Documento de antecedentes



Suministrando agua por un precio

Suministrar agua y saneamiento a la población mundial es una enorme tarea, y también cara. Una pregunta muy debatida entre quienes formulan las políticas, especialistas y grupos de ciudadanos, es si estos servicios esenciales son mejor desarrollados por los gobiernos o por el sector privado. A continuación se describen algunos antecedentes de esta debate y posiciones claves.

Brindar agua potable limpia y servicios de saneamiento a quienes no los tienen, requiere de una inversión masiva -estimada en $14-20 mil millones por año además de los actuales niveles de gastos anuales de $30 mil millones a nivel mundial.

Así como sucede con otros servicios de infraestructura como electricidad, tele-comunicaciones y transporte, muchos países en vías de desarrollo dependen de los servicios públicos estatales para financiar y para operar los servicios de agua y de saneamiento. Sin embargo, debido a los recursos financieros y humanos limitados, los resultados son con frecuencia una baja productividad y un servicio y cobertura ineficientes.

De acuerdo con el Banco Mundial, se estimó que sólo las deficiencias técnicas en energía, agua, caminos y ferrocarriles ocasionaron, a comienzos de la década de los 90, pérdidas por $55 mil millones al año, equivalente a: el 1% del PBI de todos los países en vías de desarrollo, un cuarto de su inversión anual en infraestructura, y el doble del financiamiento anual en desarrollo para infraestructura.

A finales de la década de los '80, ante la urgencia de los acreedores internacionales, los países comenzaron a voltear hacia el sector privado, tanto para que se hagan cargo del manejo de las empresas de infraestructura existentes como para financiar nuevos activos de infraestructura. Se argumentó que el financiamiento del sector privado y la experiencia en gestión podrían mejorar la calidad y la cantidad de los servicios de infraestructura. Se podrían explotar los recursos financieros privados y los servicios podrían expandirse, mientras se disminuiría la carga sobre los escasos recursos públicos.

En los países en vías de desarrollo, los servicios de agua y de saneamiento con frecuencia son subsidiados, tradicionalmente a través de pagos directos a los servicios públicos, y se pagan con los impuestos generales. La inversión actual en agua y en saneamiento en los países en vías de desarrollo es de aproximadamente $15 mil millones al año.

Según el Banco Mundial, los gobiernos son responsables de casi el 75% del financiamiento y el sector privado de cerca del 11%. El restante 14% de financiamiento proviene de las agencias de ayuda externa.

Generalmente, la creencia popular sostiene que el agua es un bien común y una necesidad básica que puede ser mejor ofrecida por el sector público a un costo muy bajo. Como resultado, el costo total del suministro de agua rara vez se carga a los consumidores. Incluso en los lugares donde las tarifas se cargan a los usuarios industriales, éstas se basan normalmente en los costos promedio e ignoran los costos reales de externalidades como la eliminación de los residuos del agua y los "costos de oportunidades" tales como los beneficios que se pierden por no buscar usos alternativos al agua.

Uno de los resultados es que se subvalora y se desperdicia mucha agua, aún cuando el mundo enfrenta cada vez una mayor escasez de este recurso. Sin una compensación por los costos incurridos, los gobiernos de los países en desarrollo normalmente no pueden hacerse cargo de la tarea de expandir sus servicios a todos los que lo necesitan, y los pobres que no tiene el servicio se encuentran casi siempre obligados a caminar largos tramos para obtener agua, con el riesgo de contraer enfermedades provocadas por suministros inseguros.

Algunos defensores argumentan que la privatización del agua y de los servicios de saneamiento puede abordar muchos de estos problemas. Actualmente, el sector privado maneja el sistema del agua para sólo el 7% de la población mundial. Se espera que esta cifra se duplique para el año 2015. En el presente, se estima que el manejo privado del agua es de $ 200 mil millones por año de negocios. Las proyecciones del Banco Mundial señalan que se podría alcanzar mil billones de dólares al año para el 2021.



