Tercer Período de Sesiones
Nueva York,
10 a 21 de mayo de 2004
    
    
   



Comunicado de prensa
HR/4665

16/05/2003

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Segundo período de sesiones
Sesiones quinta y sexta (mañana y tarde)

Declaraciones

YAYAN MULANA (Indonesia) dijo que el medio ambiente desempeñaba una función crucial como entorno sacrosanto en el que vivían los pueblos indígenas. El ecosistema físico, que incluía los bosques, las llanuras y el agua, era fundamental para los pueblos indígenas. Su aniquilación, por medios tales como la deforestación, resultaría en el desplazamiento social de los pueblos indígenas y les haría perder las esperanzas de una existencia con significado. Para la mayoría de los pueblos indígenas, el entorno físico tenía una importancia que iba mucho más allá de las apariencias.

El orador alentó al Foro a promover la sensibilización acerca del desarrollo sostenible entre los pueblos indígenas mediante la traducción de los documentos de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible a los idiomas de esos pueblos, y la difusión de dichos documentos entre ellos. Asimismo instó al Foro a promover un estudio cooperativo sobre los conocimientos de los pueblos indígenas que revestían una importancia fundamental para proteger y preservar su entorno, y a determinar las técnicas modernas que complementaran esos conocimientos.

Un representante de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena dijo que su pueblo tenía recursos naturales valiosos y que la vida en comunidad formaba parte de su modo de pensar y actuar. Se mostró profundamente preocupado por el actual proceso de mundialización, que marginaba a los pueblos indígenas y era contrario a sus derechos. La mundialización y los megaproyectos estaban destruyendo la diversidad natural y la cultura de los pueblos indígenas.

El orador recomendó que en dichos proyectos se reconociera la libre determinación de los pueblos indígenas. Habría que acordar un marco para garantizar la plena participación de los pueblos indígenas en la gestión de los ecosistemas y los recursos naturales. Los gobiernos centroamericanos deberían examinar asimismo el protocolo de acceso a los recursos naturales y los conocimientos tradicionales, que actualmente no reconocía los derechos de los pueblos indígenas. Los Estados debían adoptar medidas urgentes para promover la agricultura sostenible a fin de evitar la amenaza de la desertificación y destrucción de los territorios de los pueblos indígenas.

Un representante del Saami Council dijo que la región del Ártico, con su ecosistema vulnerable, era el hogar de aproximadamente 50 pueblos indígenas. Se estaban abriendo nuevas zonas del Ártico a las actividades de industrias extractivas como la petrolera, la minera y la del gas. Las duras condiciones climáticas y el frágil medio ambiente de esos territorios ponían en peligro la existencia misma de sus habitantes. Las actividades relacionadas con el gas y el petróleo en el mar de Barents iban en aumento y se estaba haciendo caso omiso de los derechos de los Saami. El Saami Council acogía con beneplácito la prometedora cooperación con el marco del Consejo Ártico, en el que los gobiernos, los pueblos indígenas y los científicos supervisaban conjuntamente el desarrollo en el Ártico. El Saami Council recomendaba que el Foro cooperase estrechamente con el Consejo Ártico, para garantizar que el Foro tuviera en cuenta las cuestiones del Ártico en toda su labor dentro del ámbito de su mandato relacionado con el medio ambiente.

JOAN CARLING, representante de la Cordillera People's Alliance, expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Filipinas había declarado que los proyectos mineros y energéticos constituían la base de su recuperación económica. Por ejemplo, ya se había puesto en marcha un proyecto minero que tendría efectos devastadores para los pueblos indígenas. Los trabajadores del sector de la minería tradicional en pequeña escala estaban siendo privados de sus medios de vida y sus tierras estaban siendo devastadas. El Gobierno de Filipinas seguía más interesado en abrir el país a la devastación por parte de las empresas mineras que en proteger los derechos de los pueblos indígenas. La oradora creía firmemente que los problemas de la minería constituían solamente la punta del iceberg. A menos que se protegieran los derechos de los pueblos indígenas sobre sus propias tierras, seguirían multiplicándose los problemas a los que se enfrentaban las comunidades indígenas.

PRAJNALANKAR BHIKKHU, representante del Peace Campaign Group, dijo que muchos pueblos indígenas vivían de los recursos forestales. Sus modos de vida, cultura, tradiciones y creencias estaban basados en el bosque. Los pueblos indígenas de Chittagong Hill Tracts se ganaban la vida con la agricultura migratoria. Hasta los años setenta Chittagong Hill Tracts era uno de los bosques tropicales más ideales del mundo, repleto de diversas especies de flora y fauna. Actualmente, a causa de la destrucción del medio ambiente, los pueblos indígenas de la región estaban perdiendo sus modalidades tradicionales de subsistencia y dependían cada vez más de la economía estructurada, en la que se encontraban terriblemente marginados.

Los recursos forestales de Chittagong Hill Tracts habían constituido un negocio lucrativo para muchos musulmanes bengalíes. En asociación con algunos funcionarios corruptos del departamento de bosques estaban explotando indiscriminadamente árboles, bambúes y otros recursos forestales con fines comerciales. Los bosques tropicales de Chittagong Hill Tracts habían quedado reducidos a meros cerros y arbustos. Algunas especies poco comunes ya se habían extinguido y la sequía, las inundaciones y otros fenómenos climáticos anómalos estaban destruyendo las poblaciones indígenas.

