La violencia sexual como arma de guerra
Son las mujeres fundamentalmente quienes quedan marcadas con las cicatrices de un conflicto violento.
La violación cometida durante la guerra tiende a ser sistemática y con la intención de aterrorizar a la población, destruir a las familias, a las comunidades y, en algunos casos, cambiar la composición étnica de la siguiente generación. A veces se utiliza también para que las mujeres de la comunidad agredida no puedan tener más hijos.
En las provincias orientales de la República Democrática del Congo (RDC), la violación ha sido un medio de librar la guerra, que han utilizado todos los grupos en el conflicto. En el caso de Rwanda, se calcula que entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los tres meses que duró el genocidio en 1994.
Los organismos de las Naciones Unidas calculan que las milicias armadas violaron a más de 60.000 mujeres en la guerra civil de Sierra Leona y a más de 40.000 en el conflicto de Liberia. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) calcula en unas 60.000 las mujeres violadas en la ex Yugoslavia.
Sin embargo, pese a su frecuencia, “hasta hace poco no se reconocía su efecto devastador. Los gobiernos, la sociedad civil y las personas sencillas tienen que hacer mucho todavía para buscarle solución”.
El Dr Denis Mukwege Mukengere, director del hospital Panzi en Bukavu, región oriental de la RDC, dice que la mayoría de las supervivientes que su hospital trata no sólo han sido violadas sino que tienen sus genitales mutilados. Dice que la práctica es común y los agresores la utilizan para incrementar las posibilidades de que estas mujeres contraigan VIH/SIDA, y asegurarse de que nunca más puedan parir.
“Es un instrumento de genocidio destinado a destruir a la comunidad agredida asegurándose de que sus mujeres no puedan tener más hijos”.
Decenas de miles de mujeres fueron violadas en esta región durante diez años de guerra y el hospital atendió a unas 20 víctimas de violación diarias desde que comenzó la guerra en 1996, la tercera parte de ellas necesitaban cirugía reconstructiva para reparar las heridas sufridas a causa de la violencia sexual. Panzi es uno de los tres centros de salud de la Provincia de Kivu Sur que cuenta con instrumental para atender traumas los físicos y psicológicos masivos que la violencia sexual causa a sus supervivientes.
El UNIFEM y otros organismos de las Naciones Unidas reiteran esas observaciones. Los combatientes utilizan de rutina la violación en masa, los actos de agresión sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzosa y el embarazo forzoso como instrumentos de tortura, dominación étnica y depuración étnica. Las violaciones y otros actos de violencia sexual se llevan a cabo en público para llevar al máximo la humillación y el terror que la mujer y su comunidad experimentan.
“Es un instrumento de terror, utilizado para vencer la resistencia e inspirar el temor a la represalia”, dice la investigadora Jeanne Ward.
Reconocimiento de la violencia sexual como crimen de guerra
La violencia sexual contra las mujeres es un delito común. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco mujeres ha experimentado alguna forma de violencia sexual. Pese a su frecuencia, ha sido difícil en tiempos de paz lograr que la violencia sexual se reconozca y castigue como delito, más aún en sociedades donde los sistemas jurídicos, después de una guerra, quedan en un estado de deterioro máximo. De ahí que los perpetradores muchas veces queden sin castigo.
Por ejemplo, durante la segunda guerra mundial, las dos partes en el conflicto se acusaron mutuamente de violaciones en masa, sin embargo, ninguno de los dos tribunales establecidos por los países aliados victoriosos para enjuiciar crímenes de guerra, en Tokio y Nuremberg, reconoció en sus Cartas el delito de violencia sexual.
En el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 que se ocupa de la protección de civiles en tiempo de guerra se prohíbe la tortura y los tratos crueles, así como “los atentados contra la dignidad personal”, especialmente los tratos humillantes y degradantes. En el Convenio se establece explícitamente que las mujeres serán “especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todos atentado a su pudor”. Sin embargo, la violación y la agresión sexual no se incluyeron en la lista de las "infracciones graves" previstas en el Convenio, que los Estados están en la obligación de perseguir y enjuiciar. Un lenguaje parecido se utiliza en los dos Protocolos adicionales del Convenio (relativos a la protección de las víctimas de conflictos internacionales y sin carácter internacional), que se aprobaron en 1977.
