Guatemala ante la Convención de las Naciones unidas contra la Corrupción

Palabras del Canciller Edgar Gutiérrez En la firma de la "Convención de Mérida"

Mérida, México, 9 de diciembre de 2003

Señor Presidente, Señores y Señoras Delegados:

Este es un día importante en la historia de la evolución de las relaciones de poder en el mundo. La firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción expresa la voluntad de los Estados de democratizar las relaciones de poder con sus propias sociedades y la comunidad internacional, y a la vez afirma principios y valores para recuperar la confianza, la seguridad y la legitimidad de la convivencia social y política en el Siglo XXI.

Existen, por lo menos, tres problemas derivados de la falta de transparencia en nuestros sistemas: el descrédito de la democracia; las distorsiones del mercado, y el aumento de la pobreza.

Al final del día hemos sido testigos de cómo sus manifestaciones han erosionado los valores de la convivencia civilizatoria, y las bases de nuestra aun joven democracia, derrotando muchos de sus objetivos.

La visibilidad del problema es positiva: Denunciar la corrupción y la falta de transparencia es un avance. Sin embargo, si nos quedamos lamentándonos de sus ruinosos efectos, el impacto del fenómeno sobre la democracia y sus instituciones puede ser desestabilizador. El escepticismo y la desconfianza pueden surtir un efecto de apoyo a salidas políticas "fáciles", formas de gobierno neoautoritarias y populistas.

Por eso es necesario enfrentar la corrupción a través de una estrategia conceptualmente clara y operativamente realista, y además coordinada entre las autoridades del Estado, la empresa privada, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Otro efecto de la corrupción es el bajo crecimiento económico. Para explicar esto permítanme referirme a tres tipos de corrupción: 1) La corrupción administrativa que es la que generalmente reportan los medios: 2) La corrupción por influencias y 3) La corrupción por componenda entre empresas altos funcionarios y dirigentes políticos.

La corrupción administrativa se relaciona con la trasgresión de leyes, reglamentos y procedimientos. En cambio la corrupción por influencia y por alta componenda, está directamente asociada a la confección de leyes, políticas y reglamentaciones del Estado, o sea, el establecimiento de reglas ad hoc para favorecer a determinadas empresas en detrimento del resto. Con ello, es claro, se promueve ineficiencia e ineficacia de los servicios del Estado, y se desestimula la competencia y la liberalización de los mercados.

Y el tercer efecto: La corrupción, y está demostrado en estudios empíricos, afecta a los pobres de manera desproporcionada, ya que está estrechamente ligada al incremento de los precios y costos de oportunidad, a la reducción de las oportunidades de servicios y empleo, y la baja competencia e innovación empresarial.

Señor Presidente:

La corrupción y los problemas asociados a ella han dejado de ser un asunto nacional. Es claro que los agentes locales de la corrupción establecen estrechos vínculos con la delincuencia transnacional, en particular con la delincuencia vinculada al blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Para prevenir y reprimir este fenómeno resulta esencial la definición de estrategias de cooperación internacional.

De la Convención contra la Corrupción se desprenden varios compromisos que se traducen en tareas y metas. Los Estados se obligan a fomentar medidas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción. Deben, a la vez, cumplir sus obligaciones internacionales de combate a la corrupción, de acuerdo a los principios de igualdad jurídica, protección de la soberanía e integridad territorial. Dado que este es un fenómeno que abarca al sector público y al privado, es obligación del Estado contenerla y erradicarla en ambas esferas.

En consecuencia, adquirimos el compromiso de revisar los esquemas de contratación del personal y la gestión financiera del sector público, así como garantizar transparencia en la organización de la administración pública, su funcionamiento y proceso de toma de decisiones. Debemos completar la reforma jurídica del Estado. Y regular, de manera especial, la financiación de los partidos políticos a fin de prevenir conflictos de intereses y preservar la integridad de las estructuras y procesos democráticos, y de manera especial perseguir la utilización de fondos adquiridos mediante prácticas ilícitas.

Por otra parte, se hace preciso aplicar un marco de supervisión de las instituciones financieras, basado en los principios de la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión empresarial racional. Para prevenir eficazmente la corrupción del sector privado, incluyendo las prácticas de doble contabilidad, cuentas no registradas en libros, anotación de gastos inexistentes o la utilización de documentos falsos, debemos establecer regulaciones tales como el mantenimiento de libros y registros, la divulgación de los estados financieros y la aplicación de normas contables y auditorias.

La agenda legislativa del Estado debe contemplar políticas claras para prevenir y sancionar el soborno de funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros e integrantes de organismos internacionales. Implantar procedimientos para impedir el tráfico de influencias, la malversación, la apropiación indebida y otras formas de desvío o uso indebido de bienes. Y desarrollar normas que eviten el ocultamiento de evidencias, el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito, y el aprovechamiento de la información reservada y confidencial.