VANDA ALTARELLI (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)), dijo que los pueblos indígenas contaban entre los sectores más vulnerables y marginados de los pobres de las zonas rurales. Vivían en zonas remotas que a menudo quedaban al margen de la economía nacional y de las actividades de apoyo al desarrollo, sin acceso a carreteras, escuelas, servicios de salud ni a ningún otro tipo de infraestructura o servicio esencial. El escaso desarrollo que habían recibido se había visto subordinado, hasta no hace mucho, a las preocupaciones del grueso de la sociedad. Los sectores industriales y agrarios convencionales rara vez prosperaban en las zonas donde vivían los pueblos indígenas a causa de los elevados costos de producción y otras desventajas.

El objetivo central de la mayoría de los proyectos financiados por el FIDA era probablemente garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra. Algunos de los proyectos de inversión habían iniciado un diálogo con los gobiernos sobre los derechos de los indígenas para aprovechar los tratados que ya podrían haber firmado los gobiernos. Otros proyectos aportaban recursos para establecer fondos de asistencia jurídica a fin de reducir los costos de las causas jurídicas. El FIDA también había adquirido cierta experiencia en la puesta en marcha de planteamientos respetuosos de las culturas locales para revitalizar los sistemas de conocimientos tradicionales y combinarlos con la tecnología moderna en ámbitos como el suelo y los recursos hídricos, la producción agropecuaria, la investigación participatoria y las prácticas médicas tradicionales.

JUAN RAMÓN (Frente Indígena Oaxaqueño Binacional de México y los Estados Unidos de América) subrayó que en la región que representaba subsistían a duras penas más de 500.000 trabajadores agrícolas. Las amenazas que pesaban sobre el medio ambiente de la región se habían agravado debido al uso de los plaguicidas que los trabajadores se veían obligados a utilizar sin que se les ofreciera ningún tipo de protección ni se les advirtiera sobre el veneno que estaban utilizando. Los trabajadores, a su vez, ponían en peligro a sus familias, puesto que traían los contaminantes a sus hogares en la ropa.

La referencia a trabajadores y minorías documentados e ilegales en relación con las prácticas y el tratamiento humano en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares se debería reemplazar por la expresión "aquellos que se habían visto obligados a abandonar sus hogares y emigrar" debido a motivos políticos y otros motivos ineludibles. Habría que presionar a los Estados Unidos de América para que reconocieran y firmaran todas las convenciones a las que aún no se habían adherido. Varios de los principales países receptores de inmigrantes ya habían firmado dichas convenciones.

JOJI CARINO (Indigenous People's Caucus on Sustainable Development) recomendó que el Foro acogiera con beneplácito los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y en particular las referencias al papel fundamental que los pueblos indígenas desempeñaban en el desarrollo sostenible. El Foro también debería acoger con beneplácito la Declaración de Kimberley como una importante contribución de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible. Además, debería celebrar las asociaciones formadas en la Cumbre de Johannesburgo en los ámbitos de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible. También debería invitar a los organismos de las Naciones Unidas a determinar los ámbitos en que podrían colaborar con los pueblos indígenas en la aplicación de las propuestas de Kimberley, de conformidad con los resultados de las conferencias y cumbres pertinentes.

NAVIN RAI, haciendo uso de la palabra en nombre del Banco Mundial, hizo una aclaración con respecto a las donaciones del Banco Mundial a los pueblos indígenas. De momento, seguía siendo una propuesta, puesto que el concepto debía ser aprobado por la Junta de Directores del Banco Mundial. El orador pidió que el Foro Permanente tomara una decisión al respecto que se pudiera remitir a la Junta del Banco. Estaba de acuerdo en que se deberían estudiar más a fondo los efectos de las instituciones financieras internacionales en los pueblos indígenas, y el Banco Mundial ya estaba llevando a cabo investigaciones al respecto. Los resultados se harían públicos a su debido tiempo. El Banco había acabado un examen de los efectos de sus proyectos extractivos en los pueblos indígenas. A lo largo de los años, muchos de sus proyectos en ese sector habían afectado a los pueblos indígenas. En el pasado, dichos proyectos habían tenido efectos negativos. No obstante, hoy en día la mayoría de los proyectos del Banco Mundial se estaban realizando en armonía con los pueblos indígenas.

VANDA ALTARELLI (FIDA) respondió a las preguntas de los participantes. Dijo que el FIDA se dedicaba principalmente a las actividades sobre el terreno y a la ejecución, por lo que aún carecía de una política sobre los pueblos indígenas. Recientemente, el Fondo se había dado cuenta de la importancia de las cuestiones normativas y había vuelto a establecer una dependencia de políticas en su Departamento de Asuntos Internos. Próximamente comenzaría a elaborar una política sobre las cuestiones indígenas. En cuanto a la colaboración con el Foro, la oradora dijo que en diciembre el FIDA celebraría una reunión de trabajo sobre cuestiones de género y sobre la realización de los objetivos del Milenio, en la que se presentarían monografías sobre la perspectiva de las mujeres indígenas en cada región. El FIDA podría transmitir esos documentos al Foro en su próximo período de sesiones, si éste se dedicara a las mujeres indígenas.

