El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se reunió hoy para concluir la discusión sobre los derechos humanos, la recolección de datos, el consentimiento libre, previo e informado y los temas previos del Foro de los niños, jóvenes y mujeres indígenas. Los oradores señalaron el impacto de la violencia en los derechos indígenas y el compromiso de las mujeres indígenas, así como la recolección de datos y la separación de datos sobre los pueblos indígenas [los datos separados son datos diferenciados de las estadísticas nacionales y otras].

Canadá recordó que el país había sido sede de una conferencia oficial de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información referida a cuestiones indígenas y alentó al Foro a asegurar que las perspectivas indígenas se incorporasen a los resultados de dicha Cumbre, que se realizará en Túnez del 16 al 18 de noviembre.

La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá/ENLACE/Derechos y Democracia recomendó asegurar la participación total de las mujeres indígenas en todas las actividades de la Segunda Década Internacional sobre los Pueblos Indígenas Mundiales, dedicar el año 2006 a las mujeres y niñas indígenas, incluir la equidad e igualdad de género en las prácticas de toda la Década y crear un mecanismo con la participación total de las mujeres indígenas para controlar la implementación de los objetivos y actividades de la Década.

Australia dijo que la recolección de datos de los pueblos indígenas era una herramienta para avanzar en sus intereses. Dichos datos debían ser relevantes para las necesidades de los pueblos indígenas. En cuanto a un identificador indígena adecuado, podría no haber ningún estándar internacional, dado que los pueblos indígenas del mundo tenían formas diferentes para identificarse.

El Foro de Mujeres Indígenas del Sur de Asia dijo que como resultado de la guerra contra el terrorismo, a los pueblos indígenas de la región se les había impedido expresar los derechos democráticos. Con este razonamiento, se arrestaba, torturaba y mataba a activistas indígenas y se criminalizaba a los mayores. Todavía se discriminaba a los pueblos indígenas y se ponía en peligro su cultura. Se politizaba a las comisiones nacionales de derechos humanos. El Foro debería estudiar la situación de los pueblos indígenas de Nepal y Bangladesh, y así solicitar el retiro militar de las tierras indígenas.

Bangladesh remarcó la importancia de distinguir entre pueblos indígenas y tribales. Los pueblos indígenas eran los habitantes originarios de los territorios o países, mientras que los pueblos tribales eran simplemente miembros de entidades étnicas distintas. Bangladesh tenía algunos grupos distritales que no eran indígenas, sino tribales, descendientes de los pueblos que habitaban una región al este de Bangladesh unos pocos siglos atrás. Para proteger a los pueblos tribales, Bangladesh había asegurado que tuviesen libertad de religión, expresión, movimiento y asociación, así como beneficios fiscales, educativos y sociales.

La Asociación de Pueblos Yaaku dijo que las mujeres indígenas del este de África enfrentaban una explotación cultural, prácticas rituales dañinas, incluso la mutilación de los genitales femeninos, y obligaciones hogareñas, tales como cocinar, limpiar, cuidar de los niños y la caza pastoril para proporcionar alimentación. Ni los gobiernos ni las sociedades hacían participar a las mujeres en las decisiones y en la elaboración de la política. Las Naciones Unidas deberían comprometerse en una acción afirmativa para promover la participación de las mujeres indígenas en todas las instituciones internacionales y en la elaboración de políticas, mejorar el acceso a la educación y a los beneficios sociales y de salud, y asegurar que se las protegiese de la explotación. El Banco Mundial debería apoyar a las mujeres indígenas para implementar los Objetivos del Milenio, mediante la financiación de emprendimientos y de la educación, y otorgando de becas a las niñas y mujeres indígenas dentro de sus comunidades.

Nepal dijo que el país había enfrentado desafíos intimidantes para la paz y el desarrollo, debido a la violencia y a las actividades terroristas. Sin embargo, el gobierno estaba totalmente comprometido a proteger la vida y la propiedad de las personas, y estaba defendiendo los intereses de las nacionalidades indígenas.

La Consultoría de los Pueblos Indígenas del Norte de México dijo que el año pasado se había creado en la región un comité internacional, integrado por 36 organizaciones, para promover la cultura de las mujeres indígenas y el intercambio de información cultural. Las mujeres indígenas se habían ocupado de la transmisión de la cultura de una generación a la siguiente.

Vietnam dijo que un grupo de individuos había violado la sesión del Foro dando información inventada sobre Vietnam. Vietnam había desarrollado una política de igualdad y asistencia recíproca hacia los grupos étnicos, al mismo tiempo que prohibía cualquier forma de discriminación. Se habían dedicado muchos proyectos al desarrollo de áreas montañosas remotas. El derecho de todo ciudadano a practicar sus creencias estaba totalmente garantizado por la Constitución. Las deliberaciones del Foro deberían basarse en información exacta. Lamentablemente, organizaciones tales como la Fundación Montagnard no habían proporcionado dicha información y no tenían ningún derecho a hablar en el Foro. Vietnam había registrado protestas a este respecto.

