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PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PARA LAS MUJERES


1994-1999


BORRADOR FINAL


SANTIAGO, CHILE, ENERO DE 1994

I N D I C E

PRESENTACION

INTRODUCCION

I         DESARROLLAR Y APLICAR LOS CAMBIOS
CONSTITUCIONALES, LEGALES Y EN LA
PRACTICA JURIDICA PARA RESGUARDAR
LA IGUALDAD DE DERECHO ENTRE MUJERES
Y HOMBRES

II        FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
A TODOS LOS TIPOS DE FAMILIAS Y
CONTRIBUIR A QUE ELLAS SE CONSTITUYAN
EN UNA INSTANCIA DE GENERACION DE
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES

III      FAVORECER LA PARTICIPACION EQUITATIVA
DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS PROCESOS
EDUCATIVOS Y DE PRODUCCION Y TRANSMISION
DEL CONOCIMIENTO

IV      PROMOVER UNA IMAGEN SOCIAL PLURAL Y NO
DISCRIMINATORIA DE LAS MUJERES EN LA
CULTURA Y LA COMUNICACION

V       FACILITAR EL ACCESO Y MEJORAR LA POSICION
DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO


VI      MEJORAR LA SITUACION DE SALUD
DE LAS MUJERES

VII     INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA
DE LAS MUJERES Y SU ACCESO A LAS INSTANCIAS DE
TOMA DE DECISIONES

VIII   FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA PARA
LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


PRESENTACION

El primer gobierno de la Concertaci�n logr� colocar el tema de la mujer en la agenda pol�tica de la transici�n. Cre� una institucionalidad estatal de acci�n positiva -SERNAM- destinada a coordinar las pol�ticas p�blicas e impuls� programas que hicieron visible y desarrollaron respuestas a graves situaciones de discriminaci�n de la mujer.

Enfrentados a un segundo gobierno democr�tico, son objetivos fundamentales profundizar la democracia con la participaci�n ciudadana y avanzar en un desarrollo con equidad. Este gobierno asumir� -como lo contempla su programa- la tarea de desarrollar acciones que garanticen la igualdad de oportunidades y se propone hacerlo en forma integral.

El pa�s requiere utilizar de forma eficiente todos los recursos humanos y productivos y velar para que los beneficios del desarrollo lleguen a todos/as. Una pol�tica moderna destinada a corregir las desigualdades existentes en la sociedad, parte de la base de que las oportunidades son distintas para mujeres y hombres y se propone garantizar a las mujeres el ejercicio de la ciudadan�a plena. La propuesta program�tica de llevar a cabo un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres busca garantizar el acceso de ellas, con equidad, a los �mbitos pol�ticos, sociales, econ�micos y culturales y tomar medidas de correcci�n de las desigualdades. El Plan, fruto de la experiencia del SERNAM en el dise�o de pol�ticas p�blicas destinadas a mejorar la condici�n de la mujer, es un conjunto de medidas a ser ejecutadas por los distintos sectores del gobierno y por tanto, es una responsabilidad colectiva de todo el Estado.


INTRODUCCION

En las �ltimas d�cadas las mujeres han accedido a nuevos espacios y han obtenido creciente reconocimiento de sus derechos. Tambi�n han puesto en evidencia los aportes que realizan cuando se involucran en procesos de cambio, nutriendo a la democracia con una diversidad de experiencias sociales y con un mayor desarrollo de las potencialidades de todas las personas.

En la actualidad, asistimos a procesos en diferentes latitudes, en los cuales las mujeres se perfilan como sujetos que demandan cambios en la distribuci�n de los recursos y de las tareas sociales, redefiniendo la divisi�n sexual del trabajo y facilitando su participaci�n m�s equitativa en la construcci�n y en los frutos del desarrollo.

Los mecanismos de discriminaci�n sexual son m�ltiples. Se enraizan en la divisi�n del trabajo, se gestan al interior de los procesos de socializaci�n tanto en la familia como en la escuela, se reproducen y reconstruyen en los distintos espacios sociales, en el mercado y en las diversas instituciones, se difunden y generalizan a trav�s de los medios de comunicaci�n; finalmente, cristalizan en las representaciones y valoraciones sociales de lo femenino y lo masculino y en la normatividad jur�dica y social que regula la convivencia humana.

Si bien las ra�ces de la discriminaci�n trascienden largamente la acci�n del Estado, �ste no ha jugado ni juega un papel neutro en la construcci�n de los g�neros. Por lo tanto, se hace necesario implementar pol�ticas de acci�n positiva para revertir el sentido de su intervenci�n y propender a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

La principal funci�n del SERNAM es la de cautelar que toda acci�n del Estado integre y articule la defensa de los derechos y oportunidades para las mujeres. Para tal fin, el SERNAM dise�a y coordina pol�ticas y acciones con el conjunto de los ministerios con el prop�sito de incorporar esta dimensi�n en las pol�ticas sectoriales, regionales y locales.

Uno de los objetivos prioritarios del SERNAM es lograr que los distintos sectores de la administraci�n del Estado hagan suya la tarea de transformar la situaci�n social de las mujeres y construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Para cumplir con este fin y transferir la experiencia acumulada en su primera gesti�n, el SERNAM asumi� la responsabilidad de elaborar un Plan de Igualdad de Oportunidades. Su prop�sito es promover la redistribuci�n entre los g�neros, de los recursos y tareas sociales, derechos civiles y participaci�n, posiciones de poder y autoridad y valoraci�n de las actividades que realizan mujeres y hombres.

Este Plan aspira a dar respuesta a las propuestas y demandas de las mujeres y se nutre de las experiencias y conocimientos de los distintos espacios sociales e institucionales. De esta manera, formula los objetivos para el per�odo, define las medidas necesarias para alcanzarlos e identifica los organismos que deber�n estar involucrados, poniendo de relieve �reas estrat�gicas de acci�n. Al dise�ar un conjunto de medidas coherentes y sistem�ticas que pueden ser evaluadas, busca hacer m�s eficiente la gesti�n de las pol�ticas p�blicas. En s�ntesis, responde a la necesidad de un enfoque integral acorde con el car�cter sist�mico de la discriminaci�n.

Se propone ser un instrumento de dise�o e implementaci�n de pol�ticas y ser�, a la vez, regulador y propositivo; esto significa que establece normas y pone l�mites a la acci�n del Estado y de la sociedad al mismo tiempo que establece se�ales y est�mulos para orientar la acci�n.

Los distintos niveles de desarrollo del conocimiento y de visibilidad de los problemas imponen grados diferentes de precisi�n de los objetivos y de las acciones para alcanzarlos. Parte de las acciones propuestas consideran la continuidad de las iniciadas en el per�odo anterior por el SERNAM, situadas ahora en un contexto global. Hay un gran n�mero de medidas muy precisas que son expresi�n del conocimiento y la experiencia acumulada. Otras est�n formuladas de manera general y requieren un proceso de concreci�n que se lograr� en el trabajo conjunto con los distintos organismos y actores involucrados. Tambi�n hay acciones que se insertan en pol�ticas m�s amplias, incorpor�ndoles la perspectiva de g�nero. Finalmente, algunas constituyen s�lo el inicio de la b�squeda de medidas concretas y proponen estudios y an�lisis que dar�n lugar a posteriores acciones dentro o fuera del per�odo del Plan.

Si bien el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres es iniciativa del Estado y constituye una responsabilidad que el Ejecutivo se compromete a asumir, el �xito de su implementaci�n requiere de la incorporaci�n y articulaci�n con la sociedad civil en la tarea de generar nuevas relaciones sociales de g�nero.

En este sentido, es un marco de referencia para orientar la acci�n de distintos actores y un medio para concertar recursos desde diferentes espacios hacia la igualdad de oportunidades. Su puesta en marcha desencadena y apoya procesos que profundizan la democracia, con igualdad y respeto a las diferencias.


I

DESARROLLAR Y APLICAR LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y EN LA PRACTICA JURIDICA PARA RESGUARDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES(1)


La elaboraci�n de un Plan de Igualdad de Oportunidades no puede dejar de afectar el ordenamiento jur�dico, ya que �ste expresa en muchas de sus distintas �reas las valoraciones culturales que sustentan las discriminaciones de g�nero. Por lo tanto, un primer paso hacia la igualdad obliga a revisar la normativa vigente, modificando las normas constitucionales y legales que puedan contener cualquier forma de discriminaci�n, de manera que respondan a los valores y criterios que se pretenden impulsar.

Sin embargo, tales modificaciones y adecuaciones normativas corren el riesgo de quedar en meras declaraciones de intenci�n o formulaciones te�ricas, que no se traduzcan en cambios reales si no van acompa�adas de mecanismos adecuados para su implementaci�n. Por ello, deben contemplarse normas que, en los distintos niveles, no se limiten s�lo a establecer los prop�sitos de igualdad, sino que operen como efectivos instrumentos de cambio, ya sea por la v�a de prevenci�n y represi�n de situaciones de discriminaci�n, de la eliminaci�n de obst�culos para la efectiva libertad e igualdad de las personas o de est�mulo a conductas igualitarias.


Objetivo 1.1. Avanzar en la homologaci�n de la legislaci�n nacional a las disposiciones de los convenios internacionales suscritos por el gobierno de Chile.

Proponer especialmente los cambios constitucio- nales y legales necesarios para implementar la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n Contra la Mujer de Na- ciones Unidas, la Agenda XXI, cap�tulo 24 y los Convenios de la Organizaci�n Internacional del Trabajo 103 y 156.

Chile ha ratificado diferentes convenciones y convenios internacionales relacionadas con la situaci�n de la mujer. Este acto lo compromete a adecuar su legislaci�n a los objetivos y normativas propuestos en ellos. La complejidad y amplia gama de problemas tratados hace necesario un acucioso proceso de an�lisis y debate que permita dar fundamento y coherencia a las reformas que se introducir�n.

Un reconocimiento constitucional expreso del principio de igualdad entre mujeres y hombres, adem�s de constituir una obligaci�n que el Estado de Chile debe cumplir en su calidad de ratificante de la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n Contra la Mujer, tendr� el m�rito de transformar este principio en una norma que oriente en este sentido a todo el ordenamiento jur�dico, que a�n contiene numerosas disposiciones discriminatorias.

Por otra parte, el uso sistem�tico de un lenguaje inadecuado, como es aquel que hace al t�rmino "hombre" sin�nimo de persona o ser humano, deja subyacente en el inconsciente colectivo la creencia de que hombres y mujeres no est�n realmente en un plano de igualdad y basta que dicha creencia exista para que se perpet�e la desigualdad y se dificulten los cambios estructurales y de actitudes necesarios para eliminarla.

Acci�n 1.1.1. Insistir en la consagraci�n expresa del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Constituci�n Pol�tica del Estado, a trav�s de la modificaci�n de su art�culo 1.

Acci�n 1.1.2. Modificar el art�culo 19 No 16 de la Constituci�n Pol�tica, estableciendo la prohibici�n expresa de la discriminaci�n por sexo en las oportunidades y en el trato en el trabajo. Esta prohibici�n se complementar� con otra norma constitucional que establezca el principio de igualdad de remuneraci�n por trabajo de igual valor.

Acci�n 1.1.3 Revisar la legislaci�n penal, especialmente en lo que dice relaci�n con los delitos de violencia sexual y proponer las modificaciones necesarias para el logro del objetivo.

Acci�n 1.1.4. Revisar la legislaci�n previsional y estudiar y formular las propuestas de reformas necesarias.


Objetivo 1.2. Generar instancias y mecanismos jur�dicos eficaces que cautelen la igualdad de derechos de las mujeres.

Para resguardar la seguridad jur�dica de las mujeres en el ejercicio de sus derechos e intereses leg�timos, debe garantizarse la tutela judicial efectiva contra todo acto de discriminaci�n.

Acci�n 1.2.1. Avanzar en la tipificaci�n jur�dica de acciones discriminatorias, en particular para poner en pr�ctica el principio de igualdad respecto del acceso al empleo, a la remuneraci�n, a las condi- ciones de trabajo, a la protecci�n social, a la educaci�n a la capacitaci�n profesional y al tra- tamiento de la imagen de la mujer en los medios de comunicaci�n. Se resguardar� que las sanciones que se establezcan concilien su car�cter disuasivo con efectos educativos.

Acci�n 1.2.2. Estudiar y proponer un proyecto de ley sobre la figura del "Defensor del Pueblo" incluyendo entre sus funciones el resguardo de la igualdad de oportunidades y trato a las mujeres.

Acci�n 1.2.3. Modificar el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica extendiendo expresamente el recurso de protecci�n frente a la discriminaci�n por sexo.


Objetivo 1.3. Ampliar el acceso de las mujeres a los servicios de justicia y sensibilizar a las/os abogadas/os y las/os jueces y auxiliares de la administraci�n de justicia sobre los derechos de las mujeres.

Jueces, abogados y el personal auxiliar ligado a la administraci�n de la justicia fueron en su mayor�a formados en un orden que avalaba el trato desigual a las mujeres por lo que la discriminaci�n adquir�a el estatus de natural.

Existe en los hechos una inercia que valida estas concepciones. El proceso de aplicaci�n de las leyes, aun de aquellas que no son en s� mismas discriminatorias, as� como el trato a las consultantes en diversos servicios de asistencia judicial, puede colocar a las mujeres en situaciones atentatorias de sus derechos. Por otra parte, la interpretaci�n progresiva de la ley permitir�a subsanar en parte estas situaciones, en muchos casos sin modificaciones sustanciales en la letra.

Acci�n 1.3.1. Proponer la ampliaci�n de la cobertura de los servicios de asistencia judicial y modificar los sistemas de recepci�n, de trato y horarios de atenci�n; a la vez, implementar mecanismos de informaci�n que permitan a las consultantes tomar sus propias decisiones sobre las acciones a seguir.

Acci�n 1.3.2. Dar talleres de formaci�n a abogadas/os y funcionarias/os judiciales para que hagan uso y potencien las posibilidades del ordenamiento jur�dico vigente para asegurar en los hechos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivo 1.4. Continuar difundiendo la nueva legislaci�n, los proyectos de ley y reformas constitucionales que afectan especialmente a la mujer, con el objeto de promover el efectivo ejercicio de sus derechos.

La informaci�n es un instrumento indispensable en el proceso de cambio del ordenamiento jur�dico, tanto para las ciudadanas que tienen que conocer y ejercer sus derechos como para las/os profesionales y funcionarias/os ligados a la aplicaci�n de la ley.

Acci�n 1.4.1. Realizar un programa de difusi�n masiva de la situaci�n jur�dica de la mujer y de la familia y capacitar a las mujeres acerca del contenido de las reformas legales.


II


FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A TODOS LOS TIPOS DE
FAMILIAS Y CONTRIBUIR A QUE ELLAS SE CONSTITUYAN
EN UNA INSTANCIA DE GENERACION DE IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES


En los �ltimos a�os se ha enriquecido la comprensi�n de la familia al tomar en cuenta las complejidades que plantea. Se la ha logrado mirar como una realidad a ser compartida por hombres y mujeres identificando simult�neamente su funci�n de apoyo, de espacio de la afectividad y del desarrollo personal, junto con las relaciones de poder y los conflictos que se dan en su interior, como por ejemplo los procesos mediante los cuales la familia puede reproducir modelos autoritarios. Se ha analizado su funci�n como primer �mbito de socializaci�n, transmisi�n y aprendizaje de modelos de identidad, conductas, actitudes y valores.

Ocuparse de la familia desde el Estado no es intervenir en el �mbito de lo �ntimo. Es ocuparse de las relaciones de la familia y el mundo dom�stico que ella conforma, en interdependencia con el resto de las instituciones, con el mundo p�blico, con el orden jur�dico, con el Estado a trav�s de las pol�ticas p�blicas y los servicios que implementa o regula. Atender a la familia implica, adem�s, analizar las im�genes sociales, ya que en la medida en que no reflejen las nuevas realidades, pueden resultar discriminatorias para un importante conjunto de familias y personas. Tambi�n significa analizar en su interior, la divisi�n del trabajo y el respeto de los derechos de los miembros de ambos g�neros y entre generaciones, y su incidencia en la reproducci�n de la desigualdad social de las mujeres.

El objetivo de generar igualdad de oportunidades requiere de cambios en el ordenamiento jur�dico actual. Este discrimina al interior de las familias entre sus distintos miembros, en lo relativo a la administraci�n de los bienes, al estatuto jur�dico de los hijos, y entre diferentes tipos de familia. Se requiere adem�s de medidas que permitan la resoluci�n de los conflictos que se plantean en este �mbito, como el pago de alimentos, la violencia intrafamiliar y las separaciones conyugales, entre otros.

Pero los cambios necesarios en la familia van m�s all� de los jur�dicos. En las �ltimas d�cadas ha habido importantes cambios en la forma de inserci�n social de las mujeres, los que se han acelerado en los a�os m�s recientes. La incorporaci�n creciente de las mujeres al mercado de trabajo requiere de la modernizaci�n de la estructura y funcionamiento de la familia. Las familias con varios miembros en la fuerza de trabajo y las monoparentales son cada vez m�s frecuentes. Los roles laborales y dom�sticos generan sobrecarga de trabajo en las mujeres, que tiene entre otras consecuencias, serios efectos en su salud. Las pol�ticas y servicios requieren de la presencia de las mujeres (escuelas, servicios de salud, tr�mites para obtenci�n de subsidios, etc.) en cantidad de tiempo y horarios que no toman en cuenta la realidad de vida y trabajo de �stas. Tambi�n disminuyen sus oportunidades laborales, educacionales y de participaci�n social. A la vez, los hombres se ven privados de la gratificaci�n afectiva que proporciona la atenci�n y educaci�n de los hijos y su funci�n parental tiende a ser exclusivamente la de proveedor. Todo esto sugiere la necesidad de una distribuci�n equitativa de tareas en el espacio dom�stico y una mayor integraci�n de los hombres a la vida familiar. En este marco, el Estado debe apoyar el desarrollo de las familias y de sus miembros en igualdad de oportunidades.

La violencia contra la mujer atenta contra su dignidad y constituye una problem�tica creciente que cruza todos los sectores, afectando gravemente a la sociedad. Su eliminaci�n es requisito para su desarrollo individual y su plena e igualitaria inserci�n y participaci�n en todos los �mbitos p�blicos y privados. La violencia en la familia o unidad dom�stica, si bien se produce en el �mbito privado, constituye un problema social p�blico, que debe ser abordado por toda la sociedad.