Crecientes críticas

Sin embargo, la creciente participación del sector privado viene acompañada de duras críticas. Precisamente, cuando los servicios de agua y de saneamiento estaban manejados por el sector público, hay informes que hablan de servicios operados por el sector privado que se realizan con contaminantes peligrosos, tuberías que gotean y que no son reparadas por semanas y, sobretodo, con precios elevados que ponen a la gente pobre en una posición de tener que escoger entre el agua y la comida. En Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, los precios aumentaron en un 35% luego que un consorcio privado se hiciera cargo del sistema de agua de la ciudad en 1999. Esto generó en prolongadas protestas callejeras. El contrato con el proveedor fue rescindido menos de un año después.

Inclusive, los intentos de algunos gobiernos de los países en desarrollo de adoptar enfoques del sector privado han servido como lecciones dolorosas. Cuando el gobierno de Sudáfrica intentó terminar con los subsidios del agua en el 2000, el resultado fue que millones de personas pobres se vieron obligadas a usar agua de los ríos y lagos contaminados, causando uno de los brotes de cólera más grandes del país.

Estos casos reforzaron dos percepciones comunes: que la participación del sector privado enriquece a unos pocos a expensas de muchos y que el agua fluye para quienes pueden pagar.

Los críticos dicen que las compañías privadas, en su afán de ofrecer mejores ofertas para contratos de largo plazo, siempre subestiman el costo de mantener un sistema de agua. Una vez que se gana el contrato y las operaciones comienzan, ellos recurren a la reducción de personal y de costos de mantenimiento, al incremento de los precios, o a ambos, para obtener algún beneficio.

Otros opositores a la privatización sostienen que el agua es un derecho humano y que se debe garantizar a todos un acceso adecuado y equitativo sobre una base no lucrativa. Este sector no debe ser manejado por empresas con fines de lucro.



Encontrando soluciones

Sin embargo, sin importar quién administra este recurso clave, el suministro de agua y los servicios de saneamiento inevitablemente tienen que ser pagados por alguien, ya sea los consumidores o los contribuyentes. Algunos expertos argumentan que las empresas privadas, que en muchos casos se encuentran en una mejor posición para identificar los vacíos y brindar los servicios necesarios, tienen un papel importante que desempeñar.

No obstante, trabajar con el sector privado no significa que un gobierno debería o podría simplemente entregar el manejo de sus recursos hídricos al sector privado. Por el contrario, implica un diálogo entre el gobierno, el sector privado y todos los usuarios, para llegar a soluciones equitativas y viables.

De lo anterior podría llegarse a una gama de relaciones, con diferentes opciones para el rol del sector privado. Los gobiernos podrían transformar su rol de exclusivos financieros y proveedores de servicios de infraestructura en rol de facilitadores y reguladores de los servicios ofrecidos por el sector privado.

Los contratos tendrían que estar bien diseñados, con el balance correcto de las normas y penalidades mínimas, así como incentivos. En todos los casos, el gobierno debe estar comprometido con la supervisión y regulación general.

Otra de las propuestas consideradas como una potencial solución es que los gobiernos den un mejor precio al agua. Un desafío central es desarrollar esquemas de precios que satisfagan las preocupaciones sociales, técnicas, económicas y medioambientales.

Una opción que está siendo probada en algunos países es que los gobiernos paguen parte de la factura del agua que consumen los hogares pobres y que cumplen con ciertos criterios bajo un enfoque de subsidios directos. Más allá del mínimo básico, los consumidores tendrían que pagar tarifas en aumento por unidad utilizada. Esta sería una alternativa frente a la de permitir que el precio del agua caiga, en forma indiscriminada, por debajo de los costos económicos.


Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas -DPI/2293 E -Febrero, 2003

Traducción no oficial al español hecha por el Centro de Información
de las Naciones Unidas para el Perú

Preparada en español por la Sección del Sitio Internet de la ONU
de la División de Noticias y Medios de Información del Departamento de Información Pública,
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