Tercer Período de Sesiones
Nueva York,
10 a 21 de mayo de 2004
    
    
   



Comunicado de prensa
HR/4662
14/05/2003

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Segundo período de sesiones
Sesiones quinta y sexta (mañana y tarde)

Declaraciones

SERGEI HARJUEHI, Presidente de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte, señaló que Rusia era un país muy rico que dependía de los recursos naturales de zonas habitadas por pueblos indígenas. El desarrollo de estas regiones estaba dañando el medio ambiente y repercutiendo en la salud y en la situación económica de los indígenas. El problema más importante para esos pueblos, sobre todo en Rusia, era el uso de la tierra. Este debía ser el elemento central de la estrategia del Foro, dado que todas las otras cuestiones dependían de ésta.

El Decenio de las Poblaciones Indígenas estaba llegando a su fin y ya estaba en marcha el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas. El Decenio había hecho que la comunidad mundial prestara atención a los problemas de esos pueblos. Había sido una etapa preparatoria para los pueblos indígenas y los gobiernos, así como para el futuro de la labor del Foro. El Foro debería entonces considerar la posibilidad de proclamar el próximo decenio de los pueblos indígenas.

JOSÉ UMERES, representante de Yachay Wasi Quechua, dijo que el Perú estaba atravesando un período de recesión económica. Los productos agrícolas se estaban vendiendo por debajo de su costo real y los pueblos indígenas, por consiguiente, se estaban empobreciendo cada vez más. Los pueblos indígenas no querían dádivas. Lo que querían eran programas sostenibles y que pudieran administrar por su cuenta. El Perú tenía la suerte de contar con un potencial del que carecían otros países, pero los pueblos indígenas necesitaban saber cómo desarrollarlo plenamente. Resultaba cada vez más difícil encontrar financiación para esos proyectos.

El Gobierno del Perú no había elaborado ningún programa para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas.

Además, los pueblos indígenas no recibían parte alguna de los beneficios obtenidos del turismo arqueológico.

FÉLIX ATENCIO, representante de la Red Continental de Medios de Comunicación Indígenas, dijo que los pueblos indígenas necesitaban tener acceso a la información. Las sociedades civiles de los países desarrollados estaban preocupadas por el control de la información y los pueblos indígenas compartían esa preocupación. Manifestó que le inquietaba la tendencia a estandarizar la información, una forma burda de racismo existente en muchos países. Los medios de comunicación que trabajaban con los pueblos indígenas se encontraban con grandes obstáculos, lo cual obligaba a esos pueblos a anteponer sus necesidades humanas básicas al derecho a la información. Ninguna sociedad que aspirase al pleno desarrollo de sus miembros podía permitir la existencia de una situación semejante. El acceso a la información era de vital importancia para consolidar la democracia, y el Foro Permanente debía incluir en su estructura un mecanismo para difundir información a las comunidades indígenas.

GEOFF CLARK, de la Comisión para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, señaló que la independencia económica ofrecía a la gente la oportunidad de decidir por sí misma, en consonancia con la libre determinación y el pleno ejercicio de derechos. En Australia, no obstante, los pueblos indígenas sufrían las limitaciones impuestas por un sistema judicial injusto que les impedía recuperar las tierras que les habían arrebatado 200 años atrás. Además, tenían derecho a beneficios económicos derivados de tierras que de hecho eran de su propiedad. Por lo tanto, se debían establecer directrices firmes para impedir que las instituciones de desarrollo explotaran las tierras indígenas.

El Gobierno coincidía con la Comisión en que debería hacerse más por potenciar el desarrollo indígena. Confiaba en los buenos resultados de la propuesta de un enfoque del desarrollo económico que partiera de cero. Los pueblos indígenas debían además hacer frente a los retos de la mundialización y decidir cuál sería la mejor forma de participar en ella.

BILL JONAS, Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, de Australia, aclaró que trabajaba para el Gobierno de su país en calidad de agente independiente encargado de supervisar el reconocimiento y la protección de los derechos de los indígenas. En el desempeño de su misión de informar al Parlamento australiano, había utilizado como referencia las publicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concretamente el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2000, en el que se establecían mecanismos para asegurar una rendición de cuentas más rigurosa en lo referente al cumplimiento de las normas de derechos humanos.

Sin embargo, en estos documentos no se reconocía la condición particular de los pueblos indígenas, y añadió que era de vital importancia ampliar la labor sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2002, Australia figuraba entre los cinco primeros países del mundo en cuanto al desarrollo humano, incluido el índice de esperanza de vida. No obstante, según datos estadísticos recientes, la esperanza de vida de los indígenas de Australia era 24 años inferior a la de la población no indígena. El orador sugirió que el Foro instara al PNUD a ampliar su labor a fin de que se reconociera la condición particular de los pueblos indígenas. Propuso asimismo que el PNUD invitase al Foro a participar en el grupo consultivo para la elaboración del informe.

