y en ellas ha reca�do la realizaci�n de las tareas propias del hogar. Las funciones que llevan a cabo en la familia se han visto crecientemente acompa�adas por el desempe�o de papeles diversos en otras esferas de la vida social. Sin embargo, las tareas hogare�as siguen concibi�ndose como una responsabilidad exclusivamente femenina. Para potenciar el papel de la mujer en la familia y la sociedad, es necesario promover la progresiva consolidaci�n de un marco que propicie en los hogares la igualdad de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en las responsabilidades dom�sticas y extradom�sticas.

9. Reconocer y valorar la contribuci�n del
trabajo no remunerado de las mujeres para
la econom�a y el bienestar de la familia

Las mujeres del campo y la ciudad han realizado tradicionalmente una importante contribuci�n al desarrollo, no s�lo mediante su trabajo remunerado, sino tambi�n mediante actividades que son indispensables para la reproducci�n cotidiana de las unidades dom�sticas, tales como la crianza de los ni�os, el cuidado de las personas discapacitadas o de la tercera edad, la preparaci�n de los alimentos para la familia y tareas como el acarreo de agua o la recolecci�n de le�a. Todas �stas a menudo se subvaloran o no se registran en las diferentes fuentes de datos sobre actividad econ�mica. Para hacer visibles las contribuciones de las mujeres al desarrollo familiar y comunitario, se debe valorar el trabajo no remunerado que llevan a cabo, tanto en el hogar como en la comunidad, que hasta el momento no se contabiliza como parte de la riqueza nacional. El reconocimiento social a la naturaleza, tipo y alcance del trabajo no remunerado contribuir� tambi�n a que se compartan las tareas y responsabilidades dom�sticas y extradom�sticas entre hombres y mujeres.

10. Propiciar la eliminaci�n de im�genes estereotipadas de la mujer

Los mensajes que difunden los medios de comunicaci�n masiva y los contenidos curriculares de la educaci�n constituyen importantes mecanismos reproductores de nuestra sociedad. Muchos de estos mensajes proyectan im�genes parciales, negativas o estereotipadas de las mujeres. Estas instancias podr�an realizar importantes contribuciones mediante la proyecci�n de im�genes plurales, equilibradas y no discriminatorias, coadyuvando de esta forma a la promoci�n de cambios en las actitudes y pautas culturales que obstaculizan la participaci�n y desarrollo pleno de la mujer.

III. OBJETIVOS

La Constituci�n Pol�tica establece en el Art�culo Cuarto que "el var�n y la mujer son iguales ante la ley". Asimismo, la Ley General de Poblaci�n tiene como uno de sus objetivos primordiales promover la participaci�n integral y efectiva de la mujer en los procesos econ�mico, pol�tico, social y cultural, adem�s de propiciar las condiciones necesarias para que tome parte activa en todas las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el var�n. El Reglamento de dicha ley establece tambi�n que deber� evitarse toda forma de abuso y discriminaci�n tanto individual como colectiva hacia la mujer, as� como impulsar medidas dirigidas a lograr la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

El Programa Nacional de la Mujer, que se inscribe dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, recoge estos planteamientos y reconoce que para avanzar en la consecuci�n de los mismos, es necesario formular objetivos claramente definidos, as� como dise�ar y poner en marcha un conjunto ordenado de estrategias y acciones para avanzar en el mejoramiento de la condici�n social de la mujer. �stas constituyen un marco de referencia necesario para orientar las distintas iniciativas de las instituciones, organismos y sectores sociales involucrados, as� como un instrumento para concertar recursos orientados al mejoramiento de la condici�n social de las mujeres.

El Programa Nacional de la Mujer, que se nutre de las experiencias y conocimientos acumulados en los distintos �mbitos e instancias sociales e institucionales, aspira a dar respuesta a las propuestas formuladas por las mujeres y sus organizaciones, as� como a sus demandas y necesidades. En concordancia con ello, el Programa Nacional de la Mujer contempla los siguientes nueve objetivos generales:

* Acceso equitativo y no discriminatorio a la educaci�n;

* Promover un sistema efectivo, oportuno y de calidad para el cuidado de la salud de las mujeres;

* Enfrentar la pobreza que aqueja a las mujeres;

* Ampliar las oportunidades laborales y protecci�n de los derechos de las trabajadoras;

* Estimular la capacidad productiva de las mujeres;

* Fortalecer la familia como �mbito de promoci�n de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades para hombres y mujeres;

* Defender los derechos de la mujer y ampliar su acceso a todos los niveles e instancias de toma de decisi�n;

* Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

* Promover una cultura de la igualdad mediante im�genes plurales, equilibradas y no discriminatorias de la mujer.

Estos objetivos median entre los retos prioritarios y las l�neas de acci�n que a continuaci�n se proponen, al tiempo que sugieren una pauta para la asignaci�n de recursos. La formulaci�n y puesta en marcha de un conjunto de medidas sistem�ticas y articuladas, que deben ser evaluadas permanentemente, tienen como prop�sito hacer m�s eficiente la gesti�n de las pol�ticas p�blicas en la materia.

IV. ESTRATEGIAS

El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 requiere contar con un conjunto ordenado de estrategias que aborden de manera integral las diferentes dimensiones del desarrollo social, articulen las diferentes l�neas program�ticas, y establezcan las directrices que orienten a las pol�ticas de apoyo a la participaci�n econ�mica y social de la mujer, buscando una m�s eficiente coordinaci�n de los programas y acciones gubernamentales para estos prop�sitos.

El Programa Nacional de la Mujer se apoya en las siguientes cinco estrategias, como modo global de proceder para impulsar las l�neas program�ticas y las acciones del mismo.

Planeaci�n con enfoque de g�nero

En la formulaci�n de las pol�ticas p�blicas en beneficio de la mujer resulta indispensable identificar los obst�culos que limitan su participaci�n plena en la sociedad, as� como dise�ar y poner en marcha las medidas necesarias para buscar soluciones a los problemas que la aquejan, sistematizando las tareas de planeaci�n, programaci�n y presupuestaci�n del Programa Nacional de la Mujer. Para avanzar m�s firmemente en la superaci�n de las barreras que impiden el mejoramiento de la condici�n social de la mujer y prever el impacto diferenciado de tales acciones, es preciso incorporar la perspectiva de g�nero en el proceso legislativo, la planeaci�n, el dise�o y la ejecuci�n de dichas pol�ticas.

Coordinaci�n y concertaci�n

Tomando en cuenta la naturaleza multisectorial del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, resulta imprescindible desarrollar tareas de coordinaci�n y concertaci�n entre los diversos sectores involucrados. Estas tareas deber�n estimular la participaci�n firme y decidida tanto de las instituciones gubernamentales, del sector social y acad�mico y los organismos no gubernamentales en el conjunto de acciones encaminadas a promover el avance de la mujer.

Profundizaci�n del federalismo

El nuevo federalismo favorecer� una mayor efectividad de las acciones en favor de las mujeres. La diversidad econ�mica, social y cultural del pa�s impone la necesidad de adecuar estrategias, programas y acciones a las condiciones, necesidades, demandas y prioridades de ellas en las regiones y entidades federativas del pa�s. El Programa Nacional de la Mujer busca propiciar la colaboraci�n y participaci�n activa de los gobiernos estatales, autoridades locales y de la sociedad en su conjunto, en un marco de respeto a la soberan�a de los estados y municipios.

Desarrollo jur�dico e institucional

El Programa Nacional de la Mujer, al recoger e identificar prioridades y demandas y buscar dar respuesta a las mismas, no puede dejar de se�alar las limitaciones de los marcos institucionales y jur�dicos en la materia. Es menester identificar las instancias responsables de coordinar las iniciativas de los diferentes �rdenes de gobierno, sectores y organizaciones sociales, y promover los mecanismos que lleven a revisar de manera permanente los c�digos, leyes y reglamentos que puedan contener cualquier forma de discriminaci�n por razones de g�nero. A este respecto, el programa contar� con un Consejo Consultivo para impulsar y favorecer la participaci�n de todos los sectores involucrados en las acciones del mismo y para ampliar sus alcances. De igual manera, el avance de la mujer requiere apoyar el fortalecimiento de sus organizaciones, partiendo del reconocimiento de que �stas han sido y continuar�n siendo actores fundamentales y motores del cambio social hacia la igualdad de g�nero. El trabajo conjunto de las instituciones gubernamentales y de los sectores privado, acad�mico y social, contribuir� a velar por la vigencia de los derechos de la mujer y a generar una mayor conciencia sobre los mismos.