Un representante de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica dijo que se estaban llevando a cabo varios proyectos para preparar la próxima reunión de la Conferencia de las partes. Los principales ámbitos de interés eran las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y el perfeccionamiento de un mecanismo participatorio para las reuniones sobre la diversidad biológica. La secretaría también colaboraría con el Foro y con la Secretaría de las Naciones Unidas para promover la participación de los pueblos indígenas en la labor del Convenio.

IVO MATHIAS, haciendo uso de la palabra en nombre de la Associação Awete Kaiwa, dijo que los pueblos indígenas y el medio ambiente eran sinónimos. Hoy en día, la reserva de los awete kaiwa se enfrentaba a un grave problema social. Su pueblo no era más que un triste recuerdo de lo que ocurría cuando un país se subía al tren del desarrollo a cualquier precio. Los awete kaiwa no tenían más las plantas que solían usar con fines medicinales ni las aves de las que dependían para alimentarse. Habían llegado al colmo de lo que podían soportar y tan sólo querían encontrar una salida a su situación. Todo lo que pedían era el derecho al desarrollo y a la autosuficiencia.

LEI FREED (New Century Public Charter School) señaló que el 20% de las personas sin hogar en Hawai eran hawaianos nativos. De ese 20%, el 14% eran niños. El 20 de abril de 2003 su familia se había convertido en una de las que oficialmente no tenían techo. La oradora se preguntaba qué debía hacer y cómo debía actuar. ¿Debería ser considerada como una persona viva, de carne y hueso, o simplemente como un número en un papel? Estas preguntas atravesaban las mentes de todos en el momento en que descubrían que no tenían hogar.

La oradora instó al Foro a que hiciera un llamamiento a la adopción inmediata del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y pidió que se reinscribiera a Hawai en la lista de las Naciones Unidas de naciones en proceso de descolonización. La representante de Pacific Caucus dijo que había varios órganos que hasta la fecha no habían informado al Foro Permanente sobre las cuestiones medioambientales, y era urgente que lo hicieran en la próxima reunión. Entre ellos contaban la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

La oradora también puso de relieve el hecho de que el Gobierno de Nueva Zelandia había puesto fin a la moratoria sobre la ingeniería de modificación genética sin que se hubieran atendido plenamente las preocupaciones y las necesidades de los maoríes. En Rapa Nui hacía falta un sistema de gestión de los desechos para poner coto a las prácticas comerciales no reglamentadas. En estos momentos las aguas negras se estaban descargando en el suelo y eso era inaceptable. Estas prácticas mostraban una falta absoluta de respeto por la relación que los pueblos indígenas seguían manteniendo con su tierra y sus recursos.

Un representante de Yachay Wasi señaló que en la actualidad se estaban creando tecnologías de vanguardia y que el mundo estaba en los albores de una nueva era de la información y las ciencias biológicas. La fusión de los ordenadores y las ciencias biológicas cambiaría el modo de pensar de las personas. Ahora era posible clonar copias exactas de organismos, que tenían las mismas normas de control y de ingeniería. El interrogante que se planteaba actualmente era si los alimentos genéticamente modificados llegarían a predominar en el mundo. Estos alimentos, no obstante, no ofrecían ningún tipo de garantía con respecto a las pérdidas a largo plazo ni los peligros para los ecosistemas.

El lado positivo era que la producción de alimentos en laboratorio sería mucho más económica; por otro lado, privaría a los agricultores de su trabajo y alteraría los ecosistemas. Otrora los ancianos habían enseñado a su pueblo a cuidar de la tierra y a no explotarla. En la actualidad, estaban desapareciendo muchas de las plantas utilizadas para la elaboración de medicamentos. ¿Quién se responsabilizaría de ello? Los pueblos indígenas debían poder patentar sus propios recursos.

MEHANA KA'IAMA, representante del Kamakakuokalani Center For Hawaiian Studies, dijo que el ejército de los Estados Unidos controlaba en la actualidad unos 200.000 acres de su tierra natal. El 56% de esas tierras eran "concesiones" o tierras que, según lo prometido, debían utilizarse en beneficio del pueblo hawaiano. Sin embargo, esas tierras estaban siendo explotadas y profanadas y su abuso infligía un duro golpe a la supervivencia cultural de los hawaianos nativos.

Los lugares culturales y las tradiciones hawaianas habían quedado relegados a un segundo plano por el desarrollo y las actividades del ejército. Por ejemplo, se habían destruido los 36 estanques de peces en Ke' Awalau o Pu' uloa que en otras épocas llegaron a alimentar a miles de personas; esos estanques se habían reemplazado por las instalaciones militares de Pearl Harbor, que figuraban actualmente en la lista nacional de los lugares más contaminados. La presencia del ejército afectaba enormemente la vida de los naturales de Hawai, que mantenían un vínculo familiar con la tierra. A medida que el ejército se apropiaba de más tierras, se destruían más lugares culturales y se atribulaba con más disgustos y penurias a los hawaianos.

