El primer intento efectivo de promover los derechos de los niños fue la Declaración de los Derechos del Niño, redactada por Eglantyne Jebb, en 1923 y aprobada por la Sociedad de las Naciones en 19241. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una versión mucho más amplia de ese instrumento como su propia Declaración de los Derechos del Niño, con 10 principios en lugar de los cinco iniciales2. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue el primer instrumento jurídicamente vinculante que incorporó toda la gama de derechos humanos y describió las necesidades y los derechos específicos de los niños3. Estos derechos humanos abarcaban los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como aspectos del derecho humanitario3. La Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada en 1989 y entró en vigor en 1990. A mayo de 2010, son partes en la Convención 193 países —que la ratificaron y aceptaron o se adhirieron a ella con reservas o interpretaciones— entre ellos todos los miembros de las Naciones Unidas excepto Somalia y los Estados Unidos, que tan solo la firmaron3.
En virtud del derecho internacional, las naciones que ratifican esta convención internacional están obligadas a respetarla. Si bien todos los derechos a que se hace referencia en ella son extensivos a todos los niños, indígenas o no, la Convención sobre los Derechos del Niño fue el primer tratado fundamental de derechos humanos en incluir referencias específicas a los niños indígenas en diversas disposiciones (artículos 17, 29 y 30). Pese a la creciente sensibilización acerca de los derechos de los pueblos indígenas en los foros internacionales, los niños indígenas siguen siendo uno los grupos más marginados de nuestra sociedad4. Además, en Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelandia, el índice de mortalidad de los lactantes no indígenas es del 1,6% frente al 4,05% de los niños indígenas del mismo grupo de edad.
En 2000, la Asamblea General aprobó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas6. Se establecieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cada uno con indicadores cuantificables específicos. Cuatro de los ODM están relacionados con la lucha contra la pobreza, la reducción de los índices de mortalidad infantil, la lucha contra las epidemias, como el VIH/SIDA, y la creación de una alianza mundial para el desarrollo. Los 192 miembros de las Naciones Unidas y al menos 23 organizaciones internacionales han convenido en alcanzar estos objetivos para 2015. Para el Cuarto ODM, reducir la mortalidad infantil, se ha fijado la meta específica de reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años entre 1990 y 2015. Los indicadores del Cuarto ODM son los índices de mortalidad de los niños menores de 5 años y los lactantes, y la proporción de niños de 1 año que están vacunados contra el sarampión7.
En el presente artículo examinaré la función (y las limitaciones) de las estadísticas de salud en el seguimiento de los progresos hacia la consecución de los objetivos de reducir las tasas de mortalidad de los niños menores de 5 años y los lactantes (puntos 1 y 2 del Cuarto ODM) entre las poblaciones indígenas, y propondré que para supervisar y medir las repercusiones de las iniciativas, estrategias, políticas o prácticas destinadas a lograr esas metas, debe ejercerse de manera universal el derecho humano a ser tenido en cuenta. Asimismo, examinaré los obstáculos que impiden identificar de forma precisa y completa a las personas indígenas en las estadísticas vitales y los datos administrativos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) describió los derechos humanos como aquellos que son esenciales para vivir como seres humanos, niveles fundamentales sin los cuales es imposible sobrevivir y vivir con dignidad: todas las personas del mundo tenemos iguales derechos en virtud de nuestra humanidad común8. Según los teóricos de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación internacional de adoptar medidas dinámicas a fin de mejorar la salud y el bienestar de los grupos de población minoritarios, desfavorecidos y marginados9. Estos principios se expresan como un derecho universal a una vida sana, incluidos el acceso a una atención de calidad en condiciones de igualdad y los factores sociales que determinan la salud9, 10, 11, 12. Ese “derecho” no se interpretará como un derecho explícito a disfrutar de buena salud, sino como un derecho a disfrutar del mejor estado posible de salud13.
Si queremos saber con certeza si esos principios se han respetado en el caso de los lactantes y los niños indígenas de todo el mundo, debemos reconocer la existencia de los pueblos indígenas en las estadísticas de población y evaluar su estado de salud en el tiempo. No debemos negar a las personas el derecho a definirse a sí mismas14. Es, en efecto, un derecho humano el ser tenido en cuenta, con precisión y puntualidad, en las estadísticas de población, y los niños indígenas no deben quedar excluidos de las estadísticas nacionales e internacionales15.
Por otra parte, dado que las estadísticas de mortalidad de los niños pequeños y los lactantes son indicadores importantes de la salud de una población, un cuadro detallado de la mortalidad informa a una sociedad moral de sus progresos sociales en los niveles nacional o comunitario, sobre todo si se tiene en cuenta que algunas causas de mortalidad en niños y lactantes, como las infecciones, pueden prevenirse. Otras causas, como el bajo peso al nacer o los partos prematuros, se pueden prevenir en parte con una buena atención sanitaria e intervenciones prenatales16. Los estudios de las tendencias de la mortalidad y las estadísticas conexas muestran la evolución del estado de salud de la población.
Es posible medir y supervisar los índices y las causas de morbilidad y mortalidad de los indígenas, así como el acceso a servicios de atención mediante la identificación de la condición de indígena (o la pertenencia étnica) en los conjuntos de datos, como los archivos y registros de nacimiento, hospitalarios y de defunción, las encuestas de salud y los censos de población. Estos datos se desglosan por pertenencia o no a una población indígena, a fin de poder ofrecer información sobre unas y otras y establecer comparaciones entre ellas. Este desglose también proporciona un fundamento empírico para la elaboración de políticas y programas de salud, la evaluación de servicios e intervenciones y la vigilancia del gasto público17,18,19. A nivel local, estos datos permiten evaluar la idoneidad cultural y la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios a las necesidades de sus pacientes. Además, pueden ser sumamente útiles a las comunidades para promover el cambio normativo y vigilar la actuación política19. A nivel internacional, sirven para mantener un seguimiento e informar de la salud de los indígenas en un contexto internacional, aplicando un grado adicional de transparencia política19.
El análisis de los gastos per cápita, desglosados según correspondan o no a la población indígena, proporciona asimismo una base para evaluar el derecho humano a gozar de buena salud en condiciones de igualdad19.
No obstante, las estadísticas como medio para evaluar la medida en que la población disfruta del derecho a la salud tienen sus limitaciones debido a la dificultad de identificar con exactitud y rigor a toda la población indígena14,17,19. El problema suele derivarse de una combinación de factores, como las diferencias en la clasificación de las personas indígenas, la evolución de la propensión de las personas a identificarse como indígenas y las incoherencias en las preguntas formuladas por el personal del censo17,18,19.