AZELENE KAIGANG-WARA, representante del Instituto Indigena Brasileiro, dijo que en el Brasil la mayor parte de las tierras indígenas habían sido formalmente reconocidas y delimitadas, lo cual era sin duda un avance. No obstante, el mero reconocimiento legal de las tierras no era suficiente para los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas del Brasil se habían empobrecido y sin embargo los brasileños creían que ya no existía el hambre en esas poblaciones. También creían que los indígenas eran indolentes y no querían trabajar, lo cual no era cierto en modo alguno. De hecho, la mayoría de las tierras indígenas en el Brasil eran áridas e imposibles de cultivar. No bastaba con hablar de los errores del pasado; había que resolver la situación imperante. Era preciso establecer líneas de crédito para la producción a las que tuvieran acceso los pueblos indígenas, crear condiciones que garantizasen la seguridad alimentaria y un mercado justo para los productos indígenas, así como prestar apoyo a los indígenas que vivían en zonas urbanas.

NICOLÁS CHANGO, representante de la Defensoría de los Pueblos Indígenas del Ecuador, dijo que era preciso que los responsables de la planificación dirigieran su atención hacia los pueblos indígenas, que se encontraban relegados a lo más bajo de la escala social. Los encargados de elaborar políticas y los economistas habían hecho muchas promesas que no llegaron a materializarse. La espiritualidad era muy importante. Los pueblos indígenas no eran simples armazones humanos, estaban dotados de un espíritu. La gente no podía seguir llevando una existencia puramente materialista. Era preciso prestar atención a los niños y dotarles de medios tecnológicos y económicos para que pudieran ser la esperanza del futuro. Debía invertirse capital en la pequeña empresa, puesto que la mayoría de los indígenas trabajaban en la economía informal. Las inversiones que hicieran los Estados en los pueblos indígenas contribuirían a crear un mundo mejor para todos.

JOJI CARINO, representante de la Tebtebba Foundation, recomendó que el Foro entablara un diálogo para prestar asesoramiento sobre políticas relativas a los pueblos indígenas. El Foro debía hacer hincapié en la necesidad de respetar a los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo, lo cual requeriría su consentimiento libre, previo e informado. Debía asimismo asegurarse de que se comprendiera cabalmente el impacto negativo de los proyectos generales de desarrollo en los pueblos indígenas y exigir garantías para la protección de los derechos consuetudinarios sobre la tierra. Por último, el Foro debía propugnar planteamientos basados en los derechos como única forma de promover un desarrollo con esa orientación.

Varios organismos multilaterales estaban actualizando por primera vez sus políticas sobre los pueblos indígenas. El orador se refirió a un libro titulado A Failure of Accountability, que trataba sobre estos organismos. En él se planteaban cuatro interrogantes: si los donantes tenían una política sobre los pueblos indígenas; si dichas políticas eran de alcance mundial o regional; si los organismos tenían normas mínimas obligatorias; y si preveían normas operacionales.

BENON MUGARURA, representante de la African Indigenous and Minority Peoples Organization, se refirió, en particular, a la comunidad batwa de la Región de los Grandes Lagos de África. Los batwa habían sido los primeros habitantes de Burundi, de la República Democrática del Congo y de Rwanda. Tradicionalmente se habían dedicado a la recolección de productos del bosque, pero fueron expulsados de las zonas en que vivían y pasaron a dedicarse a la alfarería.

Un análisis comparativo de las cifras correspondientes a los censos realizados entre 1978 y 1991 había revelado que la población batwa había disminuido un 40%, mientras que el resto de la población de Rwanda había crecido un 50%. Aunque se habían llevado a cabo pocas investigaciones sobre los batwa, los elevados índices de mortandad infantil, la pobreza extrema y el escaso acceso a la atención sanitaria habían contribuido a esa disminución. La extrema pobreza de los batwa les impedía participar en la economía nacional.

El orador recomendó que se creara en el Foro una dependencia de desarrollo económico y social, que se tuvieran debidamente en cuenta los derechos y necesidades de los batwa en las reformas educativas y sanitarias previstas en el documento de estrategia de lucha contra la pobreza de Rwanda, que los organismos internacionales que trabajaban en Rwanda elaborasen programas en colaboración con las comunidades batwa, que se evitara el desplazamiento de esas comunidades de las zonas protegidas y que éstas fueran debidamente indemnizadas.

STELLA TAMANG, representante del South Asia Indigenous Women Forum, dijo que cuanto más intentaban conseguir los seres humanos, menos conseguían; cuanto más intentaban controlar la naturaleza, más escapaba ésta de su control. Era importante que el desarrollo se entendiera y definiera adecuadamente. Desarrollo había de ser sinónimo de desarrollo sostenible de los idiomas y culturas de los pueblos indígenas. Estos pueblos eran víctimas de la marginación económica y social y la pobreza. Lo que les empobrecía era la privación de derechos, no de aptitudes.

Las mujeres indígenas se enfrentaban a una situación aún más ardua. No tenían acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos y no se respetaba su derecho a decidir por sí mismas. Las curanderas indígenas eran tachadas de brujas y, por consiguiente, torturadas. Tras el 11 de septiembre y la declaración de la "guerra contra el terrorismo", los gobiernos habían recortado los presupuestos destinados al desarrollo. La situación exigía un giro radical. Los gobiernos debían reconocer los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, incluidos los recursos naturales, y en particular, su derecho a administrar esos recursos por su cuenta; también debían sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de los pueblos indígenas y asegurar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones en todos los niveles.