Seguimiento y evaluaci�n

Para una adecuada y eficiente implementaci�n de las actividades en favor de la mujer, resulta indispensable consolidar las tareas de generaci�n, difusi�n y an�lisis de informaci�n peri�dica y comparativa; desarrollar mecanismos que propicien el reforzamiento y la actualizaci�n de los sistemas de registro de las instituciones que participen en el Programa Nacional de la Mujer; y asegurar la disponibilidad de datos confiables y oportunos que permitan el an�lisis y seguimiento de las iniciativas que se realizan en beneficio de las mujeres. Asimismo se requiere contar con una adecuada evaluaci�n del impacto de las acciones en beneficio de la mujer. Con este prop�sito el programa contar� con una Contralor�a Social que represente un amplio involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad. Por �ltimo, es necesario verificar peri�dicamente, mediante un sistema eficiente de seguimiento y evaluaci�n, el avance y resultados de tales acciones. El programa contar� tambi�n con un Sistema de Informaci�n y Evaluaci�n, como un elemento primordial para la reorientaci�n oportuna de las l�neas program�ticas y acciones prioritarias y para propiciar su adecuaci�n a las necesidades de los distintos grupos de poblaci�n.

V. L�NEAS PROGRAM�TICAS

La complejidad, amplitud y diversidad de los esfuerzos sectoriales y regionales en beneficio de la mujer, incluida la atenci�n a grupos vulnerables, imponen la necesidad de organizar las actividades del Programa en las siguientes nueve l�neas program�ticas:

1. Educaci�n
2. Cuidado de la salud
3. Atenci�n de la pobreza
4. Mujer trabajadora
5. Fomento productivo
6. Mujer y familia
7. Derechos de la mujer y participaci�n en la toma de decisiones
8. Combate a la violencia
9. Imagen de la mujer

En este cap�tulo se introducen los elementos que justifican la inclusi�n de cada l�nea program�tica, as� como el lineamiento general y las acciones prioritarias que le dan cuerpo. Cabe hacer notar que las acciones est�n formuladas con diferente grado de precisi�n, obedeciendo tanto a la variada prioridad de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas, como al desigual conocimiento del fondo causal de los mismos.

Educaci�n

La educaci�n es un derecho establecido en nuestra Constituci�n Pol�tica, y resulta una condici�n primordial para promover la dignidad, capcidad y aptitudes de las mujeres, y su acceso a mejores oportunidades de vida. La educaci�n, incluidos los contenidos de la ense�anza y su forma de transmitirlos, moldea la comprensi�n que hombres y mujeres tienen de la sociedad, de sus normas de funcionamiento y convivencia, as� como de los principios que organizan la interacci�n social. Asimismo, transforma los valores y actitudes de las personas, enriquece sus expectativas, motivaciones, autoestima, y contribuye a ampliar sus opciones y perspectivas de vida.

El Programa Nacional de la Mujer, en concordancia con el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, establece como reto prioritario la atenci�n especial a la mujer en todas las modalidades y niveles del sistema educativo con el prop�sito de contribuir a ampliar tanto sus opciones y alternativas de vida, como sus expectativas acerca de los papeles diversos que puede desempe�ar en todas las esferas de actividad. La igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer constituye un imperativo de justicia del Estado mexicano que, entre otras v�as, debe perseguirse mediante la educaci�n. Para cimentar las bases s�lidas que permitan enfrentar este desaf�o, es necesario transformar los espacios educativos en instancias estrat�gicas que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Se requiere as� brindar pleno acceso a las oportunidades educativas; que la educaci�n sea de calidad y traspase los espacios de las aulas; que desempe�e un papel cada vez m�s prominente para ampliar las oportunidades de desarrollo integral y arm�nico de las personas; y que apoye la construcci�n de una �tica social que combata las discriminaciones e inequidades socioecon�micas, de g�nero y los autoritarismos generacionales.

El sistema educativo debe avanzar en la tarea de incorporar a sus actividades de planeaci�n y normatividad los correspondientes mecanismos que favorezcan el acceso y permanencia de la mujer en todos los niveles del sistema escolar, la superaci�n de los rezagos educativos, la reducci�n de la deserci�n y el ausentismo, as� como la eliminaci�n de contenidos que propicien la reproducci�n de pr�cticas sexistas e im�genes estereotipadas de la mujer. De igual manera, debe estar abocado a fortalecer en los profesores y maestros la conciencia y convicci�n de que su contribuci�n es crucial para superar las desigualdades de g�nero.

Lineamiento general

Promover medidas que contribuyan a garantizar el acceso y permanencia de las mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y, por esta v�a, favorecer su participaci�n plena en la sociedad, potenciar sus capacidades y habilidades y fortalecer su independencia, autonom�a, autoestima y capacidad de decisi�n, as� como su af�n de logro y superaci�n personal.

Acciones prioritarias

* Garantizar la igualdad de oportunidades de educaci�n para hombres y mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema escolar.

Coordinar, de manera conjunta con las Secretar�as de Educaci�n de las entidades federativas, programas orientados a disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres respecto al acceso y a la permanencia en la escuela.

Fomentar acciones dirigidas a prevenir el ausentismo y la deserci�n escolar de las mujeres.

* Mejorar la calidad de la educaci�n, velando porque los contenidos y materiales educativos promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

Revisar, desde una perspectiva de g�nero, los planes, programas, libros de texto y otros materiales educativos, cuidando desterrar, donde los haya, contenidos e im�genes estereotipadas de la mujer, destacando como contraparte la importancia de su papel en la vida social del pa�s y en el bienestar familiar.

Impulsar el desarrollo de materiales, transversales respecto a la estructura curricular del nivel de ense�anza b�sica, que sirvan de apoyo para que el maestro propicie la reflexi�n de los educandos sobre las contribuciones y los diversos papeles que desempe�a la mujer en la sociedad.

* Desarrollar, conjuntamente con las Secretar�as de Educaci�n de las entidades federativas, programas espec�ficos de educaci�n inicial, ofreciendo a las madres estrategias para la formaci�n de sus hijos, incluida su vinculaci�n con programas de nutrici�n, salud y estimulaci�n temprana.

Favorecer el desarrollo integral y arm�nico de las ni�as ind�genas menores de cinco a�os, mediante programas dirigidos a ampliar los conocimientos de las madres acerca del desarrollo y cuidados de los menores, desde el embarazo hasta su incorporaci�n en el nivel de ense�anza preescolar.

Propiciar en las ni�as el desarrollo de sus capacidades afectivo-sociales, f�sicas y cognoscitivas, con el apoyo de sus padres.

Fortalecer la ense�anza de la lengua materna en la educaci�n preescolar ind�gena y elaborar materiales para el aprendizaje del espa�ol como segunda lengua. Capacitar a mujeres ind�genas egresadas del bachillerato como docentes de educaci�n preescolar, a fin de que desempe�en esta actividad en sus regiones y comunidades de origen.

Reforzar los programas de participaci�n de la comunidad en el quehacer educativo mediante centros infantiles comunitarios.

Establecer estrategias de alfabetizaci�n para adultos con enfoque de g�nero, vinculados con los programas de educaci�n inicial y preescolar.

* Apoyar programas especiales de alfabetizaci�n dirigidos a las mujeres de acuerdo a su edad, especialmente en las entidades federativas con mayores �ndices de analfabetismo, e incluir contenidos que promuevan pr�cticas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n femenina.

Establecer estrategias que permitan incorporar, en los programas de educaci�n para adultos, a las mujeres analfabetas o que no hayan completado su instrucci�n b�sica.

Promover alternativas de orientaci�n a los padres de familia a fin de enriquecer sus experiencias, estimular el desarrollo integral de sus hijas, mejorar las pr�cticas de cuidado hacia ellas, y favorecer sus condiciones de vida tanto en el seno familiar como en la comunidad.

Desarrollar estrategias educativas integrales dirigidas a la poblaci�n femenina menor de 20 a�os, que incluyan contenidos de salud reproductiva, educaci�n para los hijos y capacitaci�n para el trabajo.

Impulsar programas de alfabetizaci�n dirigidos a las mujeres de entre 20 y 44 a�os de edad, con contenidos educativos que contribuyan a ampliar sus opciones econ�micas y las de sus familias.

* Fortalecer los programas de educaci�n compensatoria que contribuyan a ampliar el acceso y permanencia de las mujeres en la escuela.

Promover medidas tendientes a prevenir el ausentismo y la deserci�n escolar de las menores, las adolescentes y las j�venes que no han concluido su educaci�n b�sica.

Generar programas educativos pertinentes, alternativos e innovadores dirigidos a los sectores que han quedado marginados del sistema educativo formal.

Promover el crecimiento de los �ndices de absorci�n de las mujeres en la ense�anza secundaria mediante la generaci�n de opciones creativas e innovadoras en el uso de los espacios educativos.

Impulsar medidas tendientes a fomentar la reinserci�n en el sistema escolar de las alumnas que han desertado, en especial de las madres adolescentes.

Fortalecer la educaci�n primaria ind�gena mediante la producci�n de materiales en lengua materna (libros, audiocasetes y paquetes did�cticos, entre otros), cuidando brindar igualdad de oportunidades a ni�os y ni�as ind�genas.

* Alentar la puesta en marcha de programas de orientaci�n vocacional y escolar con una perspectiva de g�nero, con el fin de incentivar a las ni�as, adolescentes y j�venes a seguir con sus estudios y ampliar tanto sus horizontes como sus criterios de selecci�n de carreras.

Desarrollar y transmitir programas de televisi�n dise�ados especialmente para las mujeres sobre orientaci�n educativa y oficios no tradicionales, aprovechando para ello la red satelital.

