 Tercer Período de Sesiones
Nueva York,
10 a 21 de mayo de 2004
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Comunicado de prensa
HR/4662
14/05/2003
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Segundo período de sesiones
Sesiones quinta y sexta (mañana y tarde)
Declaraciones
PEKKA PATOSSARI, Director del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, dijo que su organización había sido fundada para dar a los pueblos indígenas la oportunidad de participar eficazmente en los debates mundiales sobre los bosques. Como existía un paralelo entre los asuntos clave de los que se ocupaba el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y las deliberaciones sobre políticas forestales, se podía aprender mucho de este proceso. Recientemente, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques había intensificado su labor para que los jóvenes participasen en sus deliberaciones por medio de diálogos con todas las partes interesadas.
El orador continuó diciendo que aproximadamente 60 millones de indígenas vivían en zonas de bosques y que su bienestar económico y social dependía de éstos. Los bosques les proporcionaban alimentos, medicamentos, ingresos pecuniarios y trabajo, y además, indirectamente, mantenían la calidad del agua y el suelo. Era evidente que la gestión sostenible de los bosques era un tema fundamental para muchos pueblos indígenas, en particular para eliminar la pobreza y mejorar su calidad de vida.
El Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques estaba empeñado en alcanzar los objetivos del Milenio y en cumplir los compromisos asumidos en el Plan de Aplicación de Johannesburgo. En su calidad de organismo mundial, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques era un mecanismo intergubernamental clave para llevar a la práctica objetivos de gestión forestal en el plano internacional, nacional y regional. Para el Foro era importante trabajar estrechamente con todos los grupos principales y, en particular, con los pueblos indígenas.
SELMAN ERGUDEN, Coordinador del programa de las Naciones Unidas sobre los derechos de vivienda del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), dijo que a medida que la humanidad se había urbanizado, las preocupaciones de los pueblos indígenas también habían ido cobrando un sesgo más urbano. Las experiencias recogidas en ciudades y pueblos de todo el mundo indicaban que los modernos estilos de vida urbanos ya estaban planteando muchas dificultades para muchos pueblos indígenas. En este choque de culturas y estilos de vida, los pueblos indígenas y, en particular, los niños y los jóvenes, tenían que enfrentar enormes desafíos en su lucha por mantener la cultura tradicional. ONU-Hábitat llevaba a cabo actividades en relación con los pueblos indígenas, principalmente en el marco de tres iniciativas: la "Campaña Mundial sobre el Gobierno Urbano", la "Campaña Mundial sobre Seguridad de la Tenencia" y el "Programa de las Naciones Unidas sobre los derechos de vivienda".
En la primera etapa de este programa se había prestado particular atención a las necesidades de los pueblos indígenas. En consecuencia, en el marco del programa se había iniciado un estudio sobre el derecho de los pueblos indígenas a la vivienda. El objetivo era evaluar la situación actual, las dificultades que se planteaban y soluciones prácticas para mejorar la defensa y promoción de ese derecho. Se debería prestar particular atención a los diferentes elementos del derecho a una vivienda adecuada, como el problema de la falta de vivienda, la seguridad de la tenencia, la accesibilidad, el costo y la pertinencia cultural, que deberían analizarse en el contexto de los pueblos indígenas. En relación con esos elementos se debían tener en cuenta los principios de igualdad y no discriminación durante todo el proyecto de investigación. Asimismo, se debería tomar particularmente en consideración a las mujeres, los niños y los jóvenes indígenas.
Los beneficiarios de estas investigaciones serían los encargados de formular políticas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en general, y el derecho a la vivienda, en particular, así como los investigadores, profesionales y organizaciones que trabajaban en este campo. En última instancia, los beneficiarios serían los propios pueblos indígenas, en particular las mujeres, que podrían utilizar las conclusiones y recomendaciones del estudio para mejorar sus condiciones de vida.
ANA ANGARITA, asesora en derechos reproductivos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Ginebra, dijo que en muchos casos los pueblos indígenas no tenían acceso a servicios sociales básicos, en particular a la educación y a servicios e información sobre salud sexual y reproductiva. Varios factores determinaban el nivel de acceso: la facilidad de acceso, el costo, las creencias culturales y la discriminación, en particular la discriminación basada en el género.
La difícil situación de muchos pueblos indígenas había llevado al UNFPA a tomar medidas, especialmente para la promoción de la salud reproductiva y el derecho de procreación. El UNFPA insistía en que el acceso a los servicios de salud reproductiva era un derecho que todos debían poder ejercer sin discriminación. Además, cuando los programas de salud sexual y reproductiva eran eficaces servían para garantizar otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, a decidir libremente el número de hijos y el tiempo entre uno y otro, a una calidad de vida adecuada, a la información y la educación y a tener una vida sexual libre de violencia o coacción. El UNFPA trataba de incorporar las perspectivas y necesidades específicas de las comunidades indígenas en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de población, desarrollo y medio ambiente que les afectaban.
CHRISTOF KUECHEMANN, subgerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que, a pesar de la pobreza material, la discriminación y la degradación del medio ambiente, los pueblos indígenas estaban demostrando, cada día más, que el desarrollo sostenible sólo era posible si se basaba en la cultura y la capacidad de gestión de las personas directamente afectadas. A este respecto, los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe estaban definiendo nuevas vías para lograr un desarrollo más duradero, equilibrado e inclusivo. El Banco se enorgullecía de apoyar estos nuevos enfoques pero al mismo tiempo estaba tratando de determinar los errores del pasado y establecer procesos de auténtico diálogo para vencer la desconfianza, el etnocentrismo y los prejuicios.
