Suministrar agua - a cierto precio

Suministra agua y saneamiento a la población del mundo es una enorme - y cara - tarea. La cuestión que es centro de muchos debates entre los políticos, los expertos y los grupos de ciudadanos es si esos servicios esenciales son proporcionados de mejor forma por los gobiernos o por el sector privado. A continuación se presenta información de antecedentes en relación con este debate y se bosquejan algunas de las principales posiciones existentes.

Proporcionar agua potable y saneamiento a las personas que carecen de esos servicios exige una inversión masiva, que se estima entre 14.000 y 30.000 millones de dólares por año, por encima de los niveles actuales de gastos por año que ascienden a 30.000 millones de dólares en todo el mundo. Como sucede con otros servicios de infraestructura, como la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte, la mayoría de los países en desarrollo depende de esos servicios del sector público para financiar y poner en operación los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Pero, debido a las limitaciones financieras y en materia de recursos humanos, los resultados suelen ser servicios y cobertura ineficientes y de baja productividad. Según el Banco Mundial, se estima que las ineficiencias técnicas en materia de generación de electricidad, abastecimiento de agua, carreteras y vías férreas únicamente provocaron pérdidas por un monto de 55.000 millones de dólares al año al principio del decenio de 1990, cifra que equivale al 1% de PIB de todos los países en desarrollo, una cuarta parte de sus inversiones anuales en infraestructura y el doble de la financiación anual para el desarrollo de la infraestructura.

A fines del decenio de 1980, muchos países de todas las regiones del mundo, presionados por los prestamistas internacionales, comenzaron a dirigirse al sector privado para que asumieran la operación de las empresas que se ocupaban de la infraestructura existente y para que financiaran nuevos activos en la infraestructura. Se argumentaba que la financiación del sector privado y su experiencia en materia de gestión podrían mejorar la calidad y cantidad de los servicios de infraestructura. Se podrían utilizar los recursos financieros del sector privado y ampliar los servicios, a la vez que se reduciría la carga que pesaba sobre los limitados recursos públicos.

En los países en desarrollo, los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento están a menudo subsidiados, tradicionalmente mediante pagos directos a las empresas que prestan esos servicios, y se pagan con la tributación general. Las inversiones actuales en materia de agua y saneamiento en los países en desarrollo ascienden a cerca de 15.000 millones de dólares. Según el Banco Mundial, los gobiernos se encargan de pagar cerca del 75% de la financiación y el sector privado cerca del 11%, y el 14% restante es financiado por organismos que prestan apoyo externo.

Por lo general se cree que el agua es un bien común y una necesidad básica que se puede proporcionar mejoer por el sector público a muy bajo costo. Como resultado de ello, el costo total del abastecimiento de agua rara vez se carga a los consumidores. Incluso los derechos de uso que se cobran a usuarios industriales generalmente se basan en costos medios y no tienen en cuenta los costos reales de factores externos como la evacuación de agua de desechos, así como los "costos de oportunidad", como los beneficios dejados de percibir por no poner en prácticas usos alternativos del agua. Un resultado de ello es que una gran cantidad de agua es subevaluada y desperdiciada, aun cuando el mundo encare una escasez de agua cada vez mayor. Sin indemnización por los gastos incurridos, los gobiernos de los países en desarrollo por lo general no pueden plantearse ampliar sus servicios para que lleguen a todos los que los necesiten y los pobres que no los reciben se ven a menudo obligados a emprender largas caminatas para conseguir agua y corren el riesgo de contraer enfermedades vinculadas a suministros de agua no apta para el consumo.

En algunas propuestas se argumenta que la privatización de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento puede abordar algunos de esos problemas. Actualmente el sector privado administra el sistema de abastecimiento de agua del 7% de la población mundial únicamente. Se prevé que esa cifra se duplique para 2015. Se estima que el volumen de negocios correspondiente a las aguas administradas por el sector privado asciende actualmente a 200.000 millones de dólares al año y las proyecciones del Banco Mundial muestran que esa cifra podría alcanzar 1 billón de dólares al año para 2021.