Colombia dijo que el país había sido pionero en la protección de los pueblos indígenas, permitiéndoles enviar delegados a su Asamblea Nacional. Lamentablemente, algunos pueblos indígenas habían sido asesinados por grupos armados, pero el gobierno no era culpable del genocidio, como algunos habían sugerido. Colombia había aprobado una ley que protegía a los pueblos indígenas de las fuerzas armadas y el genocidio indio había disminuido en un 45% en 2004. El gobierno apoyaba la resistencia civil pasiva por parte de los pueblos indígenas y las actividades de la comunidad indígena, y daba una atención cada vez mayor a los pueblos indígenas desplazados. Más de 5.000 indígenas habían recibido beneficios para el cuidado de la salud y 4.000 habían formado asociaciones con empresas ubicadas dentro de sus comunidades.

Las Hermanas Armenias dijeron que los indígenas armenios estaban siendo asesinados por las minas y francotiradores en el continuo conflicto con Azerbaiján. ¿Cómo podrían obtener una reparación por las casas y tierras tomadas, así como por los intentos de exterminar a su pueblo? Pocos armenios se habían quedado en la parte antigua de su tierra natal y era difícil obtener datos sobre las atrocidades cometidas. La comunidad internacional debería protestar contra el bloqueo del país.

El Consejo de Todas las Tierras dijo que el Relator Especial había visitado Chile en 2003 y había hecho recomendaciones. Se había propuesto organizar un diálogo de seguimiento para identificar las formas en que las Naciones Unidas podrían ayudar a implementar dichas recomendaciones, pero había pasado más de un año y no había habido ningún diálogo. Al contrario, las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno habían empeorado. La falta de cumplimiento debería ser una preocupación principal para todas las organizaciones de derechos humanos. El Foro podría transmitir información relevante a las organizaciones de derechos humanos, proporcionar seguimiento para las recomendaciones del Relator Especial, obtener información sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones y enviar una misión a Chile para iniciar un diálogo sobre dichas recomendaciones.

La Federación Nepalesa de Nacionalidades Indígenas, que representa a 10 millones de indígenas, dijo que las mujeres de Nepal habían sido víctimas desproporcionadas del conflicto armado. Eran violadas y torturadas, obligadas a participar en la guerra y reclutadas por el ejército. El gobierno de Nepal y la comunidad internacional deberían reconocer que la violación y la tortura como herramienta de guerra era una violación al derecho internacional. Las mujeres indígenas también enfrentaban discriminación racial, lingüística y de género, y se las privaba de educación primaria en su lengua materna. El Relator Especial debería visitar Nepal y presentar un informe.

El Proyecto de la Memoria Histórica dijo que la organización, junto con otras, había convocado a un seminario sobre los derechos humanos indígenas en Chile con el objeto de llamar la atención sobre la situación de los Mapuches. Dicho grupo había sido reprimido durante el régimen de Pinochet, cuando reclamaban derechos territoriales ancestrales, en el momento en que las compañías internacionales trataban de deforestar sus tierras. El Proyecto repudió la violencia de las autoridades chilenas. El gobierno debería reconocer que había habido un genocidio y el Foro debería formular un mecanismo de reconciliación.

El Comité de Pueblos Indígenas del Gran Caribe dijo que se habían realizado numerosos informes y estudios de expertos sobre cuestiones indígenas, pero ahora era el momento de implementar todas sus recomendaciones. La Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Asociación de Estados Caribeños deberían concentrarse en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que deberían alcanzarse con la participación de las organizaciones indígenas. El gobierno de Guyana debería aprobar las recomendaciones realizadas por las organizaciones indígenas de Guyana. Otros gobiernos de la región deberían respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la libertad de circulación en sus territorios, y deberían asegurar una representación indígena equitativa en las instituciones gubernamentales pertinentes. Deberían crearse mecanismos adecuados para facilitar los cruces de frontera.

El Consejo Indio de Sudamérica recomendó que se llevase a cabo un estudio sobre violaciones a los derechos humanos en las sociedades indígenas. La conciencia cada vez mayor de dichas violaciones permitiría a las organizaciones sociales ayudar a los afectados. También era preciso estudiar aspectos nacionales e internacionales de las violaciones a los derechos humanos, especialmente los actos de grupos militares que habían ocurrido en las fronteras nacionales.