Una de las realidades que cobra cada vez mayor reconocimien- to social en el pa�s es la existencia de distintos tipos de familia y el aporte de las mujeres al sustento econ�mico de los hogares. La diversidad de arreglos y tipos de organizaci�n de los hogares son expresi�n de las transformaciones que la sociedad est� experimentando. En este marco adquiere creciente importancia la jefatura de hogar femenina, la que se caracteriza por ausencia de una figura masculina ya sea por separaci�n, abandono, viudez u otra causa. Las mujeres jefas de hogar afrontan solas el cuidado y sost�n de los hijos y asumen el rol proveedor que tradicionalmente se le asigna al hombre. Esto generalmente ocurre sin tener las ventajas relativas de �ste para cumplir ese rol, es decir, pocas o ninguna obligaci�n de tipo dom�stico o de crianza de los hijos y remuneraciones relativamente m�s altas. La condici�n de jefa de hogar se origina en factores externos y no en una redefinici�n de roles producto de relaciones m�s igualitarias entre los miembros del n�cleo familiar. El incremento de la jefatura de hogar femenina y su situaci�n de mayor vulnerabilidad tanto por la constituci�n de sus hogares como por sus propias caracter�sticas personales, ponen de manifiesto la necesidad de nuevos enfoques en las pol�ticas p�blicas, para el logro de la igualdad de oportunidades.


Objetivo 2.1. Proponer las reformas al derecho de familia, tanto en su aspecto sustantivo como de procedimiento, que sean necesarias para cautelar la igualdad de derechos de la mujer y otorgarle en todos los casos una debida protecci�n jur�dica.

El derecho de familia en Chile se sustenta en el matrimonio indisoluble, instituci�n que da origen a la familia leg�tima y cuyos efectos en relaci�n a las personas de los c�nyuges, a los hijos/as que de �l nacen y al patrimonio, se encuentran minuciosamente reglados. Nuestra legislaci�n vigente no se ocupa de las uniones de hecho y establece una regulaci�n inadecuada de las rupturas matrimoniales, basada en la nulidad.

En relaci�n a los hijos/as, la legislaci�n establece un sistema filiativo altamente discriminatorio y que vulnera la garant�a constitucional de igualdad ante la ley, en virtud del cual se otorgan distintos derechos a los hijos/as seg�n hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. La legislaci�n vigente, adem�s, restringe la posibilidad de los hijos/as extramatrimoniales de establecer la identidad de sus padres, con lo cual los priva de todo derecho en relaci�n a ellos.

Acci�n 2.1.1. Apoyar la tramitaci�n en el Parlamento del proyecto referido al estatuto jur�dico igualitario para los hijos/as y la libre investigaci�n de la paternidad.

Acci�n 2.1.2. Regular jur�dicamente los efectos de las uniones de hecho o convivencias.

Acci�n 2.1.3. Estudiar propuestas de legislaci�n sobre divorcio en el marco de la protecci�n jur�dica a la familia y proponer la alternativa m�s acorde a la realidad vigente y a la necesidad de cautelar los derechos de los miembros m�s d�biles.

A pesar de lo que puede sostenerse, en Chile existe un divorcio vincular que se concreta a trav�s de la falsa alegaci�n de incompetencia del oficial del Registro Civil. Es decir, se utiliza una v�a inid�nea, que tergiversa el sentido de la ley para obtener por medio de la nulidad los efectos que tendr�a un divorcio vincular.

Los efectos de la pr�ctica de la nulidad son muy negativos, por cuanto pueden dejar a los hijos de ese matrimonio y a alguno de los c�nyuges, generalmente la mujer, en la total desprotecci�n y sujetos a extorsiones.

Acci�n 2.1.4. Apoyar la tramitaci�n en el Congreso Nacional del proyecto de ley que establece como r�gimen patrimonial alternativo del matrimonio el de participaci�n en los gananciales, crea la instituci�n del patrimonio familiar e iguala los derechos y obligaciones personales entre los c�nyuges.

Acci�n 2.1.5. Cautelar que se modifique la legislaci�n penal en cuanto a la despenalizaci�n del adulterio.

Acci�n 2.1.6. Estudiar modificaciones a la sociedad conyugal para que ambos c�nyuges lleguen a tener igualdad de condiciones en la administraci�n de los bienes propios y los de la sociedad conyugal.

Acci�n 2.1.7. Crear mecanismos eficaces para garantizar el pago de pensiones alimenticias, proponiendo las reformas legales y las medidas administrativas necesarias.

Acci�n 2.1.8. Presentar al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre creaci�n de Tribunales de Familia que est� elaborando SERNAM y darle seguimiento.

La escasez de tribunales y la consiguiente acumulaci�n de causas, la diversidad de judicaturas que deben intervenir en un conflicto de familia y la desigual preparaci�n de jueces y personal que debe intervenir en estas materias, son algunos factores que aconsejan la creaci�n de tribunales especializados.


Objetivo 2.2. Promover al interior de la familia la redistri- buci�n de las responsabilidades derivadas del cuidado y la reproducci�n de las personas y definir las tareas que le corresponden al Estado y a la sociedad como responsables subsidiarios.

Las actividades cotidianas en el �mbito de lo dom�stico son permanentes a pesar de los cambios en la composici�n de estas tareas, producto de la mercantilizaci�n de bienes y servicios; esas actividades estructuran interacciones que reproducen las identidades y relaciones de g�nero y las asimetr�as de poder que se derivan de ellos. Los hombres y mujeres adultas se constituyen, en el proceso de socializaci�n en la familia, en modelos de desigualdad social que, aprendidos tempranamente, tienen efectos dif�ciles de modificar.

El Estado tiene un papel fundamental en difundir el concepto de responsabilidad social de la maternidad y de la reproducci�n social de las personas, entendida esta �ltima como el conjunto de tareas que se realizan en el �mbito dom�stico para el desarrollo integral de los seres humanos, tanto a trav�s de incentivar la responsabilidad compartida de los padres como de pol�ticas sociales no discriminatorias y de apoyo a la creaci�n de infraestructura que alivie la carga dom�stica.

Acci�n 2.2.1. Promover la flexibilizaci�n de roles de mujeres y hombres en los �mbitos p�blico y privado.

Acci�n 2.2.2. Estudiar los efectos de los procesos de aprendizaje y de socializaci�n de ni�os y ni�as al interior de la familia con el fin de desarrollar pol�ticas al respecto.

Acci�n 2.2.3. Realizar campa�as de difusi�n social y sensibili-
zaci�n con el fin de revertir los efectos negati- vos del sexismo en la socializaci�n temprana de ni�as y ni�os.

Acci�n 2.2.4. Estudiar los efectos de la aplicaci�n de programas sociales sobre las pautas de interacci�n familiar y el desempe�o de roles familiares tradicionales. Analizar los supuestos sobre los que descansan muchos de estos programas, que significan sobrecarga de trabajo para las mujeres y reducen sus oportunidades en los distintos �mbitos de su desarrollo.

Acci�n 2.2.5. Promover horarios, en los distintos servicios, compatibles con las actividades de los miembros de la familia, para permitir el trabajo remunerado de las mujeres y su participaci�n social y para que los hombres puedan asumir responsabilidades familiares.

Acci�n 2.2.6. Proponer un estudio que permita identificar las necesidades y caracter�sticas de cobertura de las salas-cuna y jardines infantiles.

Acci�n 2.2.7. Promover y apoyar las iniciativas municipales de generaci�n de salas-cuna, jardines infantiles y atenci�n para-escolar, en particular en aquellas comunas donde no exista infraestructura privada o p�blica suficiente.

Acci�n 2.2.8. Avanzar en el establecimiento de alternativas para el cuidado de hijos/as menores de las/os trabajadoras/es.

Acci�n 2.2.9. Proponer que la escuela b�sica comience en pre-kinder y se enlace con el sistema de salas-cuna y jardines infantiles con el prop�sito de facilitar la inserci�n laboral de la mujer.

Acci�n 2.2.10. Estudiar la factibilidad de extensi�n horaria de salas-cunas y jardines infantiles para adecuarla a los horarios de trabajo de las madres.


Objetivo 2.3. Impulsar la erradicaci�n de la violencia intrafa- miliar, desarrollar mecanismos de prevenci�n y estimular formas pac�ficas de resoluci�n de conflictos.

La violencia al interior de la familia ha permanecido por mucho tiempo invisibilizada a nivel de la sociedad chilena, llegando muchas veces a ser considerada una conducta leg�tima o normal. De hecho, hasta hace muy poco tiempo este problema era considerado como tema de la vida privada que involucraba s�lo a algunas familias aisladas.

Seg�n estudios realizados recientemente, en uno de cada cuatro hogares de la Regi�n Metropolitana la mujer es golpeada por su pareja y en uno de cada tres hogares, la mujer es agredida psicol�gicamente. Este fen�meno se produce en todos los estratos socioecon�micos, y esta evidencia plantea la urgencia de tratarlo como problema social objeto de pol�ticas p�blicas.

La realidad es que la sociedad entera est� involucrada en la problem�tica de la violencia al interior de las familias y, debido a la variedad de mecanismos que contribuyen a reproducirla, el enfoque para avanzar hacia la soluci�n del problema debe ser multidimensional: modificaciones en el sistema educacional, utilizaci�n de los medios de comunicaci�n como veh�culos de denuncia y educaci�n, cambios en la legislaci�n, entre otros.

Siendo un atropello a los derechos humanos y un factor que restringe o entorpece el desarrollo personal de sus v�ctimas, la violencia intrafamiliar es un obst�culo para un desarrollo equitativo y en igualdad de oportunidades.

Una de las principales dificultades para la prevenci�n de la violencia intrafamiliar es el silencio de las v�ctimas y la negaci�n social de su existencia. Por razones culturales, entre otras, el problema no se percibe como tal, ni por parte de las personas afectadas, ni por el conjunto de la sociedad. La falta de informaci�n, la ignorancia, por un lado, y la vergüenza y el sentimiento de impotencia, por otro, impiden que se denuncien los casos y que salga a la luz p�blica la problem�tica en toda su extensi�n y gravedad.

Adicionalmente, los medios de comunicaci�n tienen un papel clave en la mantenci�n y reproducci�n de la violencia intrafamiliar, por las im�genes violentas que trasmiten y porque sus mensajes muchas veces refuerzan un estereotipo de familia jer�rquica, con roles r�gidos, donde la mujer tiene un papel subordinado y los ni�os y ancianos no son sujetos de derecho.

Acci�n 2.3.1. Sensibilizar e informar a la poblaci�n en su conjunto sobre los derechos de las personas, en especial de los m�s desprotegidos (ni�os, mujeres, ancianos), creando un clima social de rechazo hacia la pr�ctica de la violencia intrafamiliar.

Acci�n 2.3.2. Impartir en la escuela cursos para que alumnos y padres aprendan a desarrollar formas no violentas de resolver los conflictos, considerando que la familia y la escuela son instancias de socializaci�n y, por lo tanto, espacios clave para inculcar los valores de respeto a la diferencia y de no violencia.

Acci�n 2.3.3. Promover en los medios de comunicaci�n y en los comunicadores un cambio en la forma de tratar los hechos de violencia y a las v�ctimas.

Objetivo 2.4. Desarrollar formas de detecci�n del problema e intensificar la generaci�n de conocimiento e informaci�n sobre la violencia intrafamiliar.

Las investigaciones se�alan que un 85% de las mujeres maltratadas no hacen la denuncia correspondiente a Carabineros y que s�lo el 24% de ellas recurre al sistema de salud. En relaci�n al maltrato de ni�os, las estad�sticas disponibles indican que no m�s del 10% de los casos se denuncia. Estos antecedentes son una muestra de las dificultades que se presentan para la detecci�n de la incidencia de la violencia intrafamiliar.

A pesar de los estudios ya realizados, la extensi�n y complejidad del problema requiere profundizar el conocimiento al respecto y ampliar la informaci�n existente, enfatizando su difusi�n entre l�deres de opini�n y personas que, por su actividad, tienen contacto con v�ctimas de violencia intrafamiliar (profesores, jueces, polic�as, personal de servicios de salud).

Es fundamental, adem�s, tener un registro espec�fico para los casos de violencia intrafamiliar, lo cual permite avanzar en sacar este delito de la sombra, a la vez que facilita la intervenci�n sobre el problema en su estado inicial, evitando situaciones m�s dram�ticas muchas veces fatales.

Acci�n 2.4.1. Desarrollar metodolog�as de detecci�n del problema de violencia intrafamiliar en el sistema de salud, implementando acciones a trav�s de los programas matrices: materno-perinatal, infantil, del adulto, salud mental.

Acci�n 2.4.2. Desarrollar metodolog�as de detecci�n de ni�os maltratados a trav�s del sistema escolar.

Acci�n 2.4.3. Incorporar en los sistemas de recolecci�n, recopilaci�n y registro de informaci�n, de comisar�as, postas y dem�s instituciones que tengan contacto con v�ctimas de violencia intrafamiliar, preguntas para registrar la conducta de violencia, las caracter�sticas del agresor/a, de la v�ctima, su relaci�n de parentesco, las circunstancias del delito, el tiempo transcurrido desde los primeros episodios y la existencia de denuncias anteriores.

Acci�n 2.4.4. Impulsar la investigaci�n sobre todos los aspectos de la violencia intrafamiliar, realizando estudios de prevalencia e incidencia, considerando las variables f�sicas, psicol�gicas, sociales y culturales inherentes al fen�meno. Enfatizar los aspectos menos conocidos del tema, tales como la violencia a los adultos mayores, la violencia entre hermanos y la violencia de los hijos hacia los padres.


Objetivo 2.5. Mejorar la prestaci�n de servicios de apoyo a las v�ctimas, promoviendo una atenci�n masiva al problema.

Una de las dificultades m�s significativas para abordar el tema de la violencia intrafamiliar es el bajo grado de informaci�n de la poblaci�n en relaci�n a los caminos a seguir a partir de un hecho violento. Un problema adicional se refiere a la inadecuaci�n de los recursos disponibles para atender a las v�ctimas que realizan la correspondiente denuncia.

Por su parte, las investigaciones existentes aportan evidencias en relaci�n al efecto beneficioso del compromiso del conjunto del grupo familiar para superar la situaci�n de violencia, as� como para prevenir su reproducci�n, evitando que las v�ctimas se transformen en agresores. Se ha demostrado, tambi�n, que la conformaci�n de grupos de autoayuda tiene un efecto positivo para las v�ctimas de violencia, ya que permiten compartir experiencias, proporcionan una red de apoyo social y facilitan el mejoramiento de la autoestima.

Acci�n 2.5.1. Entregar informaci�n a la poblaci�n en relaci�n al significado, impacto y acciones a seguir en caso de ser v�ctimas de violencia familiar.

Acci�n 2.5.2. Facilitar la denuncia en las Comisar�as. Para ello, es necesario modificar las condiciones f�sicas y de personal, de manera que permitan una adecuada interacci�n entre la persona que denuncia y el polic�a que toma los antecedentes.

Acci�n 2.5.3. Multiplicar los cuarteles m�viles teniendo en cuenta que �stos han demostrado la posibilidad de llegar en la propia comunidad a un n�mero importante de v�ctimas de violencia que no est�n en condiciones f�sicas y/o psicol�gicas para acudir a las Comisar�as a realizar la denuncia.

Acci�n 2.5.4. Implementar las propuestas incluidas en la Ley de Violencia Intrafamiliar que permita proteger a la v�ctima mientras dure el proceso judicial.

Acci�n 2.5.5. Impulsar la implementaci�n de l�neas telef�nicas de urgencia que permitan entregar informaci�n e intervenir en las situaciones de crisis. Estas l�neas deber�n estar conectadas con la polic�a para facilitar su intervenci�n cuando sea necesario.

Acci�n 2.5.6. Facilitar atenci�n m�dica y psicol�gica que permita enfrentar la crisis y a la vez sea una forma de prevenir futuras situaciones violentas.

Acci�n 2.5.7. Promover en la comunidad grupos de autoayuda para mujeres v�ctimas de violencia.

Acci�n 2.5.8. Desarrollar programas de atenci�n a agresores/as en violencia intrafamiliar. Se ha comprobado buenos resultados en los programas desarrollados con hombres violentos.


Objetivo 2.6. Dar capacitaci�n adecuada a quienes se ocupan o tienen contacto con las v�ctimas de violencia intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar es un hecho complejo y multicausal, es necesario una capacitaci�n espec�fica para poder comunicarse adecuadamente con la v�ctima evitando as� la victimizaci�n secundaria, frecuente en este tipo de problemas.

Acci�n 2.6.1. Continuar la capacitaci�n al personal policial e incorporar la capacitaci�n en violencia familiar al curr�culo b�sico de formaci�n profesional.

Acci�n 2.6.2. Capacitar al personal de los tribunales.

Acci�n 2.6.3. Capacitar al personal de los servicios de atenci�n de salud, educaci�n y trabajo social.

Acci�n 2.6.4. Promover la incorporaci�n del tema de la violencia intrafamiliar en el curr�culo de las carreras profesionales, especialmente en aqu�llas con mayor probabilidad de contacto con las v�ctimas de este problema.


Objetivo 2.7. Mejorar la calidad de vida de las jefas de hogar, garantizar sus derechos y mejorar su acceso a las pol�ticas sociales.

Seg�n el Censo Nacional de Poblaci�n y Vivienda de 1992, la proporci�n de hogares que se encuentran bajo la responsabilidad de una mujer es del 25% y constituye una expresi�n de la feminizaci�n de la pobreza en Chile.

La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina est� determinada por las dificultades para asumir las responsabilidades dom�sticas y de proveedora ante la ausencia de pareja. Si bien su tasa de participaci�n en el mercado de trabajo es mayor que en el conjunto de la poblaci�n femenina, su inserci�n ocupacional es m�s precaria, por la necesidad de ocupar trabajos con mayor flexibilidad de horarios que les permitan atender sus distintas obligaciones familiares.

Adem�s, las jefas de hogar tienden a concentrarse en los tramos de mayor edad que los jefes de hogar hombres, lo que tambi�n influye negativamente en la incorporaci�n al mercado de trabajo. Estos aspectos se agregan a los obst�culos que enfrentan todas las mujeres al ingresar al mercado de trabajo, es decir, la segregaci�n ocupacional por sexo y la concentraci�n en categor�as ocupacionales de menor jerarqu�a.

El efecto final es una situaci�n en que las jefas de hogar perciben menores ingresos que los jefes, con una diferencia en la remuneraci�n mayor que la que se encuentra entre hombres y mujeres en el resto de la fuerza de trabajo. La concentraci�n de los hogares con jefa mujer en los quintiles de menor ingreso es el resultado de la interacci�n de los factores aqu� mencionados. Es necesario el dise�o de pol�ticas orientadas a impedir la reproducci�n de la pobreza en estos hogares, con un enfoque integral y espec�fico para las jefas de hogar en los distintos problemas que ellas enfrentan.