El ejército argumentaba que tomaba posesión de las tierras de Hawai con el fin de velar por la seguridad nacional. Por ello, resultaba irónico que la mayor amenaza para las creencias y las prácticas de los pueblos indígenas proviniera del ejército de los Estados Unidos y de su deseo insaciable de apoderarse de las tierras hawaianas. La compensación en dinero no bastaba: no debían entregarse más tierras al ejército. La oradora pidió la aprobación inmediata del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y solicitó que se volviera a incluir a Hawai en la lista de las Naciones Unidas de países en vías de descolonización.

ANTONIO VILCAPAZA, de la Asociación de Criadores de Camélidos Andinos del Perú (Región Puno), dijo que en su país muchas empresas mineras transnacionales estaban usurpando las tierras donde la gente criaba llamas y otros animales de la familia de los camélidos. En otros países se estaban cavando pozos y canales subterráneos para explotar los recursos hídricos, lo que causaba la desertificación de zonas enteras donde normalmente la población se había dedicado a la cría de animales.

Refiriéndose a una reunión sobre la planta de coca, celebrada en abril, que contó con la participación de más de 1.200 comunidades indígenas, el orador señaló que la coca se utilizaba en diferentes partes del mundo como medicina, por ejemplo, como anestésico. Los que deseaban erradicar la coca hablaban del tráfico de drogas; en realidad, se acababa destruyendo los cultivos y la subsistencia de miles de agricultores. Por ejemplo, se había encarcelado a un agricultor por haber defendido a miles de productores de coca. Esa forma de discriminación reflejaba un desprecio flagrante por los derechos de los pueblos indígenas del Perú, cuyo respeto debían recomendar los miembros del Foro a sus gobiernos.

La representante de la Asociación de Mujeres Indígenas Alpaqueras del Perú dijo que el medio ambiente en su país estaba muy contaminado debido a la presencia de las grandes empresas mineras. Las mujeres y los niños indígenas estaban sufriendo los efectos de la contaminación, cuando lo único que querían era la paz. Por ello, instó al Foro a que convenciera al Gobierno del Perú de que dejara de contaminar la tierra donde vivía su gente. Las mujeres indígenas se oponían enérgicamente a la discriminación y a la contaminación.

El representante del Instituto Indígena Brasileiro de Propiedad Intelectual dijo que, en el Brasil, a pesar de que los pueblos indígenas no contaban con representación política, sí tenían de la fuerza necesaria para luchar por sus derechos y habían logrado que el 12% del territorio brasileño fuera considerado territorio indígena. Aún así, los biopiratas se estaban apropiando de sus conocimientos y saqueaban sus recursos, cuando lo que había que hacer era permitir que los pueblos indígenas compartieran sus conocimientos en las condiciones que ellos mismos determinaran. Los pueblos indígenas no podían subsistir sin valerse de los conocimientos aportados por sus antepasados ni en una sociedad que considerara anticuados esos conocimientos.

El representante del Brasil dijo que en la actualidad era apremiante la necesidad de que los pueblos indígenas disfrutaran en su vida cotidiana de los derechos que les garantizaba la ley. La obligación de demarcar, proteger y respetar las tierras indígenas se derivaba del hecho de que esas tierras y ecosistemas eran vitales para la conservación del medio ambiente. También señaló que la selva pluvial más extensa del mundo se hallaba en las tierras indígenas de la Amazonia.

En lo que respecta a acceso a los conocimientos tradicionales, se debía respetar el principio de la distribución de los beneficios y el consentimiento fundamentado. Uno de los grandes avances de la Cumbre de Johannesburgo había sido la decisión según la cual debían compartirse los beneficios derivados de la diversidad biológica; de ese modo, los derechos de los pueblos indígenas quedarían protegidos. Ahora era preciso adoptar un enfoque diferente y más amplio de los derechos de propiedad, basado no en el individuo, como se había hecho tradicionalmente en algunas sociedades, sino en la comunidad, lo cual estaba en consonancia con el concepto de propiedad colectiva de las comunidades indígenas.

MANUEL PINO, de la Indigenous Environmental Network, recomendó que el Foro pidiera a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que organizara un curso práctico sobre la extracción de recursos para seguir examinando la cuestión de los derechos a la tierra y el desarrollo sostenible. Reafirmó la relación que los pueblos indígenas tenían con la Madre Tierra y su derecho a administrar, poseer y controlar sus territorios ancestrales. Los pueblos indígenas tenían una relación espiritual bien diferenciada con sus tierras y territorios, de los que dependía directamente su supervivencia.