En el combate a la corrupción, la recuperación de activos de origen ilícito es un elemento fundamental, que en el nuevo ordenamiento jurídico internacional tiene un gran poder disuasivo contra el delito y reduce en parte el daño causado, sobre todo si se trata de países pobres. Estamos hablando de apreciables recursos producto de la corrupción pública, la evasión fiscal y fraudes financieros, que se trasladan de países pobres a centros financieros, muchos de ellos ubicados en naciones industrializadas. Por ello es tan importante que se haya establecido un procedimiento de recuperación de activos ilícitos, incluyendo los bienes o rendimientos obtenidos, aun cuando hayan sido convertidos o disimulados. Para cumplir cabalmente ese propósito los Estados deberán prestarse entre sí la más alta cooperación y asistencia judicial.

Para fortalecer la cooperación entre los Estados y combatir el lavado de dinero, es vital la creación y operaciones de una unidad de inteligencia financiera. La experiencia guatemalteca, a ese respecto, dice que la inteligencia financiera aporta un cambio cualitativo en el develamiento de transacciones financieras bajo sospecha.

Además, es fundamental contar con un régimen de extradición para aquellos delincuentes prófugos por delitos cometidos o vinculados con la corrupción. Por ello consideramos sumamente importante que los Estados especifiquen plenamente los tratados de extradición que hayan suscrito para que, en caso de ausencia de tratado, se aplique el régimen de extradición obtenido en la Convención.

La poca claridad, o ausencia de tipificación de delitos en la legislación criminal de los Estados, han favorecido las conductas corruptas tanto en el sector público como privado.

En el caso de la evasión fiscal es aun más notorio el afán de garantizar el anonimato y la impunidad.

Es un aliciente que la Convención aporte correctivos a aquellos países cuyo orden legal favorece el encubrimiento del enriquecimiento ilícito al amparo de personas jurídicas, y muy especialmente donde las leyes mercantiles desprotegen a los accionistas y socios minoritarios.

Señor Presidente:

Una primera condición de viabilidad de un programa contra la corrupción, es el reconocimiento por parte del Estado, los actores estratégicos de la economía y la sociedad de que, aunque de manera asimétrica, todos somos parte del problema y también de la solución.

Esto nos lleva a una segunda condición: Que las iniciativas tengan en cuenta la mayor cantidad y calidad de actores posibles. Los esfuerzos unilaterales están condenados a fracasar, y los fracasos incrementan el escepticismo de la población. Una tercera condición es tomar en cuenta el carácter estructural y tenazmente sistémico del problema. Se trata de un fenómeno que involucra factores culturales, políticos, económicos, administrativos, legales, institucionales y organizacionales. Por lo tanto, es necesaria una visión integradora de todos ellos.

Para ello es fundamental la prevención, que significa cambiar la forma en que han funcionado las instituciones del Estado y sus relaciones con el sector privado y el resto de la sociedad. Eso implica profesionalizar el servicio público, eliminar discrecionalidades y poner en marcha sistemas participativos que nos hagan ganar en transparencia. Se trata, entonces, de promover reformas legales, institucionales y de participación.

Por otro lado, requerimos mecanismos de control efectivos para todo el Estado. Los mecanismos internos, derivados de leyes y reglamentos, deberán ser auditados por los órganos cuya función es detectar cualquier falla en el sistema de prevención. Deben además facilitar las pruebas para que opere el sistema de sanción. En la medida en que los mecanismos de prevención funcionan, el control

es más efectivo y opera mejor. Es muy difícil que un sistema de control funcione si no hay un sistema de prevención.

El ciclo debe completarse con la sanción. Pero la sanción es eficaz cuando existe un Estado de Derecho. No es posible sancionar actos de corrupción si no los detecta el sistema de control. Y estemos claros: El sistema judicial solo juzga a personas, no modifica las estructuras que dan lugar a que persista la corrupción.

En una palabra, el mejor antídoto contra la corrupción es: mayores libertades civiles, que incluyen libertad de expresión y de información, mejor participación ciudadana, y más competencia económica bajo reglas de simetría.

En febrero de 2002 firmamos una Carta de intenciones con el Banco Mundial que significa el compromiso, operado a través de una Comisión Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción, de iniciar una ruta que nos lleve a un programa de reformas en el sistema de prevención, control y sanción con participación de la sociedad y la comunidad internacional.

Concluyo recordando algunas lecciones de países que han impulsado programas contra la corrupción. La primera lección es que estamos ante un problema histórico, complejo y tenazmente sistémico; no podemos esperar cambios radicales de la noche a la mañana. Otra lección desaconseja el uso de una retórica excesiva y una burocracia redundante, sin concretar antes los cambios. Una tercera lección es no politizar las estrategias, generando la impresión que se trata de persecuciones políticas. Una cuarta lección dice que, aunque debe ejemplificarse la lucha contra la corrupción, este no es un problema de personas aisladas sino de estructuras y sistemas. Es preciso identificar prioridades estratégicas. Y, finalmente, no hay que aplicar enfoques simplistas, al margen de los procesos y la institucionalidad.

Muchas gracias.