Hay poco conocimiento sobre el acceso de las jefas de hogar a los programas sociales; sin embargo, existe informaci�n disponible sobre subsidios monetarios que muestra una posici�n de mayor desventaja para los hogares con jefa mujer. Los datos de la Encuesta CASEN 90 indican que la Asignaci�n Familiar, uno de los subsidios de mayor importancia, es recibido por el 18,7% de los hogares con jefa mujer frente al 37,6% de los hogares con jefe hombre. Esta situaci�n muestra la necesidad de obtener mayor informaci�n sobre la cobertura de los distintos programas sociales seg�n el sexo del jefe de hogar e identificar los obst�culos que enfrentan los hogares con jefa mujer para acceder a ellos, de manera de mejorar la orientaci�n y efectividad del gasto social.

Acci�n 2.7.1. Estudiar el impacto diferenciado de los programas sociales en los hogares, seg�n el sexo del jefe de hogar.

Acci�n 2.7.2. Estudiar los obst�culos al acceso de las jefas de hogar a los programas sociales.

Acci�n 2.7.3. Completar y sistematizar la informaci�n estad�stica a nivel comunal sobre las jefas de hogar, para establecer la heterogeneidad existente entre ellas, de modo de lograr una focalizaci�n m�s eficiente y un mejor acceso de la poblaci�n a los programas sociales.

Acci�n 2.7.4. Incluir la especificidad de las mujeres, en especial de las jefas de hogar, en los programas destinados a erradicar la pobreza.

Acci�n 2.7.5. Sensibilizar sobre la problem�tica de la mujer a profesionales que trabajan en los temas de pobreza. Efectuar convenios con institutos profesionales y universidades, en sus carreras del �rea social (en especial asistentes sociales y abogados/as) para incluir esta problem�tica en su formaci�n y para realizar cursos de reciclaje profesional.


Objetivo 2.8. Ampliar el Programa de Apoyo a las Mujeres Jefas de Hogar del SERNAM, traspasando paulatinamente su responsabilidad a los municipios.

La experiencia del SERNAM muestra que es m�s eficiente la focalizaci�n de recursos en los sectores m�s vulnerables si se combina un conjunto de medidas sectoriales articuladas a nivel municipal con los recursos locales. En lugar de la implementaci�n de medidas aisladas, la metodolog�a desarrollada por el SERNAM propone un enfoque integral para abordar los principales problemas espec�ficos de las jefas de hogar de escasos recursos. La metodolog�a se centra en l�neas de intervenci�n, de las que se desprenden acciones coordinadas de los ministerios y sus respectivas entidades dependientes, as� como de las municipalidades.

Las l�neas definidas son cinco: trabajo, educaci�n y cuidado infantil, salud, vivienda y atenci�n legal. De �stas, capacitaci�n laboral y cuidado infantil se consideran como ejes principales de intervenci�n. El primero, porque se ha identificado la situaci�n ocupacional y de capacitaci�n de las jefas de hogar como el eje de su vulnerabilidad; el segundo, es considerado un aspecto que requiere ser atendido para facilitar a las jefas de hogar su inserci�n en el mercado de trabajo y mejorar la calidad de vida de los ni�os/as.

Los municipios re�nen un conjunto de condiciones que les otorgan un papel fundamental en el contexto actual de descentralizaci�n del Estado. En ellos se materializa la relaci�n entre las pol�ticas sociales y la poblaci�n beneficiaria, entre la que destaca la presencia activa de las mujeres de escasos recursos; esta participaci�n se puede favorecer mediante la localizaci�n de programas en el �mbito comunal. A su vez, los servicios p�blicos y las oficinas de las municipalidades tienen experiencia en programas dirigidos a la poblaci�n de menores ingresos; sin embargo, a�n hay poca informaci�n entre los funcionarios y profesionales sobre las especificidades de la condici�n de la mujer, su relaci�n con la pobreza y sobre la necesidad de dise�ar y ejecutar programas que consideren la dimensi�n de g�nero.

Acci�n 2.8.1. Traspasar a las municipalidades el modelo de ejecuci�n del Programa de Apoyo a las Jefas de Hogar, ajust�ndolo a las realidades locales.

Acci�n 2.8.2. Apoyar y dar asesor�a para coordinar e implementar a nivel regional y local los distintos componentes del programa para jefa de hogar.


Objetivo 2.9. Favorecer el acceso de las mujeres jefas de hogar y de n�cleo a los programas de subsidio y de mejoramiento de viviendas.

Se ha detectado que la carencia de vivienda afecta a una parte importante de las jefas de hogar; esta situaci�n se encuentra frecuentemente asociada al problema del allegamiento. Las investigaciones muestran que m�s de la mitad de los n�cleos allegados est�n encabezados por mujeres y, a la vez, los allegados se insertan en mayor medida en hogares con jefatura femenina.

La precaria inserci�n laboral de las jefas de hogar limita sus posibilidades de reunir los recursos suficientes para adquirir una vivienda. En muchos casos, a esta limitaci�n se ha agregado tambi�n la dificultad para postular a un subsidio para vivienda por haber sido beneficiadas anteriormente como dependientes del marido. A esto se suma el desconocimiento sobre los programas de vivienda y los mecanismos de postulaci�n. Se requiere perfeccionar el sistema de postulaci�n para compensar la posici�n desventajosa de las jefas de hogar y de las jefas de n�cleo, particularmente las que tienen varios hijos bajo su exclusiva responsabilidad.

Los datos indican que el 63% de las jefas de hogar no tiene vivienda propia. Este porcentaje se distribuye en 40% de allegadas, 14% de arrendatarias, 5% con casa prestada y el resto se encuentra en otra situaci�n no especificada. Si bien el allegamiento puede obedecer a arreglos familiares que facilitan a las jefas de hogar y de n�cleo el trabajo dom�stico y el cuidado de los ni�os, es un fen�meno que suele estar asociado a problemas de pobreza y hacinamiento.

Acci�n 2.9.1. Elaboraci�n de materiales de difusi�n dirigido a jefas de hogar de escasos recursos sobre programas de vivienda y mecanismos de postulaci�n a ellos.

Acci�n 2.9.2. Focalizar parcialmente el Programa de Mejoramiento de Viviendas hacia las jefas de hogar de escasos recursos que sean propietarias.

Las jefas de hogar pobres que son propietarias de su vivienda, no cuentan con los recursos ni con los conocimientos t�cnicos suficientes para mantener o reparar sus viviendas. Dada la estructura y composici�n de los hogares con jefa mujer tambi�n se enfrentan a la necesidad de ampliar sus viviendas.

Acci�n 2.9.3. Focalizar parcialmente en jefas de hogar allegadas y arrendatarias, los programas de vivienda progresiva y programa de densificaci�n del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVIU).


III


FAVORECER LA PARTICIPACION EQUITATIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL CONOCIMIENTO


Tanto el sistema educativo como los distintos espacios donde se produce conocimientos, cultura y se genera informaci�n, intervienen en la construcci�n de las desigualdades sociales. Sin embargo, �stos pueden transformarse en espacios privilegiados para crear bases s�lidas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Los mecanismos de discriminaci�n m�s importantes en el sistema educativo ya no se sit�an en el acceso al sistema, sino en la calidad y modalidades de la ense�anza, que impiden la igualdad real de oportunidades entre los sexos. No s�lo los contenidos de la ense�anza sino tambi�n la forma de transmitirlos -a trav�s de los materiales did�cticos y las relaciones sociales que se establecen durante el proceso educativo-, moldean la concepci�n que hombres y mujeres tienen de la realidad social, de sus normas de funcionamiento, de los valores y principios que organizan la convivencia humana. Al mismo tiempo, influyen en la manera en que las personas se representan a s� mismas y, por tanto, en el desarrollo de sus motivaciones, de sus expectativas, de su autoestima y, en general, de su actitud frente a la vida. El sistema educativo comienza a actuar desde edades muy tempranas, para las cuales los contenidos de la socializaci�n adquieren la calidad de realidad contundente y compacta y por ende dif�cil de cuestionar y modificar.

La discriminaci�n en el proceso educativo se produce tanto en el curr�culo expl�cito como en las pr�cticas de transmisi�n del conocimiento. La identificaci�n de los mecanismos de discriminaci�n ayuda a entender por qu� -pese a que la participaci�n femenina es num�ricamente paritaria en las matr�culas de ense�anza b�sica y secundaria y al mayor rendimiento escolar de las ni�as- existe una segmentaci�n sexual muy pronunciada en la elecci�n de carreras y especialidades, que contribuye a la discriminaci�n de las mujeres en sus posibilidades econ�micas y profesionales futuras. Igualmente, permite explicar que los altos rendimientos de muchas mujeres en sus estudios universitarios no se traduzcan en una mayor participaci�n en la producci�n de conocimientos, en la toma de decisiones y en las remuneraciones.

La manera de contrarrestar estos efectos discriminatorios del sistema educativo exige de las autoridades p�blicas responsables del sector, incorporar en sus lineamientos y acciones las normas que favorezcan la generaci�n de oportunidades igualitarias para las mujeres. Paralelamente, requiere de los educadores una mayor reflexi�n sobre su papel en la superaci�n de las desigualdades entre hombres y mujeres y un conocimiento m�s preciso sobre los mecanismos espec�ficos que deber�an ser eliminados y reemplazados por mecanismos generadores de igualdad.

Por otra parte, aunque el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos se ha equiparado con el de los hombres, queda un grupo de mujeres de mayor edad en situaci�n de analfabetismo y de bajos niveles de escolaridad que es necesario atender y que requiere de medidas espec�ficas.

Tambi�n existe evidencia de que los primeros a�os de vida son decisivos en cuanto a potenciar o inhibir la capacidad de aprendizaje de los individuos e internalizaci�n de valores. Por lo tanto, la educaci�n pre-escolar debe ser objeto de atenci�n para promover la igualdad de oportunidades para las ni�as y las mujeres.

La producci�n de conocimiento y de informaci�n y su difusi�n en la sociedad, tienen una influencia fundamental en las personas y grupos sociales. A trav�s de la informaci�n y del conocimiento, se construye una imagen de la realidad social, de sus caracter�sticas, de su funcionamiento y de sus posibilidades y formas de cambio.

Existen numerosos campos de la producci�n intelectual que no han incorporado una perspectiva de an�lisis que tome en cuenta la especificidad de los sexos y de los g�neros en sus �mbitos de estudio, lo cual introduce un sesgo y un vac�o que es llenado con los prejuicios y estereotipos vigentes.

Participar en los espacios que producen conocimiento otorga poder, visibilidad y ascendiente social y permite situar la experiencia de vida personal y grupal dentro de un sistema social m�s amplio. La menor presencia de las mujeres en esos espacios introduce un sesgo sobre prioridades, contenidos y procesos de construcci�n del conocimiento. Por otra parte, los espacios y aportes de las mujeres no son debidamente estimulados, reconoci- dos ni difundidos.

Por lo tanto, favorecer la igualdad de oportunidades requiere incorporar una perspectiva no sexista a los procesos educativos y de elaboraci�n y transmisi�n del conocimiento, la cultura y la informaci�n.


Objetivo 3.1. Incorporar el principio de igualdad de oportu- nidades entre mujeres y hombres en los linea- mientos educativos de todos los niveles educa- cionales.

En el pa�s tiene lugar una importante reflexi�n acerca del papel que debiera cumplir la educaci�n en la transformaci�n productiva, la democratizaci�n pol�tica y el logro de la equidad social. Es necesario vincular m�s estrechamente el sistema de educaci�n a los avances econ�micos y sociales y otorgar mayor peso a la innovaci�n tecnol�gica.

Desde esta perspectiva resulta urgente incluir en los principios y programas de pol�ticas la eliminaci�n de los mecanismos generadores de la desigualdad de oportunidades y de asegurar el pleno desarrollo de las potencialidades de las mujeres que aseguren su contribuci�n al proceso de desarrollo.

Acci�n 3.1.1. Incluir en la Ley Org�nica Constitucional de Ense�anza (LOCE) la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Acci�n 3.1.2. Incluir en el documento de Objetivos Fundamentales y Contenidos M�nimos de la ense�anza b�sica y media (OFCM) los elementos que garanticen que la educaci�n promueva la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Acci�n 3.1.3. Incorporar la equidad de g�nero como un objetivo expl�cito del programa Mejoramiento de la Calidad y Equidad en la Educaci�n (MECE).

Acci�n 3.1.4. Estudiar los efectos de la coeducaci�n sobre el desarrollo de las potencialidades de ni�as y ni�os en las distintas etapas de su formaci�n.


Objetivo 3.2. Eliminar los rasgos sexistas de los curr�culos y materiales did�cticos.

La investigaci�n desarrollada en los a�os recientes muestra las diversas formas en que la educaci�n es transmisora de estereotipos sexuales.

Estudios realizados por el SERNAM han identificado algunos aspectos en los textos escolares abiertamente discriminatorios para la mujer: protagonismos de hombres y mujeres en las aventuras, frecuencia de aparici�n de figuras masculinas y femeninas, caracter�sticas psicol�gicas atribuidas a cada sexo, la amplitud del espacio f�sico en que se mueven las figuras masculinas y femeninas, las actividades l�dicas y las ocupaciones asociadas a uno y otro. Situaciones similares ocurren tambi�n en textos a nivel pre-escolar.

Los estereotipos son transmitidos por las diferentes materias, especialmente en los temas relacionados con el cuerpo y en las actividades f�sicas y deportivas.

Por otra parte, los contenidos de las distintas �reas curriculares no consideran adecuadamente los aportes de las mujeres como protagonistas sociales ni los conocimientos producidos por ellas.
Los hombres siguen como centro y referencia predominante, lo que impide un conocimiento m�s completo de la realidad pasada y presente de las mujeres, y restringe la diversidad de modelos posibles de identificaci�n al excluir los modelos femeninos y masculinos no tradicionales.

El cambio de las representaciones y estereotipos es tan lento y las actitudes a veces inconscientes. De no mediar acciones expl�citas que aseguren la eliminaci�n de los estereotipos, �stos continuar�n apareciendo en los contenidos curriculares y en la elaboraci�n de los materiales did�cticos.

Acci�n 3.2.1. Incorporar en las distintas �reas de los curr�culos los aportes de las mujeres al desarrollo de la cultura y de la sociedad y su papel en la historia.

Acci�n 3.2.2. Promover la eliminaci�n de la divisi�n por sexo en las asignaturas de manualidades y de los sesgos sexistas en la educaci�n f�sica.

Acci�n 3.2.3. Extender la utilizaci�n de la metodolog�a de aulas tecnol�gicas para ni�as/os y j�venes de ambos sexos indistintamente. Evaluar su aplicaci�n en el desarrollo de habilidades y destrezas de ni�as y j�venes tendientes a la igualaci�n de oportunidades de desarrollo laboral y profesional.

Acci�n 3.2.4. Velar para que la educaci�n sexual sea desarrollada desde una perspectiva no sexista, basada en los principios de igualdad de oportunidades.

Acci�n 3.2.5. Analizar y evaluar los libros de texto de las distintas asignaturas y otros materiales did�cticos para eliminar los rasgos sexistas.

Acci�n 3.2.6. Fomentar la producci�n de textos y materiales did�cticos de car�cter no sexista, desarrollando instructivos y orientaciones para autores y editoriales.

Acci�n 3.2.7. Asegurar que en las licitaciones de los textos escolares se considere como criterio de evaluaci�n la eliminaci�n de los rasgos sexistas.

Acci�n 3.2.8. Promover que los curr�culos universitarios incorporen los conocimientos producidos sobre las relaciones sociales entre hombres y mujeres y el aporte que estas �ltimas han hecho al desarrollo de la humanidad.


Objetivo 3.3. Sensibilizar y formar al profesorado para eliminar las pr�cticas sexistas y mejorar su desempe�o laboral en pro de una efectiva igualdad entre mujeres y hombres en el proceso educativo.

Las investigaciones realizadas sobre la interacci�n profesor-a/alumno-a que se produce en el aula, demuestran que persisten pr�cticas discriminatorias hacia las ni�as y que se limita el desarrollo de roles femeninos y masculinos no tradicionales. Permanecen as�, estereotipos y preconceptos sobre lo que las mujeres y los hombres pueden y deben hacer.

Al mismo tiempo, no existe renocimiento social del papel que la educaci�n cumple en la formaci�n de las relaciones de g�nero. Esto ha dificultado la incorporaci�n de estos temas emergentes a los curr�culos de formaci�n y perfeccionamiento de los/as docen- tes.

Lo anterior evidencia la necesidad de acciones combinadas para propiciar un mayor reconocimiento de la labor de profesoras y profesores en el desarrollo con equidad e impulsar su formaci�n en el tema de la construcci�n de las identidades de g�nero y de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

Acci�n 3.3.1. Incorporar en los curr�culos de las carreras de pedagog�a y de educadoras/es de p�rvulos la tem�tica de g�nero y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Acci�n 3.3.2. Incorporar la tem�tica de g�nero en los cursos de perfeccionamiento realizados por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentaci�n e Investigaciones Pedag�gicas (CPEIP), las Universidades y el Colegio de Profesores, incluyendo la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en la ense�anza como necesidad del desarrollo.

Acci�n 3.3.3. Elaborar y difundir en establecimientos educativos municipalizados, particulares, institutos profe- sionales y universidades, un instructivo ministe- terial sobre la urgencia de modificar las pr�cti- cas educativas y favorecer la igualdad de oportu- nidades para las mujeres.

Acci�n 3.3.4. Capacitar a los orientadores vocacionales para que informen y motiven adecuadamente a las ni�as y j�venes para propiciar elecciones profesionales m�s diversificadas.

Acci�n 3.3.5. Realizar talleres para profesoras/es tendientes a identificar las pr�cticas sexistas a nivel del lenguaje, las actitudes y en las interacciones dentro del aula.

Acci�n 3.3.6. Generar espacios al interior del curr�culo y en el devenir cotidiano de la escuela para que las/os alumnas/os puedan discutir cr�tica y creativamente el significado del sistema de sexo-g�nero tanto en sus vidas cotidianas como en la construcci�n de su futuro social y laboral.

Objetivo 3.4. Prestar atenci�n especial a las situaciones de riesgo que enfrentan las alumnas, que impiden su desarrollo posterior en igualdad de condiciones con otras/os alumnas/os.

Las j�venes est�n expuestas a situaciones que aumentan sus probabilidades de deserci�n escolar.

