En nombre del señor Presidente de la República del Paraguay, Luis Ángel González Macchi, y en mi carácter de Ministro de Acción Social, felicito a la Organización de las Naciones Unidas por la realización de esta Asamblea, en un tema que consideramos de suma importancia para el presente y futuro de nuestras naciones. Asimismo, agradecemos al Gobierno español la invitación a participar de este evento y la hospitalidad que nos brinda.

El desafío del desarrollo en el presente siglo, en un mundo globalizado y en envejecimiento, exige a nuestros pueblos asumir una posición crítica con relación a los modelos socioeconómicos vigentes, con el propósito de introducir los cambios necesarios que permitan que el desarrollo promueva el bienestar de todas las personas.

En este sentido, hemos visto que el crecimiento de la economía es condición indispensable para el desarrollo. Sin embargo, también hemos constatado que el crecimiento por sí solo no mejora la calidad de vida de todas las personas. Es sabido que el crecimiento, además de sostenible, debe ser inclusivo. Es decir, para hablar de desarrollo como mejora de la calidad de vida de todas las personas, es menester crecer sin excluir a nadie, no sólo de los procesos estrictamente económicos, sino sobre todo de los beneficios sociales del crecimiento.

Al respecto, una política fiscal eficiente en su función redistributiva es fundamental para promover la inclusión social de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran, no sólo la población adulta mayor, sino además la población pobre, infantil, indígena, migrante, con discapacidad, entre otras. Con políticas fiscales que se traducen en bajos niveles de presión tributaria, que no reflejan un genuino sentido de equidad, no es posible pensar con seriedad en la disponibilidad de recursos para la atención de estas poblaciones. Por lo mismo que no es serio pensar en un sistema eficiente de protección social con una institucionalidad del área social débil, dispersa y descoordinada.

Asimismo, en tanto pensemos en las personas ante todo como un factor de producción de la economía, cuyo valor es directamente proporcional a su capacidad de trabajo o generación de riqueza, no avanzaremos en brindar las oportunidades de una vida digna a los grupos más vulnerables de la sociedad. Esto es de fundamental importancia considerar en el momento de diseñar políticas a favor de los adultos mayores, porque a menudo se trata de forzar su inserción en el mercado laboral como solución a sus vidas, cuando que el bienestar de los adultos mayores, y de cualquier persona, va más allá de la simple inserción laboral.

El modelo económico de libre mercado ha permitido avances significativos en la calidad de vida de las personas, especialmente en los países más desarrollados. Pero la interpretación de estos avances no se debe limitar simplemente al incremento de la esperanza de vida al nacer o al vivir con mayores comodidades materiales. Mejorar la calidad de vida implica la satisfacción de las necesidades integrales de la persona, no sólo las básicas de alimentación, vestido y seguridad, sino además las de pertenencia, reconocimiento y autorrealización. Si realmente se pretende satisfacer las necesidades integrales de los adultos mayores, en tanto personas, las políticas y los programas de protección y promoción social deben recoger esta concepción amplia de la calidad de vida.

Aunque el modelo permitió experimentar a la humanidad significativos avances en el bienestar de las personas, se ha visto que no resuelve la situación de pobreza e indigencia, no sólo material sino psicológica y moral, de millones de seres humanos, por lo que se torna necesario ir más allá de los conceptos de competencia y consumo que le son propios, para superar estas deficiencias.

Debemos señalar, igualmente, que la idea de justicia en la economía de libre mercado, como dar a cada cual lo que se merece conforme a sus capacidades, hoy resulta insuficiente, si no pernicioso, para restituir el equilibrio de oportunidades entre los hombres y entre las naciones. En las circunstancias del mundo actual, se precisa de la vigencia real de un principio más racional, profundo y humano, un principio ético, el principio de equidad, cuya primera implicancia o expresión en la conducta humana y social constituye la solidaridad, sea ésta intergeneracional, interpersonal o internacional.

Aunque la competencia siga siendo un eje central en el crecimiento económico, la situación mundial de pobreza, desigualdad y exclusión social, que afecta a una gran proporción de la población planetaria, ha hecho ver que la cooperación es imprescindible en las relaciones entre los individuos y entre las naciones. Y aun la cooperación resulta insuficiente, por lo que se requiere de una actitud de mayor significado e impacto, basada en el sentido y el sentimiento de solidaridad. Mas no una solidaridad resentida o arrogante, sino sincera y racional, producto de lo que hoy se da en llamar conciencia planetaria o colectiva. El presente y el futuro exigen concretar con mayor eficacia y eficiencia los conceptos de cooperación y solidaridad, para brindar a todos los individuos y las naciones las posibilidades de una vida digna.