Los proyectos de desarrollo occidentales habían sumido en la pobreza a muchos pueblos indígenas, habían perturbado el equilibrio ecológico, habían destruido sus sistemas alimentarios y habían despojado a esos pueblos de tierras de relevancia cultural. El desarrollo de las tierras indígenas debían decidirlo los pueblos mismos de conformidad con sus propias necesidades, aspiraciones y costumbres. Sólo así podrían hacer su propia contribución y desempeñar una función vital en la esfera del desarrollo sostenible. La representante de la Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales dijo que los conocimientos tradicionales eran de gran importancia para los pueblos indígenas. Las semillas modificadas genéticamente habían empezado a desplazar a las semillas tradicionales en los territorios de los pueblos indígenas, y estaban causando la destrucción de la biodiversidad. Había que considerar a los pueblos indígenas y sus territorios como bienes estratégicos en la protección de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales. La oradora instó a que se elaborara un conjunto de normas internacionales de ética sobre la prospección biológica con el fin de reducir el daño causado a los pueblos indígenas. Todas las normativas y proyectos relativos a los bosques y las zonas restringidas debían tener en cuenta los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas.

LUCY MULENKEI, representante de la African Indigenous Women's Organization y la Indigenous Women's Organization dijo que los problemas ambientales en África abarcaban desde la deforestación hasta la degradación del suelo y el cambio climático. Los pueblos indígenas de África, constituidos principalmente por pastores nómadas, cazadores-recolectores y otros grupos pequeños, eran marginados y discriminados en la mayoría de las actividades de desarrollo.

Los factores socioeconómicos y las consideraciones políticas influían en gran medida en la degradación de la tierra. Los cambios climáticos registrados en todo el mundo, debido al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, habían causado sequías frecuentes en la región y habían tenido efectos devastadores en los pueblos indígenas de África. Las mujeres indígenas habían sido las más afectadas, puesto que ahora tenían que recorrer una distancia mayor en busca de leña y agua. La oradora instó a los gobiernos africanos a que se interesaran por los pueblos indígenas de la región y respetaran sus derechos, su cultura, sus tierras y sus recursos. Para ello debían asegurar su participación en todos los niveles de la planificación y ejecución de las actividades de protección ambiental y de desarrollo que tuvieran lugar en sus tierras.

El representante de la Inuit Circumpolar Conference dijo que los inuit seguían viviendo en estrecho contacto con la tierra, que conformaba gran parte de su entorno tradicional. Los inuit seguían siendo cazadores y dependían para su subsistencia de las focas, las ballenas, las morsas y otros animales marinos. Su identidad cultural y bienestar espiritual les hacía muy vulnerables a la degradación ambiental; el cambio climático mundial y el transporte de contaminantes hasta el Ártico a través de grandes distancias seguían poniendo en peligro su cultura y sus medios de vida.

Debido al cambio climático mundial, a los cazadores inuit les resultaba difícil predecir el tiempo con los métodos tradicionales y ecológicos que habían utilizado hasta ahora. Por ello era muy necesario concertar acuerdos internacionales eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. En lo relativo al transporte a larga distancia de contaminantes orgánicos persistentes y de mercurio al Ártico, el orador subrayó la importancia del Convenio de Estocolmo de 2001, que limitaba enormemente la emisión de 12 de los principales contaminantes, y pidió a los países que lo ratificaran, ya que las pruebas preliminares mostraban que los contaminantes a que estaban expuestos los niños inuit antes de nacer afectaban a su capacidad neurológica y cognitiva y su sistema inmunológico.

Un representante que hablaba en nombre de Groenlandia/Dinamarca dijo que el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, junto con representantes de las organizaciones indígenas y otros países, instituciones y organizaciones de ideas afines, habían creado una asociación sobre los pueblos indígenas y el fomento de su capacidad y el desarrollo sostenible con el fin de entablar un diálogo en relación con la Cumbre de Johannesburgo. Como punto de partida, en marzo del año en curso había tenido lugar en Copenhague una reunión práctica de dos días de duración en la que los participantes de 53 países intercambiaron opiniones y analizaron la experiencia adquirida en la aplicación de políticas de desarrollo en relación con los pueblos indígenas; la capacitación y la sensibilización de los pueblos indígenas y el apoyo prestado a las organizaciones indígenas para que influyeran en los principales procesos normativos a nivel mundial.

JOSE KAXINAWA, de la OPIAC y la AMAAI, del Brasil, habló sobre un proyecto para vigilar la situación en las tierras indígenas en aquel país. En las escuelas se enseñaba a los jóvenes y a los docentes indígenas a utilizar los recursos naturales de un modo sostenible. Habían surgido problemas en esas tierras debido a la llegada de las empresas madereras, que estaban talando árboles en las zonas fronterizas del Perú y del Brasil. Los pueblos indígenas querían preservar el agua, los bosques y otros recursos para las generaciones futuras.

El orador recomendó que el Foro promoviera este tipo de proyectos destinados a lograr un desarrollo sostenible y coordinara con los organismos de las Naciones Unidas la forma de ayudar a otros grupos indígenas. También recomendó que el Foro exigiera a los Gobiernos del Perú y del Brasil que no permitieran la ocupación de tierras indígenas por las compañías madereras.

MIGUEL IBÁÑEZ, representante de Habitatpro, del Perú, dijo que el principal problema al que se enfrentaban los pueblos indígenas en la actualidad era la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales. Resultaba difícil encontrar frutas y plantas, los peces estaban contaminados con mercurio y se estaban quemando los bosques; los suelos ácidos eran cada vez más estériles y apenas rendían. El Foro debía luchar para conseguir que se aprobara una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y se celebrara una cumbre mundial sobre los pueblos indígenas en la que se formularan más métodos concretos para detener el calentamiento de la Tierra.