Entre las situaciones m�s frecuentes, se encuentra el embarazo. Es urgente atender no s�lo las consecuencias biol�gicas de los embarazos precoces sino, de manera especial, sus impactos psicosociales. Las adolescentes interrumpen bruscamente un proyecto de vida personal y sufren una fuerte discriminaci�n social. Hasta hace pocos a�os, las adolescentes estaban obligadas a retirarse de los horarios escolares diurnos. Esta sola medida presionaba a la deserci�n escolar. Aunque se ha establecido una normativa que permite a las alumnas embarazadas continuar sus estudios en sus propias escuelas y horarios habituales, subsisten resistencias y presiones que las inducen a abandonar sus clases regulares.

Acci�n 3.4.1. Evaluar el cumplimiento de la Circular No 247 del Ministerio de Educaci�n para retener a las adolescentes embarazadas en el sistema educativo. Analizar las razones de no cumplimiento, indagando sobre las formas de presi�n que se ejercen para que la alumna haga abandono de sus clases y sobre las dificultades que ellas enfrentan en su situaci�n, con el fin de proponer medidas que retengan a las alumnas en el sistema escolar.

Acci�n 3.4.2. Facilitar el acceso a salas-cuna de los hijos de estudiantes madres, que les permita completar sus estudios.

Acci�n 3.4.3. Proponer medidas que contribuyan a la reinserci�n en el sistema escolar de alumnas que han desertado y son madres adolescentes.

Acci�n 3.4.4 Implementar mecanismos de denuncia y sanci�n de acoso sexual a estudiantes tanto a nivel escolar como universitario.

Objetivo 3.5. Desarrollar programas formativos para las mujeres adultas que tengan en cuenta sus necesidades e intereses, que reduzcan el analfabetismo y faci- liten su incorporaci�n a la cultura e inserci�n o reinserci�n laboral.

A pesar del creciente acceso de las mujeres a la educaci�n, existen proporciones importantes de poblaci�n adulta que no ha concluido la educaci�n media ni aun la b�sica; esto se debe principalmente a las diferencias en el acceso a la educaci�n que exist�an cuando ellas estaban en edad escolar. La poblaci�n analfabeta se concentra en mujeres mayores, en especial en comunas rurales y en mayor medida entre las jefas de hogar.

Existen mujeres que por no realizar un trabajo fuera del hogar y estar sujetas por sus actividades al �mbito de lo dom�stico, ven restringida su participaci�n en la vida social, cultural y pol�tica. Esto genera un desaprendizaje y hasta analfabetismo por desuso, que tiene serias consecuencias en la reproducci�n de la pobreza.

Acci�n 3.5.1. Realizar un catastro y evaluar los programas de educaci�n de adultos existentes en los �mbitos estatales y privados en su calidad y accesibilidad para las mujeres.

Acci�n 3.5.2. Dise�ar medidas para mejorar el acceso de las mujeres a trav�s de la difusi�n de los programas existentes, adaptaci�n de horarios a las responsabilidades familiares y laborales, programas de cuidado infantil durante las horas de clases, becas para las mujeres de menores recursos y gratuidad para rendir ex�menes como alumnas libres para validar sus estudios.

Acci�n 3.5.3. Elaborar materiales did�cticos espec�ficos para la formaci�n de mujeres adultas.

Objetivo 3.6. Promover la realizaci�n de investigaci�n cient�- fica sobre la tem�tica de igualdad de oportunida- des, g�nero y de la mujer, en los aspectos de su condici�n social y biol�gica.

Los paradigmas de la ciencia no han sido ajenos a los prejuicios vigentes en cada sociedad; m�s aun, han contribuido a reforzarlos ya sea por restarle importancia a los problemas de grupos discriminados o por la interpretaci�n sesgada de ellos. Sin embargo, la ciencia tambi�n ha contribuido a develar esos prejuicios aportando conocimientos que explican fen�menos naturales y sociales y que permiten la construcci�n de instrumentos para la superaci�n de los problemas.

Los temas y problemas relacionados con la construcci�n de los g�neros, as� como su articulaci�n con otras relaciones sociales, son de reciente aparici�n. La producci�n cient�fica escasamente los aborda. A diferencia de otras relaciones sociales, las relaciones de g�nero son todav�a consideradas como un dato, como hechos naturales inmutables que no merecen la atenci�n de la investigaci�n cient�fica. De esta manera, los avances en cada disciplina tienen un car�cter sesgado.

Tambi�n existe un sesgo en la investigaci�n biol�gica y m�dica. Las concepciones sociales sobre el papel de mujeres y hombres ha influido en las prioridades de investigaci�n, en los conceptos de salud y enfermedad, en la interrelaci�n entre lo biol�gico y lo social, todo lo cual ha tenido influencias negativas en ambos g�neros, aunque de manera diferencial.

Por otra parte, la producci�n cient�fica de las mujeres no es suficientemente estimulada ni conocida, sus resultados son poco difundidos y no permean suficientemente la corriente princi- pal de la producci�n de conocimientos. Las mujeres cient�ficas son pocas y escasamente reconocidas.

De esta manera, la producci�n cient�fica enfrenta dos importantes desaf�os: incorporar la dimensi�n de g�nero a la producci�n cient�fica en general y enriquecer los avances en las distintas disciplinas con la producci�n de las mujeres.

Acci�n 3.6.1. Focalizar parcialmente los concursos de proyectos de investigaci�n del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnolog�a (FONDECYT) y otros fondos de promoci�n de la investigaci�n, en estudios e investigaciones de g�nero y en problemas de las mujeres en distintos campos de la ciencia y la tecnolog�a.

Acci�n 3.6.2. Promover las investigaciones necesarias que permitan detectar los mecanismos que impiden la real igualdad de oportunidades en el campo de la producci�n cient�fica y tecnol�gica.

Acci�n 3.6.3. Estudiar la implementaci�n de medidas espec�ficas que aseguren un acceso igualitario de las mujeres a los espacios de formaci�n, producci�n y difusi�n del conocimiento.


Objetivo 3.7. Mejorar la producci�n y difusi�n de conocimiento estad�stico sobre la situaci�n de mujeres y hombres y su evoluci�n en distintos �mbitos de la vida social.

Las estad�sticas sobre la situaci�n de hombres y mujeres tiene una importancia fundamental para visibilizar la existencia de la discriminaci�n de oportunidades y de resultados. Precisar la extensi�n, la gravedad y los efectos de una situaci�n, permite mostrar a la opini�n p�blica, al Estado y a otras instancias de decisi�n la necesidad de implementar mecanismos que contrarresten la discriminaci�n.

Al mismo tiempo, la sola existencia de estad�sticas que consideren las diferencias asociadas al sexo, da la oportunidad de confrontar los supuestos y prejuicios con los que se opera en el proceso de toma de decisiones con la realidad. En este mismo sentido, las estad�sticas son tambi�n un instrumento que ayuda a evaluar los efectos de pol�ticas generales sobre la situaci�n de las mujeres.


Finalmente, un sistema de estad�sticas de g�nero tiene la virtud de constituir una suerte de "sistema de alerta" que identifica tempranamente las situaciones o �mbitos donde las diferencias entre hombres y mujeres se acrecientan o donde no muestran cambios con las acciones que se emprenden para modificarlos y que merecen por tanto un an�lisis especial.

Acci�n 3.7.1. Adoptar las medidas necesarias para que las estad�sticas de todos los sectores tengan desagregaci�n por sexo y generar indicadores que muestren la situaci�n de las mujeres y su evoluci�n.

Acci�n 3.7.2. Publicaci�n de informaci�n estad�stica sint�tica y de f�cil comprensi�n para difundir el conocimiento sobre la situaci�n de las mujeres y la igualdad de oportunidades de g�nero.

Acci�n 3.7.3 Incorporar en las estad�sticas el valor econ�mico del trabajo dom�stico.


IV

PROMOVER UNA IMAGEN SOCIAL PLURAL Y NO DISCRIMINATORIA DE LAS MUJERES EN LA CULTURA Y LA COMUNICACION


La relaci�n entre la mujer, como sujeto social y cultural, y los medios de comunicaci�n masivos es de gran importancia para la profundizaci�n de la democracia y el desarrollo del pa�s.

Los medios de comunicaci�n social son elementos fundamentales en la configuraci�n del imaginario colectivo, en el cual est�n representados identidades, roles, actividades y relaciones que se establecen entre los diversos sujetos sociales. Entre estas representaciones se encuentran las im�genes de lo que son y lo que deben ser las mujeres, tanto en sus aspectos subjetivos como en lo que se refiere a su participaci�n concreta en las diferentes actividades de la sociedad.

Investigaciones de audiencia han demostrado que hombres y mujeres establecen una relaci�n con la propuesta de los medios de comunicaci�n, sea identific�ndose y reconoci�ndose en ella, sea desconoci�ndose en las im�genes difundidas. A trav�s de esta relaci�n, la propuesta comunicativa de los medios, principalmente la narrativa, la publicidad y todos aquellos mensajes que muestran modelos de comportamiento, reales y posibles, influye en la autoestima de las personas, en sus percepciones respecto de las oportunidades que tienen en la vida, en los roles que desempe�an o pueden desempe�ar seg�n sea su sexo, etnia, edad, aspecto f�sico, origen geogr�fico o sector socioecon�mico al que pertenece.

La imagen de la mujer que proyectan los medios de comunicaci�n masiva sigue siendo distorsionada, y refuerza una identidad reduccionista y negadora de la diversidad de roles que las mujeres pueden asumir. Permanecen ausentes de los mensajes de los medios, los aportes de las mujeres en �reas no dom�sticas.

La identificaci�n de las mujeres con esa imagen representa un obst�culo para que ellas se puedan insertar en los m�s variados �mbitos de la vida social, econ�mica, pol�tica y cultural del pa�s en igualdad de oportunidades.


Objetivo 4.1. Promover la eliminaci�n del uso de im�genes dis- criminatorias y reduccionistas de las mujeres en los medios de comunicaci�n masiva.

La identidad de la mujer que es proyectada en los medios de comunicaci�n es arcaica. No refleja los logros de las mujeres ni tampoco su participaci�n en la pol�tica, en la econom�a, en la vida social y cultural del pa�s. La visi�n de los medios de comunicaci�n reduce la diversidad y la complejidad a estereotipos, utiliz�ndose la imagen femenina de manera agresiva y lesiva a la dignidad de las mujeres.

Acci�n 4.1.1. Proyectar una imagen realista y plural de la mujer en los mensajes y campa�as que se emitan desde el Gobierno y sus organismos hacia la sociedad.

Acci�n 4.1.2. Designar especialistas de alta calificaci�n
propuestos por el SERNAM, en todos aquellos organismos colegiados que definen pol�ticas p�blicas de comunicaciones (Directorio de Televisi�n Nacional y Consejo Nacional de Televisi�n).

Acci�n 4.1.3. Promover ante el Consejo Nacional de Autorregulaci�n Publicitaria (CONAR) la incorporaci�n de normas que impulsen la eliminaci�n de im�genes discriminatorias y reduccionistas de la mujer en publicidad.


Objetivo 4.2 Potenciar la participaci�n de las mujeres en los niveles de decisi�n en los medios de comunicaci�n.

Las mujeres profesionales de la comunicaci�n raramente acceden a cargos de direcci�n y gesti�n. El resultado de esta escasa presencia es la baja incidencia de las mujeres en la toma de decisiones que involucran las comunicaciones.

Acci�n 4.2.1. Proponer la creaci�n de un comit� que eval�e
sistem�tica y permanentemente la participaci�n de las mujeres en el empleo en los medios de comunicaci�n, y que proponga a la Secretar�a General de Gobierno, a las asociaciones empresariales y gremiales de la comunicaci�n, medidas en torno a la participaci�n profesional de las mujeres en los medios. Este comit� debe crear una base de datos sobre el tema y estar dotado de presupuesto para dar a conocer sus conclusiones y recomendaciones.

Acci�n 4.2.2. Promover el perfeccionamiento de la formaci�n profesional de las comunicadoras en �reas de jefatura, liderazgo, gesti�n, administraci�n y en la tem�tica de g�nero.


Objetivo 4.3. Estimular la participaci�n de las mujeres como voceras de temas p�blicos en los medios de comunicaci�n.

La ausencia o presencia de la mujer influye en las personas consumidoras de medios de comunicaci�n. Es importante que las mujeres aparezcan como voceras de temas p�blicos, aumentando su visibilidad con relevancia social, aportando sus puntos de vista y su ejemplo.

Acci�n 4.3.1. Realizar seminarios y talleres de capacitaci�n en comunicaci�n a mujeres l�deres y profesionales.


Objetivo 4.4. Promover, a trav�s de los medios de comunicaci�n, la incorporaci�n en la agenda p�blica de las diversas realidades y aportes de las mujeres a los distintos �mbitos de la vida social, cultural y econ�mica, respetando la diversidad de identida- des, valores y experiencias de las mujeres.

La ausencia de las mujeres en los medios de comunicaci�n se refleja tambi�n en el hecho de que su condici�n social no es reconocida como tema de debate p�blico. La puesta en la agenda p�blica de los temas de la realidad de las mujeres, de sus experiencias y de la diversidad y complejidad de su vida cotidiana, contribuye a crear opini�n p�blica, lo que facilita la elaboraci�n e implementaci�n de pol�ticas p�blicas sobre estos temas.

Acci�n 4.4.1. Fomentar las iniciativas innovadoras, especialmen- te en el �mbito de la radiodifusi�n y televisi�n respecto de la representaci�n social de la mujer en los medios, a trav�s de la creaci�n de un fondo nacional concursable.

Acci�n 4.4.2. Crear Centros de Documentaci�n en las principales regiones del pa�s donde se concentran los medios masivos de comunicaci�n, con informaci�n completa y actualizada sobre la realidad de las mujeres, sus iniciativas y experiencias, de modo de facilitar a los profesionales de los medios un adecuado acceso a las fuentes. Difundir la existencia y fomentar el acceso de los medios a los Centros de Documentaci�n.

Acci�n 4.4.3. Crear en las bibliotecas dependientes de la Direcci�n de Bibliotecas, Archivos y Museos, una secci�n especializada en tem�ticas de g�nero.


Acci�n 4.4.4. Producir una sensibilizaci�n sistem�tica y permanente de los decisores en los medios de comunicaci�n (empresarios y profesionales), en torno a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la problem�tica de g�nero.

Acci�n 4.4.5. Realizar una campa�a estrat�gica de comunicaci�n, a seis a�os plazo, planificada y ejecutada por el SERNAM y difundida a trav�s de los medios masivos sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


Objetivo 4.5. Perfeccionar sustancialmente la informaci�n de las mujeres sobre sus derechos y sobre las oportunida- des para mejorar su calidad de vida y condici�n social.

Estudios demuestran que las mujeres, especialmente las m�s pobres, obtienen de los medios una gran cantidad de informaci�n respecto a los servicios a que pueden acceder, a las oportunidades de desarrollo que tienen en la vida y a c�mo solucionar sus problemas de la vida cotidiana. En el ejemplo y en las informaciones vehiculadas, principalmente a trav�s de la radio, reside el rol educativo de los medios de comunicaci�n masiva, que pueden contribuir de manera significativa al cambio cultural necesario para mejorar la condici�n social de la mujer.

Acci�n 4.5.1. Impulsar y alimentar a nivel nacional, una red interministerial de informaci�n hacia las mujeres.

Acci�n 4.5.2. Realizar convenios entre la red interministerial de informaci�n y las radios regionales y locales para difundir informaci�n �til para las mujeres.


Objetivo 4.6. Promover la participaci�n y la iniciativa de las mujeres en el desarrollo cultural.

Existen pocos espacios institucionales y mecanisnos espec�ficos que compensen la desigualdad existente en el acceso y valoraci�n de las mujeres en la producci�n art�stica y cultural.

Acci�n 4.6.1. Focalizar parcialmente los recursos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes en las iniciativas de las mujeres.

Acci�n 4.6.2. Crear un Premio Nacional que estimule el tratamiento no discriminatorio de la mujer en los medios de comunicaci�n.

Acci�n 4.6.3. Crear un Premio Nacional que estimule la creaci�n de las mujeres en los distintos �mbitos de la cultura.


V


FACILITAR EL ACCESO Y MEJORAR LA POSICION
DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO


La econom�a chilena se enfrenta a la necesidad de transformar sus estructuras productivas para incrementar su competitividad y consolidar su inserci�n en el mercado internacional. Este proceso requiere de un crecimiento de la productividad y una eficiente utilizaci�n de los recursos, fundamentalmente la fuerza de trabajo. La disponibilidad de mano de obra en cantidad y calidad adecuadas a las exigencias del crecimiento y modernizaci�n econ�mico-social del pa�s constituye un requisito indispensable. En este sentido, resulta importante potenciar el aporte de la mano de obra femenina y mejorar las condiciones en las cuales �sta se desempe�a.

Un tercio de la fuerza de trabajo chilena est� constituida por mujeres que contribuyen, desde diversos sectores, al crecimiento econ�mico del pa�s. En los �ltimos a�os la tasa de participaci�n de las mujeres en el mercado de trabajo ha crecido significativamente y la poblaci�n activa femenina aument� 83% entre 1970 y 1990.

Sin embargo, la mujer trabajadora enfrenta, con mayor frecuencia que el hombre, los siguientes obst�culos: dificultades de acceso al mercado laboral, interferencia de las responsabilidades dom�sticas, segregaci�n en el mercado de trabajo, precariedad de las condiciones de trabajo, discriminaci�n salarial y, en el acceso a los factores de producci�n, ubicaci�n en ocupaciones de menor calificaci�n y dificultad de acceso a puestos de direcci�n.

A pesar de su favorable evoluci�n, la tasa de participaci�n femenina, de aproximadamente 34%, es sustancialmente inferior a la masculina que supera el 75%, aun considerando que las cifras de participaci�n femenina sufren cierto subregistro. Por otra parte, el desempleo de las mujeres es persistentemente m�s alto que el de los hombres y el empleo en condiciones precarias afecta en mayor medida a las mujeres.

Adicionalmente, se observa una segregaci�n en el mercado de trabajo por rama de actividad, oficios y categor�as ocupacionales. Las mujeres tienden a concentrarse en un n�mero reducido de oficios, mientras que los hombres tienen acceso a una gama m�s amplia de alternativas laborales.

En cuanto a su educaci�n, las mujeres muestran mayor nivel de instrucci�n formal que los hombres. La proporci�n de ocupadas que tiene estudios superiores es el doble que la de los hombres ocupados y es m�s alta la proporci�n de ellos que no han completado la educaci�n b�sica. Esta situaci�n se repite en el caso de la poblaci�n desocupada, donde las mujeres tambi�n tienen mayor escolaridad que los hombres. Los datos confirman, por lo tanto, que el nivel educacional de las mujeres no se corresponde con su situaci�n ocupacional, dando lugar a una utilizaci�n ineficiente de los recursos humanos.