Proponer contenidos espec�ficos para la asignatura de Orientaci�n Educativa en tercero de secundaria, poniendo especial �nfasis en oficios no tradicionales para las mujeres.

Revisar y proponer contenidos de los programas educativos, con una perspectiva de g�nero, con el prop�sito de enfatizar, entre otros temas, el cuidado y la prevenci�n de la salud, el fortalecimiento de la autoestima y la lucha contra las adicciones, as� como el conocimiento del mundo profesional y del trabajo.

* Incorporar la perspectiva de g�nero en los cursos de formaci�n y actualizaci�n de profesores y de orientadores vocacionales de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, incluidas estrategias de capacitaci�n al magisterio para evitar pr�cticas sexistas que reproducen actitudes y formas de interacci�n discriminatorias para las ni�as.

* Fomentar la participaci�n de las adolescentes y j�venes en las actividades acad�micas, cient�ficas y tecnol�gicas, as� como deportivas y de creaci�n art�stica y cultural, fortaleciendo los espacios para su desarrollo (por medio de concursos, muestras, exposiciones y conferencias, entre otros), estimulando el aprecio por estas expresiones como parte de la educaci�n integral.

* Ampliar las oportunidades educativas para las mujeres en el nivel de ense�anza superior y de posgrado con base en los siguientes cinco criterios:

extender la cobertura con calidad donde existe un flujo consistente en la demanda;

poner �nfasis en las entidades federativas con bajos �ndices de absorci�n de estudiantes de educaci�n media superior y superior;

desalentar la creaci�n de nuevas instituciones p�blicas en donde haya capacidad para absorber la demanda, conforme a los criterios de planeaci�n nacional e institucional;

procurar el desarrollo equilibrado de la oferta educativa en relaci�n con las necesidades sociales y las aspiraciones formativas de las mujeres; y

considerar, entre otros aspectos relevantes, la din�mica de los mercados laborales, los requerimientos del sector productivo, las necesidades tecnol�gicas, y las perspectivas del desarrollo regional y local.

* Revisar y actualizar los mecanismos de reconocimiento al trabajo cient�fico y tecnol�gico, con el objeto de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

* Impulsar investigaciones que permitan identificar las barreras que impiden la igualdad de oportunidades en la educaci�n y la producci�n cient�fica y tecnol�gica.

Cuidado de la salud

El bienestar y el nivel de vida de la poblaci�n se encuentran estrechamente relacionados con sus condiciones de salud. Una poblaci�n sana es creativa y productiva. Por ello, el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la mujer en la familia y en los �mbitos de la educaci�n, el trabajo y la cultura s�lo es posible en condiciones de buena salud. Esto contribuye a reforzar el c�rculo virtuoso entre salud y equidad.

En el pa�s subsisten considerables problemas de salud, especialmente en los grupos, regiones y entidades m�s rezagados desde el punto de vista socioecon�mico. La salud de la mujer se ve amenazada por los riesgos propios de su condici�n femenina y por factores econ�micos, sociales y culturales que interact�an a lo largo de su ciclo de vida con las desigualdades de g�nero.

Para enfrentar los desaf�os en materia de salud, las acciones del Programa Nacional de la Mujer deben estar orientadas por un enfoque amplio e integral que contemple, en la organizaci�n y funcionamiento de los servicios, todos los aspectos interrelacionados con la esfera de la salud: informaci�n, educaci�n y comunicaci�n, acciones eficientes y solidarias de promoci�n de la salud y prevenci�n de enfermedades, y servicios de atenci�n curativa. Estos deben considerar todas las etapas del desarrollo de las mujeres y no s�lo las ligadas a su funci�n reproductiva, distinguir grupos expuestos a riesgos de salud espec�ficos, y atender las distintas necesidades de las mujeres seg�n su sector social.

Lineamiento general

Garantizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de atenci�n de la salud en condiciones de calidad, asegurando que los mismos respondan a sus necesidades y demandas, y tomen en cuenta las caracter�sticas particulares de su ciclo de vida, su condici�n social y su ubicaci�n geogr�fica.

Acciones prioritarias

* Asegurar el acceso de la poblaci�n femenina a un Paquete B�sico de Servicios de Salud, con especial �nfasis en la provisi�n de servicios integrales y de calidad en materia de medicina preventiva, nutrici�n y salud reproductiva, acompa�ados de acciones de comunicaci�n educativa y social.

* Impulsar la inclusi�n de la perspectiva de g�nero en las actividades de planeaci�n, normatividad, seguimiento, evaluaci�n, educaci�n y comunicaci�n, as� como en la prestaci�n de los servicios de salud, con el objeto de atender de manera integral la salud de las mujeres en las diferentes etapas de su ciclo de vida.

* Reforzar de manera permanente la competencia t�cnica de los prestadores de servicios de salud, incluida la capacitaci�n con una perspectiva de g�nero y en comunicaci�n interpersonal para garantizar una atenci�n digna y respetuosa a las y los usuarios de los servicios de salud.

* Proteger el derecho de las parejas a decidir el n�mero y espaciamiento de los hijos en un marco de respeto a la dignidad de las personas, as� como la estricta aplicaci�n de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificaci�n Familiar.

* Favorecer la maternidad sin riesgos, especialmente entre las residentes en zonas rurales, de concentraci�n ind�gena y urbano-marginales, mediante:

el acceso a informaci�n, orientaci�n y consejer�a;

fomento de una adecuada nutrici�n materna;

vigilancia prenatal temprana, sistem�tica y de calidad;

acceso a servicios obst�tricos de emergencia;

prevenci�n, manejo o referencia adecuada de los embarazos de alto riesgo;

atenci�n institucional adecuada del parto y el puerperio;

manejo de las complicaciones posaborto;

atenci�n del reci�n nacido;

anticoncepci�n postevento obst�trico; y

fomento de la pr�ctica de la lactancia materna exclusiva en los primeros cuatro meses de vida del menor.

* Impulsar acciones eficientes de apoyo nutricional, mediante mecanismos efectivos de subsidio y distribuci�n de apoyos alimentarios a menores, mujeres gestantes y lactantes en situaci�n de pobreza y asimismo, dar seguimiento a su estado nutricional.

* Mejorar la calidad de los servicios de planificaci�n familiar y salud reproductiva, adecuando su estructura y organizaci�n a las demandas y prioridades de las mujeres.

* Asegurar la disponibilidad de una amplia gama de m�todos anticonceptivos en los servicios de planificaci�n familiar y salud reproductiva, incluida la orientaci�n sobre m�todos naturales o de abstinencia peri�dica, as� como informaci�n completa, comprensible y veraz sobre sus posibles efectos colaterales.

* Atender la demanda insatisfecha de m�todos anticonceptivos, en especial entre la poblaci�n rural dispersa y la de las comunidades ind�genas y �reas urbano-marginales, a fin de reducir los embarazos no deseados, no planeados o de alto riesgo, prevenir el aborto y sus complicaciones, as� como disminuir la morbimortalidad materna.

* Fortalecer las actividades orientadas a lograr una participaci�n igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a la planificaci�n familiar, promoviendo que los hombres asuman su responsabilidad en las decisiones y pr�cticas relativas al comportamiento sexual y reproductivo.

* Establecer, en el contexto amplio de la salud reproductiva, la normatividad para garantizar la prestaci�n de servicios a las parejas en riesgo preconcepcional, el tratamiento de las parejas inf�rtiles y la atenci�n del climaterio y la condici�n posmenop�usica, poniendo especial �nfasis en la atenci�n primaria.

* Reforzar los programas de educaci�n, prevenci�n y atenci�n de las enfermedades de transmisi�n sexual, y en particular del VIH-SIDA, ampliando el acceso a los servicios de detecci�n y tratamiento oportuno, as� como a la informaci�n y consejer�a, que promuevan la adopci�n de pr�cticas preventivas que disminuyan el riesgo de contagio.

* Proteger el derecho de los adolescentes y j�venes a disponer de informaci�n, educaci�n sexual y servicios de salud reproductiva, as� como proveerlos con una visi�n integral que favorezca, en el plano de la sexualidad, actitudes y pr�cticas responsables.

* Estimular la comunicaci�n de los adolescentes y j�venes con sus padres para abordar en la familia temas relativos a la sexualidad.

* Promover la capacitaci�n de los profesores y maestros para impartir una educaci�n sexual integral con el prop�sito de fomentar actitudes y pr�cticas responsables en el ejercicio de la sexualidad, el comportamiento reproductivo, as� como en la prevenci�n de los embarazos no deseados, las uniones precoces y la incidencia de las enfermedades de transmisi�n sexual, incluido el VIH-SIDA.

* Asegurar el acceso a la informaci�n apropiada y servicios de calidad para la prevenci�n, tratamiento, diagn�stico temprano, manejo oportuno y/o referencia de las enfermedades de transmisi�n sexual, incluido el VIH-SIDA, especialmente en los grupos poblacionales de alto riesgo.