No fue hasta 1992, ante la generalización de las violaciones de mujeres en la ex República de Yugoslavia, que la cuestión de la violencia sexual en un conflicto finalmente captó la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 18 de diciembre de 1992, el Consejo declaró que la “detención y violación masiva, organizada y sistemática de mujeres, en particular de mujeres musulmanas, en Bosnia y Herzegovina" era un delito internacional que debía abordarse. Posteriormente, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se incluyó la violación como crimen de lesa humanidad, junto con otros delitos como la tortura y el exterminio, cuando se cometan en un conflicto armado contra la población civil. Poco después, se estableció lo mismo en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y varios años más tarde se dictaron las primeras condenas:
- En 1998, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda fue el primer tribunal internacional que halló culpable a un acusado de violación como crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio (utilizado para perpetrar el genocidio).
- En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se convirtió en el primer tribunal internacional que halló a un acusado culpable de violación como delito de tortura y, por consiguiente, crimen de guerra, así como crimen de lesa humanidad. Por otra parte, el Tribunal amplió la definición de esclavitud como crimen de lesa humanidad para incluir la esclavitud sexual; anteriormente, el trabajo forzado era el único tipo de esclavitud considerado crimen de lesa humanidad.
En el Estatuto de Toma del Tribunal Penal Internacional (ICC)se incluye la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o “cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” como crimen de lesa humanidad cuando se cometa de forma generalizada o sistemática. Las órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional en 2007 contra dos sospechosos sudaneses incluyen varios cargos de violación como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad.
Dejar que las mujeres hablen de la paz y la seguridad
En 2000, reconociendo la necesidad de hacer más para castigar la violación en la guerra, el Consejo de Seguridad adoptó nuevas medidas. El 31 de octubre de 2000, el Consejo aprobó la resolución 1325, la primera jamás aprobada por el Consejo de Seguridad en que se trataban concretamente los efectos de la guerra en las mujeres, y las contribuciones de las mujeres a la solución de los conflictos y a la paz sostenible.
En la resolución se destacaba la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos los relacionados con la violencia sexual contra mujeres y niñas; y de excluir esos delitos de cualquier disposición sobre amnistía. Se pedía a todos los interesados que, al negociar y aplicar acuerdos de paz, adoptaran medidas para proteger los derechos de las mujeres y las niñas respecto de las leyes locales, el sistema electoral, la policía y el poder judicial.
En gran medida como resultado de la resolución 1325, también se han producido cambios a nivel internacional: hay más mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz, se han impuesto reglamentos para proteger a las comunidades locales contra el abuso sexual por parte de los encargados del mantenimiento de la paz, se alienta a los grupos de mujeres a que participen en las negociaciones de paz y los programas de rehabilitación toman en consideración a las combatientes y a las mujeres que acompañan a los combatientes (soldaderas).
Poner fin a la violación a nivel nacional
Sra. Josphine Odera, Directora Regional del UNIFEM para África Central.
Pese a algún éxito que han logrado los tribunales internacionales en el enjuiciamiento de violadores en un conflicto, los tribunales nacionales de los países donde se han cometido esos delitos luchan por lograr ese mismo éxito.
Para lograr el enjuiciamiento de esos casos, las investigaciones tienen que ser inmediatas, exhaustivas, precisas y eficaces. Los investigadores tienen que mantener buenos registros oficiales, las pruebas se deberán reunir y salvaguardar con profesionalismo y se deben instituir políticas de protección de los testigos y los supervivientes. Esto es difícil de lograr en tiempos de paz y más aún cuando acaba de terminar una guerra. Muchos países no han logrado crear leyes o carecen de sistemas judiciales eficaces para enjuiciar a los perpetradores. Por ello, la justicia a veces demora años.