A pesar que un nivel educacional m�s alto las faculta para mejores resultados en la capacitaci�n, las mujeres tienen un menor acceso a la misma, en especial a aqu�lla que permite una inserci�n laboral en mejores condiciones.

Tampoco la situaci�n educacional de las mujeres se refleja en el reconocimiento del valor de su trabajo. Las remuneraciones que perciben son sustancialmente inferiores a las de los hombres; asimismo, se ha detectado que a medida que aumenta el nivel educacional, esta diferencia es m�s acentuada y llega, en el caso de las mujeres que poseen t�tulo universitario o equivalente, a ingresos que apenas superan la mitad del que perciben los hombres con el mismo nivel. Adem�s de la discriminaci�n salarial, esto indica la mayor concentraci�n de las mujeres en profesiones y oficios menos valorados en t�rminos de remuneraci�n y menor acceso a los niveles jer�rquicos altos.

La situaci�n de la mujer en el mercado de trabajo es expresi�n de las contradicciones entre la divisi�n sexual del trabajo y las exigencias derivadas del modelo de desarrollo econ�mico y social. Tradicionalmente, los roles sociales de hombres y mujeres se establecieron sobre la base de una estructura familiar en la cual el hombre asume su rol de proveedor y garante de la sobrevivencia de la familia, mientras que la mujer circunscribe su �mbito de acci�n al hogar. En este esquema, el hombre es considerado en la sociedad, por su vinculaci�n con el trabajo remunerado y la mujer por su rol de madre y esposa.

En la medida que en las �ltimas d�cadas han ido cambiando los patrones culturales y econ�micos, la participaci�n en el espacio del trabajo remunerado ha devenido elemento definitorio de la calidad de vida de las mujeres, independientemente de su estado civil, y tambi�n de sus familias. Si para las mujeres jefas de hogar el ingreso proveniente del trabajo remunerado es imprescindible, se ha visto que tambi�n en el caso de aquellas que comparten la mantenci�n del grupo familiar su aporte econ�mico es indispensable.

El logro de una mayor equidad social en Chile pasa por la inserci�n laboral femenina. Se observa que las mujeres ubicadas en los estratos de menor ingreso son justamente las que muestran las menores tasas de participaci�n en la fuerza de trabajo.

A pesar de la percepci�n de los beneficios derivados del trabajo remunerado, m�s de dos tercios de las mujeres en edad de trabajar se encuentran inactivas en lo que a mercado de trabajo se refiere. Entre los principales factores que explican su no participaci�n en la fuerza de trabajo se encuentran las tareas dom�sticas y el cuidado de los ni�os.

En este marco, se hace necesario, entonces, adoptar acciones espec�ficas no s�lo para incrementar la inserci�n laboral de las mujeres sino tambi�n mejorar las condiciones bajo las cuales ellas se desempe�an en el mundo del trabajo, con el objeto de alcanzar la equidad entre hombres y mujeres.

Implementar pol�ticas de igualdad de oportunidades en el trabajo requiere combinar los objetivos de integraci�n en un mundo concebido con criterios masculinos, junto con el objetivo de cambiar esas referencias incluyendo las particularidades que implica ser mujer trabajadora y las transformaciones en las relaciones de g�nero, tanto en el trabajo como en el hogar. Orientar la acci�n exclusivamente en direcci�n a la integraci�n en el modelo dominante no es consecuente con el objetivo de la integraci�n con igualdad de oportunidades. Es necesario hacer visible la contradicci�n p�blico/privado y cambiar esa relaci�n tanto para los hombres como para las mujeres. La igualdad de oportunidades supone el dise�o de estrategias que disminuyan los obst�culos y desarrollen y aprovechen las potencialidades de las mujeres.

Las acciones propuestas est�n orientadas a dar cauce a la voluntad de las mujeres de participar en el mundo del trabajo remunerado, contemplando la necesidad de ampliar su disponibi- lidad laboral a trav�s de un reparto m�s equitativo de las tareas familiares y haciendo compatible el trabajo con el ejercicio de la maternidad y la paternidad; mejorar el acceso a la informaci�n y capacitaci�n acorde con las necesidades del mercado y con las oportunidades de desarrollo profesional equitativo; entregar una formaci�n integral -m�s all� de la capacitaci�n t�cnica- para enfrentar el mundo laboral y los prejuicios de que son objeto las mujeres aumentando su conocimiento sobre las formas en que se produce y reproduce la discriminaci�n. Esto les permitir� dise�ar estrategias eficientes para superar los obst�culos del mercado de trabajo a la vez que mejorar el acceso de las mujeres al desarro- llo empresarial. Al mismo tiempo, es necesario sensibilizar a los empleadores sobre las ventajas de la incorporaci�n equitativa de la mujer al empleo y producir cambios culturales respecto del trabajo femenino y en los modelos r�gidos de carreras profesionales.


Objetivo 5.1. Facilitar el acceso a la informaci�n y orientaci�n ocupacional y diversificar las opciones ocupacionales de las mujeres.

Los servicios de informaci�n y orientaci�n est�n destinados a facilitar el acceso a empleos de calidad tomando el proceso en su conjunto como un itinerario que va desde la informaci�n hasta el puesto de trabajo. Esto permite acciones m�s eficaces que la implementaci�n de manera independiente de las actividades de informaci�n, capacitaci�n y b�squeda de empleo. Se ha comprobado que la capacitaci�n muchas veces desemboca en desocupaci�n o inactividad calificada en lugar de empleo. Estos servicios llevan a mejorar el funcionamiento del mercado laboral aumentando su transparencia y disminuyendo los costos de la movilidad laboral.

Est� demostrado que el mercado, en t�rminos generales, margina o coloca a las mujeres en puestos de trabajo de peor calidad. Por lo tanto, las acciones en relaci�n al fomento del empleo deben incluir en su dise�o y desarrollo, las particularidades que las mujeres enfrentan en el mercado laboral lo cual significa elaborar instrumentos apropiados de informaci�n, orientaci�n, capacitaci�n y b�squeda de empleo. A la vez debe tomarse en cuenta la heterogeneidad en sus trayectorias laborales, intereses, habilidades y disponibilidad para el trabajo que requieren diversidad en la planificaci�n de itinerarios para acceder al empleo y para el dise�o de sus proyectos laborales.

El D.F.L. No 1 de l989 designa al SENCE como el organismo encargado de fiscalizar e impartir normas t�cnicas requeridas para el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Colocaci�n. Acorde con estas funciones se ha comenzado a implementar un plan piloto de informaci�n y orientaci�n para el empleo que considere
la heterogeneidad de la oferta de trabajo a trav�s de un programa adecuado de detecci�n de intereses y potencialidades, requerimientos de capacitaci�n y opciones disponibles as� como orientaci�n para la b�squeda de empleo e intermediaci�n con la demanda de trabajo.

Acci�n 5.1.1. Incorporar en el Sistema Nacional de Informaci�n y Orientaci�n para el Empleo (SNIO) instrumentos que detecten y tomen en cuenta las necesidades espec�- ficas de las mujeres. Implementaci�n de un proyec- to de capacitaci�n t�cnica SERNAM-OIT-SENCE, para el desarrollo de instrumentos adecuados para la orientaci�n y acompa�amiento en la b�squeda de empleo introduciendo la dimensi�n de g�nero como uno de los aspectos de la heterogeneidad de la oferta de trabajo que requiere especial atenci�n.

Acci�n 5.1.2. Formar al personal de las Oficinas Municipales de Colocaci�n sobre la problem�tica de la mujer y el trabajo para una adecuada implementaci�n del Sistema Nacional de Informaci�n y Orientaci�n para el Empleo.

Acci�n 5.1.3. Elaboraci�n de un manual para la b�squeda de empleo para mujeres a trav�s del proyecto SERNAM-OIT-SENCE.

Acci�n 5.1.4. Entregar informaci�n y preformaci�n t�cnica para fundamentar elecciones laborales diversificadas y conocimientos sobre las habilidades necesarias para ellas. Se realizar�n materiales con informaci�n sobre ocupaciones nuevas o las generalmente consideradas masculinas para ser difundidos a trav�s de los Centros de Informaci�n de los Derechos de la Mujer (CIDEM) del SERNAM, OMC y otros programas de empleo.


Objetivo 5.2. Adecuar la capacitaci�n de las mujeres a las necesidades del mercado y de su desarrollo laboral.

Mejorar la calidad de la formaci�n de las mujeres tiene varios componentes. Significa obtener mayor diversificaci�n de las calificaciones y mayor relaci�n con las necesidades del empleo, incluyendo el reentrenamiento en los casos de reconversi�n productiva. Tambi�n significa lograr competencias m�s creativas, innovadoras y flexibles; otorgando a las trabajadoras la polivalencia necesaria para los cambios tecnol�gicos y organizativos. Al mismo tiempo, la capacitaci�n debe contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos de mayor responsabilidad a trav�s de la capacitaci�n continua. Y por �ltimo, implica preparar a las mujeres para enfrentar los obst�culos que el mercado de trabajo les impone producto de estereotipos culturales r�gidos que deterioran la autoestima y seguridad necesaria para el �xito profesional, y a la vez promover las aptitudes tradicionalmente femeninas que hoy d�a se empiezan a valorar.

Por lo tanto, la capacitaci�n y formaci�n para el empleo con metodolog�as y contenidos apropiados a la especificidad de la situaci�n de las mujeres, se constituyen en elementos fundamentales para asegurar la igualdad de oportunidades en el mundo laboral.

Acci�n 5.2.1. Impulsar programas de capacitaci�n polivalente para el acceso al empleo, que incluyan tanto la capacitaci�n t�cnica en ocupaciones no tradicionales y con perspectivas de desarrollo laboral, como la entrega de instrumentos para enfrentar los obst�culos que el mercado de trabajo impone.

Acci�n 5.2.2. Asegurar la debida representaci�n de mujeres j�venes en el Programa de Capacitaci�n de J�venes del Ministerio del Trabajo y Previsi�n Social, velando por su capacitaci�n en especialidades no tradicionales y con futuro profesional que permitan ampliar sus oportunidades ocupacionales.

Acci�n 5.2.3. Considerar las necesidades espec�ficas de reciclaje de las mujeres en el estudio del Fondo de Reconversi�n Laboral, teniendo en cuenta la necesidad de superar la segmentaci�n del mercado laboral

Acci�n 5.2.4. Considerar las necesidades espec�ficas de las mujeres trabajadoras en los estudios e implementaci�n futura del Fondo Nacional de Capacitaci�n.

Acci�n 5.2.5. Promover la participaci�n de las mujeres en los programas de capacitaci�n y entrenamiento continuos. Esto requiere facilitar los horarios en que la capacitaci�n se realiza, adecuar los horarios de cuidado infantil y sensibilizar a los empresarios sobre la conveniencia del entrenamiento requerido para el desarrollo del puesto actual del trabajo y de la capacitaci�n para la promoci�n laboral.

Acci�n 5.2.6. Ampliar la representaci�n de mujeres y el l�mite de edad, a trav�s de una mayor cobertura de programas v�a becas del SENCE, Ministerio del Trabajo.


Objetivo 5.3. Facilitar el acceso al trabajo de las mujeres y hacer compatible la realizaci�n de un trabajo con el ejercicio de la maternidad y la paternidad.

La participaci�n en el trabajo remunerado no debe ser incompatible con las necesidades de la familia y del desarrollo personal, tanto para las mujeres como para los hombres. Compartir entre ambos g�neros las responsabilidades de lo dom�stico y del cuidado de los hijos, implementar una infraestructura p�blica y regulaciones apropiadas para tales fines, as� como una organizaci�n del trabajo para hombres y mujeres acordes con esas necesidades, son elementos indispensables para alcanzar la igualdad de oportunidades tanto en el desempe�o laboral como en la vida familiar y personal.

Acci�n 5.3.1. Apoyar la tramitaci�n en el Congreso Nacional del proyecto de ratificaci�n de los Convenios No 103 y 156 de la OIT sobre protecci�n de la maternidad e igualdad de oportunidades y de trato para trabaja- dores y trabajadoras con responsabilidades fami- liares.

Acci�n 5.3.2. Estudiar la implementaci�n de la jornada de horario flexible y parcial para mujeres y hombres, sus posibilidades y limitaciones tomando en consideraci�n las regulaciones necesarias para evitar los efectos negativos hacia las trabajadoras, en especial en lo referido a limitaciones en el desarrollo de carreras laborales y en los derechos previsionales.

Acci�n 5.3.3. Impulsar programas de cuidado infantil para hijos de trabajadoras/es utilizando recursos existentes y opciones disponibles.

Acci�n 5.3.4. Estudiar y proponer un sistema de cuidado infantil integral que considere la nueva realidad del empleo femenino, que redefina la obligaci�n que al respecto tienen las empresas e impida la discrimi- naci�n actual. Este proceso debe desarrollarse en una instancia tripartita: empresarios, trabajado- res y Estado.
Acci�n 5.3.5. Estudiar el establecimiento de franquicias tributarias para las empresas que otorguen el servicio de cuidado infantil a sus trabajado- res/as.

Acci�n 5.3.6. Estudiar la implementaci�n del permiso postnatal, opcional entre padre y madre en el per�odo que excede el necesario para que la madre se recupere del parto, radicando en la mujer el derecho de elegir cu�l de los progenitores har� uso de �l.

Acci�n 5.3.7. Ampliar la edad de los ni�os para cuidado por enfermedad, actualmente limitado al primer a�o de vida.


Objetivo 5.4. Mejorar la calidad del empleo de las mujeres.

La calidad de los empleos en que se desempe�an las mujeres es un aspecto fundamental del proceso de desarrollo con equidad.
Las mujeres tienen una mayor concentraci�n en empleos de menor calidad, con menor estabilidad, condiciones de trabajo menos fiscalizadas y menores remuneraciones.

Acci�n 5.4.1. Ampliar y hacer m�s expedita, �gil y eficiente la fiscalizaci�n de las condiciones de trabajo y hacerla extensiva al trabajo de casa particular. Para ello ser� necesario aumentar la planta de inspectores y calificarlos en aspectos espec�ficos del trabajo femenino.

Acci�n 5.4.2. Estudiar las condiciones en que se desarrolla el trabajo a domicilio y dise�ar normativas para su consideraci�n como relaci�n laboral regida por el C�digo del Trabajo, con las especificidades que este tipo de inserci�n implica.

Acci�n 5.4.3. Regular el suministro de equipos adecuados de protecci�n y otorgar capacitaci�n para el uso de ellos y para la prevenci�n de riesgos laborales; mejorar la fiscalizaci�n de las condiciones de salud y riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Acci�n 5.4.4. Revisar y renovar la clasificaci�n de enfermedades profesionales que establece la Ley No 16.744 y adecuarla a las enfermedades que con mayor frecuencia sufren las trabajadoras de los distintos sectores de la actividad econ�mica.

Acci�n 5.4.5. Implementar mecanismos de denuncia y sanci�n de discriminaci�n y acoso sexual en el trabajo a trav�s de la Inspecci�n del Trabajo.

Acci�n 5.4.6. Implementar programas que contribuyan a desarro- llar la capacidad productiva de las mujeres campesinas. Modificar el acceso al Programa de Transferencia Tecnol�gica de las mujeres, para que �stas ingresen directamente y no s�lo en calidad de esposas de los beneficiarios.

Acci�n 5.4.7. Analizar los diferenciales de remuneraciones por sexo y realizar estudios para fijar criterios de equivalencia en el valor de los puestos de trabajo, que permitan la implementaci�n del Convenio No 100 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneraciones para trabajos de igual valor.

Acci�n 5.4.8. Estudiar el impacto de los cambios tecnol�gicos y de la organizaci�n del trabajo sobre la calidad del empleo por sexo y sobre la igualdad de oportunidades.

Acci�n 5.4.9. Estudiar la factibilidad de legislar sobre el acoso sexual y de contemplar la obligaci�n de las instituciones empleadoras, de apoyar la investi- gaci�n de los casos que se presenten en su �mbito.

Acci�n 5.4.10. Confeccionar y difundir manuales explicativos para prevenir el acoso sexual y difundirlos a trav�s de instituciones empleadoras.

Acci�n 5.4.11. Estudiar y promover incentivos para alentar a las empresas a introducir planes de acci�n positiva para mejorar el acceso de las mujeres a cargos de decisi�n.

Acci�n 5.4.12. Estudiar la incorporaci�n de programas de acci�n positiva en la administraci�n p�blica.

Acci�n 5.4.13. Promover el desarrollo de programas de liderazgo y planificaci�n estrat�gica para mujeres en la administraci�n p�blica y la empresa privada.

Acci�n 5.4.14. Promover la creaci�n de jardines infantiles en las regiones con mayor concentraci�n de mano de obra femenina.


Objetivo 5.5. Sensibilizar a los empleadores para asegurar la incorporaci�n al empleo y el desarrollo de carreras laborales equitativas entre mujeres y hombres.

Los empleadores comparten y refuerzan los prejuicios existentes sobre cu�les son los trabajos apropiados para las mujeres y sostienen mitos respecto de las dificultades de contratarlas y para asignarles cargos de toma de decisiones. Inclusive esta es una de las causas del fracaso de programas de capacitaci�n en la medida en que las mujeres no tienen asegurada su colocaci�n en el mercado de trabajo en una ocupaci�n acorde con la capacitaci�n adquirida.

Acci�n 5.5.1. Promover la difusi�n de experiencias exitosas que ampl�en la percepci�n sobre las posibilidades y las ventajas de la incorporaci�n con equidad de las mujeres en el mundo laboral.

Acci�n 5.5.2. Impulsar desde el Estado experiencias piloto en la empresa privada, que tengan como objetivo espec�- fico ampliar el acceso de mujeres, capacitarlas para puestos de trabajo con expectativas favora- bles y promoverlas.

Acci�n 5.5.3. Difundir las experiencias exitosas de inserci�n de mujeres en empleos no tradicionales.


Objetivo 5.6. Estimular la capacidad empresarial femenina.

Existe un inter�s expl�cito de las mujeres por desarrollarse como empresarias. De hecho, el n�mero de empleadoras est� creciendo de manera m�s acelerada que el de empleadores. Sin embargo, las expectativas sociales tradicionales, la menor experiencia acumulada en relaci�n a la gesti�n y las dificultades del acceso a la capacitaci�n y al sistema bancario son factores que obstaculizan este proceso.