* Dise�ar e instrumentar mecanismos para facilitar el acceso y disfrute de las mujeres trabajadoras a los servicios de vigilancia y atenci�n durante el embarazo, los periodos de incapacidad pre y posparto, as� como horarios flexibles para amamantar a sus hijos
.
* Ampliar el acceso de las mujeres de la tercera edad a programas de seguridad social, promoci�n y atenci�n de la salud y otros servicios sociales y culturales.

* Fomentar la participaci�n de las mujeres de todas las edades en actividades deportivas como una medida estrat�gica de salud preventiva.

* Apoyar el desarrollo de campa�as de comunicaci�n y programas de informaci�n, prevenci�n, detecci�n y atenci�n oportuna de tumores mamarios y c�rvico-uterinos, as� como el fortalecimiento de las acciones de educaci�n y orientaci�n sobre los factores de riesgo para la salud, como es el caso del tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad.

* Intensificar las acciones de comunicaci�n educativa y social para prevenir y detectar oportunamente neoplasias del tracto reproductor femenino, con �nfasis en el c�ncer c�rvico-uterino y mamario desde el primer nivel de atenci�n, incluido el fortalecimiento de los mecanismos de referencia y manejo de estos padecimientos.

* Estimular la participaci�n de hombres y mujeres, la familia y la comunidad en el cuidado de la salud en general y de la salud materna e infantil en particular, impulsando acciones de informaci�n, educaci�n y comunicaci�n.

* Propiciar la participaci�n de organismos de la sociedad civil en la formulaci�n, seguimiento y evaluaci�n de los servicios de salud, incluidos los de planificaci�n familiar y salud reproductiva.

* Apoyar y poner en marcha investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de la variedad de problem�ticas de salud que enfrentan las mujeres y utilizar sus resultados para enriquecer la formulaci�n y ejecuci�n de programas en la materia.

Atenci�n de la pobreza

La carga de la pobreza constituye uno de los grandes problemas nacionales, cuyas adversas consecuencias afectan en forma diferenciada a la poblaci�n urbana y rural. La pobreza es un fen�meno de ra�ces profundas y se origina tanto en la inserci�n precaria de la poblaci�n en el sistema productivo, como en las asimetr�as de acceso a los bienes y servicios.

La pobreza tiene consecuencias altamente nocivas, no s�lo para los individuos y los hogares que la padecen, sino tambi�n para el desarrollo econ�mico y social del pa�s. Por una parte, impide el pleno desenvolvimiento de las capacidades humanas y limita el crecimiento econ�mico; por la otra, origina tensiones que enturbian el desarrollo de un r�gimen democr�tico, plural y participativo. La pobreza se expresa, entre otras manifestaciones, en desnutrici�n, condiciones inadecuadas de vivienda, presencia de diversos problemas de salud y un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad tempranas, as� como en un acceso limitado a la educaci�n y otros servicios b�sicos.

Las desigualdades entre hombres y mujeres interact�an con las inequidades econ�micas y sociales para acrecentar las limitaciones en el acceso de ellas a la educaci�n, la capacitaci�n, las oportunidades laborales y los servicios de salud, as� como su participaci�n plena en la toma de decisiones. Con frecuencia las mujeres se ven atrapadas en un c�rculo vicioso de privaci�n y pobreza. Durante la infancia y la ni�ez, suelen recibir pocos alicientes para permanecer en el sistema educativo, lo que restringe sus perspectivas y opciones de vida. M�s tarde, sus carencias de educaci�n y capacitaci�n no les deja m�s alternativa, frente a la urgencia de satisfacer las necesidades individuales y familiares, que la de desempe�ar actividades de baja productividad y precaria remuneraci�n. Los obst�culos que limitan el avance de la mujer, no s�lo operan en el espacio educativo y laboral, sino que se extienden a muchos otros �mbitos de la vida social.

Las mujeres deben ser part�cipes y beneficiarias de las acciones de combate a la pobreza, tanto por razones �ticas y de equidad como por un imperativo de superaci�n y progreso. Por ello, es menester ofrecer atenci�n prioritaria a los sectores vulnerables y desprotegidos de la poblaci�n femenina, en especial a las mujeres ind�genas y las que habitan en zonas rurales y localidades con poblaci�n dispersa.

Lineamiento general

Promover acciones de combate a la pobreza con una perspectiva de g�nero. Dichas acciones deben estar dirigidas a enfrentar tanto las manifestaciones como las causas estructurales de este fen�meno, as� como a otorgar especial atenci�n a las mujeres rurales e ind�genas.

Acciones prioritarias

* Incorporar a las mujeres de grupos vulnerables como sujetos prioritarios en los planes y programas de combate a la pobreza.

* Promover medidas para apoyar a los hogares encabezados por mujeres que se encuentran en situaci�n de mayor vulnerabilidad, incluido el desarrollo de proyectos de car�cter productivo, empleo y generaci�n de ingresos.

* Dise�ar e instrumentar mecanismos para ampliar las oportunidades de participaci�n econ�mica de las mujeres que viven en situaci�n de pobreza, incluido el acceso a recursos financieros y canales de comercializaci�n.

* Promover la utilizaci�n de mano de obra femenina en la construcci�n, reconstrucci�n, mantenimiento y ampliaci�n de caminos rurales, dando prioridad a la poblaci�n local.

* Garantizar los derechos de las mujeres rurales e ind�genas como titulares y usufructuarias de la tierra y como sujetos de cr�dito, independientemente de su estado civil.

* Reforzar las acciones orientadas a atender las demandas de educaci�n y capacitaci�n de las mujeres dentro de los programas de combate a la pobreza.

Promover el otorgamiento de becas a ni�as, adolescentes y j�venes que residen en comunidades pobres y dispersas para asegurar su asistencia y permanencia en la escuela, en los programas de alfabetizaci�n y en los de educaci�n especial.

Impulsar el desarrollo de programas de educaci�n y capacitaci�n bilingüe y bicultural para las mujeres ind�genas, incluido el dise�o y operaci�n de programas especiales de alfabetizaci�n para adultos.

Atender la demanda de educaci�n b�sica de ni�os y ni�as ind�genas, tratando de que se adec�e a las caracter�sticas lingü�sticas y culturales de sus comunidades.

* Propiciar el acceso a viviendas dignas para las mujeres que viven en condici�n de pobreza, mediante el desarrollo de mecanismos de cr�dito apropiados dirigidos a la poblaci�n que no dispone de las fuentes tradicionales de garant�as.

* Otorgar prioridad en los programas de combate a la pobreza a las acciones orientadas a dotar de servicios b�sicos a las viviendas, a fin de ampliar el acceso a los mismos, mejorar las condiciones de vida de la poblaci�n, as� como disminuir la carga de trabajo y el tiempo que las mujeres dedican a las labores dom�sticas.

* Promover subsidios para los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y energ�a el�ctrica de las comunidades y grupos de poblaci�n en condiciones de pobreza.

* Estimular la participaci�n de instituciones gubernamentales y del sector privado, social y acad�mico, en la formulaci�n, ejecuci�n, seguimiento y evaluaci�n de las pol�ticas y programas dirigidos a combatir la pobreza que aqueja a las mujeres.

* Apoyar la participaci�n, organizaci�n y el trabajo comunitario para que sean los propios usuarios los que operen los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en zonas suburbanas y rurales con altos �ndices de marginaci�n.

* Incentivar el desarrollo de investigaciones dirigidas a profundizar en el estudio de los mecanismos que generan y reproducen la pobreza, impulsando asimismo los esfuerzos de medici�n de la pobreza femenina, el conocimiento de los procesos que la originan, as� como la identificaci�n de grupos vulnerables y las caracter�sticas de quienes viven en esta situaci�n.

Mujer trabajadora

A pesar del notable incremento de las tasas de participaci�n femenina en la actividad econ�mica, persisten obst�culos que limitan la realizaci�n de su potencial como trabajadoras. La segmentaci�n ocupacional por sexo es un denominador com�n de los mercados de trabajo, en los que las mujeres suelen concentrarse en un reducido n�mero de ocupaciones. A su vez, la concentraci�n femenina en los niveles de menor jerarqu�a se traduce en la concentraci�n de trabajadoras en los puestos de trabajo de menor calificaci�n, productividad y reconocimiento, precariamente remunerados y m�s inestables.

La mujer suele enfrentar la carga que representa la doble jornada de trabajo, as� como una mayor inestabilidad laboral e inferiores condiciones de trabajo que los varones. Adicionalmente, los niveles de escolaridad y capacitaci�n condicionan, entre otros aspectos, sus posibilidades de acceso al mercado laboral, las remuneraciones que perciben y sus oportunidades de movilidad y ascenso laboral. Adem�s, las trabajadoras a menudo se ven sujetas a pr�cticas discriminatorias, tanto en t�rminos de contrataci�n como de despido en caso de embarazo o lactancia.