El orador dijo que el principal objetivo de la labor del Banco era promover un desarrollo que permitiera a los pueblos indígenas conservar su identidad, lo que suponía un enfoque en tres niveles: fortalecer la economía indígena como base para la subsistencia de la familia; reducir la discriminación en los mercados laborales y mejorar el acceso a los servicios sociales y económicos, y promover una economía intercultural que tomara en cuenta las ventajas relativas del patrimonio cultural y social de los indígenas y del entorno en que vivían. Por cierto, en un mundo globalizado, aumentaba cada día la demanda de bienes y servicios indígenas, como los recursos naturales renovables y no renovables, las obras artísticas y artesanías y el etnoturismo étnico. De esta forma mejorarían las condiciones de vida de los pueblos indígenas y se fortalecería su capacidad, siempre y cuando se hicieran progresos en la definición y aplicación de medidas eficaces para proteger sus derechos de propiedad intelectual.
El orador agregó que los objetivos centrales del Banco eran la reducción de la pobreza y el crecimiento sostenible. El Banco trataba asuntos relativos a os pueblos indígenas desde hacía más de 20 años. Para fines de 2002, Alrededor del 20% del total de los proyectos aprobados anualmente se referían a ellos. Si bien esto era un avance significativo, estos proyectos no siempre lograban mejorar realmente la calidad de vida de las familias indígenas, dijo el representante. El Banco había aprendido que los proyectos eran sostenibles sólo cuando las poblaciones indígenas participaban realmente en su formulación, diseño y ejecución. Basándose en sus experiencias, el Banco había comenzado a apoyar una nueva generación de proyectos en los que se reconoce la importancia de que beneficiarios participaran en la determinación de sus problemas y en su solución y en que se promovía el desarrollo integrado, participativo y acotado territorialmente de las comunidades indígenas.
Preguntas y observaciones
En una de las etapas de debate de la sesión, los miembros del Foro preguntaron si los organismos de las Naciones Unidas tenían una política sobre los pueblos indígenas y si habían establecido algún centro de coordinación sobre cuestiones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.
Los miembros pidieron que el Banco Interamericano de Desarrollo se asegurara de que otros bancos regionales, como el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo, pudieran participar en el proceso de diálogo del Foro. También preguntaron al representante del BID si éste había creado algún mecanismo para entablar un diálogo verdadero con los pueblos indígenas, lo que era necesario en un momento en que el Banco estaba preparando directrices sobre las cuestiones indígenas.
Otros miembros preguntaron al representante del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques si las poblaciones indígenas podrían participar en la próxima cumbre internacional sobre bosques. También preguntaron si el UNFPA tenía algún programa en África y, de no ser así, si había previsto ejecutar alguno. Propusieron que el UNFPA hiciera un censo de los pueblos indígenas de África, ya que actualmente sólo se disponía de cifras aproximadas.
Un miembro preguntó si ONU-Hábitat tenía proyectado tratar en el futuro la difícil situación de los niños de la calle.
Otro observó que los organismos de las Naciones Unidas habían recogido datos en varias naciones y que para el Foro sería provechoso reforzar su coordinación con ellos. A este respecto, se preguntó si ONU-Hábitat estaba planeando realizar algún seminario sobre la metodología de recolección de datos.
Respondiendo a las preguntas formuladas, el representante del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques dijo que éste no era un organismo sino un mecanismo intergubernamental, de composición universal, que colaboraba con todos los organismos y secretarías de los convenios y convenciones sobre cuestiones forestales. A juzgar por los debates que habían tenido lugar hasta el momento, estaba seguro de que el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques sería capaz de formular una estrategia sobre las cuestiones indígenas.
El representante de ONU-Hábitat dijo que su organización no tenía una política concreta sobre los pueblos indígenas, pero sí una política sobre los grupos desfavorecidos y vulnerables, entre los que figuraban esos pueblos. En cuanto a los niños de la calle, ONU-Hábitat tenía un programa específico para encarar este problema. Lamentablemente, no había recursos suficientes para organizar seminarios regionales en relación con el Programa de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda. No obstante, se realizarían tres consultas regionales en África, Asia y América Latina.
La representante del UNFPA dijo que la organización había tomado en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas en todas las etapas de programación y que tenía el mandato de abordar cuestiones como la igualdad entre los géneros y la potenciación. El UNFPA tenía iniciativas en curso en un par de países africanos y estaba preparando una estrategia regional en América Latina sobre cuestiones de población. El UNFPA había hecho suya la idea de incluir una serie de sesiones de alto nivel sobre la mujer indígena en el período de sesiones del Foro del próximo año.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que desde 1994 el Banco tenía el mandato expreso de ocuparse de los problemas de los pueblos indígenas y que además había establecido una dependencia de asuntos indígenas. El BID deseaba cooperar con los organismos de las Naciones Unidas en esta esfera.
La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dijo que la Organización tenía una política sobre pueblos indígenas que había empezado a aplicar a partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo en 2002.
Declaraciones
Un representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales dijo que el Departamento prestaba servicios a varios órganos intergubernamentales que podrían proporcionar asistencia al Foro. También desempeñaba un papel esencial en la coordinación del seguimiento de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Participaba activamente en coordinación con organismos de las Naciones Unidas y podía prestar ayuda al Foro en este campo.