ALFRED ILENRE, Secretario General de la tribu indígena edo del Delta del Níger en Nigeria, dijo que, según los estudios monográficos sobre los pueblos indígenas realizados en toda África, en ese continente prevalecían la negligencia económica y la degradación ambiental. El delta del Níger producía más del 90% de los ingresos en divisas de Nigeria. El entorno de la región se había degradado debido a la enorme escala de las actividades de prospección y de extracción de petróleo. En la actualidad, el ecosistema de todo el delta estaba sometido a grandes presiones, pues el gobierno centralizado de Nigeria era incapaz de prestar los servicios básicos necesarios para resolver los problemas ambientales existentes.

Los pueblos indígenas se quejaban del impacto de la prospección petrolera en su entorno, que había dejado tras de sí una estela de contaminación y de tierras no aptas para el cultivo. Este conflicto de origen medioambiental había provocado divisiones étnicas, además de violencia entre las distintas comunidades y dentro de ellas. En un intento de rebajar la tensión existente, hacía dos años el Gobierno Federal de Nigeria había creado la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger; pese a esta iniciativa, la agitación y la violencia no habían hecho sino aumentar porque la Comisión no había centrado sus esfuerzos en las cuestiones que habrían permitido integrar los componentes económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible en esa región.

LES MALEZER, de la Faira Aboriginal Corporation de Australia, se refirió al caso conocido como "De Rose Hill" en que el Tribunal Federal de Australia había fallado que los pueblos yunkunytjatjara/pitjantjatjara de Australia occidental habían perdido la propiedad de sus tierras por que habían ido perdiendo su vínculo consuetudinario con aquéllas durante 25 años. El juez no tuvo en consideración que se había intimidado a los yunkunytjatjara con amenazas de violencia si regresaban a sus tierras; desestimó la conexión de los pueblos indígenas con la tierra basándose en su interpretación personal de lo que debía ser una relación consuetudinaria; puso en duda el vínculo de los yunkunytjatjara contrastándolo con ideas románticas tomadas de los registros etnográficos históricos sobre tradición y derecho, y rehusó aceptar la validez de los cambios económicos y sociales que habían transformado la estructura de la comunidad.

Tras relatar otros dos casos similares, el Sr. Malezer dijo que el Gobierno no había seguido el principio del consentimiento previo, fundamentado y dado libremente, ni reconocía la propiedad tradicional de las tierras. El Gobierno decía que estaba obligado a proporcionar una "indemnización justa" de conformidad con la constitución nacional, pero en los 102 años en que había regido la constitución, nunca se había pagado indemnización a los pueblos aborígenes por la pérdida de sus tierras.

AZELENE KAINGANG, del Wara Instituto Indígena, dijo que era en esas tierras donde los pueblos indígenas practicaban sus rituales, creaban comunidades y reivindicaban su derecho a ser diferentes. El único modo de asegurar la supervivencia de un pueblo era garantizar su derecho a la tierra. El orador recomendó que el Foro se asegurara de que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales contaran con representación indígena; estableciera un mecanismo para la solución de diferencias; ofreciera incentivos técnicos a los pueblos indígenas para que practicaran el desarrollo sostenible en sus tierras; aplicara normas de protección ambiental; velara por la conservación de la biodiversidad y reconociera los conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad y garantizara los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas.

HASSAN ID BALKASSM, representante del Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee, dijo que la destrucción de la relación entre los pueblos indígenas y su entorno creaba un abismo cultural aún mayor que impedía que esos pueblos participaran más en los asuntos del mundo. El orador sugirió que el Foro recomendara al Consejo Económico y Social (ECOSOC) que insistiera en la aplicación concreta de los programas de acción adoptados en las importantes conferencias de las Naciones Unidas celebradas en Río, Johannesburgo y Durban. También expresó su deseo de que los miembros del Foro formularan recomendaciones sobre la participación de los pueblos indígenas en la vida política y cultural de sus países.

WILLIAM JONAS, de la Comisión de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, de la Comisión Australiana de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, dijo que la denegación del derecho a la libre determinación y al consentimiento fundamentado resultaba evidente en el modo en que la Ley sobre los títulos de propiedad de las poblaciones indígenas abordaba la participación indígena en la ordenación ambiental de las tierras tradicionales. En primer lugar, la Ley no protegía de modo explícito los derechos indígenas respecto de las tierras dedicadas en la actualidad a la conservación de la naturaleza y de la flora y la fauna. Al menos en un estado en Australia se habían extinguido por completo los títulos de propiedad a raíz de la creación de las reservas naturales, lo cual iba en contra de los principios del derecho internacional. En segundo lugar, en lo relativo a las tierras en las que el derecho australiano reconocía el régimen de propiedad tradicional, la mencionada ley no otorgaba a los propietarios indígenas el derecho a negociar la ordenación ambiental de esas tierras.