Lo anteriormente se�alado revela la necesidad de definir un conjunto de estrategias y acciones, no s�lo para promover la participaci�n femenina en la actividad econ�mica, sino tambi�n para transformar las condiciones bajo las cuales se desempe�an en el �mbito del trabajo. Asimismo, es preciso fortalecer las normas y mecanismos dirigidos a prevenir y eliminar toda forma de segregaci�n y discriminaci�n laboral contra la mujer. La importancia que tiene el aporte de las mujeres a la riqueza y la econom�a del pa�s, el potencial de sus contribuciones para el desarrollo, as� como el papel que desempe�an en la familia, exige que se les otorgue un trato digno, justo y respetuoso.

Lineamiento general

Garantizar el respeto y protecci�n a los derechos laborales de las mujeres y facilitar su acceso a las oportunidades de empleo y participaci�n econ�mica. Ello exige la formulaci�n de normas para el mejoramiento de sus condiciones laborales y su capacitaci�n para el trabajo, as� como por la ampliaci�n de sus alternativas ocupacionales.
Acciones prioritarias

* Impulsar programas de generaci�n de empleo dirigidos a las mujeres, con atenci�n a las caracter�sticas particulares de su ubicaci�n regional y condici�n social.

* Establecer mecanismos para asegurar el respeto de los derechos de las trabajadoras y su acceso a los sistemas de previsi�n y seguridad social, en pie de igualdad con los varones, vigilando el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo para evitar la discriminaci�n por sexo, edad, estado civil y gravidez, as� como la segregaci�n ocupacional y la correlativa disparidad por sexo en las remuneraciones y en las oportunidades de ascenso laboral.

* Brindar un trato igualitario a hombres y mujeres en la selecci�n, contrataci�n y promoci�n del personal de la administraci�n p�blica, evitando toda forma de discriminaci�n de los candidatos femeninos.

* Impulsar programas de capacitaci�n y adiestramiento para el trabajo dirigido a las mujeres y propiciar la profesionalizaci�n del personal femenino dentro de la administraci�n p�blica.

* Fortalecer acciones de capacitaci�n y adiestramiento dirigidas a las mujeres j�venes, las desempleadas y las que retornan al desempe�o de una actividad remunerada, para que cuenten con los conocimientos y las destrezas necesarias y tengan mejores oportunidades laborales en ramas y actividades no tradicionales.

* Incrementar esfuerzos orientados a eliminar las diferencias en la remuneraci�n de las mujeres y los hombres en tareas que exigen calificaci�n y horarios similares.

* Promover la prestaci�n de servicios de apoyo a las madres y padres que trabajan, tales como los servicios de guarderias y atenci�n a los ni�os y ni�as en edad preescolar y escolar, que sean eficientes, adecuados y de calidad, con horarios flexibles y que consideren las necesidades de los trabajadores de ambos sexos.

* Propiciar la revisi�n de las normas y horarios laborales con el prop�sito de que hombres y mujeres puedan compartir equilibradamente las responsabilidades familiares, incluidos los mecanismos para que obtengan licencias y prestaciones de maternidad o paternidad.

* Impulsar acciones de divulgaci�n y orientaci�n, as� como instancias especializadas, para que las trabajadoras puedan defender sus derechos laborales, poniendo especial atenci�n en aquellas que pertenecen a grupos ocupacionales m�s vulnerables.

* Llevar a cabo acciones de comunicaci�n para contrarrestar el escaso valor que se asigna al trabajo femenino, adem�s de combatir ideas y pr�cticas que ci�en la participaci�n de las mujeres a las actividades de baja remuneraci�n y productividad.

* Desarrollar metodolog�as de recolecci�n de datos y generaci�n de estad�sticas laborales por sexo.

* Alentar el desarrollo de estad�sticas que permitan reconocer y valorar cabalmente el trabajo remunerado y no remunerado de la mujer y todas sus aportaciones al bienestar de las familias y las comunidades.

* Promover investigaciones que contribuyan a profundizar en el conocimiento de las caracter�sticas de la participaci�n laboral de los hombres y las mujeres en diferentes contextos.

Fomento productivo

La creciente participaci�n de la mujer en la vida econ�mica se ha producido en un marco de persistencia de las desigualdades en el acceso a las oportunidades de capacitaci�n y a los recursos tecnol�gicos, productivos y financieros. A pesar de ello, las mujeres han logrado desempe�ar un papel relevante en el desarrollo de las micro y peque�as empresas, ya sea como propietarias, administradoras o trabajadoras. Aunque puede ser un sector din�mico, �ste se caracteriza por operar con poco capital y escasa tecnolog�a. Adicionalmente, muchos de estos negocios, talleres y peque�as empresas se caracterizan por la insuficiente capacitaci�n de sus trabajadores y la carencia de asistencia t�cnica en aspectos productivos, organizativos y administrativos, y raras veces cuentan con canales adecuados de comercializaci�n. Por consiguiente, el incremento de su productividad y capacidad gerencial, mediante la introducci�n de procesos administrativos y de producci�n apropiados, podr�a beneficiar enormemente a la mujer, tanto mediante la creaci�n de puestos de trabajo como a trav�s del incremento de su productividad e ingresos.

Existe inter�s y necesidad de muchas mujeres por ver incrementada su capacidad productiva. Su escasa experiencia acumulada en relaci�n con la gesti�n de micro y peque�a empresas y las dificultades de acceso a recursos econ�micos, tecnol�gicos y financieros, son factores que obstaculizan el desarrollo de su capacidad productiva. La creatividad y el talento de las mujeres son caracter�sticas invaluables que pueden y deben desarrollarse para su propia realizaci�n personal y en beneficio de la sociedad en conjunto. Su participaci�n en la econom�a puede fortalecerse mediante el acceso a recursos productivos, crediticios, asistencia t�cnica y capacitaci�n empresarial, del mismo modo que a canales apropiados de comercializaci�n.

M�xico cuenta con experiencias valiosas derivadas del funcionamiento de intermediarios financieros no bancarios creados por mujeres y dirigidos a apoyar microempresas administradas por mujeres. Este tipo de experiencias podr�a expandirse mediante el establecimiento de mecanismos financieros que dirijan sus acciones hacia las mujeres de bajos ingresos, buscando entregar cr�ditos con t�rminos de pago flexibles, procedimientos administrativos simplificados y con un m�nimo de requerimientos de colaterales.

Lineamiento general

Respaldar a las mujeres de las micro y peque�a empresas, a las que trabajan por cuenta propia y a las no remuneradas, incluidas las que laboran en actividades agropecuarias, mediante el acceso a capacitaci�n, tecnolog�a, informaci�n, comercializaci�n y asistencia t�cnica, as� como a esquemas de cr�dito apropiados, accesibles y �giles.

Acciones prioritarias

* Reforzar el papel crucial que desempe�an las mujeres en el uso y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales del pa�s, apoyando su capacitaci�n y la efectiva apropiaci�n de tecnolog�as adecuadas que redunden en el logro de un mejor nivel y calidad de vida para ellas y sus familias.

* Fortalecer las Unidades Agr�colas Industriales de la Mujer Campesina (UAIM).

* Estimular la participaci�n de la mujer en el desarrollo de nuevas opciones productivas generadoras de empleos e ingresos que integren, de manera arm�nica, criterios ecol�gicos y ambientales, tecnol�gicos, econ�micos, sociales y regulatorios.

* Identificar, apoyar y poner en marcha proyectos viables que hagan un uso eficiente de los recursos naturales, fortalezcan la capacidad productiva de las mujeres y generen ingresos a los hogares rurales.

* Promover proyectos y acciones de fomento a la productividad y al cambio tecnol�gico en renglones productivos donde el papel de la mujer en el desarrollo rural comunitario est� suficientemente acreditado, como la hidroponia r�stica, la ganader�a de traspatio y la ganader�a lechera semiespecializada, buscando tanto mejorar la dieta de autoconsumo como generar excedentes para el mercado.

* Promover la actualizaci�n de los mecanismos legislativos y administrativos para que las mujeres tengan cabal acceso a los recursos econ�micos, incluida la posesi�n de tierras y otras propiedades, el cr�dito, los recursos naturales y las tecnolog�as apropiadas.

* Promover dentro de las instituciones financieras el desarrollo de mecanismos crediticios y la canalizaci�n de recursos para apoyar proyectos productivos viables que sean operados y administrados por mujeres.

* Explorar la viabilidad de mecanismos innovadores de promoci�n de cr�dito y otros procedimientos administrativos para propiciar una reducci�n de los costos de las transacciones y un mayor acceso a las mujeres que no diponen de fuentes tradicionales de garant�a.

* Estudiar alternativas de apoyo a las instituciones y oganismos financieros que fomenten el desarrollo de las capacidades productivas de las mujeres.

* Evaluar la factibilidad de establecer disposiciones flexibles de financiamiento para apoyar instituciones intermediarias orientadas a la promoci�n de las actividades productivas de las mujeres mediante esquemas de cr�ditos apropiados, accesibles y �giles.

* Fortalecer la autosuficiencia y propiciar el incremento de la productividad y la rentabilidad de las empresas econ�micas que sean propiedad de mujeres.

* Consolidar y ampliar la asistencia t�cnica y financiera al sector de las micro, peque�as y medianas empresas, incluido el desarrollo de la capacidad gerencial, el asesoramiento para el desarrollo y la creaci�n de nuevos productos, la transferencia de tecnolog�a y mecanismos de control de calidad, a fin de ampliar las oportunidades de participaci�n econ�mica plena de la mujer.