Un participante hizo una declaración en nombre del Saami Council, la Asian Indigenous and Tribal Peoples Network, la Tebtebba Foundation, la Comisión para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y la Inuit Circumpolar Conference. Recomendó que el Foro tomara nota del mandato futuro del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Manifestó el deseo de que el mandato del Comité tuviera, como objetivo claramente definido, la preservación de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura de los pueblos indígenas en el plano nacional, regional e internacional.
El orador exhortó al Comité de la OMPI a seguir cooperando con los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Se congratuló de la activa participación de los pueblos indígenas en ese Comité e instó a que se fomentara esta participación utilizando más, entre otras cosas, los documentos de posición y materiales informativos, entre otras cosas. Dijo que apoyaba el Plan de Aplicación de Johannesburgo y los objetivos del Milenio, especialmente en lo relativo a los pueblos indígenas, y reconoció la importancia de transformar en realidad los objetivos que les interesaban.
ALBERT DE TERVILLE, Presidente de Aldet Centre-Saint Lucia, dijo, en nombre de los bethechilokonos (pueblo indígena de Santa Lucía), que la subsistencia de los pueblos indígenas de Santa Lucía dependía básicamente de las artesanías tradicionales. Las familias trabajaban codo a codo y deseaban conservar su cultura. No había una política oficial para ayudarles a mantener su forma de vida, por lo tanto, los pueblos indígenas de Santa Lucía necesitaban asistencia de los organismos de las Naciones Unidas y de su propio gobierno. Como los jóvenes indígenas no demostraban ningún interés por mantener el sector de las artesanías, debería utilizarse la tecnología moderna para alentarles a perpetuar las tradiciones de su país.
DIEGO SIMANCAS (México) dijo que el Gobierno de su país estaba elaborando programas basados en el diálogo con los pueblos indígenas para ayudarles a través de proyectos en los que se tuvieran en cuenta sus propias aspiraciones y esperanzas. En México, los pueblos indígenas habían sido relegados y constituían el grupo más desatendido. En 2002 México había establecido un programa de asistencia en el que figuraban proyectos de inversión rural en zonas marginales. También se habían asignado fondos para proyectos de desarrollo regional que servirían para financiar actividades viables de producción y desarrollo sostenible.
ENRIQUE A. MANALO (Filipinas) dijo que el Foro debería seguir asignando la máxima importancia a la cuestión de asegurar que se respetaran los derechos de los pueblos indígenas durante la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo económico y social. A tal efecto, Filipinas había tomado medidas para tener en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas en esa labor. Además, al preparar un plan para promover el desarrollo sostenible, el Gobierno de Filipinas había reconocido a las comunidades indígenas como asociadas en pie de igualdad en la tarea de diseñar, elaborar y ejecutar programas de desarrollo y de crear un entorno saludable en el que pudieran sentirse seguros.
Se debía promover el diálogo entre los Estados Miembros y los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, en particular sobre derechos humanos y promoción y protección de la diversidad cultural. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos se ocupaban de examinar, prevenir e investigar las violaciones de derechos humanos en el contexto de las comunidades culturales indígenas y de iniciar acciones judiciales. El Gobierno de Filipinas esperaba que el entusiasmo de esta reunión se tradujera en recomendaciones expresas tendientes a realzar y mejorar las formas de vida de los pueblos indígenas.
NICOLE HETU, representante de las Saulteau First Nations del Canadá, dijo que su comunidad seguía manteniendo relaciones con el territorio del Tratado 8 en la Columbia Británica (Canadá). Hasta la fecha, había mantenido, cumplido y respetado las promesas que sus ancestros habían hecho a la Corona. Desafortunadamente, el Estado había preferido olvidarse de los compromisos vinculantes que ésta había asumido. Saulteau First Nations había instado al Gobierno federal a aplicar el Tratado 8 con la participación directa y activa del pueblo indígena y teniendo en cuenta sus aspiraciones. El Gobierno y las empresas que deseaban desarrollar los territorios de Saulteau debían obtener previamente el consentimiento de los jefes indígenas, otorgado libremente y con conocimiento de causa, antes de iniciar cualquier proyecto en los territorios tradicionales.
La organización había hecho suya la recomendación de que un organismo internacional externo actuara como observador para garantizar la aplicación del Tratado. La relación que el Gobierno mantenía actualmente con las "tribus indias" seguía siendo esencialmente colonial. Las naciones consideraban que esa relación debía cambiar y transformarse en una relación respetuosa entre naciones en pie de igualdad, de conformidad con las condiciones aceptadas por los pueblos indígenas.
SEBASTIAO HAJI MANCHINERI, representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), dijo que el desarrollo económico debía basarse en principios y valores humanos y abordarse en forma integral ya que, en definitiva, los pueblos tenían vínculos muy estrechos con las tierras que les pertenecían. Las consecuencias del endeudamiento económico no debían olvidarse y los pueblos indígenas debían velar por que sus descendientes no heredaran un mundo en el que tuvieran que pagar las deudas contraídas por la presente generación.