Acci�n 5.6.1. Impulsar programas de capacitaci�n t�cnica y de gesti�n para la formaci�n y mejor desempe�o de las mujeres empresarias. Introducir en los distintos instrumentos de fomento un espacio preferencial para mujeres.

Acci�n 5.6.2. Impulsar y reforzar l�neas preferenciales para mujeres empresarias que otorguen asesor�a para la obtenci�n de cr�ditos. Esto permite favorecer la incorporaci�n de mujeres a los circuitos de cr�ditos establecidos en el sistema financiero y obtener al mismo tiempo la capacitaci�n requerida en el proceso mismo de operar con la banca.

Acci�n 5.6.3. Estimular la incorporaci�n de mujeres a las organizaciones empresariales.


Objetivo 5.7. Garantizar una efectiva y adecuada cobertura del sistema de seguridad social a las mujeres trabajadoras.

Considerando que la maternidad cumple una funci�n para la sociedad en su conjunto, es necesario que la seguridad social otorgue protecci�n sin discriminaci�n a todas las trabajadoras cualquiera sea su inserci�n laboral; actualmente los subsidios maternales no operan cuando la madre no est� empleada al momento de comenzar el per�odo de descanso prenatal. En el caso de las trabajadoras de casa particular, por no tener derecho al fuero maternal, son generalmente despedidas de su trabajo antes de llegar al momento del permiso prenatal. A la vez, el sistema de seguridad social excluye a un n�mero considerable de trabajadoras con ocupaciones precarias o temporales de la protecci�n de salud y de vejez y el sistema privado de salud previsional discrimina en contra de las mujeres, especialmente aquellas en edad f�rtil.

Acci�n 5.7.1. Revisar los mecanismos existentes de subsidios de maternidad para las madres trabajadoras, que por las caracter�sticas de su ocupaci�n se ven impedi- das de cumplir los requisitos para acceder al subsidio, en especial las trabajadoras de casa particular y las trabajadoras de temporada.

Acci�n 5.7.2. Estudiar mecanismos que aseguren protecci�n social, de salud y de vejez al empleo precario y discontinuo, categor�as que est�n cubiertas mayoritariamente por mujeres.

Acci�n 5.7.3. Realizar estudios sobre la discriminaci�n de las mujeres en el sistema de ISAPRE y analizar f�rmulas de complementaci�n entre los subsistemas p�blico y privado.

Acci�n 5.7.4. Tener presente la situaci�n espec�fica de las mujeres trabajadoras en la elaboraci�n de mecanismos de seguridad social que protejan la contingencia del desempleo.

Acci�n 5.7.5. Realizar estudios sobre las discriminaciones existentes en el sistema de AFP y proponer medidas para su modificaci�n.


VI


MEJORAR LA SITUACION DE LA SALUD DE LAS MUJERES


La mujer tiene una mayor esperanza de vida que los hombres en Chile y en todos los pa�ses del mundo sobre los que se tiene informaci�n. Sin embargo, su mayor longevidad no est� ligada a una mejor calidad de vida. Los hombres y las mujeres acceden a los servicios de salud por causas distintas. La presencia de la mujer en el �mbito de la salud obedece a tres razones: primero en calidad de usuaria, especialmente por problemas de su salud reproductiva y derivados de su rol dom�stico y laboral. En segundo lugar, como agente de salud, por problemas vinculados con la salud de sus hijos y de su familia. En tercer lugar, la mujer como prestadora de servicios de salud, aludiendo a la atenci�n otorgada por el personal de salud que es mayoritariamente femenino.

La mujer se ha integrado en forma creciente a actividades laborales, contribuyendo tanto al desarrollo econ�mico del pa�s como al mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y, en consecuencia, a la superaci�n de los niveles actuales de pobreza.
En este marco, los efectos de la acumulaci�n de roles sobre su salud son desgaste, fatiga y problemas de salud mental.

Muchas mujeres que trabajan remuneradamente fuera de su hogar no disponen de tiempo ni dinero suficientes para destinar al cuidado de su salud. Despu�s de una vida de trabajo y desgaste, la mujer adulta mayor sufre una nueva discriminaci�n. M�s longeva que el hombre, constituye la parte predominante de la poblaci�n adulta mayor del pa�s. No hay para ella sistemas de prevenci�n de salud ni de atenci�n adecuada a sus necesidades. Tampoco tiene inserci�n en la sociedad lo cual genera aislamiento, sentimientos de soledad y abandono.

El modelo de atenci�n de salud aplicado en Chile durante d�cadas demostr� su eficacia en su tiempo, ya que era adecuado a la situaci�n epidemiol�gica. Sin embargo, ese modelo sustentado en una concepci�n biom�dica de la salud es insuficiente hoy d�a.

Actualmente, se justifica la necesidad de modificar el enfoque biom�dico hacia uno psicobiosocial centrado en un concepto m�s amplio de salud.

La mayor�a de los problemas de salud de las mujeres son evitables, por ello las acciones deben ser, preferentemente, de promoci�n y prevenci�n de la salud. Es, por lo tanto, necesario incorporar un enfoque integral que contemple todos los aspectos interrelacionados en materia de salud: informaci�n, promoci�n, prevenci�n y atenci�n m�dica; aspectos biom�dicos, psicol�gicos y psicosociales y considerar todas las etapas del desarrollo de las personas y no s�lo las ligadas a su funci�n reproductiva. Debe, en consecuencia, distinguir grupos de mujeres expuestas a riesgos espec�ficos de salud y que tienen necesidades variables seg�n las diferentes condiciones de vida de los distintos sectores sociales a los que pertenecen y a las distintas etapas de su ciclo de vida: trabajadoras, campesinas, due�as de casa, minor�as �tnicas, ancianas, embarazadas adolescentes, jefas de hogar.


Objetivo 6.1. Mejorar el conocimiento sobre la situaci�n de salud de las mujeres.

Acci�n 6.1.1. Promover la investigaci�n cient�fica epidemiol�gi- ca sobre problemas de salud emergentes de las mujeres, producto del desarrollo econ�mico social y los cambios culturales.

Acci�n 6.1.2. Mejorar los registros y sistemas de vigilancia epidemiol�gica.

Acci�n 6.1.3 Establecer mecanismos que permitan un seguimiento continuo de las enfermedades cuya importancia es relevante para las mujeres, por su alta incidencia en la mortalidad, tales como c�ncer c�rvico uterino, de mama, de v�as biliares o por el aumento de su prevalencia, como es el caso de las enfermedades de transmisi�n sexual y SIDA.


Objetivo 6.2. Mejorar la calidad de la atenci�n de salud a las mujeres, incorporando los factores biosicosociales en la programaci�n, planificaci�n y entrega de servicios.

La calidad actual de la atenci�n afecta a todos los usuarios de los servicios de salud. La mayor�a de los problemas no son exclusivos de las mujeres pero la afectan en mayor medida por ser ellas las principales consultantes en todos los niveles de salud.

Acci�n 6.2.1. Entrenar al personal de los servicios de atenci�n primaria para abordar de forma integral a la mujer consultante, de modo de elaborar un diagn�stico que considere no s�lo las circunstancias m�s inmediatas de sus problemas de salud, sino el entorno en que se desarrolla.

Acci�n 6.2.2. Entrenar al personal de salud para facilitar el acceso libre e informado de las mujeres a las prestaciones de salud.

Acci�n 6.2.3. Incorporar en las fichas de registro de informa- ci�n en los servicios de atenci�n primaria y se- cundaria, datos que permitan superar el enfoque de salud actual a fin de conocer, las tendencias de morbilidad de distintos grupos de mujeres: traba- jadoras, adultas mayores, adolescentes, campesi- nas, minor�as �tnicas y due�as de casa entre otros.

Acci�n 6.2.4. Promover la creaci�n de un sistema que permita centralizar la informaci�n sobre salud de toda la poblaci�n con el objeto de hacer posible el estudio de historias cl�nicas y de tendencias colectivas analizadas por sexo. Una forma utilizada en otros pa�ses es la "ficha �nica de salud".

Acci�n 6.2.5. Promover la creaci�n de maternidades separadas de las dependencias hospitalarias de patolog�a y con puertas abiertas, tanto a la participaci�n de las parejas en el parto, como al acompa�amiento de la familia en el postparto.

Acci�n 6.2.6. Replantear el programa de salud materno-perinatal en dos programas diferenciados dirigidos, espec�ficamente, uno a las necesidades de salud de la mujer y otro a las necesidades de desarrollo de los reci�n nacidos.


Objetivo 6.3. Mejorar el acceso a los servicios de atenci�n en salud, manteniendo la perspectiva de un enfoque integral.

Las condiciones de vida y de trabajo, as� como los horarios de atenci�n, dificultan el acceso de las mujeres a los servicios de salud. Al mismo tiempo, parte de las consultas son evitables con la debida informaci�n y consideraci�n de los problemas que genera la situaci�n de vida de las consultantes. Esto permite diagn�sticos m�s ajustados y la mejor comprensi�n de la paciente de su situaci�n, eliminando las repetidas consultas por s�ntomas inespec�ficos.

Acci�n 6.3.1. Investigar los motivos de consulta m�s frecuente de las mujeres de distintos sectores y el nivel de desarrollo de la enfermedad al momento de la consulta.

Acci�n 6.3.2. Investigar y estimar la magnitud de la no consulta en distintos sectores de mujeres y las razones que la inhiben.

Acci�n 6.3.3. Ampliar el tercer turno de atenci�n y los servicios de atenci�n primaria y de urgencia en todos los consultorios, dando prioridad a trabajadoras y jefas de hogar.

Acci�n 6.3.4. Descentralizar la atenci�n m�dica pedi�trica desde los consultorios y hospitales hacia los establecimientos educacionales, mediante visitas ambulatorias o peque�as dotaciones estables en los establecimientos m�s grandes, con el fin de aliviar a la madre en la tarea del cuidado de la salud de los hijos en edad escolar.

Acci�n 6.3.5. Promover acciones paralelas a la atenci�n m�dica, como la organizaci�n de grupos de discusi�n, de formaci�n y de terapia colectiva a cargo de profesionales del �rea de la salud en centros de atenci�n m�dica, con el objeto de generar cursos alternativos de conducta frente a los problemas de salud y disminuir as� la presi�n sobre la consulta m�dica.


Objetivo 6.4. Incorporar a la formaci�n y perfeccionamiento de profesionales de la salud una perspectiva integral de la medicina, que considere las necesidades y problemas espec�ficos de las mujeres de acuerdo a sus diferencias psicol�gicas, sociales, culturales y de edad.

Los fundamentos del modelo de salud predominante se transmiten y reproducen a trav�s de la formaci�n de los profesionales del �rea. Cualquier medida tendiente a cambiar la relaci�n m�dico-paciente debe estar apoyada por cambios en las actitudes y conocimiento de los/as profesionales de la salud respecto a las m�ltiples dimensiones que determinan la salud de las mujeres. Este objetivo se orienta a romper el enfoque curativo de la medicina actual y a la relaci�n m�dico-paciente desde la educaci�n misma.

Acci�n 6.4.1. Estudiar y sistematizar las percepciones, los valores y los prejuicios del personal m�dico y param�dico hacia la mujer en cada uno de los ciclos vitales.

Acci�n 6.4.2. Organizar cursos de formaci�n y reentrenamiento sobre el enfoque integral de salud, a cargo de un equipo interdisciplinario, que incorporen la espe- cificidad de las condiciones de vida y salud de las mujeres, dirigidos a los distintos estamentos de profesionales de la salud.

Acci�n 6.4.3. Incluir en los curr�culos de las carreras univer- sitarias, t�cnicas y de postgrado relacionadas con la salud, m�dulos de formaci�n en el enfoque inte- gral y la visi�n de g�nero y salud.


Objetivo 6.5. Impulsar programas de lucha contra el c�ncer en la poblaci�n femenina.

El c�ncer del aparato reproductor ocasiona el 28% de las muertes por c�ncer y el 5,8% del total de muertes de las mujeres. La mayor parte corresponde a c�ncer al cuello del �tero (38%) y a las mamas (39%). Ambos pueden ser considerados como una sobremortalidad por cuanto son en gran parte evitables mediante la aplicaci�n de medidas preventivas, detecci�n oportuna y tratamiento en casos iniciales.

Acci�n 6.5.1. Impulsar campa�as masivas para incentivar la realizaci�n de ex�menes de detecci�n precoz del c�ncer c�rvico-uterino y mamario.

Acci�n 6.5.2. Facilitar el acceso de las mujeres a los controles para detecci�n precoz del c�ncer, acercando estos servicios a la poblaci�n usuaria. Habilitar un mayor n�mero de locales fijos y m�viles, otorgar un permiso anual a las trabajadoras para la realizaci�n de los ex�menes y entrenar a todas las mujeres en el autoexamen de mamas.

Objetivo 6.6. Asegurar el derecho a una sexualidad libre de riesgos para la salud f�sica y mental de las mujeres.

En una sociedad, como la chilena, que muestra signos de una disminuci�n persistente de la fecundidad, es necesario que la sexualidad sea analizada, m�s all� de la reproducci�n humana.

Acci�n 6.6.1. Desarrollar programas informativos sobre las enfermedades de transmisi�n sexual, sobre su prevenci�n, s�ntomas y tratamientos, introduciendo las condiciones espec�ficas que enfrentan las mujeres.
Acci�n 6.6.2. Realizar estudios para conocer actitudes, im�genes personales y socialmente compartidas sobre sexua- lidad de las mujeres y de los hombres de distintos sectores sociales, edades, en las diferentes eta- pas de su ciclo de vida y de distintas etnias, a fin de dise�ar programas educativos tendientes a lograr una sexualidad sana.

Acci�n 6.6.3. Desarrollar, para mujeres y hombres, para j�venes, adultos y adultos mayores, programas formativos y de sensibilizaci�n orientados a lograr una vida sexual no violenta.


Objetivo 6.7. Asegurar el ejercicio de los derechos reproductivos y el acceso a la libre decisi�n sobre el n�mero y espaciamiento de los hijos.

La informaci�n y educaci�n as� como el acceso a las distintas formas de anticoncepci�n son indispensables para las decisiones responsables sobre maternidad y paternidad. De esta forma, cada persona puede asumir las que estime pertinentes de acuerdo a sus valores.


Acci�n 6.7.1. Desarrollar programas educativos masivos para asegurar el acceso a informaci�n exhaustiva sobre m�todos de control de la reproducci�n para toda la poblaci�n en edad f�rtil.

Acci�n 6.7.2. Proporcionar servicios adecuados y eficaces de anticoncepci�n y difundir la existencia de tales servicios. Enfatizar la incorporaci�n de los hombres adolescentes y adultos en las acciones de regulaci�n de la fecundidad.


Objetivo 6.8. Impulsar programas de prevenci�n y tratamiento integral del embarazo en adolescentes.

Las condiciones de embarazo adolescente conllevan potenciales riesgos biol�gicos y psicol�gicos en un contexto de conflictividad familiar que es necesario prevenir, as� como otorgar un tratamiento integral que evite las consecuencias negativas para el desarrollo de la madre y el hijo/a.

Acci�n 6.8.1. Promover la incorporaci�n en los curr�culos de los �ltimos a�os de la ense�anza b�sica y en la ense�anza media contenidos sobre sexualidad y reproducci�n e informaci�n cient�fica sobre prevenci�n de embarazos.

Acci�n 6.8.2. Crear en los centros m�dicos programas especiales de atenci�n y educaci�n a adolescentes focalizados en salud reproductiva, enfermedades de transmisi�n sexual y prevenci�n de embarazos no deseados.

Acci�n 6.8.3. Promover que se facilite el acceso a los m�todos anticonceptivos para los j�venes que por libre decisi�n lo soliciten, a trav�s de una adecuada normativa.


Acci�n 6.8.4. Incentivar la detecci�n precoz de los factores de riesgo para prevenir las complicaciones de salud en la adolescente-madre y su hijo a trav�s del oportuno control prenatal y postnatal integral.


Objetivo 6.9. Mejorar la prevenci�n de muerte y salud materna en los procesos perinatales.

Las muertes maternas han disminuido, desde 1951, con 27,6 por cada diez mil nacidos vivos hasta 4,1 en 1989. Se adjudica esta disminuci�n al aumento de la atenci�n profesional del parto, al uso progresivo de anticonceptivos y a la disminuci�n del n�mero de abortos hospitalizados.

Las causas de muerte materna, en orden de importancia, son actualmente las complicaciones del embarazo, del aborto, del puerperio y complicaciones en el trabajo de parto. Seg�n estudios del Ministerio de Salud, realizados con datos de 1987, el 64,4% de las muertes maternas eran evitables. El hecho de que las muertes maternas hayan disminuido en forma notoria no exime de la necesidad de prevenir los casos evitables.

Adem�s de las causas inmediatas de muerte y problemas de salud materna, hay que considerar que la prevenci�n de �stas debe iniciarse desde muy temprana edad, ya que una adecuada formaci�n y nutrici�n, y una vida afectiva plena preparar�n a la mujer para una mejor calidad de vida y especialmente para una vida reproductiva sana.

Acci�n 6.9.1. Realizar estudios para analizar las causales de muerte materna y su prevenci�n.

Acci�n 6.9.2. Realizar estudios m�dico-legales sobre el aborto terap�utico, para apoyar un amplio e informado debate p�blico sobre el tema.

Acci�n 6.9.3. Enfrentar la salud reproductiva como un �mbito que contiene todos los per�odos del ciclo vital, inclusive la infancia, ya que la nutrici�n alimentaria y afectiva, as� como la educaci�n condicionar�n su capacidad y vida reproductiva futuras.


Objetivo 6.10. Impulsar cambios en los enfoques tradicionales de la atenci�n en salud mental, incorporando el enfoque de g�nero.

Las mujeres se ven afectadas en su salud mental de forma espec�fica, debido a sus condiciones de vida cotidiana y a su situaci�n discriminada en la sociedad.

Estos trastornos se agravan y se complican inclusive con traumas f�sicos debido a situaciones de violencia que pueden ocurrir en el hogar, en el trabajo o en la v�a p�blica.

Con frecuencia estos trastornos f�sicos y psicol�gicos no son tratados ni incorporados como problemas de salud para prevenir su reiteraci�n y en muchos casos estigmatizan a las mujeres que los padecen.

Acci�n 6.10.1. Promover que las mujeres sean atendidas desde su especificidad, tanto en el diagn�stico como en el tratamiento, en todos los servicios de salud mental.

Acci�n 6.10.2. Ampliaci�n de la atenci�n primaria en salud mental, a trav�s de servicios que tengan un enfoque biosicosocial, con el objeto de abordar adecuadamente, por ejemplo, el caso de las pacientes polisintom�ticas.