* Promover el otorgamiento de garant�as a las microindustrias rurales que fomenten la participaci�n productiva de las mujeres.

* Estimular el acceso a las mujeres, especialmente las j�venes, a programas de capacitaci�n que les permitan adquirir conocimientos gerenciales y t�cnicos y llevar a cabo procesos de gesti�n.

* Impulsar la participaci�n de la mujer en el desarrollo rural mediante programas de capacitaci�n y extensionismo que tomen en cuenta la problem�tica de g�nero.

* Promover redes de propietarias de micro, peque�as y medianas empresas para propiciar que las mujeres m�s experimentadas compartan conocimientos y apoyen a las mujeres de menor experiencia en la gesti�n de las mismas.

Mujer y familia

La familia es la instituci�n social b�sica y constituye el �mbito por excelencia de la convivencia privada. Ocuparse de la familia desde la esfera de las pol�ticas p�blicas significa reconocer que el mundo dom�stico, incluida la divisi�n del trabajo y las relaciones familiares de hombres y mujeres y de padres e hijos, se encuentra estrechamente interconectado con otras instituciones sociales, con el marco jur�dico y con los servicios p�blicos que proporciona y regula el Estado.

En la mujer han reca�do tradicionalmente las tareas asociadas con las labores dom�sticas, la crianza y educaci�n de los hijos, as� como el cuidado de los enfermos, ancianos y personas discapacitadas. Un gran n�mero de mujeres ha ampliado su presencia en otras instancias de responsabilidad, incluida la funci�n de proveedora de ingresos, sin que hasta el momento ello haya redundado en una distribuci�n m�s equitativa de las tareas y responsabilidades dom�sticas y laborales entre hombres y mujeres.

La creciente incorporaci�n de la poblaci�n femenina al mercado de trabajo, as� como el incremento del desempe�o de otros papeles sociales, requiere fortalecer a la familia en sus diversos arreglos y formas y asegurar su transformaci�n en tanto �mbito privilegiado de expresi�n de la igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres. Ello implica promover, entre otros aspectos, una distribuci�n m�s equitativa de los recursos disponibles en el hogar y de las tareas y responsabilidades dom�sticas y extradom�sticas entre ambos sexos, con miras a fortalecer tanto el funcionamiento y organizaci�n de la unidad familiar como el desarrollo integral de sus miembros. Para ello se requiere elevar el establecimiento de servicios e infraestructura de apoyo que alivien la carga dom�stica, y horarios de trabajo flexibles que permitan a hombres y mujeres compartir derechos y obligaciones familiares, as� como oportunidades de participaci�n social en los distintos �mbitos de su desarrollo. Tambi�n es necesario desplegar acciones educativas y de comunicaci�n que sensibilicen a la poblaci�n acerca de los beneficios derivados de la cooperaci�n y la distribuci�n m�s equitativa de responsabilidades para la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto.

Lineamiento general

Promover una distribuci�n m�s equitativa entre hombres y mujeres de los recursos del hogar y de las responsabilidades dom�sticas y extradom�sticas, teniendo en cuenta las diferencias socioecon�micas y culturales de las familias, la diversidad de sus arreglos y formas de constituci�n, as� como los cambios que experimentan a lo largo de su ciclo vital.

Acciones prioritarias

* Promover la revisi�n permanente de la legislaci�n sobre la familia y llevar a cabo las reformas legislativas y las medidas administrativas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el �mbito dom�stico y familiar.

* Facilitar el acceso de las mujeres a los beneficios de las diversas pol�ticas sociales, incluidos los servicios de apoyo para aliviar la carga dom�stica.

* Instituir acciones que promuevan la igualdad de derechos y obligaciones para hombres y mujeres en el seno de la familia y una mayor equidad en el acceso a los recursos.

* Estimular la participaci�n familiar compartida en el trabajo dom�stico y extradom�stico, en un marco de relaciones de corresponsabilidad.

* Impulsar el establecimiento de estancias comunitarias para mujeres y hombres de la tercera edad con jornadas de atenci�n compatibles con los horarios laborales de los familiares que los tienen a su cargo.

* Poner en marcha medidas de fortalecimiento de la econom�a familiar, incluidos proyectos de car�cter productivo, de empleo y generaci�n de ingresos dirigidos a las familias, en especial las encabezadas por mujeres que se encuentran en situaci�n de pobreza.

* Revisar las pol�ticas de asignaci�n de viviendas de inter�s social, eliminando toda forma de discriminaci�n de las jefas de familia y mujeres trabajadoras motivadas por su estado civil.
* Alentar la adopci�n de medidas dirigidas a la inclusi�n del tema de la vida en familia en los procesos de educaci�n escolar y extraescolar con el fin de fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relaci�n con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el n�mero y espaciamiento de los hijos, el cuidado y atenci�n de los menores, ancianos y discapacitados, entre otros.

* Desarrollar acciones de educaci�n y comunicaci�n que generen el ejercicio de la paternidad responsable y refuercen el mejor desempe�o de los padres en la formaci�n de los hijos, en especial los programas de educaci�n inicial, con el prop�sito de enriquecer su papel en el desarrollo social, f�sico y emocional de los menores y en la transmisi�n de los valores familiares y c�vicos.

* Apoyar investigaciones y generar informaci�n peri�dica sobre aspectos demogr�ficos, econ�micos y socioculturales relativos a la mujer y la vida familiar, as� como de los efectos que se desprenden de la aplicaci�n de programas sociales sobre las pautas de interacci�n familiar, buscando contribuir a enriquecer la formulaci�n y puesta en marcha de actividades en esta materia.

* Elaborar y difundir contenidos educativos que pongan de relieve los diferentes arreglos y formas de organizaci�n familiar, as� como estimular actitudes de respeto y protecci�n que merecen.

* Difundir campa�as de comunicaci�n que favorezcan las responsabilidades familiares compartidas y reivindiquen la valoraci�n del trabajo dom�stico, as� como contribuyan a combatir los estereotipos e im�genes sociales que distorsionan las realidades familiares y atentan contra la dignidad de sus integrantes.

* Establecer mecanismos de coordinaci�n entre las dependencias del sector p�blico y concertar -con los sectores privado y social- acciones sistem�ticas que propicien el desarrollo integral de la familia.

* Impulsar programas de orientaci�n familiar que facilite la pr�ctica de relaciones conyugales sanas y constructivas, que brinden informaci�n y consejer�a en materia de comunicaci�n en pareja, que favorezcan una distribuci�n m�s equitativa de las responsabilidades dom�sticas entre el hombre y la mujer, y que propicien una sana gesti�n y prevenci�n de los conflictos y tensiones familiares.
Derechos de la mujer y participaci�n
en la toma de decisiones

La Constituci�n Pol�tica se�ala al gobierno la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno y en pie de igualdad de los derechos de los mexicanos, independientemente de su sexo, origen �tnico o condici�n social. En nuestro pa�s, como en el resto del mundo, cuando se habla de derechos propios de la mujer se pretende abarcar un conjunto de normas cuya promulgaci�n y aplicaci�n est� dirigida a asegurar que las diferencias entre hombres y mujeres no sean utilizadas para un trato desigual.

No es posible dejar de reconocer el largo camino recorrido en la lucha por la promoci�n, protecci�n y defensa de los derechos de la mujer y por la igualdad jur�dica y de oportunidades entre varones y mujeres. No obstante, a�n persisten creencias arraigadas, as� como estructuras y arreglos institucionales que reproducen las pr�cticas de exclusi�n y discriminaci�n de g�nero. Por ello, se hace evidente la necesidad de poner en marcha mecanismos efectivos para que el principio de igualdad que establece nuestra Constituci�n Pol�tica sea una realidad tangible.

Adem�s de la promulgaci�n de medidas legislativas y la puesta en marcha de acciones en materia de educaci�n, salud y desarrollo econ�mico y social, resulta indispensable contar con el apoyo firme y decidido de la sociedad. La mujer misma debe defender sus derechos, pero es necesario que existan los medios para que los conozca, sepa su significado y los ejerza plenamente. S�lo de esta manera ser� posible alcanzar la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo pleno de todos los miembros de la sociedad.

La participaci�n de las mujeres en los procesos de toma de decisi�n en todas las instancias y en todos los niveles no s�lo es una pr�ctica deseable, sino una necesidad para que ellas mismas contribuyan a impulsar de manera decidida la promoci�n, defensa y protecci�n de los derechos propios de su condici�n femenina. Una mayor participaci�n social y pol�tica de las mujeres constituye un paso importante hacia la igualdad efectiva de oportunidades. La participaci�n fortalece a las mujeres, toda vez que contribuye a afianzar y extender la vida democr�tica en todos los �mbitos, a promover nuevas pr�cticas pol�ticas e incorporar sus perspectivas, intereses leg�timos y formas de soluci�n a los problemas que las aquejan.