La situación de los pueblos indígenas era gravísima. La contaminación había emponzoñado el medio ambiente y el bienestar físico se estaba deteriorando. Además, los intereses de los pueblos indígenas estaban supeditados a los del sector privado. El orador recomendó que los gobiernos adoptasen medidas para reparar los daños y pidió especialmente al Gobierno de Colombia que pusiera fin a la fumigación en los territorios a los que pertenecía el representante. Los gobiernos debían aplicar políticas que respetaran los sistemas y formas de vida de los pueblos indígenas y, además, crear condiciones propicias para afianzar la seguridad jurídica de sus territorios. Pero lo que era más importante, se debía garantizar que los propios pueblos indígenas tomaran las decisiones sobre los asuntos que les concernían.
MARÍA EUGENIA CHOQUE, del Centro de Estudios Aymarás de Bolivia, dijo que su pueblo había sido relegado y duramente golpeado económicamente, con lo que sus aspiraciones en materia de desarrollo distaban mucho de poder cumplirse. Afortunadamente, nadie estaba pasando hambre, ya que el estilo de vida del grupo se basaba en la solidaridad, la justicia y la equidad. La oradora exhortó a los organismos nacionales e internacionales a que promovieran y fomentaran la producción y comercialización de productos alimenticios en su región.
La oradora insistió en que los pueblos indígenas debían participar directamente en su propio desarrollo, con lo que quedaría asegurada su identidad cultural.
GOODLUCK DIIGBO, Presidente de Partnership for Indigenous Peoples
Environment, dijo que el Foro debía recomendar que los pueblos indígenas participaran en pie de igualdad en el comercio internacional. Para los pueblos indígenas el siglo XX había representado 100 años de colonialismo y pérdida de poder, y era de esperar que el Foro pudiera restablecer el equilibrio. Las Naciones Unidas habían hecho grandes progresos al respecto, pero todavía quedaba mucho por hacer.
La comunidad internacional necesitaba un nuevo impulso a fin de crear oportunidades para los pueblos indígenas.
El derecho más importante era el derecho a la libre determinación, pues era la piedra angular de la dignidad humana. Aunque los pueblos indígenas acogían con beneplácito su asociación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), era esencial que se los considerara como asociados en pie de igualdad. El Foro Permanente debería recomendar que los Estados Miembros respetaran el derecho a la libre determinación, ya que estaba directamente vinculado al derecho al desarrollo económico y social.
JORGE GÓMEZ, del Parlamento del Pueblo Qullana Aymará, dijo que los pueblos indígenas dependían casi por completo de sistemas económicos no indígenas debido a que los proyectos encaminados a ayudarles habían fracasado. Los pueblos indígenas necesitaban cooperación sin transacciones monetarias. Necesitaban asistencia comunitaria, reciprocidad y libertad frente a la esclavitud del dólar y otros sistemas monetarios. Ese tipo de economía era una necesidad histórica.
El orador instó a las organizaciones no gubernamentales y a los organismos del sistema de las Naciones Unidas a que no promovieran iniciativas monetarias, que podían aniquilar a las culturas indígenas en todo el planeta. Por ello, exhortó a las organizaciones bienintencionadas a que ayudaran a los pueblos indígenas a dar nuevos bríos a los sistemas económicos tradicionales. Aunque los pueblos indígenas debían adaptarse al sistema moderno, debían hacerlo siguiendo las pautas tradicionales. Ser un indígena era mucho más que vestirse con ropa colorida. Era algo que se llevaba en lo más profundo del alma.
El representante del Consejo Internacional de Tratados Indios recomendó que el Foro expresara su descontento porque el Banco Mundial no tomaba plenamente en cuenta los deseos de los pueblos indígenas en sus políticas. Dijo que el Foro debía pedir al Consejo Económico y Social que recomendara al Banco Mundial que incluyera en sus políticas una cláusula de salvaguardia para amparar los derechos de esos pueblos.
La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible debería tratar la necesidad de adoptar, con respecto al desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, un enfoque basado en los derechos. Dada la situación actual de esos pueblos, el Foro debía hacer un llamamiento a los organismos de las Naciones Unidas para que recomendaran y, en última instancia, proclamaran un nuevo decenio de los pueblos indígenas para terminar la labor iniciada en el primer decenio que evidentemente había quedado inconclusa.
Un representante de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena sugirió que el Foro recomendara al Consejo Económico y Social y a los organismos de las Naciones Unidas que los Estados y los organismos de las Naciones Unidas reafirmaran el papel esencial de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible. El Foro también debería recomendar que el Consejo Económico y Social aprobara el plan de acción sobre los pueblos indígenas, tal como había sido redactado en la reunión de Kimberly. Asimismo, exhortó que se tomara de inmediato una decisión sobre el proyecto de declaración de los pueblos indígenas.
En esta era de la globalización, los pueblos indígenas son víctimas de la extracción y comercialización de sus recursos naturales sin su consentimiento. No existía ningún instrumento internacional que consagrara el derecho de esos pueblos a controlar sus recursos naturales. El desarrollo no sostenible y la pérdida de tierras ponían en peligro su supervivencia y el respeto de sus derechos. Los pueblos indígenas habían sido marginados y luego habían sido víctimas del genocidio, la incautación de sus tierras, la destrucción de sus economías y la pérdida de sus culturas.
El representante del Brasil dijo que en su país el Gobierno mantenía un diálogo constructivo con las comunidades indígenas. El debate sobre las cuestiones indígenas brindaba la oportunidad de reafirmar en el país los compromisos contraídos; el Foro necesitaba actuar como catalizador para ejecutar proyectos que mejorasen las condiciones de vida de esas comunidades. Los objetivos de desarrollo del Milenio constituían una guía apropiada para actuar.