Crítica cada vez mayor
Sin embargo, la participación creciente del sector privado recibe una crítica cada vez mayor. Al igual que cuando los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento eran administrados por el sector público, existen informes de servicios administrados por el sector privado que han utilizado contaminantes peligrosos, de tuberías con escape de agua que no se han reparado durante semanas y, en particular, de aumento de los precios, lo que pone a los pobre en una situación en que tienen que elegir entre los alimentos o el agua. En Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia en tamaño, los precios aumentaron en un 35% después de que un consorcio privado pasó a encargarse del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, en 1999, lo que provocó prolongadas protestas callejeras. El contrato con el suministrador privado de agua fue rescindido menos de un año después.

Incluso los intentos de algunos países en desarrollo de adoptar enfoques propios del sector privado han arrojado dolorosas experiencias. Cuando el Gobierno de Sudáfrica intentó poner fin a los subsidios al abastecimiento de agua en el año 2000, millones de pobres se vieron obligados a utilizar agua procedente de ríos y lagos contaminados, lo que provocó uno de los peores brotes de cólera que haya tenido el país.

Esos casos refuerzan dos percepciones comunes: que la participación del sector privado enriquece a unos pocos a expensas de muchos y que el agua fluye hacia quien puede pagarla. Los críticos dicen que las empresas privadas, en su intento por hacer ofertas atractivas para conseguir contratos a largo plazo, a menudo subestiman el costo de mantener un sistema de agua. Una vez que se ha obtenido el contrato y se han iniciado las operaciones, recurren a los recortes de personal y de los gastos de mantenimiento, o al aumento de los precios, o a ambas cosas, para obtener utilidades. Otros detractores de la privatización argumentan que el agua es un derecho humano y que debe garantizarse el acceso adecuado y equitativo a ese recurso sin fines de lucro. El agua no debería ser administrada por empresas con fines de lucro.

La búsqueda de una solución
Sin embargo, independientemene de quién administre este recurso fundamental, el abastecimiento de agua y el saneamiento tendrán que ser pagados inevitablemente por alguien, ya sean los consumidores o los contribuyentes. Algunos expertos sostienen que las empresas privadas, que en muchos casos están en mejores condiciones de identificar las deficiencias y proporcionar los servicios necesarios, tienen una importante función que desempeñar. Pero el hecho de que trabaje conjuntamente con el sector privado no significa que un gobierno quiera, pueda o deba simplemente traspasar la gestión de sus recursos hídricos al sector privado, y dejar que la búsqueda de utilidades siga su curso. Más bien, supone un diálogo entre el gobierno, el sector privado y todos los usuarios para encontrar soluciones equitativas y ecológicamente racionales.

Podría establecerse un espectro de relaciones que brindarían diferentes opciones al sector privado y la función que desempeñaría. Los gobiernos podrían transformar su papel y pasar de financieros exclusivos y proveedores de servicios de infraestructura a facilitadores y reguladores de los servicios proporcionados por empresas privadas. Los contratos tendrían que estar bien concebidos, con un equilibrio adecuado de normas mínimas y penalidades, así como de incentivos. En todos los casos, los gobiernos deberán participar en la supervisión y la reglamentación general.

Otra propuesta examinada que podría aportar una solución se refiere a una mejor fijación del precio del agua por los gobiernos. La elaboración de planes de fijación de precios que atiendan las preocupaciones sociales, técnicas, económicas y ambientales es otro desafío importante. Una opción que se está sometiendo a prueba en algunos países consiste en que los gobiernos paguen parte de la factura del agua de los hogares pobres que reúnan determinados criterios con arreglo a un enfoque de subsidio directo. Los consumidores que consuman más agua de la necesaria para satisfacer las necesidades básicas tendrían que pagar tarifas cada vez mayores por unidad de agua utilizada. Se trataría de una solución diferente a permitir que el precio del agua caiga por debajo de los costos económicos indiscriminadamente.