Lineamiento general

Fortalecer los mecanismos que aseguren la eliminaci�n de la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho, incluida la revisi�n de la legislaci�n para eliminar las disposiciones que obstaculizan la participaci�n plena de la mujer en la vida pol�tica, civil, econ�mica, social y cultural de nuestro pa�s.

Acciones prioritarias

* Asegurar a las mujeres el pleno disfrute de todos los derechos humanos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales, lo que implica impulsar acciones para defenderlos y protegerlos y combatir las pr�cticas de violaci�n de los mismos.

* Revisar las normas secundarias federales y las normas locales para asegurar su congruencia con el principio constitucional de igualdad jur�dica del hombre y la mujer.

* Salvaguardar y proteger los derechos humanos, civiles y culturales de las mujeres ind�genas, combatiendo todas las formas de discriminaci�n �tnica y de g�nero.

* Impulsar el desarrollo institucional, as� como fortalecer los instrumentos y mecanismos orientados a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

* Promover la participaci�n de las mujeres en los puestos de direcci�n y en las instancias de toma de decisi�n de los poderes ejecutivo y judicial, de los tres �rdenes de gobierno, cuerpo legislativo, las empresas, los sindicatos, los partidos pol�ticos y de espacios organizados de la sociedad civil.

* Dise�ar y poner en marcha programas de capacitaci�n sobre gesti�n, organizaci�n y direcci�n que potencien las capacidades de las mujeres para desempe�ar cargos de liderazgo en todo tipo de estructuras.

* Promover la colaboraci�n entre la federaci�n y los gobiernos estatales y municipales en la ampliaci�n de los espacios de participaci�n pol�tica de las mujeres.

* Desarrollar mecanismos que favorezcan la participaci�n plena de la mujer en el proceso de reforma pol�tica.

* Impulsar un acuerdo interpartidista para ampliar la participaci�n de la mujer en el proceso de reforma electoral y en los �rganos electores correspondientes.

* Integrar criterios dentro de los acuerdos para la reforma del sistema federal con el prop�sito de favorecer el desarrollo de pol�ticas p�blicas orientadas al mejoramiento de la condici�n de la mujer.

* Propiciar el establecimiento de esquemas de modernizaci�n de la administraci�n p�blica en los que queden integrados los intereses y opiniones de las mujeres.

* Impulsar la participaci�n de las mujeres en los mecanismos de Contralor�a Social.

* Desarrollar programas encaminados a promover nuevas pr�cticas pol�ticas tendientes a incorporar las perspectivas e intereses de las mujeres.

* Velar porque a las mujeres involucradas en averiguaciones previas del fuero federal, en especial las ind�genas y las que residen en el medio rural, se les brinde un trato adecuado, digno y respetuoso y se les proporcione informaci�n y orientaci�n sobre los derechos y obligaciones que como ciudadanas mexicanas tienen frente al Estado.

* Respetar y proteger los derechos humanos y garant�as constitucionales de las mujeres involucradas en la comisi�n de delitos del fuero federal, poniendo cuidado en atender las necesidades y caracter�sticas propias de su condici�n femenina.

* Contribuir a fortalecer el papel desempe�ado por las organizaciones de mujeres.

* Promover la participaci�n activa de las organizaciones que act�an en la promoci�n y defensa de los derechos de la mujer en las tareas de formulaci�n, ejecuci�n, seguimiento y evaluaci�n de las pol�ticas y acciones p�blicas orientadas a estimular el avance de la mujer.

* Asegurar a las mujeres la correcta aplicaci�n del principio de no discriminaci�n en la impartici�n de justicia.

* Erradicar las pr�cticas de violencia f�sica o psicol�gica contra la mujer que acude ante los �rganos encargados de impartir justicia, as� como castigar a quienes cometan esos delitos.

* Reforzar la educaci�n y la capacitaci�n en materia de derechos humanos que se brinda a los servidores p�blicos, cuerpos policiacos, personal m�dico y param�dico, trabajadores sociales y maestros de todos los niveles educativos para contribuir a la protecci�n y defensa de los derechos de la mujer.

* Dise�ar e instrumentar acciones de informaci�n, educaci�n y comunicaci�n para que mujeres y hombres conozcan sus derechos y puedan defenderlos.

* Sensibilizar y crear conciencia entre las mujeres acerca del ejercicio de sus derechos ciudadanos y promover su participaci�n efectiva en todas las instancias y niveles de toma de decisiones.

* Apoyar el trabajo de las organizaciones y redes de mujeres a nivel local, regional y nacional, alentando la sistematizaci�n y difusi�n de sus experiencias, conocimientos y demandas.

* Impulsar investigaciones que contribuyan a identificar los factores que dificultan la incorporaci�n plena de las mujeres en las instancias de toma de decisi�n en todos los niveles, as� como la incidencia que tiene su participaci�n en la orientaci�n de las pol�ticas y leyes del pa�s.

* Dise�ar un sistema de informaci�n que permita conocer de manera peri�dica la participaci�n de hombres y mujeres en los puestos de direcci�n del sector p�blico, privado, acad�mico y social.

Combate a la violencia

La violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresi�n es un fen�meno muy extendido en nuestra sociedad, tanto en el �mbito dom�stico y familiar como en muchos otros espacios de la vida social. Los actos violentos en contra de la mujer, ya sean manifestaciones aisladas o sistem�ticas, abarcan la agresi�n verbal, las amenazas, los malos tratos, la agresi�n f�sica, psicol�gica o moral, as� como el hostigamiento y el abuso sexuales.

Debido a la variedad de mecanismos que contribuyen a reproducir la violencia contra la mujer, el enfoque obligado para avanzar hacia su prevenci�n y erradicaci�n, debe ser multidimensional, considerando acciones preventivas, la utilizaci�n de los medios de comunicaci�n masiva como veh�culos de sensibilizaci�n en torno a este problema social, as� como acciones de alta prioridad en los �mbitos legislativo y jur�dico.

Se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violaci�n a sus derechos. Sin embargo, este problema, profundamente enraizado en las pautas culturales y la estructura social, ha sido con frecuencia tolerado e ignorado. De hecho, una de las principales dificultades para la prevenci�n de la violencia contra la mujer es el silencio de las v�ctimas y su ocultaci�n social. La falta de informaci�n, la ignorancia, la vergüenza y el sentimiento de impotencia con frecuencia impiden que se denuncien los casos y salga a la luz p�blica este problema en toda su extensi�n y gravedad. Por esta raz�n, su prevenci�n y erradicaci�n exige un esfuerzo de concientizaci�n que reafirme la dignidad de las mujeres. Asimismo, demanda de ellas un mayor conocimiento de sus derechos.

Lineamiento general

Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresi�n, impulsando medidas que contribuyan a hacer visible este problema social y otorguen prioridad a su prevenci�n, incluida la promoci�n de iniciativas de reforma al C�digo Penal que tipifiquen y castiguen, con mayor rigor, los delitos de violencia contra la integridad f�sica y moral de las mujeres.

Acciones prioritarias

* Emprender iniciativas encaminadas a la revisi�n y, en su caso, actualizaci�n de c�digos, leyes y reglamentos para prevenir y castigar con mayor rigor los delitos de violencia contra las mujeres en sus diferentes formas.

Impulsar la revisi�n de c�digos penales y civiles mediante la cual se otorguen facultades a los jueces en materia de lo familiar para que intervengan en los casos de violencia dom�stica por medio de �rdenes de protecci�n inmediata sobre los bienes de la familia.

Propiciar la revisi�n de c�digos penales para contar con una tipificaci�n m�s estricta y clara de los delitos sexuales.

Estimular la revisi�n de los c�digos penales para tipificar como delitos el acoso y el hostigamiento sexuales, incluidas sanciones acordes a la naturaleza y gravedad del delito.

Incentivar esfuerzos dirigidos a la revisi�n permanente de la legislaci�n sobre la familia, as� como la adopci�n de reformas necesarias para prevenir, impedir y castigar la violencia, segregaci�n y explotaci�n ejercida contra las mujeres.

* Fortalecer el desarrollo de instancias pertinentes para que las mujeres puedan denunciar los actos de violencia cometidos en su contra, en condiciones de seguridad, confidencialidad y sin temor a represalias y castigos.

* Ofrecer atenci�n, orientaci�n y asistencia jur�dico-social en las instancias correspondientes a las mujeres que son v�ctimas de hechos presumiblemente delictivos.

* Desarrollar mecanismos que garanticen la protecci�n de las v�ctimas de la violencia y su acceso a procesos judiciales justos y eficaces, incluida la reparaci�n de los da�os causados, la indemnizaci�n y su curaci�n.

* Incorporar la perspectiva de g�nero en los programas dirigidos a prevenir, castigar o erradicar la violencia contra la mujer, propiciando la comprensi�n de sus causas y manifestaciones entre los responsables de los mismos.

* Revisar y actualizar el marco legal para sancionar con mayor rigor al personal de las instituciones gubernamentales que cometa actos de violencia contra la mujer en el desempe�o de sus funciones, as� como capacitar al personal policial, judicial, m�dico y social con el fin de prevenir los abusos de poder y los actos de violencia contra ella.