Las políticas sociales, sobre todo aquellas focalizadas en los grupos más vulnerables de la sociedad, deben basarse, en un alto grado, en el sentido de cooperación y solidaridad. Y esto mismo es necesario respecto de las políticas internacionales en los países más desarrollados, porque el modelo de mercado trasciende las fronteras políticas y sus efectos se han globalizado.

Tres medidas concretas, de parte de los países más desarrollados, podrán contribuir efectivamente a la afirmación de este sentido y sentimiento de cooperación y solidaridad entre las naciones: la eliminación de barreras arancelarias, el cumplimiento del compromiso de asistencia oficial para el desarrollo, y la implementación de iniciativas de reconversión de deuda por naturaleza e inversión social.

Los grupos vulnerables de la sociedad no podrán mejorar la condición de sus vidas con soluciones que emerjan del paradigma del desarrollo como sinónimo, sin más, del crecimiento económico en condiciones de libre mercado, por la sencilla razón de que las oportunidades y las capacidades inherentes o desarrolladas son mucho menores en estos grupos.

Estas diferencias de oportunidades y capacidades hacen que la igualdad constituya un mito, una utopía, y la competencia una regla de juego injusta y despiadada, porque se la impone entre desiguales. Resulta una necedad, en estas condiciones, introducir forzosamente a los adultos mayores, o a cualquier otro grupo vulnerable, en el modelo competitivo del libre mercado, y con sólo ese hecho esperar que sus vidas se dignifiquen substancialmente.

Esta solución peca de simplista y podría reflejar más bien una intención de deshacerse del problema, antes que de solucionarlo. Si profundizamos en el tema, nos daremos cuenta que los propios no vulnerables, a menudo, no encuentran la dignidad en el modelo con el sólo hecho de participar en él. Es decir, más que de empleo, se trata de brindar una ocupación que aproveche las cualidades y satisfaga las necesidades y expectativas de la persona adulta mayor.

Es necesario, por ende, ir más allá de la inserción laboral tradicional y capitalizar las ventajas comparativas de los adultos mayores que se dan básicamente en términos de conocimiento, experiencia de vida y carácter más templado, para potenciar en ellos la realización de actividades de servicio a la familia y a la sociedad. Esto les permitirá, con mayor facilidad, satisfacer las necesidades propias de toda persona, las de pertenencia, reconocimiento y autorrealización.

También es importante recordar que la adopción de un modelo económico determinado lleva implícita la responsabilidad de asumir los costos sociales de las imperfecciones de dicho modelo. Y esta responsabilidad es colectiva y global, no sólo porque el modelo tiene efectos colectivos, sino porque la misma colectividad, indirecta o directamente, ha tomado la decisión de optar por el modelo. A nivel de los individuos y a nivel de las naciones, existe la responsabilidad de asegurar una vida digna a aquellos individuos y naciones que, por las oportunidades y capacidades que poseen, no se hallan en condiciones de satisfacer sus necesidades. Y esta responsabilidad se corresponde con el derecho de los individuos y las naciones más vulnerables, de resarcirse de los efectos del modelo. Este derecho constituye, como se diría en el ámbito de la ciencia jurídica, un derecho de función pública, porque es de beneficio para toda la sociedad y las naciones en su conjunto.

La humanidad llegó a un punto crítico que exige cambios de actitudes, tanto de las personas como de las naciones, respecto a las relaciones con los demás. El efecto pernicioso de nuestras actitudes egoístas alcanzará a todos, tarde o temprano, porque, como cuando un avión se precipita, ningún pasajero está exento del riesgo de perecer, sea de clase económica, ejecutiva o primera.

 Finalmente, el escenario de un mundo en envejecimiento nos exige movilizarnos a partir de una genuina y eficaz actitud de solidaridad, como individuo hacia los adultos mayores, y como país hacia las naciones menos desarrolladas. El Paraguay expresa su compromiso de realizar el esfuerzo necesario para la implementación de las decisiones de esta magna Asamblea, a efectos de que dicho escenario se presente acorde con la dignidad humana.

 Muchas gracias y que Dios los ilumine.