Incluso en lugares donde todos los mecanismos funcionan correctamente, las actitudes culturales negativas hacia las mujeres pueden convertir a las comisarías de policía y a los juzgados en un entorno hostil para las supervivientes de la violencia sexual.
Para resolver esta situación, los organismos de las Naciones Unidas y las ONG están pidiendo más recursos para entrenar a la policía y a los militares de manera que traten como es debido los casos de violencia sexual.
Para cambiar las actitudes culturales negativas
Aunque la formación de las autoridades y el cambio de las leyes nacionales son importantes medidas encaminadas a sancionar y poner fin a esos delitos, el éxito no se logrará si no se produce un cambio fundamental en la actitud de las personas hacia el abuso sexual de las mujeres.
La violencia sexual, sea en tiempos de paz o de guerra, tiene que ser un crimen repugnante para todos, algo que la sociedad rechace y castigue con severidad. “Ese no es el caso todavía”, dice el Dr Mukwege, director del hospital Panzi hospital en Bukavu, RDC oriental.
“Ahora mismo, la mujer que sea violada es estigmatizada y excluida por esa razón. Además de las leyes, tenemos que lograr que la sanción social se ponga de parte de la mujer. Tenemos que llegar a un punto en que la víctima reciba el apoyo de la comunidad y el violador sea el estigmatizado y excluido y castigado por toda la comunidad. Es la única manera en que podemos detener esos crímenes. La sanción social sería más eficaz para poner fin a esos crímenes que el simple proceso legal”.
Aquí pueden desempeñar un papel importante los medios de información, la sociedad civil y los grupos de activistas. Por medio de reuniones de los ayuntamientos, charlas por radio y televisión, campañas de educación y otros medios, estos grupos pueden procurar que se elimine el estigma que pesa sobre las que han sido agredidas sexualmente, las infectadas con VIH/SIDA o las que han quedado embarazadas a raíz de esas agresiones, y general la condena social de los perpetradores. Es más, también pueden ejercer presión para que se aprueben y hagan cumplir leyes más eficaces contra esos crímenes.
Atender las necesidades de las supervivientes
La vergüenza y el estigma de la violación pública puede obligar a veces a una superviviente de violación y a su familia a huir de su comunidad, a abandonar tierras, propiedades y recursos. Esto suele empobrecer más a las mujeres y las hace más vulnerables a nuevos abusos, por lo que ella y sus familias necesitan ayuda financiera para poder sostenerse sobre sus propios pies.
Las mujeres y sus familias quedan también con un trauma psicológico que perdura. Es triste que casi siempre queden pocos asesores y psicólogos calificados trabajando en esas zonas, ya que la guerra, por regla general, destruye la infraestructura misma que se necesita para ayudar a esas mujeres. Los centros de salud carecen de recursos y de personal calificado.
Vencer esas dificultades requiere dinero y recursos que la mayoría de los países que salen de conflictos no tienen. Las cirugías que necesitan las supervivientes requieren equipo costoso y personal calificado. La formación de personal médico y de orientadores requiere recursos financieros y logísticos. Los medicamentos, sobre todo para el tratamiento del VIH, son costosos y casi no se encuentran. Esto hace que hospitales como el de Panzi dependan de las donaciones y de la dedicación del personal.
Jeanne Ward, investigadora de un consorcio establecido entre organismos de las Naciones Unidas y las ONG que estudia la violencia sexual, dice que hasta el momento, la respuesta mundial a las pruebas cada vez más numerosas de la violación masiva en un conflicto ha sido, en lo fundamental, impotencia y horror. La investigadora reta a quienes tienen recursos para que se pregunten: “¿Cómo puede suceder esto?” y empiecen a pensar en cómo buscar una solución. “Tenemos suficientes pruebas de todo el mundo que afirman que la violación será un componente de todos los conflictos”, dice. “No necesitamos más pruebas de que esto es así. Necesitamos más apoyo para crear programas que le pongan freno”.
Si necesita más información sobre la violencia sexual contra las mujeres en un conflicto, visite el portal del UNIFEM: http://www.mujereswarpeace.org/issues/violence/violence.htm#fact