La Asociación para la Nutrición, el Desarrollo, Educación y Salud Andes Perú dijo que los países desarrollados habían pagado 50 veces más a sus acreedores que los Estados Unidos habían pagado a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podrían vivir dichas naciones si los 6 billones de dólares en ingresos por minería no se podían distribuir a sus poblaciones, que permanecían en un estado de subdesarrollo crónico? Las personas ya no podían tolerar dicha situación y se estaban levantando para reclamar los derechos que los colonizadores les habían quitado. El Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni y el Consejo de la Juventud Nacional del Pueblo Ogoni señaló que aún se perdían árboles, animales y recursos hídricos por violaciones a los derechos humanos fundamentales. Los militares de Nigeria habían continuado violando los derechos humanos y los mangles todavía estaban amenazados por las llamas de las compañías petroleras. Mientras que las Naciones Unidas habían enviado una misión a Nigeria hace cerca de 10 años, recomendando una ayuda para aprobar la situación económica del pueblo Ogoni, no se había hecho nada. ¿El Foro podía permanecer en silencio ante la continua represión del pueblo Ogoni? El Foro debería solicitar al gobierno nigeriano que respetase sus derechos.

La Comisión Jurídica para el Autodesarollo de los Pueblos Originarios Andinos dijo que la organización, junto con otras, había organizado un seminario en España en 2003 y había efectuado recomendaciones que deberían implementarse rápidamente. El seminario había tratado la discriminación y los sistemas legales de los pueblos indígenas. El Foro debería recomendar que las agencias de las Naciones Unidas ayudasen a los gobiernos a incorporar recomendaciones del seminario a los sistemas legales. Debería invitarse al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a promover programas de capacitación para profesionales en derecho indígena. El Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Indígenas debería incluir en su agenda a la justicia administrativa para los pueblos indígenas.

Taypi Ceqe dijo que los derechos humanos tenían dos aspectos - los derechos individuales y los derechos colectivos de los pueblos - y ambos deberían considerarse al tratar los derechos indígenas. En Colombia, el Ministerio de Asuntos Indígenas había reprimido a los pueblos indígenas, viéndolos como extranjeros en su propia tierra. Se violaban los derechos colectivos a la salud y a la educación. En Colombia, los pueblos indígenas tenían una tasa de pobreza del 70%. Deberían incluirse los derechos humanos colectivos en los instrumentos legales nacionales e internacionales.

La Federación Khmers Kampuchea Krom recomendó que las Naciones Unidas y la comunidad internacional enviasen misiones a la región de Kampuchea Krom en Vietnam y que un equipo de doctores y especialistas en derechos humanos estudiase la situación sanitaria del pueblo Krom. Debería nombrarse a un Relator Especial para estudiar las violaciones a los derechos humanos. Los donantes internacionales deberían dejar de ayudar a Vietnam hasta que las violaciones cesasen. El área de Kampuchea Krom debería reinscribirse en la lista de Territorios No Autogobernados.

El Comité Latinoamericano expresó su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas, por parte de grupos armados. La entrada de compañías extractivas internacionales había provocado un genocidio de los pueblos indígenas. Las mujeres sufrían de múltiples formas la discriminación y el desplazamiento forzado.

El Comité Ka Lahui Hawai'i recomendó que el Foro solicitase la aprobación inmediata de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y aconsejase al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas colocar a varias comunidades indígenas del Pacífico en la lista de Territorios No Autogobernados. La expansión continua de las actividades militares en las islas de Hawai había producido la destrucción de tierras y recursos indígenas. El Foro debería exhortar a los Estados Unidos a retirar a sus militares de Hawai. Cerca del 45% de los nativos hawaianos recibieron una asistencia temporaria, una situación que debe remediarse.

El Instituto Indígena Brasileño expresó su desilusión porque los derechos de los pueblos indígenas todavía no se habían reconocido a nivel internacional. Los pueblos indígenas querían un reconocimiento de los derechos colectivos e individuales en los instrumentos internacionales.

El Comité Sami dijo que habían concluido las negociaciones entre el gobierno noruego y el pueblo Sami sobre el manejo de recursos en los territorios Sami. El Foro debería estudiar dicho proceso como un ejemplo exitoso de consentimiento libre, anterior e informado para la actividad en tierra indígena. Ahora los Sami estaban negociando con los gobiernos de Finlandia, Suecia y Noruega una convención legalmente obligatoria sobre los derechos del pueblo Sami. A pesar de que los Sami formalmente no podían participar en la convención, ésta no podría entrar en vigencia sin la aprobación de los Sami. Lamentablemente, el pueblo Sami no estaba negociando un acuerdo similar con la Federación Rusa.

La Asociación Ainu de Hokkaido/Centro Shimin Gaikou dijo que muchos Ainu ocupaban los estratos más bajos de la sociedad japonesa, debido a la negación continua de sus derechos colectivos y de sus tierras y recursos. Se ignoraban los derechos sociales y educativos indígenas en una de las economías más prósperas del mundo.

