Sr. Presidente,
Distinguidos Delegados,
Señoras y señores
Es para mi un honor dirigirme a ustedes, en ocasión de este magno evento y quiero agradecer la hospitalidad del Gobierno de España al permitir que se realice esta importante reunión en su país. 

Costa Rica desea dejar patente su complacencia en participar en esta Asamblea Mundial y comparte las directrices generales señaladas en el documento base de discusión que se ha puesto en manos de todos los países miembros de Naciones Unidas. Sobre todo porque dentro de la cultura democrática y civilista de nuestro país, las personas mayores siempre han sido una prioridad. 

Esto especialmente en el último decenio, en que la pirámide poblacional en Costa Rica ha variado radicalmente, mostrando una verdadera transición demográfica epidemiológica, entrando en un proceso de envejecimiento de la población. 
En la actualidad, las personas mayores de 60 años constituyen el 9 % de la población total de Costa Rica, lo que significa un número de hombres y mujeres mayores de 60 años de 320.000 personas. 

En ese sentido, apostamos a una transformación de la realidad histórica de la persona mayor, marcada hoy en día por la pobreza, la inactividad, la enfermedad y la marginalidad. Buscamos un nuevo enfoque de vida digna, con participación activa, con atención integral y ante todo, con igualdad de oportunidades con respecto al resto de la población. 

Creemos que esa transformación se puede dar si hay una voluntad política del más alto nivel en todos los países del mundo, que además debe respaldarse con un marco legal adecuado y sobre todo con mecanismos permanentes de financiamiento. Esto con el fin de que los planes y proyectos que se formulen a partir de una política nacional, permitan que las buenas intenciones se traduzcan en cambios reales, profundos y permanentes. 

La persona adulta mayor es un miembro activo de la sociedad y en ese contexto deben visualizarse los planes que se ejecuten. En primera 
instancia, debe darse la participación a las personas mayores. a quienes constituyen los principales actores en este tema y posteriormente debe gestionarse un proceso de participación multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial, que logre que los planes que se formulen garanticen los derechos para mejorar la calidad de vida, los derechos en el ámbito laboral, los derechos para vivir dignamente y con seguridad en establecimientos de cuido, los derechos a la integridad, pero sobre todo, que garantize el derecho a una imagen y posición de respeto en la sociedad. 

Señor Presidente,

Frente a éstas reflexiones y a partir de la historia de nuestro país, un país en vías de desarrollo, pero con indicadores de país desarrollado, para lo cual cito una mortalidad infantil de menos de 10 por 10.000 hab., una esperanza de vida promedio de 78 años, bajos niveles de mortalidad infantil, una inversión en salud superior al 9.5% del Presupuesto Nacional y de educación en cifras similares, se toma la decisión de implementar un verdadero programa de apoyo y transformación orientado a las personas adultas mayores. 

Por ello, en octubre de 1999 se aprueba la "Ley Integral para la persona Adulta Mayor", legislación en la que se definen responsabilidades concretas para cada una de las instituciones del Estado en el tema de la persona adulta mayor, que contribuyan al desarrollo y el cumplimiento de los derechos de esta población. 

A continuación trataré de resumir estas responsabilidades: 

En el sector de Educación, el desarrollo de programas para crear puentes intergeneracionales, capacitación y formación de personal de salud para atención integral de la persona mayor en todos los servicios del sistema; 
En el ámbito de la Vivienda, un programa especial para garantizar vivienda digna a todos los adultos mayores; 
En el sector Salud, el desarrollo de un plan de acreditación de establecimientos de cuido a personas mayores, garantía de calidad de los programas de educación y sensibilización. Además, el fortalecimiento de un Hospital Geriátrico altamente especializado en nuestra capital y en el que se capacita a personal médico del resto del país para la atención diferenciada y especializada en todos los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, único prestador de servicios integrales de salud a nivel nacional, con cobertura universal; 
En el ámbito de la Seguridad Social, garantía de pensiones a las personas mayores de nuestro país, donde actualmente la cobertura de las personas mayores por algún régimen de pensiones es del 65%. Y de especial relevancia, cito dentro del ámbito legal, la "Ley de protección al Trabajador", mediante la cual se garantiza una pensión del régimen no contributivo para la totalidad de la población adulta mayor que no cuenta con recursos económicos y en extrema pobreza, derecho declarado como universal para este sector de la población; 
En el ámbito de los Transportes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes toma la responsabilidad de transformar el Sistema de Transporte Público, permitiendo una deducción del costo de los pasajes para el adulto mayor, según la distancia recorrida y exonerándolos de todo pago en distancias menores a 25 Km; 
En el ámbito de la participación ciudadana, a partir de la publicación de la "Ley Integral para la Persona Adulta Mayor", se ha incentivado la organización y participación de la sociedad civil, contando en estos momentos con un mayor número de grupos organizados trabajando en este tema. 

Otra de las acciones realizadas es la consolidación del Foro contra el abuso a la persona mayor, que ha dado seguimiento y soluciones a gran número de casos con este gran problema social, que es cada vez más frecuente. 

Todo lo anterior se ejecuta con la coordinación directa de la primera Dama de la República, quien preside y apoya al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, órgano que tiene como principal función el dictar y elaborar políticas y estrategias nacionales para esta población y su misión es propiciar un envejecimiento y una vejez con calidad en Costa Rica. 

Es allí donde se reúnen los jerarcas de todas las instituciones relacionadas con el abordaje integral de la persona adulta mayor, donde se elaboran planes conjuntos y se da el proceso de evaluación y seguimiento. 

En el ámbito del Financiamiento, uno de los grandes éxitos en este proceso de cambio ha sido la aprobación de otra ley que permite proveer financiamiento permanente a los programas que desde el Consejo se impulsen, como es la "Ley de Cargas Tributarias sobre Cigarrillos, Cervezas y Licores", legislación que provee financiamiento permanente a los programas que desarrolla el Consejo, asignando un 31% de los recursos recaudados por impuestos a estos productos. 

Se suman al financiamiento de programas, los recursos de otras leyes como la "Ley de Lotería Electrónica" y el "Fondo de Asignaciones Familiares". 

La experiencia nos ha enseñado que la persona mayor requiere de un compromiso, decisión y protección del Estado y de la Sociedad Civil y que corresponde al Estado la búsqueda de mecanismos de coordinación con la empresa privada y las instancias de organización social, para poder 
transformar las buenas intenciones en programas concretos y exitosos que permitan el desarrollo personal y digno de ese importante y activo segmento de la población: LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Las personas envejecen y con su envejecimiento individual cambian sus necesidades y se hacen efectivos ciertos derechos resultantes de su situación como personas adultas mayores. Pero las sociedades también envejecen en la medida en que cambia su composición por edades y en este envejecimiento colectivo social, se modifican los perfiles de las demandas sociales. 
Por ello, queda en manos de todos los países hoy aquí reunidos, el poder responder a estas demandas con prioridad y decisión, para que la historia de las personas adultas mayores sea una antes y otra después de esta Asamblea. 

Muchas gracias.