En el Brasil, la mitigación de la pobreza de los pueblos indígenas era un problema de máxima prioridad para el Gobierno. En enero de 2003, se había puesto en marcha un programa de lucha contra el hambre por el que se proporcionaba alimentos a millones de brasileños. En el mandato del programa se reconocían las necesidades específicas de los pueblos indígenas. Además, debía aumentar la cooperación internacional para canalizar fondos que ayudaran a los pueblos indígenas de los países en desarrollo.
LEGBORSI SARO PYAGBARA, del Movement for the Survival of the Ogoni People, de Nigeria, dijo que en los últimos años la situación del pueblo ogoni había ido de mal en peor. A pesar de que en el país había 100 pozos petroleros, un complejo petroquímico, refinerías, una fábrica de fertilizantes, una terminal marítima y una zona franca, en ninguna de estas empresas se había contratado a ogonis para ocupar puestos de importancia.
Actualmente, la situación más grave era la de los empleados ogonis a quienes se seguía despidiendo del sector público y privado del país injustamente y sin el debido proceso. Es más, 8.000 de las 10.000 denuncias presentadas en 1999 al Grupo de investigación de violaciones de los derechos humanos provenían de ogonis. La mayor parte se refería a las horrendas violaciones de los derechos de los ogonis durante el régimen militar, que todavía seguían ocurriendo.
Nigeria tenía una deuda externa de aproximadamente 30.000 millones de dólares de los EE.UU. El FMI y el Banco Mundial habían recomendado la explotación intensiva de petróleo y gas natural, que constituía más del 90% del producto interno bruto del país. Ninguna de esas deudas había sido contraída por proyectos para los ogonis ni habían beneficiado siquiera remotamente a este pueblo. La explotación más intensiva del petróleo y gas natural causaría una mayor degradación del medio ambiente, base de la economía y el bienestar social de los ogonis.
JOHN SINCLAIR (Canadá) dijo que el enfoque con orientación de mercado que su país había adoptado para el desarrollo económico de los indígenas estaba dando algunos buenos resultados. A la fecha, había en el Canadá más de 30.000 empresas que pertenecían a aborígenes y eran administradas por éstos. Estas empresas habían tenido una tasa de crecimiento anual del 8,5%, cuatro veces superior a la tasa de crecimiento nacional de todo el Canadá. Las iniciativas del Gobierno federal para fomentar la participación de los indígenas en la economía se basaban en la mejora de la capacidad de planificación y de apoyo sectorial y local, la facilitación del acceso a los recursos de capital, la realización de inversiones estratégicas en asociaciones y los impedimentos legales y normativos con miras a crear un entorno atractivo para las empresas.
Con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo económico y social de las reservas indígenas, las Primeras Naciones estaban encabezando una iniciativa para adoptar una ley de administración fiscal y estadísticas para las Primeras Naciones, por la que se crearía un conjunto de cuatro instituciones: una autoridad financiera, una comisión impositiva, un consejo de gestión financiera y un instituto de estadística. Un año antes, se había prestado particular atención a la adopción de medidas para aumentar la participación de la mujer indígena en la economía. Actualmente se estaba examinando su participación en la fuerza de trabajo y se estaba elaborando una guía de planificación comercial para empresarias indígenas.
CATHERINE THUNDERBIRD, de American Indian Community Health, dijo que los jóvenes indígenas estadounidenses de ayer habían crecido sin el apoyo de su sistema de salud tradicional y su cultura. Esperaba, por lo tanto, que esta situación cambiara con ayuda del Foro. El consumo de alcohol y la drogadicción, así como la violencia física y sicológica, eran actualmente una forma de vida. En esas circunstancias, ¿qué futuro tendrían por delante los niños indígenas? El Foro debía tomar medidas antes de que los pueblos indígenas estadounidenses perdieran más vidas jóvenes.
Refiriéndose a la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, la oradora dijo que allí faltaban alimentos, viviendas adecuadas y oportunidades de educación. Pine Ridge era la reserva más pobre del país y las personas vivían en la devastación más completa. ¿Cómo podrían los niños de la reserva vencer estos obstáculos? Allí y en otras reservas, los pueblos indígenas estaban sucumbiendo debido a la enorme cantidad de casos de diabetes, enfermedades cardíacas y asma.
El representante del Banco Mundial dijo que su organización, que estaba dedicada a la lucha contra la pobreza, no podía pasar por alto datos que mostraban la fuerte correlación entre la pobreza y los pueblos indígenas. Era lamentable que los pueblos indígenas de todo el mundo fueran objeto de discriminación en el acceso a los servicios básicos y a condiciones indispensables para mantener su forma de vida. El Banco tomaba iniciativas para ayudar a los pueblos indígenas a promover sus objetivos de desarrollo de varias maneras diferentes.
El Banco Mundial había emprendido proyectos para fortalecer la capacidad técnica y el desarrollo sostenible autogestionado y crear una alianza en la que los pueblos indígenas, las organizaciones donantes y los gobiernos pudieran aprender unos de otros. La cartera de proyectos del Banco para los pueblos indígenas iba en aumento e incluía asistencia para la creación de capacidad, el alivio de la pobreza y el fortalecimiento del capital social en las comunidades indígenas. También divulgaba a los gobiernos nacionales información sobre la experiencia adquirida en las iniciativas de desarrollo y estaba elaborando programas de capacitación e investigación para que el personal del Banco y los gobiernos prestatarios comprendieran mejor la importancia fundamental de los pueblos indígenas. El Banco participaba activamente en la presente reunión escuchando las opiniones expresadas y aprendiendo de los demás.
