ALOCUCIÓN DEL REPRESENTANTE PLENIPOTENCIARIO DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR ANTE LA CONFERENCIA DE ALTO
NIVEL PARA
LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS
CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Los ecuatorianos y ecuatorianas hemos vivido con angustia los efectos destructivos
de la corrupción pública y privada, evidenciados en los planos de la política,
la economía y la moral cívica.
En lo político, la deslegitimación de nuestras instituciones
democráticas han producido el deterioro de la
credibilidad ciudadana en dichas instituciones, las que, por consiguiente, han
visto mermada su autoridad y eficacia en el cumplimiento de sus funciones
constitucional y legalmente. Siendo la corrupción inversamente proporcional a
la democracia, su crecimiento ha implicado, incluso, el debilitamiento de la
gobernabilidad política de la República.
En lo socio económico, las distorsiones que la corrupción introduce en
la calidad del gasto público, el equilibrio fiscal, la producción y el
comercio, han deteriorado la calidad de vida de la población, como consecuencia
del muy limitado crecimiento económico y la disminución del empleo. La
corrupción es directamente proporcional a la pobreza y la miseria, condiciones
indignas en las que vive la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
En cuanto a la moral cívica, esta se ve quebrantada por la entronización
de anti valores que niegan la solidaridad, la
justicia, el imperio de la ley y la igualdad. El egoísmo, la inequidad, el
autoritarismo y la discriminación integran la perversa escala de valores que la
corrupción promueve.
Desde luego, no han faltado en Ecuador iniciativas y esfuerzos por
combatir la corrupción. La Constitución vigente en la actualidad incorpora
principios, reglas e instituciones que se orientan a tan plausible tarea. Por
ejemplo, la Carta Fundamental declara como fin primordial del estado garantizar
una administración pública libre de corrupción, establece rigurosos cánones de
comportamiento y responsabilidad para los funcionarios públicos y crea la
Comisión de Control Cívico de la Corrupción, como entidad autónoma e
independiente conformada por representantes nombrados directamente por la sociedad civil. Por otro lado, el actual Presidente
Constitucional de la República, Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa,
expidió en el mes de enero del presente año el Decreto Ejecutivo No. 122
mediante el cual se declara la anticorrupción como política de estado y se
diseñan mecanismos dirigidos a impulsar los esfuerzos en este ámbito.
A pesar de la experiencia dolorosa de nuestro pueblo en materia de
corrupción, los ecuatorianos y ecuatorianas mantenemos el optimismo y el empeño
por transformar el actual estado de cosas en nuestro país. No obstante, somos
conscientes de que el problema de la corrupción tiene una dimensión económico
financiera innegable y, hoy en día, lo económico financiero es un fenómeno
global. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que si bien la corrupción de un
Estado no es
totalmente igual a la de otro, muchos elementos tienen en común; y, segundo, que
la corrupción, en cuanto proceso de aprovechamiento de lo público en interés
particular, no se consuma, agota o disfruta en el territorio del Estado que
sufre los perjuicios, necesaria y exclusivamente. Por ello, las soluciones
anticorrupción tampoco tienen caracteres únicamente nacionales: existe una
dimensión internacional de tales soluciones.
Por ello, como Representante Plenipotenciario del señor Presidente de la
República del Ecuador deseo expresar en este foro planetario que la suscripción
de una Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción representa un hecho
de trascendencia histórica para nuestro país, pues dicho instrumento
internacional, mediante la determinación de obligaciones para los Estados
Parte, potenciará la globalización del combate contra la corrupción concretada
tanto en el imperativo de adoptar medidas internas cuanto en el de prestar las
debidas cooperación y asistencia interestatales.
Ecuador desea resaltar, de entre los muchos méritos que la Convención
encierra, tres que tienen singular importancia. Primero, la incorporación de
las tres dimensiones de la anticorrupción: la sanción de actos ilícitos, la
prevención de los mismos y la reparación de sus consecuencias. Segundo, el
fortalecimiento de la extradición, pues parcialmente se superan los escollos que
la ortodoxia de la doble incriminación plantea, aunque habría sido deseable
avanzar un poco más en este camino. Tercero, el establecimiento de mecanismos
eficaces para obtener, sin restricciones geopolíticas, la recuperación y
restitución de los activos producto de la corrupción.
Con la suscripción de este instrumento, Ecuador se compromete a
propiciar la pronta ratificación por parte del Congreso de la República y,
sobre todo, a implementar, con la valiosa colaboración de la
Comunidad Internacional, todos y cada uno de los preceptos contenidos en
la Convención. Esa es, para mi país, una urgencia, presente que alienta la
esperanza en nuestro futuro.
DR. Rámiro
Larrea Sant
REPRESENTANTE PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBICA DEL ECUADOR