A la luz de la situación interna en Australia, y sin duda alguna en otros países, era importante que el Foro definiera los elementos constitutivos del derecho al consentimiento previo y fundamentado y su aplicación a los pueblos indígenas. Sin ello, sería escasa la presión que se ejercería sobre los Estados, como Australia, para que respetaran ese derecho o lo incorporaran en sus políticas internas relativas a los derechos sobre la tierra y la ordenación ambiental. Asimismo, recomendó que el Foro preparara un documento que resumiera los elementos del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo y fundamentado de conformidad con varios instrumentos internacionales, y su aplicación a los pueblos indígenas.

JADDER MENDOZA-LEWIS, representante de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, dijo que era evidente el impacto negativo que tenían las denominadas zonas ambientales protegidas sobre los pueblos indígenas. En las comunidades locales, los pueblos indígenas se veían obligados a abandonar sus tierras, con lo que se rompía el vínculo esencial existente entre la gente y la naturaleza. Los Estados Miembros y los organismos intergubernamentales tenían que trabajar estrechamente con los pueblos indígenas a la hora de proteger sus tierras y sus conocimientos ancestrales. Se debía facilitar el apoyo técnico y financiero necesario a esos pueblos para que todos ellos pudieran acceder a sus tierras tradicionales. Para ello se debía prestar gran atención al logro de resultados concretos sobre el terreno.

ARMANDO VALBUENO, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, instó a todos los organismos de las Naciones Unidas y al Banco Mundial a que solicitaran al Gobierno de Colombia la eliminación gradual de determinados cultivos, con la garantía de que se destinaran los recursos adecuados a cultivos alternativos. Además, el Gobierno debía reconocer a las autoridades tradicionales ya establecidas y debía elaborar políticas ambientales que tuvieran en cuenta a los pueblos indígenas, consultando a los grupos directamente afectados antes de empezar la extracción de recursos. Además, debían pedir a los Gobiernos de Bolivia y de Colombia que establecieran procedimientos para que los pueblos indígenas participaran en la vigilancia de sus tierras y se aseguraran de que las empresas explotadoras reservaran recursos en cantidad suficiente para indemnizar a los indígenas por cualquier posible daño. HERNÁNDEZ CHAPA, de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, subrayó que todas las riquezas naturales eran dignas de un profundo respeto. La relación de los pueblos indígenas con el agua y los otros recursos había surgido de la necesidad de sobrevivir. Refiriéndose a los pueblos indígenas de Baja (México), dijo que sus tierras se habían visto gravemente afectadas por las fuerzas militares y la pesca, y sólo se les había ofrecido una miseria como compensación. Tratar a los pueblos indígenas como delincuentes no era un buen camino: el Foro debía formular una recomendación para asegurar que las organizaciones de los pueblos indígenas pudieran comunicar sus opiniones a los gobiernos federales, y los organismos de las Naciones Unidas debían entablar un auténtico diálogo con los representantes indígenas.

CHARLES MCNEIL, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que desde la "Cumbre para la Tierra" celebrada en Río los mayores progresos se habían registrado a nivel de la comunidad; sin embargo, los pueblos indígenas disponían de escasas oportunidades de contribuir a las cumbres internacionales. El PNUD se había comprometido de nuevo a trabajar en el plano local con los pueblos indígenas y había reestructurado su política sobre el medioambiente y la energía. Por ejemplo, se había emprendido la Iniciativa sobre el Agua en la Comunidad para ayudar a los pueblos indígenas a ordenar sus aguas. Otros intereses del PNUD eran la ordenación ambiental, el cambio climático y los enfoques comunitarios del desarrollo sostenible.

Los pueblos indígenas eran los asociados naturales para trabajar en la esfera de la biodiversidad. El programa de pequeñas donaciones funcionaba en 60 países y 30 de los proyectos estaban relacionados con los pueblos indígenas. Los objetivos de desarrollo del Milenio constituían un excelente marco para el desarrollo de las comunidades indígenas.

MIQUEAS MISHARI, representante de Ashaninka-AIDESEP, pidió al Gobierno del Perú que se asegurara de que las empresas petroleras y mineras respetaran la autonomía de los pueblos indígenas. El Banco Interamericano de Desarrollo debía consultar a los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo. Los proyectos que iba a ejecutar el Banco iban a sumir a los pueblos indígenas del Perú en una abrumadora pobreza durante muchos años. Por consiguiente, no se debía autorizar la tala ni la construcción de autopistas que atravesaran los bosques de los pueblos indígenas.

KA LAHUI, de Kalikolihau Hannahs de Hawai, dijo que los naturales de Hawai estaban perdiendo sus títulos de propiedad sobre las tierras y sus conocimientos tradicionales, con lo cual desmejoraba la calidad de vida de la gente; habían perdido el control de sus tierras y no tenían ninguna participación en las decisiones que afectaban a esas tierras. Los extranjeros que se habían apoderado del control de las tierras no aplicaban las técnicas utilizadas por los antepasados indígenas para el aprovechamiento eficaz de los recursos. Su filosofía no consistía en dar sino en tomar todo lo que pudieran de la tierra.