Acci�n 6.10.3. Promover la investigaci�n sobre la prevalencia e incidencia de problemas de salud mental de las mujeres y la influencia del entorno social en ellos.

Acci�n 6.10.4. Promover acciones informativas y educativas en relaci�n a salud mental de las mujeres, que contribuyan a mejorar su autoestima y autonom�a.


Objetivo 6.11. Desarrollar programas de educaci�n, prevenci�n y atenci�n especiales focalizados en las mujeres trabajadoras, que consideren sus condiciones espec�ficas.

Algunos estudios revelan que las mujeres trabajan bajo condiciones nocivas para su salud f�sica y mental. Esas condiciones, si bien pueden ser clasificadas de acuerdo a aspectos espec�ficos del ambiente y organizaci�n del trabajo, act�an simult�neamente sobre la trabajadora produciendo un efecto acumulado de desgaste. La medicina laboral tradicional ha desconocido la consideraci�n de la carga de trabajo derivada del rol reproductivo de las mujeres que, en el caso de las trabajadoras implica doble trabajo y menor tiempo de descanso y recuperaci�n.

A pesar que la relaci�n trabajo-salud est� ampliamente normada y reconocida como una especialidad m�dica, las instituciones fiscalizadoras est�n dispersas y no cumplen adecuadamente la funci�n contralora.

Por otra parte, no hay informaci�n sobre sectores espec�fi- cos de trabajo, particularmente de aquellos que emplean fuerza de trabajo femenina. La falta de informaci�n se expresa en una omisi�n de las patolog�as m�s frecuentes de las trabajadoras, en la normativa laboral y en la falta de reconocimiento de los problemas de salud en las reivindicaciones de las trabajadoras y en las preocupaciones empresariales.

Acci�n 6.11.1. Desarrollar programas de capacitaci�n en los lugares de trabajo sobre condiciones de trabajo, y sus efectos en la salud de las trabajadoras y sobre los recursos institucionales y legales de que disponen para defender su salud.

Acci�n 6.11.2. Investigar el perfil de salud de las trabajadoras de distintos sectores, urbanas y rurales, a fin de adecuar el concepto de enfermedad profesional a la situaci�n real de las trabajadoras.

Acci�n 6.11.3. Investigar sobre las condiciones de trabajo espec�ficas de sectores que ocupan mano de obra femenina y los efectos de aqu�llas sobre la salud de las trabajadoras.

Acci�n 6.11.4. Centralizar las funciones normativas y fiscaliza- zadoras de las condiciones sociales y del ambiente de trabajo en una sola instituci�n.

Acci�n 6.11.5. Estudiar y estimar la magnitud de la poblaci�n de mujeres trabajadoras que no demanda atenci�n m�dica y las razones por las cuales no demanda.


Acci�n 6.11.6. Implementar programas de atenci�n especiales y durante todo el a�o para mujeres trabajadoras temporales, campesinas, artesanas, eventuales, a domicilio u otras sin contrato laboral, en establecimientos de salud generales como consultorios y hospitales.


Objetivo 6.12. Promover la creaci�n en consultorios y centros m�dicos privados de programas de salud orientados a mujeres adultas mayores, focalizado en aspectos bio-psico-sociales.

Dado el envejecimiento progresivo de la poblaci�n chilena y la mayor proporci�n de mujeres en ella, se hace urgente la formulaci�n de pol�ticas y programas que consideren la situaci�n espec�fica de las adultas mayores. Estas padecen de enfermedades metab�lico-degenerativas particulares de su constituci�n biol�gica, que requieren de mayor conocimiento m�dico y de detecci�n y tratamiento precoz, junto con problemas psicol�gicos derivados de la falta de reconocimiento social a este sector de la poblaci�n.

Al mismo tiempo, la incidencia de la pobreza es mayor en las mujeres ancianas, al igual que su situaci�n de dependencia. Esto se deriva de su condici�n de actividad a lo largo de su vida. La mayor�a no desempe�� un trabajo remunerado y aquellas que lo hicieron, recibieron bajos ingresos. Producto de esta situaci�n, en la tercera edad reciben pensiones y jubilaciones menores. Esto incide en su menor acceso a una adecuada atenci�n de salud.


Acci�n 6.12.1. Promover la creaci�n de programas de detecci�n precoz de patolog�as prevalentes en las adultas mayores y programas de atenci�n integral orien- tados espec�ficamente a este sector de la pobla- ci�n.

Acci�n 6.12.2. Generar espacios en consultorios, centros de salud, municipios, y en organizaciones sociales locales y recursos para la implementaci�n de programas educativos destinados a desarrollar habilidades en las mujeres mayores para el cuidado de su propia salud.

Acci�n 6.12.3. Capacitar a los agentes de salud respecto de la especificidad de las condiciones de vida y salud de las adultas mayores, con el objeto de ampliar la comprensi�n de sus problemas y mejorar la calidad de la atenci�n.

Acci�n 6.12.4. Realizar investigaciones referidas a las condiciones de vida y de salud de las adultas mayores, �mbito de estudio de deficiente desarrollo.

Objetivo 6.13. Promover programas de educaci�n en salud sobre cuestiones que afectan espec�ficamente a mujeres, orientados a desarrollar el autocuidado como actitud de las mujeres en su relaci�n con su cuerpo y mejorar su calidad de vida.

La implementaci�n de programas de informaci�n y educaci�n en salud para las mujeres tiene el doble efecto de mejorar su calidad de vida, a la vez que disminuir la presi�n en los servicios de atenci�n de salud y elevar la capacidad de participaci�n en la formulaci�n e implementaci�n de pol�ticas sanitarias.

Acci�n 6.13.1. Proyectar, en las salas de espera de consultorios, centros m�dicos y hospitales, programas audio-visuales educativos sobre la salud de las mujeres, y/o entregar informaci�n sobre los problemas m�s frecuentes y los que se detecten de mayor inter�s de las consultantes.

Acci�n 6.13.2. Promover programas educativos orientados a la prevenci�n y promoci�n de la salud de las mujeres de distintos sectores y grupos sociales, entendiendo que �stos sobrepasan los derivados de su funci�n reproductiva. Promover dentro de esos programas el conocimiento del cuerpo y el desarrollo de actitudes referidas al autocuidado.


VII

INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES Y SU ACCESO A LAS INSTANCIAS DE TOMA DE DECISIONES


Las motivaciones de las personas por participar se expresan en su disposici�n para organizarse, su capacidad de articular demandas, de expresar opiniones, de adquirir y de consolidar sus derechos. El grado y calidad de la participaci�n est� asociado a los niveles de autoestima personal y grupal y a las oportunidades sociales que el sistema social y pol�tico ofrece a los distintos grupos. La participaci�n es, por tanto, un objetivo de la democracia, en la medida que permite a los grupos y personas percibirse como actores sociales que construyen los consensos y disensos y que intervienen en las transformaciones de la sociedad.

Hist�ricamente, el aporte y la participaci�n social de las mujeres no ha sido reconocido. Su incorporaci�n en las organizaciones sociales, en la institucionalidad pol�tica, en la representaci�n sindical, partidaria y parlamentaria, en los gobiernos y en otras instancias de poder ha sido muy lento. Esta incorporaci�n ha sido el producto de esfuerzos desplegados por las mujeres y de la implementaci�n de medidas concretas.

Seg�n investigaciones recientes, la participaci�n social de mujeres y hombres asume modalidades diferentes. Las mujeres participan en mayor medida que los hombres en las organizaciones comunitarias, religiosas y de beneficencia, mientras los hombres est�n m�s representados que las mujeres en las organizaciones deportivas, sindicales, culturales y pol�ticas.

La baja presencia de las mujeres en los espacios p�blicos y en los puestos de direcci�n tiene ra�ces complejas. Las diferencias se�aladas est�n asociadas tanto a la socializaci�n diferencial de hombres y mujeres, a la existencia de estereotipos culturales, al papel tradicional asignado a las mujeres y al escaso reparto de las tareas dom�sticas como a la cultura organizativa, a las normas y a los procedimientos de las organizaciones.

Una mayor participaci�n y la superaci�n de la segregaci�n sexual es un paso importante hacia la igualdad de oportunidades. La participaci�n fortalece a las mujeres como grupo social, contribuye a consolidar la democracia en la medida que incorpora nuevas perspectivas de an�lisis y formas de soluci�n de los problemas, y sus organizaciones enriquecen el tejido social. El aumento de la participaci�n social y pol�tica de las mujeres tambi�n promueve un cambio en las pr�cticas pol�ticas, ya que cuestiona la fragmentaci�n social y la organizaci�n del tiempo, y presta atenci�n a problemas considerados hasta ese momento como privados y propios de la vida cotidiana que no merecen un tratamiento pol�tico y social.


Objetivo 7.1. Favorecer las pr�cticas asociativas de las mujeres, tanto en las organizaciones propias como en el conjunto de las organizaciones de la sociedad.

El aislamiento social que sufre la mayor�a de las mujeres est� relacionado con la divisi�n sexual del trabajo, que las mantiene en el espacio dom�stico, con exclusiva responsabilidad por el cuidado de los hijos, con la carencia de infraestructura comunitaria, con el autoritarismo masculino y la falta de autonom�a de las propias mujeres.

La incorporaci�n a las organizaciones existentes o a las organizaciones de mujeres ha constituido una forma de superar y cuestionar el aislamiento social. La interrelaci�n de las organizaciones de mujeres, entre s� y con otras organizaciones sociales, ha visibilizado el aporte social de las mujeres, ha mejorado la capacidad de interlocuci�n de sus organizaciones y el conocimiento de sus integrantes sobre el funcionamiento de la institucionalidad p�blica y privada.

Por otra parte, el surgimiento de nuevas organizaciones estimula la generaci�n de otras, opositoras o aliadas, con el consiguiente enriquecimiento del tejido social, al aumentar el n�mero de actores presentes en un determinado escenario.

Acci�n 7.1.1. Estimular la incorporaci�n de las organizaciones de mujeres en las instancias de participaci�n: Consejos Econ�mico y Social Comunales y Provinciales, Comit�s de Adelanto y otros.

Acci�n 7.1.2. Apoyar la realizaci�n de seminarios, jornadas y debates p�blicos sobre la historia de los movimientos y organizaciones de mujeres y sobre su contribuci�n al logro de una sociedad democr�tica con igualdad de oportunidades.

Acci�n 7.1.3. Realizar programas de formaci�n para apoyar el surgimiento y consolidaci�n de las organizaciones de mujeres y para promover la participaci�n activa de las mujeres en las organizaciones sociales, pol�ticas, sindicales, empresariales y estudianti- les.

Acci�n 7.1.4. Estudiar la factibilidad de permitir reuniones sindicales durante la jornada laboral en empresas con ocupaci�n mayoritaria de mujeres.

Acci�n 7.1.5. Informar a las organizaciones de mujeres de los diferentes programas y recursos institucionales a los que pueden acceder.

Acci�n 7.1.6. Coordinar acciones con los centros, instituciones y programas de mujeres que prestan servicios diri- gidos a mujeres en situaci�n de vulnerabilidad.


Objetivo 7.2. Incrementar la participaci�n de las mujeres en las instancias de toma de decisiones de la actividad privada y p�blica.

Las mujeres son menos visibles y tienen menos poder en las redes de relaciones sociales que los distintos actores construyen en los diferentes escenarios sociales. Tienen menor experiencia para negociar y hacer prevalecer sus planteamientos. Est�n subrepresentadas en los �rganos de decisi�n de los partidos pol�ticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles y existen obst�culos importantes para que las mujeres que se encuentran en los niveles predirectivos accedan a los puestos de m�xima responsabilidad.

Su presencia es m�nima en las directivas de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales (8,5% en la directiva nacional de la CUT), de las organizaciones empresariales (6,6%) y de las federaciones de estudiantes universitarios (15,6%).

La situaci�n se�alada se reproduce en el poder legislativo y en los �rganos de decisi�n de los partidos. Para el per�odo 1990-1994, el porcentaje de mujeres en el Senado ascendi� a 6,4%, y a 5,8% en la C�mara de diputados. En las elecciones municipales de 1992, las mujeres representaron el 16,6% de los candidatos a concejales y el 11% de los concejales elegidos. Su presencia en los �rganos de decisi�n colegiados de los partidos pol�ticos oscila entre el 0 al 25%, a excepci�n de uno que tiene el 38,5% de mujeres.

Las mujeres est�n igualmente subrepresentadas en los cargos de direcci�n del Poder Ejecutivo. En 1991, s�lo un 4,8% de los ministros eran mujeres, un 11,1% de los subsecretarios, no hab�a intendentas, eran el 8% de los gobernadores y constitu�an el 35,2% de los cargos directivos. En el Poder Judicial las mujeres han estado siempre ausentes en la Corte Suprema, son el 19,1% en las Cortes de Apelaciones y el 45,8% en los juzgados.

Mientras las mujeres participen en forma excepcional en los espacios p�blicos y en los cargos de decisi�n, seguir�n sujetas a tensiones que interfieren el desarrollo de sus potencialidades e impiden contar plenamente con su aporte. En efecto, cuanto menor es el n�mero de mujeres en los espacios p�blicos y en los cargos de decisi�n, m�s dif�cil es incorporarse en la red de relaciones informales que existen en toda organizaci�n, as� como conocer las normas y la estructura informal del poder. Todo ello contribuye a que no les sea f�cil contar con aliados y legitimar su autori- dad. Por otra parte, pocas mujeres en cargos de decisi�n tienden a ser usadas como mujeres s�mbolo. Estudios comparativos demues- tran que un mayor n�mero de mujeres en los espacios p�blicos altera los estereotipos, ya que muchas mujeres diferentes se vuelven visibles p�blicamente, y se reducen las resistencias contra la presencia de las mujeres en la pol�tica o en altos cargos de decisi�n. Cuando aumenta la cantidad de mujeres en la vida p�blica, se desarrollan nuevos papeles p�blicos para ellas que proveen de modelos a las j�venes y a las mujeres adultas.

Finalmente, una mayor participaci�n de las mujeres en los espacios p�blicos afecta la cultura organizacional e introduce nuevos temas al debate.

El sistema electoral vigente restringe las posibilidades de los ciudadanos para elegir y ser elegidos como candidatos en las contiendas electorales y, por ende, para integrar el Poder Legislativo y otros cuerpos electivos; esto limita a�n m�s las posibilidades de las mujeres.

La presencia de mujeres en los cargos de direcci�n tambi�n se ve desfavorecida por el hecho de que el nombramiento de altos funcionarios del Poder Ejecutivo sean propuestos casi exclusivamente por los partidos pol�ticos, en lugar de partir de una base m�s amplia de posibilidades de elecci�n.

Acci�n 7.2.1. Estudiar y proponer modificaciones a la ley electoral y a las modalidades de designaci�n de candidatos, para asegurar una mayor participaci�n de las mujeres.

Acci�n 7.2.2. Estudiar el establecimiento de distintos mecanismos que permitan identificar y promover a mujeres calificadas a altos cargos, en el momento en que el gobierno designa los funcionarios de confianza: una v�a es la confecci�n y actualizaci�n permanente de bases de datos curriculares.

Acci�n 7.2.3. Estudiar la contribuci�n a la igualdad de oportunidades de las medidas de acci�n positiva implementadas en partidos, organizaciones e instituciones p�blicas y privadas y evaluar las ventajas y posibilidades de ampliar su aplicaci�n.

Acci�n 7.2.4. Realizar campa�as de difusi�n sobre la importancia de la participaci�n pol�tica de las mujeres y de que ocupen posiciones de liderazgo en las organi- zaciones sociales, en las instituciones, en las empresas y en el Estado, para la consolidaci�n de la democracia y para asegurar la libre contribu- ci�n de los ciudadanos/as de acuerdo a sus capa- cidades.

Acci�n 7.2.5. Estudiar los procesos de desarrollo de liderazgo y autonom�a de las mujeres y las formas de incentivarlos desde la ni�ez. Impulsar la formaci�n de liderazgo en ni�as y adolescentes.

Acci�n 7.2.6. Implementar programas de formaci�n de liderazgo pol�tico para las mujeres que ocupan posiciones de direcci�n intermedia en los partidos pol�ticos y en la administraci�n p�blica y programas que favorezcan el liderazgo social, orientados a las mujeres que participan en distintos tipos de organizaciones sociales.

Objetivo 7.3. Incluir la dimensi�n de g�nero en las instancias de di�logo social.

Es necesario un esfuerzo por parte de las autoridades p�blicas y dirigentes de incluir la consideraci�n de los problemas, visiones e intereses espec�ficos de las mujeres, en todas las instancias de formulaci�n de acuerdos sociales o de resoluci�n de conflictos entre distintos actores de la sociedad.

Acci�n 7.3.1. Incluir en la agenda de di�logo tripartito nacio- nal, entre gobierno, empresarios y trabajadores, la consideraci�n de la situaci�n de las mujeres y la promoci�n de la igualdad de oportunidades en los diversos temas laborales.

Acci�n 7.3.2. Promover en las instancias de di�logo bipartito o tripartito sectoriales que existan o se generen, el an�lisis de la situaci�n de las mujeres traba- jadoras en el sector de la producci�n o servicios respectivos.


Objetivo 7.4. Asegurar la interlocuci�n de las mujeres en el proceso de dise�o y aplicaci�n de pol�ticas p�blicas.

La actitud ciudadana de cooperaci�n y vigilancia con la gesti�n de gobierno estuvo fuertemente inhibida durante el r�gimen autoritario; su gesti�n estuvo caracterizada por la escasa transparencia. Esto ha incidido en un desarrollo actual deficiente de canales destinados a recoger la opini�n ciudadana sobre las demandas sociales.

La democratizaci�n del Estado, en el sentido de una mayor transparencia y accesibilidad de la poblaci�n, es por tanto una tarea urgente que debe traducirse en la implementaci�n de canales de participaci�n, que permitan a la ciudadan�a intervenir no s�lo en la identificaci�n y formulaci�n de las demandas sociales m�s importantes sino tambi�n contribuir a la formulaci�n de normas y procedimientos para abordarlas.

La posibilidad de las mujeres de desarrollar una actitud cr�tica frente a la gesti�n estatal, generar opini�n p�blica y determinar las demandas sociales, es menor que la de los hombres, debido a que en general est�n m�s distantes de las posiciones de poder y de la toma de decisiones, a la vez que tienen un menor conocimiento de sus derechos ciudadanos y de las normas y procedimientos institucionales.

