Durante el sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, la Tercera Comisión abordó, como tema prioritario de su programa, la cuestión de los derechos de las mujeres, los niños y los migrantes, así como una evaluación de la labor realizada por el Consejo de Derechos Humanos, creado recientemente, y aprobó un proyecto de resolución que incluye el derecho al desarrollo entre los principales objetivos de este nuevo organismo de las Naciones Unidas. En vista de la inquietud expresada por muchos de los Estados Miembros con respecto a la labor anterior del Consejo, esas medidas podrían contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre éste y la Asamblea General. Las violaciones específicas de los derechos humanos en algunos países, por ejemplo en el Irán, Myanmar y la República Democrática Popular de Corea, también fueron objeto de un amplio debate, produciéndose profundos desacuerdos entre los Estados Miembros respecto a la manera de actuar ante esas supuestas violaciones. “Tenemos que ejercer la máxima presión sobre algunos países para que mejoren la situación de los derechos humanos y, a veces, nos vemos obligados a adoptar la política de “nombrar y avergonzar”—declaró el Sr. Hamid al Bayati (Iraq), Presidente de la Comisión.—.No obstante, tampoco deseamos provocarlos innecesariamente ni lanzar contra ellos falsas acusaciones.” Además de una abrumadora cantidad de resoluciones aprobadas por consenso, algunos de los principales temas de discusión durante el debate fueron los proyectos de textos sobre violaciones de derechos humanos específicos.
PROTEGER A LAS MUJERES POBRES DE LA “TRATA DE SERES HUMANOS”
Un enfoque holístico de la trata de seres humanos
Una niña de 12 años sufre una brutal paliza tras intentar escapar de un prostíbulo en Bangkok (Tailandia), mientras que otra de 14 tiene que atender a seis “clientes” cada noche y termina contrayendo el VIH. En Filipinas, una familia entera sobrevive con el sueldo de su hija que trabaja como prostituta en el extranjero.
La trata de personas, que arrastra a mujeres y niñas a la prostitución en contra de su voluntad, es una epidemia de una sordidez inimaginable. La combinación de trabajo no remunerado y forzoso que se da en esta práctica ha dado lugar a una forma moderna de esclavitud comúnmente conocida como trata de seres humanos. Una resolución patrocinada por Filipinas y aprobada por unanimidad por la Tercera Comisión constituye el último eslabón de una cadena de medidas progresivas que tienen por objeto atajar la expansión de la servidumbre sexual. Además de ocuparse de uno de los problemas más insidiosos a los que se enfrenta la comunidad internacional, esta última resolución contra la trata de seres humanos también constituye un caso de estudio para la movilización: averiguar la causa de los problemas y la forma de solucionarlos con rapidez.
En Asia, probablemente el centro neurálgico de la trata de seres humanos a nivel mundial, esta práctica se generalizó en las décadas de 1970 y 1980. Según la organización no gubernamental Vital Voices, la presencia de soldados extranjeros destinados en la región y la bonanza económica del Japón por aquel entonces generaron una gran demanda de prostitución. Hoy en día, los intermediarios llevan a las mujeres víctimas de esta modalidad de trata a bares y clubes nocturnos, que las “adquieren” y retienen en contra de su voluntad, sirviéndose de la presión de las deudas y la amenaza de la violencia física. “La pobreza hace vulnerables a las personas y hay indeseables que se aprovechan de las personas que sueñan con una vida mejor”, afirmó Antonio María Costa, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el transcurso de un reciente acto sobre la trata de seres humanos copatrocinado por la Universidad de Nueva York. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en el mundo hay más de 2 millones de personas que se encuentran, de un modo u otro, en manos de traficantes. Pese a que la gran mayoría de los casos probablemente no se denuncian, el número estimado de mujeres víctimas de la trata asciende a 10 millones.
Pero, a medida que los expertos adoptan un enfoque más holístico del problema, también han ido surgiendo indicios esperanzadores. El informe anual de 2006 de la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas se centra en la demanda de la explotación sexual con fines comerciales y de la trata. “Por demanda debe entenderse la que propicia la explotación, no necesariamente la demanda directa de esa explotación”, se afirma en el informe. Este concepto amplio de demanda hace recaer la responsabilidad no sólo en los traficantes y “usuarios de la prostitución”, sino también en “las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que propician la opresión de mujeres y niños en todo el mundo".
