El
Consejo de Seguridad establece Misión de Paz en Sudán
El
Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una resolución
en la que determina el establecimiento de una Misión de las
Naciones Unidas para Sudán, que estará formada por 10.000
efectivos militares y un componente civil que incluirá 715
policías.
En el texto, el
Consejo autoriza a la UNMIS, como se denomina a esta misión,
a adoptar las medidas necesarias para proteger al personal, los recintos,
las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, garantizar la
seguridad y libertad de desplazamiento del personal de las ONU y,
sin perjuicio de la responsabilidad que atañe al gobierno sudanés,
también le encarga proteger a los civiles que se encuentren
bajo una amenaza inminente de violencia física.
El mandato de
esta Misión comprenderá, asimismo, la supervisión
y verificación del cumplimiento del Acuerdo de Cese del Fuego
En
nombre del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, Jean-Marie Guehenno,
Secretario General Adjunto de la ONU para operaciones de Mantenimiento
de la Paz, advirtió que ayudar a Sudán a recuperarse
de una guerra civil, que data de hace 20 años, será
un proceso largo y costoso.
Por otra parte, destacó la necesidad de poner fin de inmediato
a la violencia y la destrucción en Darfur, así como
a la impunidad.
“Si la seguridad no mejora rápidamente, continuarán
las matanzas y las violaciones. No se debe permitir que eso ocurra.
Se debe dejar claro a los responsables que tendrán que responder
por sus actos" dijo el alto funcionario en nombre del Secretario
General.
Gueheno recordó que la Comisión Internacional que investigó
la situación en Darfur, recomendó el caso a la Corte
Penal Internacional. Sostuvo, por otra parte, que se debe seguir considerando
como una opción la imposición de sanciones.
PMA:
Se ha evitado una crisis alimentaria en zona devastada por tsunami
El Programa Mundial
de Alimentos de Naciones Unidas dijo hoy viernes que, gracias al operativo
humanitario puesto es marcha en los últimos tres meses, se
ha evitado la propagación del hambre y la desnutrición
en las zonas afectadas por el tsunami del pasado 26 de diciembre en
el Océano Índico.
Esta agencia humanitaria,
la mayor de todo el mundo, pidió en su momento un mayor esfuerzo
de la comunidad internacional para que se evitara una posible crisis
de alimentos en la zona devastada, donde perecieron 250.000 personas.
En los tres últimos
meses, la agencia suministró más de 50.000 toneladas
de comida utilizando helicópteros civiles y militares, aviones,
camiones, etc.
En la actualidad
el Programa Mundial de Alimentos abastece alimentos a los casi dos
millones de sobrevivientes que perdieron sus casas, sus comunidades
y a muchos familiares.
Y con la amenaza
de una mayor crisis alimentaria contenida, el PMA participa en las
operaciones de reconstrucción como parte de su ayuda humanitaria,
apuntó el organismo.
El Director Regional
del PMA en Asia, Kenro Oshidari apuntó que el objetivo del
organismo de la ONU es ahora ayudar a que la gente pobre comience
una nueva vida con la ayuda sin precedentes de los sectores público
y privado. Tenemos, hoy por hoy, la oportunidad de sacar a algunas
comunidades del círculo vicioso de la pobreza y el hambre que
sacudió sus vidas tras el tsunami, dijo el funcionario.
OIT
califica de “graves” las amenazas a sindicalistas en Guatemala y Venezuela
El Consejo de
Administración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) concluyó su sesion anual, durante la cual se
abordaron, entre otras cosas, alegatos de violencia y amenazas contra
sindicalistas en Guatemala y Venezuela.
En el caso de
Guatemala, el Comite destacó la gravedad de alegatos de agresiones
contra miembros de sindicatos, amenazas de muerte y casos de intimidación,
así como ataques contra redes sindicales en ese país.
También
se han producido casos de despido de sindicalistas seguidos por el
rechazo de los empleadores a cumplir con ordenes para recontratarlos,
y retrasos improcedentes en los procesos.
El órgano
de la OIT solicitó al gobierno guatemalteco referir con urgencia
estos casos a la Oficina del Fiscal especial para delitos contra los
sindicalistas y a ordenar investigaciones sin demora.
En el caso de
Venezuela el Comité revisó los alegatos sobre interferencia
de autoridades en el proceso de elecciones sindicales. Destacó
que en ocasiones anteriores había objetado el papel asignado
por la Constitución y la legislación al Consejo Nacional
Electoral como organizador y supervisor de elecciones sindicales,
incluso con el poder de suspenderlas.
El Comité
pidió al Gobierno abstenerse de esas interferencias, y destacó
que el poder de suspender las elecciones sindicales debería
ser ejercido sólo por un tribunal independiente.
El Consejo de
Administración también recomendó en forma provisional
un programa y presupuesto de cerca de 600 millones de dólares
para el
bienio 2006-2007.
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