Sin embargo, las condiciones para una participaci�n m�s decisiva de las mujeres son mayores en la actualidad. Por un lado, existe una red de profesionales e instituciones especializadas en el tema de las desigualdades de g�nero que ha producido un vasto conocimiento sobre distintos aspectos de la vida de las mujeres. Por otro lado, las organizaciones de mujeres han adquirido una rica experiencia en la gesti�n de programas sociales y de sobrevivencia aut�nomos, lo que ha desarrollado sus capacidades de formulaci�n, implementaci�n y evaluaci�n de los programas. Cabe destacar la particular habilidad que tienen sus integrantes para identificar los problemas que aquejan a las mujeres, la intensidad y urgencia de los mismos en los distintos sectores y finalmente, su habilidad para descartar las soluciones inadecuadas o poco exitosas.

Una manera de que las pol�ticas p�blicas contribuyan al logro de la igualdad de oportunidades es considerar en el momento del dise�o, implementaci�n y evaluaci�n, la experiencia y conocimiento acumulados por las organizaciones de mujeres, por el SERNAM y sus programas y por la instituci�n responsable. De este modo, se podr� contrarrestar la tendencia a elaborar pol�ticas generales, que no consideran la especificidad de los problemas de las mujeres, o pol�ticas espec�ficas a partir de representaciones estereotipadas. Tambi�n facilitar� la implementaci�n de estrategias que tengan en cuenta la diversidad de situaciones en que se encuentran las mujeres, sin jerarquizar ni valorar las diferentes expresiones de esta diversidad.

Acci�n 7.4.1. Promover la formaci�n de expertas/os en los temas de desarrollo y g�nero.

Acci�n 7.4.2. Promover la participaci�n de especialistas en el tema de pol�ticas p�blicas y g�nero para asegurar que el dise�o de pol�ticas se sustente en diagn�sticos precisos y adecuados y en estudios prospectivos sobre las posibles consecuencias de las pol�ticas en la situaci�n de las mujeres. El conocimiento y autonom�a de las redes de profesionales y expertas/os contribuye a legitimar la intervenci�n del Estado en la generaci�n de pol�ticas de igualdad de oportunidades.

Acci�n 7.4.3. Promover la participaci�n consultiva de las dirigentes femeninas (empleadoras y trabajadoras) en todas las pol�ticas p�blicas que afectan el trabajo de las mujeres.

Acci�n 7.4.4. Convocar a reuniones abiertas, cabildos u otras formas de consulta para conocer la opini�n de los grupos de mujeres afectadas por problemas determinados, como parte del proceso de dise�o de pol�ticas y promover el di�logo social.

Acci�n 7.4.5. Aumentar la accesibilidad de los servicios del Estado, mediante una mayor difusi�n de sus funciones, de los requisitos y tramitaci�n para acceder a sus beneficios.

Acci�n 7.4.6. Estudiar las formas de implementar canales de participaci�n, para que las organizaciones de mujeres hagan aportes al dise�o, implementaci�n y evaluaci�n de los servicios sociales.

Acci�n 7.4.7. Continuar y potenciar la experiencia de los Centros de Informaci�n de los Derechos de la Mujer (CIDEM) del SERNAM, en particular su funci�n de detecci�n de nuevas demandas sociales y de mediaci�n entre las mujeres y las autoridades p�blicas.

Acci�n 7.4.8. Identificar y difundir experiencias exitosas que incorporan en el dise�o del h�bitat el objetivo de facilitar la participaci�n de la ciudadan�a y que significan un uso del tiempo y del espacio m�s adecuado a las necesidades y formas de vida y de participaci�n de las mujeres. Promover la formulaci�n de normas municipales y de construcci�n comunitaria que incorporen �mbitos de encuentro, recreaci�n y los destinados a servicios de cuidado infantil y otros que faciliten la vida y uso del tiempo de sus habitantes.


VIII

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA PARA LA IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


A partir de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluaci�n de los Logros del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985) y de la aprobaci�n de la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n Contra la Mujer, han surgido en diferentes pa�ses de Am�rica Latina organismos gubernamentales abocados a la tarea de promover cambios en la condici�n y posici�n de la mujer en nuestras sociedades. Estas instancias se crean sobre la base del reconoci- miento de la existencia de la discriminaci�n en contra de la mujer como problema social y de la legitimidad del Estado para intervenir en pro de la igualdad de oportunidades. La existencia de organiza- ciones y redes de mujeres ha contribuido a que ellas tengan una mayor conciencia de sus derechos y a que la discrimi- naci�n haya sido reconocida como problema social.

Chile ha ratificado la mencionada Convenci�n y el gobierno ha creado el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), organismo de acci�n positiva destinado a promover la igualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres y eliminar la discriminaci�n por motivo de sexo en la sociedad chilena.

Sin embargo, la sola creaci�n de una instituci�n que se oriente a la problem�tica de la mujer dentro del aparato p�blico no es suficiente; tanto la experiencia internacional como la del SERNAM indican que existen dificultades en el �mbito de la coordinaci�n de pol�ticas para la promoci�n de la igualdad de oportunidades y en la incorporaci�n de esta tarea a la labor cotidiana de los diferentes sectores de la administraci�n del Estado.

Con el objetivo de fortalecer la democracia y promover una mayor participaci�n social y pol�tica a todo nivel para acceder a un desarrollo con equidad, el Gobierno ha iniciado un proceso de descentralizaci�n y modernizaci�n del Estado que constituye una oportunidad para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De hecho, modernizar el Estado, tanto en lo que se refiere a su funcionamiento administrativo como respecto a su capacidad de solucionar problemas y resolver conflictos de manera eficaz, es un proceso que va de la mano con la eliminaci�n de las desigualdades de g�nero.

Desde el punto de vista de la gesti�n interna, una administraci�n eficiente debe estimular al personal que en ella se desempe�a, observando criterios de eficiencia, productividad y m�rito. En su papel de agente cultural que plantea reglas de la convivencia y contribuye a modelar los cambios sociales, el Estado debe promover una participaci�n m�s igualitaria de las mujeres en las decisiones de pol�ticas p�blicas, instaurando mecanismos que aceleren su ascenso a los niveles m�s altos de la estructura administrativa y considerando su problem�tica espec�fica en las prioridades de pol�tica.

Desde la perspectiva de la gesti�n de pol�ticas, una administraci�n p�blica moderna debe ser eficiente y eficaz en la atenci�n a los problemas que la sociedad considera prioritarios. As�, el sector p�blico debe reconocer la especificidad de la problem�tica de las mujeres, que constituyen la mitad de la poblaci�n del pa�s, en el dise�o e implementaci�n de pol�ticas en los m�s diferentes �mbitos de su actuaci�n.

Promover la igualdad de oportunidades requiere institucio-nes, tanto p�blicas como privadas, fuertes, bien organizadas, nutridas de recursos humanos y financieros, articuladas con el resto de la administraci�n p�blica y los dem�s sectores sociales y dotadas de capacidad de gesti�n. Por eso es importante reforzar institucionalmente el aparato p�blico e incrementar su capacidad t�cnica y de gesti�n para abocarse a la tarea de implementar Pol�ticas de Igualdad de Oportunidades y acompa�ar y evaluar su ejecuci�n.

Es en este sentido que se plantean en este cap�tulo objetivos y acciones relacionados con la gesti�n institucional para asegurar una adecuada, eficiente y eficaz implementaci�n de Pol�ticas de Igualdad de Oportunidades.

Objetivo 8.1. Promover la incorporaci�n y participaci�n activa del SERNAM en las principales instancias de decisi�n respecto de la gesti�n del Estado y de las pol�ticas de Gobierno.

A pesar de los logros del SERNAM en t�rminos de colocar la problem�tica de las desigualdades de g�nero en la agenda p�blica, persisten obst�culos a un tratamiento adecuado del tema por parte del Estado. Estos se encuentran, principalmente, en el �mbito de la coordinaci�n intersectorial.

El SERNAM, como organismo t�cnico de dise�o y coordinaci�n de las pol�ticas y de las medidas que forman parte del programa de Gobierno en el �mbito de la promoci�n de la igualdad de oportunidades, debe participar activamente en el proceso de establecimiento de prioridades y en la discusi�n, formulaci�n, implementaci�n y evaluaci�n del conjunto de las pol�ticas p�blicas.

Acci�n 8.1.1. Nombrar a la/el Ministra/o Directora/or del SERNAM, mediante instructivo presidencial, como miembro de los comit�s interministeriales en los cuales se discute la pol�tica econ�mica y social del gobierno.

Acci�n 8.1.2. Incorporar una/un representante del SERNAM al grupo de trabajo para la modernizaci�n del Estado.

Acci�n 8.1.3. Constituir formalmente en el �mbito del comit� interministerial de desarrollo econ�mico y social un grupo de trabajo para acordar metas anuales y acompa�ar la implementaci�n de las Pol�ticas de Igualdad de Oportunidades en los diferentes sectores.

Acci�n 8.1.4. Recomendar formalmente a cada Ministra/o Directora/or de Servicio, mediante instructivo presidencial, el nombramiento de un profesional de alto nivel, con capacidad de gesti�n, encargado de la promoci�n de la igualdad de oportunidades en el �mbito de actuaci�n de cada ministerio o servicio p�blico. Este funcionario/a debe ser, adem�s, el interlocutor oficial de las/os sectorialistas de SERNAM en esta instancia de gobierno.

Objetivo 8.2. Elevar la capacidad de los recursos humanos del sector p�blico para incorporar eficientemente a la gesti�n p�blica la promoci�n de la igualdad de oportunidades y, de esta forma, avanzar hacia un desarrollo con equidad, democracia y participaci�n.

La tem�tica de g�nero es de preocupaci�n reciente en la Administraci�n P�blica. Adem�s, por su propia naturaleza y complejidad, la cuesti�n de las desigualdades de g�nero y de la discriminaci�n en contra de la mujer no est� plenamente incorporada al saber acumulado por los funcionarios p�blicos y no ha sido tradicionalmente considerada como tema de la agenda institucional del Estado. Sin embargo, existe ya conocimiento acumulado respecto de las causas, los mecanismos de reproducci�n y las alternativas de pol�ticas para abordar el problema. Este conocimiento es de gran utilidad en la implementaci�n de pol�ticas de igualdad de oportunidades, por lo que se requiere un proceso de capacitaci�n formal e informal a los funcionarios p�blicos de manera de elevar su capacidad t�cnica para tratar esta problem�tica.

Acci�n 8.2.1. Asignar recursos y dar seguimiento al Programa de Capacitaci�n a Funcionarios P�blicos en la tem�tica de g�nero. Ampliar este programa, manteniendo el �nfasis en los funcionarios de los gobiernos regionales y de las administraciones locales e iniciando un intenso trabajo a nivel del gobierno central.

Acci�n 8.2.2. En el �mbito de los programas de gobierno que proporcionan becas para estudios en el pa�s y en el extranjero, estimular la capacitaci�n de funcionarios p�blicos, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y administracio- nes locales, en el tema de g�nero y desarrollo.

Acci�n 8.2.3. Promover un programa de intercambio de funciona- rios en el �mbito de la administraci�n del Estado, estimulando la incorporaci�n al SERNAM, en comisi�n de servicio, de funcionarios de otras instancias de gobierno, y la incorporaci�n de funcionarios del SERNAM, tambi�n en car�cter no permanente, a la labor de otros ministerios y servicios p�blicos.

Acci�n 8.2.4. Promover la creaci�n de un Fondo Nacional de Becas para estudios de g�nero y desarrollo.


Objetivo 8.3. Fortalecer la coordinaci�n con el nivel regional de la Administraci�n del Estado y propiciar una adecuada incorporaci�n de las Pol�ticas de Igualdad de Oportunidades al proceso de descentralizaci�n.

El proceso de descentralizaci�n ha sido una prioridad del Gobierno y elemento fundamental en la estrategia de modernizaci�n del Estado, lo que se expresa en el rango legal de las medidas que se han adoptado para su implementaci�n (reforma de la Constituci�n y promulgaci�n de una ley org�nica constitucional). La Ley Org�nica Constitucional de Gobierno y Administraci�n Regional entrega expl�citamente al Poder Ejecutivo la tarea de adecuar progresivamente el conjunto de la Administraci�n del Estado a este proceso.

Acci�n 8.3.1. Fortalecer la posici�n de las/os Directoras/es regionales en su car�cter de representante regional de la Ministra/o y en su participaci�n en la toma de decisiones regionales -equivalente a los Secretarios Regionales Ministeriales- como m�xima autoridad regional en el �mbito que le corresponde al SERNAM.

Acci�n 8.3.2. Impulsar, a trav�s de las Direcciones Regionales del SERNAM, la formulaci�n de Planes Regionales y Comunales de Igualdad de Oportunidades para las mujeres y su adecuada implementaci�n y seguimiento intersectorial.

Acci�n 8.3.3. Favorecer la participaci�n de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboraci�n, evaluaci�n y seguimiento de los Planes Regionales y Comunales de Igualdad de Oportunidades.

Acci�n 8.3.4. Fortalecer la coordinaci�n entre el Servicio Nacional de la Mujer y las instancias de gobierno dedicadas a llevar adelante el proceso de descentralizaci�n, a trav�s de la incorporaci�n del SERNAM al Grupo de Trabajo Interministerial de Apoyo a la Constituci�n de los Gobiernos Regionales.

Acci�n 8.3.5. Crear instancias de alto rango en las municipali- dades, con el objetivo expl�cito de velar por la igualdad de oportunidades para las mujeres en las pol�ticas y programas comunales.

Objetivo 8.4. Dise�ar y poner en funcionamiento un sistema de informaci�n para acompa�ar la implementaci�n de Pol�ticas de Igualdad de Oportunidades.

La informaci�n es un insumo de importancia creciente en el proceso de toma de decisiones relativas a la gesti�n p�blica. En el marco de la b�squeda de un desarrollo con equidad y participativo y de la implementaci�n de un Plan de Igualdad de Oportunidades que contribuya a cambiar la condici�n social de las mujeres, es indispensable trabajar en la generaci�n y el manejo de informaci�n, tanto aquella debidamente "traducida" a un sistema de estad�sticas �tiles a la gesti�n de pol�ticas p�blicas, como la necesaria para promover una participaci�n informada de los diversos segmentos sociales en las acciones tendientes al logro de la igualdad de oportunidades.

Acci�n 8.4.1. Desarrollar un "sistema de indicadores de alerta" que posibiliten realizar un acompa�amiento de las Pol�ticas de Igualdad de Oportunidades y una permanente evaluaci�n del estado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas.

Acci�n 8.4.2. Desarrollar, en el �mbito del Sistema Nacional de Inversi�n P�blica, metodolog�as de an�lisis y evaluaci�n de proyectos que permitan captar sus efectos sobre la superaci�n de la condici�n de desigualdad de las mujeres.

Acci�n 8.4.3. Adoptar en el Instituto Nacional de Estad�sticas, las medidas necesarias para posibilitar que todas las principales estad�sticas recopiladas por el sector p�blico se presenten desagregadas por sexo, cuando corresponda. A la vez, revisar los conceptos subyacentes que sesguen el an�lisis de la situaci�n de la mujer para perfeccionar las estad�sticas existentes y producir nuevas.

Acci�n 8.4.4 Impulsar la creaci�n de la Unidad de Estad�sticas de G�nero en la Subdirecci�n T�cnica del INE
-seg�n funciones otorgadas por el decreto No 1.062 del 30.10.1970- que permita estudiar, proponer e implementar las modificaciones se�aladas, en interlocuci�n con SERNAM.

Acci�n 8.4.5. Elaborar y difundir en distintos �mbitos de la sociedad (la propia administraci�n p�blica en sus diferentes niveles, el Parlamento, organismos no gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil) informes anuales de avance en materia de igualdad de oportunidades y equidad de g�nero.

Acci�n 8.4.6. Promover en los distintos sectores, la adopci�n de medidas que garanticen que las estad�sticas se presenten desagregadas por sexo, en todos los niveles, tanto en el �mbito p�blico como privado.


Objetivo 8.5. El SERNAM, en cumplimiento de sus atribuciones legales asumir� la tarea de impulsar, coordinar, y velar por la aplicaci�n de las acciones contenidas en el Plan.

Acci�n 8.5.1. Crear un Comit� Interministerial para coordinar y facilitar la ejecuci�n del Plan. Este Comit�, bajo la coordinaci�n del SERNAM, estar� formado por los Ministerios m�s directamente involucrados en la implementaci�n de las medidas del Plan.

Acci�n 8.5.2. Dise�ar, en conjunto con los sectores involucra- dos, programas de acci�n anuales que fijen las prioridades de las medidas a realizar, en el marco del Plan y de las prioridades sectoriales, consi- derando las correspondientes evaluaciones.

Acci�n 8.5.3. Dise�ar instrumentos adecuados a cada sector, que permitan evaluar el impacto de las medidas del Plan.

Acci�n 8.5.4. Propiciar la incorporaci�n de las medidas del Plan, en las metas de los Ministerios, de acuerdo a sus atribuciones y �reas de actuaci�n.

Acci�n 8.5.5. Propiciar a partir de la incorporaci�n en las metas ministeriales de las medidas del Plan, un proceso de adecuaci�n del presupuesto de cada Ministerio, contemplando la asignaci�n de los recursos necesarios.

Acci�n 8.5.6. Promover que las medidas del Plan tengan un seguimiento y evaluaci�n en el �mbito de los Ministerios directamente involucrados, con el fin de medir su impacto.

Acci�n 8.5.7. Promover que los Ministerios de Planificaci�n y Cooperaci�n y la Secretar�a General de la Presidencia apoyen el seguimiento y evaluaci�n del Plan.


Acci�n 8.5.8. Suscribir convenios, con la finalidad de promover la aplicaci�n concreta de las acciones planteadas en el Plan. Estos convenios podr�n involucrar tanto a organismos de la administraci�n p�blica como a otras instituciones cuya colaboraci�n contribuya a la implementaci�n de las pol�ticas de igualdad de oportunidades.

Acci�n 8.5.9. Realizar al cabo de los tres primeros a�os de vigencia, una evaluaci�n parcial del avance del Plan de Igualdad de Oportunidades. A la luz de esta primera evaluaci�n, se promover�n las modifi- caciones necesarias al proceso de aplicaci�n, para lograr los objetivos establecidos.

Acci�n 8.5.10. Realizar una evaluaci�n final, antes del t�rmino de los seis a�os, de los logros alcanzados y las acciones puestas en pr�ctica. La evaluaci�n reco- ger� tambi�n las causas que hubieran impedido la realizaci�n de algunas de las acciones previstas.

Acci�n 8.5.11. Elaborar un Informe Final que incluya un an�lisis de la incidencia social del Plan en t�rminos de igualdad de oportunidades entre los g�neros.




(1). Las acciones referidas a los �mbitos de familia y trabajo han sido incorporados en los cap�tulos correspondientes.



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