TOMÁS ALARCÓN, representante de la Comisión Jurídica, dijo que los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe eran víctimas de las desacertadas políticas económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y eran las personas más empobrecidas del continente. Los modelos económicos aplicados habían creado una situación en la que los pueblos indígenas podían sobrevivir a duras penas. Los pueblos indígenas no debían seguir viviendo en la pobreza a causa de la ineficiencia de la CEPAL. La Comisión debía establecer un nuevo marco para su política económica y proporcionar datos y realizar investigaciones en beneficio de los pueblos indígenas de la región.
VICTORIA TAULI, del Indigenous Peoples Caucus on Sustainable Development, dijo que se suponía que las industrias extractivas en las tierras de los pueblos indígenas iban a promover el desarrollo y el crecimiento económico y reducir la pobreza. Pero en lugar de desarrollo habían traído más pobreza y sufrimiento a esos pueblos. Los estudios de casos sobre varias comunidades de siete países habían demostrado que esas industrias habían puesto en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas, conducido a la violación de los derechos humanos y generado conflictos. Los proyectos de explotación de minerales, petróleo y gas natural estaban destruyendo los medios de vida básicos de los pueblos indígenas y estaban socavando las esperanzas de las generaciones futuras.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) era una de las organizaciones multilaterales más poderosas del mundo. No era un órgano que rendía cuentas al Foro. Los pueblos indígenas se habían visto perjudicados por los acuerdos de la OMC, algunos de los cuales habían provocado la destrucción de sus formas de vida. La oradora recomendó que la OMC explicara al Foro de qué modo se ocupaba de los asuntos que preocupaban a los indígenas.
En cuanto al programa de pequeñas donaciones para los pueblos indígenas recientemente anunciados por el Banco Mundial, la oradora dijo que lo apreciaba y que eran dignos de elogio. No obstante, el Banco Mundial había prestado millones de dólares para proyectos que habían provocado la destrucción de las comunidades indígenas y el medio ambiente. Por lo tanto, deseaba que el Banco considerara cómo indemnizaría a esas comunidades. El programa de pequeñas donaciones no debía ser un sustituto de las medidas necesarias para atender esas reclamaciones.
Un representante de la Inuit Circumpolar Conference dijo que, en los pasados 25 años, su organización se había ocupado de varias cuestiones que afectaban a la comunidad mundial. A diferencia de muchas culturas, los inuit no consideraban que la economía estuviera separada de todos los demás aspectos de la vida. Tal vez por ello, los medios de comunicación occidentales los habían considerado a menudo como una sociedad primitiva. Los inuit siempre habían tenido y seguían teniendo una próspera economía que se mantenía arraigada en la sociedad. No obstante, no eran insensibles a los avances de la sociedad moderna y tenían una mentalidad práctica. Era evidente que la situación económica mundial tenía repercusiones en los inuit y que muchos jóvenes estaban desorientados. Los inuit debían seguir protegiendo su economía tradicional de influencias devastadoras como, por ejemplo, el recalentamiento del planeta. Si esa economía tradicional desaparecía no tendrían en qué basar su futuro desarrollo.
MRINAL KANTI TRIPURA, representante de Parbatya Chattagram Jana Samhati Samit, dijo que en los programas de desarrollo socioeconómico de Bangladesh no se habían incluido proyectos para los pueblos indígenas. En algunos casos, los proyectos de desarrollo habían tenido efectos adversos en esos pueblos porque éstos no habían sido consultados ni habían participado en los programas. Muchos vivían en los bosques pero sufrían las consecuencias de las políticas y prácticas discriminatorias de los departamentos forestales. Como no se reconocían las leyes tradicionales, los pueblos indígenas estaban perdiendo el control de sus territorios ancestrales.
El orador recomendó que se reconociera constitucionalmente a los pueblos indígenas, a sus tierras y territorios ancestrales, a todos los pueblos independientemente de su nivel de desarrollo y a sus instituciones tradicionales.
LEZ MALEZER, representante de la Foundation for Aboriginal and Islander Research Action, instó al Foro Permanente a que considerara la forma de concienciar a los Estados y los organismos internacionales acerca del derecho de los pueblos indígenas a ejercer el pleno control del desarrollo comercial de sus recursos. El derecho británico y australiano recién había reconocido la existencia de su pueblo en 1992 pero, desde entonces, el Gobierno había legislado de manera tal que su pueblo había perdido buena parte de su capacidad de poseer y administrar sus tierras. El año anterior, los tribunales australianos habían tomado decisiones que habían limitado gravemente su derecho a la propiedad de tierras. Por ejemplo, los tribunales declararon que su pueblo no era propietario ni de lo que hubiera bajo tierra ni de lo que creciera o existiera sobre ella. Afirmaron también que su pueblo no tenía derecho a impedir la entrada o el tránsito de otras personas por sus tierras. Su pueblo no aceptaba estas decisiones, que no eran diferentes a las adoptadas en 1788 cuando fueron despojados de sus territorios.