* Fortalecer los programas de asesoramiento, rehabilitaci�n y apoyo terap�utico a las v�ctimas de violencia, as� como aquellos dirigidos a rehabilitar a los agresores, mediante la creaci�n de centros de atenci�n especializados que incorporen una perspectiva de g�nero en sus estrategias.

* Dise�ar campa�as de educaci�n y comunicaci�n que sensibilicen a la poblaci�n acerca de la violencia contra la mujer en todas sus formas, as� como sobre las repercusiones que este problema social ejerce sobre el desarrollo integral de la mujer y la familia.

* Impulsar acciones educativas que contribuyan a prevenir la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones y fortalezcan en los menores, adolescentes y j�venes una cultura de respeto a la dignidad de la mujer.

* Prevenir la violencia contra la mujer mediante la promoci�n de valores que realcen la dignidad de la persona, el respeto y la tolerancia a las diferencias, la solidaridad social y la igualdad de derechos.

* Difundir en los medios de comunicaci�n mensajes dirigidos a prevenir la violencia en el seno de las familias.

* Apoyar y promover el papel desempe�ado por los centros de atenci�n primaria de salud, los servicios de salud de las escuelas y los centros de servicio para la familia, en materia de informaci�n y educaci�n relativas a la violencia contra la mujer.

* Concebir y poner en marcha programas de informaci�n acerca de los derechos de las v�ctimas de violencia y de las instancias a que pueden acudir para obtener asistencia y apoyo.

* Impulsar las tareas de recolecci�n de informaci�n y el desarrollo de investigaciones relacionadas con la violencia contra la mujer, su naturaleza, causas, gravedad y consecuencias, as� como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para prevenir este problema social y reparar sus efectos.

* Promover las investigaciones acerca de la funci�n desempe�ada por los medios de comunicaci�n masiva en la formaci�n de valores, actitudes y creencias de la poblaci�n masculina y femenina frente a la violencia contra la mujer, as� como en el debate p�blico sobre este problema social.

Imagen de la mujer

Los avances en la comunicaci�n y la inform�tica han contribuido a facilitar el desarrollo de sofisticados sistemas de difusi�n de mensajes que trascienden las fronteras internacionales y tienen la capacidad de influir en las actitudes, valores y conductas de los individuos, en sus aspiraciones y expectativas, as� como en sus percepciones acerca de las oportunidades que tienen a su alcance.

Los medios de comunicaci�n masiva desempe�an un papel fundamental en la configuraci�n de representaciones e im�genes sociales acerca de lo que es o debe ser la mujer. Las investigaciones disponibles indican que los medios proyectan modelos estereotipados y distorsionados de las mujeres, utilizando a menudo la imagen femenina de una manera discriminatoria y reduccionista, que es lesiva a la dignidad de las mujeres. En estos mensajes se suelen reforzar im�genes que no reflejan cabalmente sus aportes en diferentes �mbitos, as� como la diversidad y pluralidad de los papeles desempe�ados por ellas en la pol�tica, la econom�a y en la vida social y cultural del pa�s. La identificaci�n de las mujeres con esas im�genes constituye un obst�culo que impide su participaci�n plena y efectiva en los m�s variados �mbitos de la sociedad, en pie de igualdad con el var�n.

Los estudios disponibles tambi�n muestran que la escuela contribuye a transmitir im�genes estereotipadas de hombres y mujeres, tanto mediante las relaciones que se establecen en el proceso educativo, como de los contenidos, textos, materiales did�cticos y m�todos pedag�gicos. En �stos, los hombres suelen ser centro y referencia predominante, y raras veces se reconoce a las mujeres como protagonistas sociales.

Es imprescindible, por tanto, que los medios de comunicaci�n y la escuela contribuyan a impulsar el cambio cultural, proyectando una imagen femenina equilibrada que promueva el respeto por la dignidad de las mujeres y fomente una cultura contraria a la subordinaci�n y la inequidad en los mensajes y contenidos que transmiten.

Lineamiento general

Contribuir a desarraigar de los medios de comunicaci�n masiva y del sistema educativo la proyecci�n de im�genes estereotipadas de la mujer, con el prop�sito de avanzar en el reconocimiento social a sus aportaciones, sus �mbitos de participaci�n y su pleno desarrollo.

Acciones prioritarias

* Emprender en los medios de comunicaci�n masiva campa�as permanentes que difundan la diversidad de papeles que desempe�a la mujer, poniendo de relieve la imperiosa necesidad de impulsar su participaci�n en todos los �mbitos de la vida social, en igualdad de condiciones con el var�n.

Desarraigar del �mbito pol�tico-comunicativo las im�genes estereotipadas de la mujer.

Promover el establecimiento de normas y c�digos de conducta para los medios de comunicaci�n que contribuyan a eliminar la difusi�n de im�genes reduccionistas de la mujer en las campa�as de publicidad.

Proyectar im�genes plurales de la mujer en los mensajes y campa�as realizadas por el gobierno hacia la sociedad.

* Revisar los programas, materiales did�cticos, libros de texto y m�todos pedag�gicos para eliminar, donde las haya, im�genes estereotipadas de la mujer.

* Llevar a cabo campa�as de sensibilizaci�n espec�ficamente dirigidas a las mujeres que les permitan fortalecer su autoestima, sensibilizarlas sobre su valor y sus derechos y ampliar sus horizontes respecto a los papeles que pueden desempe�ar en la vida social, pol�tica, econ�mica y cultural del pa�s.

* Realizar acciones sistem�ticas de sensibilizaci�n, incluidos seminarios y talleres de capacitaci�n, dirigidas a empresarios y profesionales de los medios de comunicaci�n para propiciar la eliminaci�n de im�genes estereotipadas de la mujer en esos medios.

* Ampliar los espacios de participaci�n pol�tica de la mujer en los medios de comunicaci�n masiva.

* Promover una m�s amplia participaci�n de las mujeres en los puestos de direcci�n de los medios de comunicaci�n, as� como en el dise�o y ejecuci�n de pol�ticas y programas en la materia.

* Impulsar una red de intercambio de informaci�n y an�lisis sobre las im�genes de la mujer en los medios de comunicaci�n masiva.

* Dise�ar y difundir investigaciones orientadas a profundizar en el estudio de los fen�menos de la comunicaci�n relacionados con las im�genes de hombres y mujeres que proyectan los medios de comunicaci�n masiva.

ANEXO.

FUENTES DE CUADROS Y GR�FICAS

Cuadros	Fuente
Cuadro 1. Niveles de instrucción de jefes de hogar por sexo, 1990.	XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.
Cuadro 2. Edad a la primera unión por tamaño de la localidad, nivel de instrucción y sexo, 1992	Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
Cuadro 3. Promedio de hijos nacidos vivos por mujer según edad al primer nacimiento y número de años transcurridos después de ese evento, 1987	Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987.
Cuadro 4. Proporción de personas de la tercera edad por estado funcional (% que puede realizar actividad sin ayuda) y sexo, 1994	Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento, 1994.
Cuadro 5. Distribución porcentual de los hogares por tipo y sexo del jefe, 1992	Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.

Gráficas	Fuente
Gráfica 1. Porcentaje de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir por sexo y grupos de edad, 1992	Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
Gráfica 2. Porcentaje de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir por sexo y entidad federativa, 1990	XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.
Gráfica 3. Porcentaje de la población de 15 años o más sin primaria completa por sexo y entidad federativa, 1990	XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.
Gráfica 4. Tasa de participación económica por sexo y nivel de instrucción, 1993	Encuesta Nacional de Empleo, 1993.
Gráfica 5. Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1930-1995	Estimación del Consejo Nacional de Población con base en los censos de población y las defunciones registradas en el país.
Gráfica 6. Años de vida perdidos por grupos de causa de muerte y entidad federativa. Mujeres, 1990-1993	Estimación del Consejo Nacional de Población con base en las defunciones registradas en el país.

Gráficas	Fuente
Gráfica 7. Tasas específicas de participación en la actividad económica por sexo, 1970-1995	IX Censo General de Población y Vivienda, 1970 y Encuesta Nacional de Empleo, 1995.
Gráfica 8. Tasas de participación femenina en la actividad económica por estado civil, 1991 y 1993	Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y Encuesta Nacional de Empleo, 1993.
Gráfica 9. Porcentaje de la población indígena monolingüe por sexo y entidad federativa, 1990	XI Censo General de Población y Vivienda, 1990
Gráfica 10. Estado civil de personas de la tercera edad por grupo de edad y sexo, 1994	Encuesta Nacional sobre Sociodemografía del Envejecimiento, 1994.
Gráfica 11. Proporción representado por los hogares monoparentales y conyugales por entidad federativa. 1992	Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
Gráfica 12. Proporción de presidentas municipales por entidad federativa. 1995	Centro Nacional de Desarrollo Municipal.

Alianza para la Igualdad: Programa
Nacional de la Mujer 1995-2000
se termin� de imprimir en marzo de 1996 en
los talleres de Publivisual S. A. de C.V.
Hern�ndez y D�valos No. 99
Col. Algar�n C.P. 06880 M�xico, D. F.
La edici�n const� de 1000 ejemplares

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