La Organización de Jefes del Sur pidió justicia para los pueblos originarios de las tierras en Canadá y Estados Unidos, la finalización de la ocupación de sus tierras y el reconocimiento de su soberanía. Los pueblos originarios nunca habían dejado su tierra natal, como lo habían hecho los colonizadores, sino que habían reservado partes de sus tierras en tratados. El Creador les había dado las tierras y ningún humano podría tomar aquello que el Creador había dado. Deberían reconocerse los derechos de los tratados, para que los pueblos originarios pudiesen ser soberanos. No tenían tierra, población, idioma y cultura y no eran canadienses ni estadounidenses.

El Comité de Inmigración desplazamientos de los pueblos indígenas expresó su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas migrantes, en particular de las mujeres, que habían dejado sus tierras debido a la violencia política. En los países a los que habían huido, se les había dicho que no eran bienvenidos. Las leyes discriminatorias les negaban el derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de circulación. Tenían esperanzas que las Naciones Unidas pudiesen establecer regulaciones de migración que incluyesen el reencuentro familiar, la protección de los derechos humanos y leyes laborales justas. El Foro debería solicitar la recuperación de las tierras de la comunidad para las poblaciones desplazadas y la repatriación para las familias que habían sufrido como consecuencia de la desaparición, violación y asesinatos.

El Congreso de Pueblos Aborígenes dirigió la atención a la situación de indios "sin estado" que vivían fuera de las reservas canadienses. El Relator Especial había observado que el estado de los aborígenes que vivían fuera de las reservas era más serio que el de aquellos que vivían en las reservas. Era más probable que tuviesen problemas de alimentación. A la mayoría de los pueblos aborígenes de Canadá no se les reconocía el estado de indios y no se los incluía en la Ley India, y el 50% vivía en zonas urbanas. Eran las personas perdidas y totalizaban casi 400.000. Las políticas federales habían separado a las familias y a las comunidades.

El Consejo de Jóvenes Circumpolar Inuit recomendó que las agencias de las Naciones Unidas analizasen los impactos ambientales y sociales de las actividades militares en el Ártico. Como otros pueblos indígenas tenían problemas similares, las Naciones Unidas deberían crear una comisión para estudiar las consecuencias de las actividades militares.

El Grupo de Campaña por la Paz dijo que la declaración del representante de Bangladesh no había reflejado la situación real de los pueblos indígenas en dicho país. Los extremistas religiosos se habían vuelto poderosos elaboradores de política, los líderes de la oposición habían sido asesinados por razones políticas, los medios habían sido suprimidos, se habían violado los derechos humanos y se había producido una limpieza étnica entre las poblaciones indígenas. Las Naciones Unidas deberían enviar inmediatamente una fuerza de paz para proteger a los pueblos indígenas, investigar la situación de los derechos humanos indígenas e imponer sanciones económicas a Bangladesh por no haber respetado los derechos indígenas.

El Pacto de los Pueblos Indígenas del Asia dijo que los pueblos asiáticos habían sido los habitantes originarios de sus territorios antes que los colonizadores comenzasen a llegar en el Siglo XVII. Habían firmado tratados de paz con los regímenes coloniales, que los habían reconocido como pueblos indígenas, así como titulares de sus tierras y recursos. Sin embargo, los gobiernos actuales se recusaban a reconocerlos y ejercían políticas de genocidio cultural y discriminación racial. Los gobiernos deberían reconocer a los pueblos indígenas y restituir sus derechos. Las Naciones Unidas deberían implementar planes de acción urgentes para proteger las culturas e idiomas indígenas.

La Confederación Unida del Pueblo Taino dijo que no había habido progresos para mejorar la situación del pueblo taino en Puerto Rico. Muchos Estados habían buscado excluir a los pueblos indígenas de la cuestión de descolonización. Debería crearse un comité de descolonización dentro del Foro y podrían crearse áreas adicionales para la defensa de la descolonización. La situación del pueblo taino debería incluirse en la revisión de descolonización del Secretario General.

La Defensora de los Pueblos Indígenas de América recomendó que los pueblos indígenas de América Latina tomasen medidas dentro de las Naciones Unidas para preservar la cultura indígena y la autodeterminación en la región. Las Naciones Unidas deben ayudar a los pueblos indígenas a cambiar las políticas que los afectaron, en un intento por erradicar la pobreza y el hambre.

El Movimiento Indígena de Perú dijo que el gobierno peruano estaba aprobando leyes contra las comunidades indígenas, a pesar de la gran diversidad cultural del Amazonas. Las comunidades indígenas estaban perdiendo la tierra tradicional, se mataba a las personas y se estaba negociando un acuerdo de libre comercio sin su aprobación. Dicho tratado no debería aprobarse porque los productores indígenas no podrían competir con las compañías internacionales.