El representante pidió que el Foro estudiara la forma de sensibilizar e informar a los Estados, como Australia, acerca del derecho a existir como "pueblos indígenas" y pidió que el Gobierno australiano aclarara al Foro cuál era su posición con respecto a ese derecho fundamental, siguiendo el ejemplo de otros Estados que lo habían hecho voluntariamente en el actual período de sesiones.
NA KOA IKAIKA O KA LAHUI, representante de la Indigenous Peoples and Nations Coalition, indicó que había habido casos en que se había eliminado a algunos territorios de la lista de Territorios no autónomos pero que luego se los había vuelto a incluir. En esos casos, se debía devolver todos los recursos a los pueblos de esos Territorios. Tras referirse a varios documentos del sistema de las Naciones Unidas acerca del derecho a la libre determinación y al desarrollo, dijo que en las Naciones Unidas, ya se habían puesto en práctica procesos para los pueblos indígenas en vías de descolonización, en particular para aquellos reconocidos como independientes.
Cuando el Foro no pudiera afirmar la universalidad de los derechos de los pueblos indígenas o no pudiera encarar algunas situaciones, debía remitir dichos casos a las instancias que pudieran hacerlo. El Foro debe estar dispuesto a examinar todos los casos y garantizar a los pueblos indígenas el debido proceso.
La representante del Pacific Caucus dijo que muchos pueblos indígenas de la región del Pacífico estaban sujetos a la jurisdicción de potencias coloniales que dominaban la economía mundial. También estaban los que vivían en pequeños países insulares y que eran vulnerables a las influencias externas. Su organización veía con gran preocupación los intentos del Banco Mundial y la OMC de fomentar el desarrollo sostenible de esos pueblos sin su consentimiento previo. El Foro Permanente debía exhortar al Banco Mundial a que siguiera consultando a los pueblos indígenas para tratar las cuestiones que todavía quedaban pendientes.
La oradora reconoció los logros obtenidos por los representantes de los pueblos indígenas y el Banco Mundial y acogió con beneplácito la formulación de una política más sensata para limitar los efectos adversos de las políticas del Banco en los pueblos indígenas. Pero todavía había cuestiones controvertidas que no se habían resuelto. Era necesario restablecer el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo, libremente y con conocimiento de causa, para la ejecución de los proyectos de desarrollo que les afectaran y para evitar el reasentamiento forzoso. Los pueblos indígenas eran más que partes interesadas; eran titulares de derechos. Tenían derecho a negarse, en particular cuando las iniciativas de desarrollo afectaran a sus tierras, su salud y su medio ambiente.
SUHAS CHAKMA, hablando en nombre de las organizaciones Asian Indigenous and Tribal Peoples Network, Lumad Peoples Movement for Peace y Hill Watch Human Rights Forum, llamó la atención sobre las consecuencias devastadoras que tenían para las comunidades indígenas, en particular para su desarrollo económico, los traslados de población promovidos por el Estado. Periódicamente las Naciones Unidas deliberaban y adoptaban decisiones para detener la construcción de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. Con frecuencia estas resoluciones eran patrocinadas, entre otros países, por Bangladesh, Indonesia y Viet Nam. Pero en el plano nacional, estos países habían estado haciendo lo mismo a lo que se oponían en el plano internacional.
A causa de los traslados de población promovidos por el Estado en los que se había trasladado a más de 500.000 colonos ilegales de las llanuras, los pueblos indígenas jumma de la región montañosa de Chittagong (Bangladesh) se había reducido a menos de la mitad, con lo que había dejado de tener sentido la autonomía concedida en el acuerdo de paz de 1997. El Gobierno apoyaba el conflicto en la región montañosa entregando raciones gratuitas solamente a los colonos ilegales a través de programas de seguridad alimentaria apoyados por donantes internacionales. Mientras tanto, varios programas como, por ejemplo, el de deforestación, obligaban a esos indígenas a abandonar sus hogares. El hecho de que no se entregaran raciones a los jumma era un acto racista del Gobierno de Bangladesh.
La discriminación institucionalizada sólo se podría eliminar mediante el establecimiento de principios de fuerza obligatoria que garantizaran que los pueblos indígenas, que a menudo eran discriminados por sus gobiernos, recibieran la debida atención por parte de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.
MARCO MURILLO, representante del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador, dijo que le preocupaba la situación que atravesaban muchos pueblos indígenas en la actualidad. También le inquietaba la pobreza extrema en la que seguían viviendo los pueblos indígenas. Los programas de ajuste estructural no habían encontrado soluciones viables ni habían conseguido reducir la pobreza en los pueblos indígenas más desfavorecidos del Ecuador. Las políticas del Banco Mundial y del FMI no eran un buen camino para escapar a esta terrible realidad. Es más, a menudo la pobreza había ido de la mano de los programas de ajuste estructural cuyo fin era precisamente eliminarla. La pobreza era la barrera más importante que impedía a los pueblos indígenas del Ecuador el goce de sus derechos humanos.
LEON SECATERO, del Council of Spiritual Elders of Mother Earth, presentó al Foro una resolución titulada "Our Journey on the Sacred Path to the Next 500 Years" (Nuestro trayecto por el camino sagrado en los próximos 500 años). En la resolución se pedía que los patriarcas espirituales y los hijos de la Madre Tierra reconocieran que el sagrado calendario indígena estaba llegando a su fin. Había llegado el momento de prepararse y emprender el camino que habría que recorrer en los próximos 500 años, análogo al que los antepasados, sabios, astrónomos, chamanes y ancianos del Consejo habían trazado hacía medio siglo de acuerdo con las grandes leyes, tradiciones y profecías sagradas.