El 14% de los indígenas de Hawai vivía por debajo del umbral de pobreza, muy por debajo del nivel estatal. Los indígenas jóvenes se veían abocados a la pobreza y seguían sufriendo la falta de programas de desarrollo social y económico. Se trataba a los hawaianos como a niños huérfanos y no se les permitía participar en los programas de desarrollo. Sin tierras ni base económica, resultaba casi imposible sustentar a un pueblo que debía esforzarse por salir adelante.

LIDIA VELLO, de la Asociación de Pueblos Indígenas del Norte de Rusia, dijo que los pueblos indígenas del norte tenían una rica cultura basada en antiguas tradiciones. Las autoridades locales contaban con una base legislativa y habían logrado conservar los rebaños de renos y dar empleo a los pueblos nómadas, con lo que se había preservado su cultura indígena. Sin embargo, la disminución del número de renos en los últimos 10 años representaba una amenaza para la cultura y los medios de vida de los indígenas. La oradora instó a los gobiernos nacionales a que elaboraran la legislación apropiada para la utilización de los recursos.

El representante del Regional Action Group for the Environment (RAGE) dijo que los tuscaroras estaban sometidos a una agresión constante que limitaba su acceso al agua potable, a una vivienda adecuada y a la electricidad y que coartaba su libertad por temor a las represalias. Esa agresión provenía directamente de los actos de los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá. Esos supuestos líderes habían permitido el vertido de desechos nucleares en tierras tuscaroras y de gasolina en el agua potable de las escuelas. Cuando llegaron los colonizadores, la tribu contaba con 350.000 miembros, ese número se había visto reducido de forma drástica a sólo 650 miembros, en su gran mayoría aquejados de problemas de salud como resultado directo de los actos genocidas de los Estados Unidos y el Canadá.

FRANKLIN ALMOZA, representante de la tribu obaloi de Filipinas, dijo que la agricultura, la pesca y la minería constituían los principales medios de vida de su pueblo. El Gobierno de Filipinas había adjudicado a las grandes empresas mineras el derecho de extraer minerales en las tierras tribales. A consecuencia de ello, los pequeños mineros se habían quedado sin trabajo, los ríos estaban contaminados y se habían arrasado montañas. La vida de los pueblos indígenas en Filipinas también se veía afectada por la construcción de presas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas no estaban en contra del desarrollo; lo que querían era formar parte de ese proceso.

ARTHUR MANUEL, de la Assembly of First Nations, expresó su profunda preocupación acerca del estado actual del medio ambiente. Los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible podían ser de gran utilidad para el mundo. Señaló que muchas leyes tradicionales abordaban la relación con la tierra y con el prójimo y creía firmemente en la vigencia actual de muchos de los principios y valores fundamentales de épocas pasadas.

Los pueblos indígenas podían asesorar a otros sobre cómo lograr un desarrollo sostenible. El orador expresó su satisfacción sobre los acuerdos relativos al ambiente que se habían concertado en el plano internacional. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de participación de los pueblos indígenas en la negociación de esos acuerdos e instó al Foro a que creara un centro de información de los acuerdos internacionales que tuvieran relación con los pueblos indígenas.

El representante de la Región de África dijo que, en la mayoría de los Estados africanos, los órganos y ministerios de derechos humanos no se habían creado para garantizar el goce de esos derechos sino como instrumentos políticos para debilitar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas africanos seguían enfrentándose a los múltiples problemas de la desertificación, la deforestación y el vertimiento no reglamentado de los desechos tóxicos. Las empresas petroleras y de gas que operaban en territorios indígenas se negaban a llevar a cabo tareas en gran escala de saneamiento biológico o limpieza a fondo en el caso de derrames de petróleo o escapes de gas, como sucedió en el caso de Shell en Sudáfrica y Nigeria.

El orador recomendó que los Estados africanos ratificaran y adaptaran a los contextos locales las cartas, declaraciones y tratados aprobados en foros pasados, presentes y futuros cuyo objetivo fuera garantizar la seguridad de los pueblos indígenas. Instó al Foro Permanente a que, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, redactara un nuevo conjunto de normas jurídicas que tuvieran en cuenta las perspectivas de los pueblos indígenas a la hora de orientar las actividades de las corporaciones transnacionales. El Foro también debía crear un grupo de expertos para examinar la deuda ecológica y su impacto en los pueblos indígenas. Los pulmones de África iban a quedarse secos pronto, lo que traería más hambre, desolación y miseria al mundo.

Observaciones del Foro

Durante el debate posterior, los miembros del Foro destacaron la importancia de las convenciones relativas al medio ambiente, en especial la biodiversidad, así como de los conocimientos y la experiencia de los pueblos indígenas y el derecho tradicional. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible había sido un hito en el desarrollo internacional, y los gobiernos debían esforzarse por aplicar los principios acordados en ella.

Otros subrayaron la necesidad de que los gobiernos abordaran la apremiante situación de los pueblos indígenas en ciertas partes de África y elaboraran leyes sobre los derechos de propiedad colectivos de esos pueblos. Los gobiernos y los órganos de las Naciones Unidas debían promover la adopción de un modelo de desarrollo que fuera justo, equitativo y factible económicamente. También debían adoptar normas para proteger el medio ambiente y actuar en consecuencia, en su propio interés y en el de los pueblos indígenas.



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