Incidir especialmente en la infraestructura social que propicia la trata es un concepto que se ha desarrollado en varias direcciones a partir del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, aprobado en 2000 en Viena. El Protocolo define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción”, al rapto, al fraude o al engaño, con fines de explotación, incluidos con trabajos forzados, servidumbre, esclavitud y otras formas de explotación sexual. Los Estados Miembros que han ratificado el Protocolo están obligados a adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno tales conductas y perseguir enérgicamente a los traficantes. La asistencia de las Naciones Unidas a nivel regional ha supuesto una gran diferencia para muchos de los signatarios del Protocolo. Por ejemplo, el proyecto interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la trata de personas en la subregión del Gran Mekong proporciona apoyo y asistencia para la investigación a nivel regional, incluidos Camboya, Tailandia y cuatro países limítrofes donde se estima que 225.000 mujeres y niños han sido víctimas de la trata.
Tal y como muestra la resolución sobre la trata de personas, esta perspectiva más holística, que incorpora los derechos humanos, va ganando cada vez más preponderancia práctica a nivel mundial. Se insta a los gobiernos a “tomar las medidas necesarias para combatir las causas fundamentales, incluidas la pobreza y la desigualdad entre los géneros”. Aunque se centra en los derechos humanos de las víctimas, el reciente cambio en las tendencias que priman en la lucha contra la trata de personas refleja la necesidad de actuaciones judiciales penales contra traficantes y usuarios de la prostitución. La resolución también hace un llamamiento a la criminalización de todas las formas de trata de personas, y a la condena y sanción de los culpables, sin olvidar la nueva práctica de responsabilizar a los ciudadanos de un Estado de los crímenes sexuales cometidos en el extranjero.
Filipinas, que es el Estado patrocinador de la resolución, se ha mostrado particularmente activo en lo relativo a las medidas judiciales. La primera condena conforme a la legislación de 2003 se produjo en 2005 cuando, según la prensa local, se estaban llevando a cabo las investigaciones preliminares de 67 casos y otros 31 ya se habían interpuesto ante los tribunales. En consecuencia, Filipinas ha liderado la coordinación multicultural y ha unido sus esfuerzos a los de las Naciones Unidas iniciando una investigación sobre pornografía infantil en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 2004, Filipinas fue uno de los 140 países que respondieron a un cuestionario específico sobre los esfuerzos encaminados a la lucha contra la trata de personas que fue coordinado por la División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer. Con la publicación en línea de las respuestas completas de esos países, la División ha logrado avanzar hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, y además ha publicado los logros alcanzados, como es el caso de Filipinas.
Según se desprende de esas respuestas, los esfuerzos a nivel popular para proporcionar formación práctica a las mujeres, erradicar la pobreza en el medio rural y promover las cuestiones de género, se están produciendo —en gran medida—, gracias al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo de ello es el Consorcio contra el Tráfico de Niños y Mujeres para la Explotación Sexual, en Filipinas, que desarrolla actividades de divulgación en bares y clubes nocturnos de la ciudad de Cebu y ha conseguido ejercer presión en el ámbito regional para la incorporación de modelos formativos de capacitación en cuestiones de género a los programas de estudio de los colegios. En marzo de 2007, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito copatrocinará la Iniciativa Mundial de Abu Dhabi para Eliminar la Trata de Personas en los Emiratos Árabes Unidos. Del mismo modo que Beijing se ha convertido en sinónimo de los derechos de las mujeres y Kyoto en el de las cuestiones medioambientales, el Sr. Costa instó a la comunidad internacional a unirse a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para que algo similar ocurra con Abu Dhabi al albergar esta cuidad otra reunión histórica, y añadió que dicha reunión debería establecer medidas de protección firmes, aumentar la sensibilización internacional y ayudar a los Estados a atajar las causas fundamentales de la trata de personas. “No se trata de una lista de deseos —apostilló—, sino de una cuestión de Derecho Internacional”.
Para obtener más información sobre la trata de personas, consúltese http://unodc.org y http://www.vitalvoices.org. Para obtener información sobre las acciones llevadas a cabo en países específicos, consúltese http://www.un.org/womenwatch/daw/Revenglish/responses.htm