En la resolución se pedía que en el Foro los patriarcas y directores espirituales centraran su atención en el camino sagrado para los próximos 500 años y emprendieran el reconocido. Asimismo, se instaba a los mayores y líderes a que tuvieran en cuenta el medio ambiente, los cuatro elementos y su relación con todos los seres vivientes.
La representante del Asian Indigenous Peoples Caucus dijo que la mayoría de los pueblos indígenas de Asia estaban marginados económicamente y sumidos en la pobreza. Debido a las dificultades económicas y a múltiples abusos, había muchos conflictos sociales y problemas que afectaban particularmente a los jóvenes. Pidió que el Foro recomendara que se reconocieran los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y su derecho a poseer, administrar y explotar sus recursos. Por último, esperaba que se estableciera un grupo de trabajo para estudiar la cuestión del libre consentimiento, previo y con conocimiento de causa.
SURJANA SUBBA, de la Association of Limbu Shamans of Nepal, dijo que los pueblos indígenas de su país habían padecido situaciones penosas y humillantes debido al terrorismo de Estado, la represión política, la dominación social, la destrucción cultural y la explotación económica. No tenían acceso a los recursos nacionales ni gozaban de poder ni de prestigio. Aun en la actualidad se los discriminaba por su origen étnico, cultura, idioma y religión. El Estado había expropiado sus tierras y las había distribuido a nuevos colonos que pertenecían a las castas dominantes. También, había negado a los pueblos indígenas sus derechos tradicionales a sus recursos naturales.
El tratamiento desigual, la discriminación, la exclusión sociopolítica y el saqueo de sus recursos habían colocado al pueblo indígena de Nepal en una posición de desventaja y la brecha entre éste y las castas dominantes se ahondaba rápidamente. El pueblo indígena de Nepal reclamaba el reconocimiento de sus derechos culturales, el derecho a la libre determinación, derechos especiales de representación y medidas especiales para mejorar su situación social y económica. El Gobierno se mostraba reacio a atender estas reclamaciones y a reconocer al pueblo estos derechos fundamentales.
La oradora recomendó que el Foro respetara los derechos humanos de los pueblos indígenas y reconociera su derecho a la libre determinación, aprobara rápidamente la declaración de derechos de los pueblos indígenas, proclamara otro decenio internacional de los pueblos indígenas y creara una dependencia de coordinación para el desarrollo económico y social en la Secretaría del Foro.
El jefe JOHN MISWAGON, representante de la nación indígena pimichikimak del Canadá, dijo que uno de los mayores problemas del desarrollo económico y social era el efecto de los programas de desarrollo en las tierras indígenas. Pidió al Foro Permanente que instara a los Estados Miembros a respetar la libre determinación de los pueblos indígenas y a abstenerse de ejecutar proyectos de desarrollo en los territorios de los indígenas sin su consentimiento. Los Estados Miembros debían reconocer los derechos de los pueblos indígenas a controlar su propio desarrollo económico y social.
ERNEST MORISTO, Representante de Seventh Generation and Grass Roots, instó a que se evaluara la situación de los sitios sagrados de las naciones indígenas. En esta evaluación se debería prestar particular atención a los efectos destructivos de los planes de desarrollo económico en los Himdag (formas de vida de los pueblos), ya que constituían violaciones de los derechos de las generaciones futuras.
El monte Baboquivari era uno de los sitios sagrados más importantes de una serie de montañas, manantiales y altares tradicionales de los pueblos indígenas del desierto de Sonora. Desde tiempos inmemoriales, el desierto había sido el hogar de los O'Odham, cuyos territorios tradicionales y sitios sagrados se extendían desde Arizona hasta el norte de México.
Los planes de desarrollo económico y social que actualmente proponía el consejo de distrito de Baboquivari del sistema de consejos tribales ponían en peligro el carácter sagrado del monte y el medio ambiente desértico excepcional que rodeaba el santuario. Recomendó que se asignara máxima prioridad a una investigación de las Naciones Unidas sobre el monte Baboquivari, como parte de la evaluación mundial de los sitios sagrados de los pueblos indígenas.
WILLIE LITTLECHILD, miembro del Foro Permanente, informó que Adolf Ogi, ex Presidente de Suiza, había sido designado Asesor Especial del Secretario General sobre el deporte para el desarrollo y la paz. La primera conferencia sobre el deporte y el desarrollo se había celebrado en Magglingen, (Suiza) en febrero de 2003. En la actualidad, el desarrollo a través del deporte era una de las vías más prometedoras para el desarrollo humano. Instó a los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y empresas a que apoyaran el deporte para el desarrollo.
Refiriéndose a los debates del día, los otros miembros del Foro dijeron que la brecha entre las zonas urbanas y rurales estaba disminuyendo; por lo tanto, los pueblos indígenas se enfrentaban cada vez más con problemas como el acceso a una vivienda adecuada y la exclusión social. Invitaron a los gobiernos y a los organismos del sistema de las Naciones Unidas a prestar más atención a esta tendencia mundial y manifestaron preocupación por las prácticas de desarrollo que no tomaban en cuenta a las comunidades indígenas. Por último, hicieron un llamamiento a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que establecieran un proceso de diálogo constructivo con los pueblos indígenas sobre el proceso de desarrollo.
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