FRANCIS OLE SAKADA, hablando en nombre de la región de África, dijo que los problemas a los que se enfrentaban los pueblos indígenas del continente africano eran de origen histórico. Otras comunidades habían invadido sus tierras ancestrales y los habían expulsado y habían introducido nuevos estilos de vida. Todos los gobiernos y los responsables de la elaboración de políticas en África aplicaban métodos de planificación vertical que no favorecía a los pueblos indígenas. Además, la mayoría de los países africanos tenían una imagen estereotipada de los pueblos indígenas y los consideraban retrógrados, subdesarrollados y primitivos. Esto conducía a la imposición de nuevos estilos de vida que desembocaban en la asimilación y en la pérdida del idioma y la cultura.

Además, la mayoría de los Estados de África pensaban que la vida sedentaria era la mejor forma de desarrollar una comunidad. Esta idea había conducido a la destrucción del ecosistema a causa de la explotación excesiva de las riquezas naturales, como los minerales, la fauna y las plantas medicinales. También había conducido a la falta de equidad en la distribución de los recursos económicos acumulados por los gobiernos.

El orador, en nombre de los pueblos indígenas de África, recomendó que se reconsideraran las políticas verticales que tendían a privilegiar a la población urbana y favorecían los cultivos comerciales como la mejor forma de desarrollo, así como los modelos de desarrollo ecológico que tuvieran consecuencias negativas para la sostenibilidad social, política y económica de los pueblos indígenas. Pidió asimismo que los pueblos indígenas pudieran tener igualdad de acceso al agua, a los alimentos y a los centros sanitarios y que contaran con protección legal para que no fueran expulsados de sus tierras por los gobiernos y los inversores extranjeros.

FRANKLIN ALMOZA, representante de la tribu ibazoi de Cordeillera (Filipinas), subrayó que el ser humano no podía sobrevivir sin tierras. Su obligación era protegerlas de la destrucción y conservar su carácter sagrado. En Filipinas la economía dependía de actividades tales como la agricultura, la pesca y la minería. El orador mencionó que en 1997 una empresa había comenzado a explotar minerales en tierras pertenecientes a los indígenas, y que cuando éstos se opusieron fueron encarcelados. Las consecuencias perjudiciales de esta actividad habían afectado tanto a la agricultura como a las aguas subterráneas. En ese momento, la empresa minera controlaba las tierras y los pueblos indígenas se habían quedado con las manos vacías. Los indígenas debían ser indemnizados por la destrucción de sus tierras.

JADDER MEDOZA-LEWIS, representante de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, dijo que el Foro debería hacer recomendaciones para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la amenaza que entrañaban los proyectos de megadesarrollo. Debería asimismo movilizar recursos financieros y técnicos para los pueblos indígenas a fin de que éstos pudieran fortalecer sus instrumentos legales y hacer frente a las amenazas de la privatización y de las actividades de aprovechamiento de las cuencas hidrográficas en Centroamérica.

Los pueblos indígenas necesitaban fortalecer urgentemente los mecanismos de protección económica dentro de sus propias estructuras. El orador recomendó que el Foro desarrollara un programa conjuntamente con, entre otros, los organismos de las Naciones Unidas, lo cual le permitiría desarrollar principios relativos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de los mercados mundiales.

LAURA XIONG, representante de Hmong International Human Rights Watch, señaló que unos años atrás el Gobierno de Laos había recibido millones de dólares de ayuda del exterior para erradicar la producción de opio. Ni un solo miembro de la minoría Hmong recibió algo de esa ayuda. La corta y quema había sido otro instrumento utilizado contra los pueblos indígenas de Laos. En decenios recientes, las zonas de bosques, que antes habían ocupado más de un 70% de la superficie del país, se habían reducido a un 40% y el Gobierno había otorgado a tres empresas el monopolio de la producción maderera de Laos, lo cual había destruido el entorno natural de los pueblos indígenas.

Un representante de Armando Valbuena, hablando en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia, dijo que a pesar de no disponer de datos precisos sobre los pueblos indígenas en Bolivia y Colombia, sí sabía que existía un grado extremo de pobreza. Esa gran pobreza constituía un gran obstáculo social y económico. Estos pueblos carecían de oportunidades porque las estructuras económicas daban lugar a bajos niveles de desarrollo. La distribución de la riqueza no era equitativa y los pueblos indígenas no podían siquiera satisfacer sus necesidades básicas.

El orador pidió a los Gobiernos de Bolivia y Colombia y a los organismos de las Naciones Unidas que destinasen recursos para levantar periódicamente un censo y estudiar la situación socioeconómica de los pueblos indígenas. Asimismo, debería crearse un fondo para las tierras altas y bajas de Bolivia a fin de que la población pueda desarrollar su propio potencial económico y social. También deberían establecerse normas sobre la utilización del uso del petróleo.

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