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Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Progresos
Alcanzados en la Ejecución del Programa de Acción para Combatir
y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras
(Nueva York, 26 de junio - 7 de julio de 2006)
Folleto
La acción internacional
Las armas pequeñas y ligeras son objeto
de dos instrumentos de la ONU: el Programa de Acción sobre
Armas Pequeñas y Ligeras (2001) y el Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (entró en
vigor en julio de 2005).
El Programa de Acción (PA), aprobado por la primera Conferencia
de la ONU sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras
en Todos sus Aspectos (2001) es un marco global y nacional
que contiene, entre otras, las siguientes medidas concretas
que los Estados se han comprometido a aplicar para detener
la proliferación de armas pequeñas: el fortalecimiento de
la legislación nacional, los controles de transferencia de
armas pequeñas y ligeras, la destrucción de las armas confiscadas,
expropiadas o recogidas y la promoción de la cooperación
internacional para localizar y destruir este tipo de armas.
A cinco años de aprobado el PA, hay resultados alentadores:
cerca de 3 millones de armas han sido recolectadas y eliminadas
y más de 50 Estados Miembros han aplicado alguna medida concreta
(recolección de armas, eliminación de excedentes, confiscación
y entrega voluntaria de armas de fuego). Además, se han obtenido
más de 50 millones de dólares para programas nacionales de
recolección y eliminación de armas.
La "Conferencia de la ONU sobre los Progresos Alcanzados
en la Ejecución del Programa de Acción para Combatir y Eliminar
el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras" (Nueva York,
26 de junio - 7 de julio de 2006) será la primera oportunidad
formal para que la comunidad internacional evalúe los progresos
alcanzados en la aplicación del PA de 2001 y los compromisos
no implementados, identifique aquellos problemas que han
impedido su implementación y formule recomendaciones para
hacerles frente.
500 mil muertes por año
Una de cada 10 personas tiene un arma. Circulan
en el mundo más de 640 millones de armas pequeñas (revólveres,
pistolas, fusiles y ametralladoras livianas) y ligeras (ametralladoras
pesadas, morteros, granadas y lanzamisiles portátiles) y
16 mil millones de municiones. Estas armas producen más de
500 mil muertes por año, 300 mil en conflictos armados y
200 mil en homicidios y suicidios.
Por su bajo precio, fácil transporte y difícil control, son
las más extendidas herramientas de guerra. Hay 250 millones
de estas armas en Estados Unidos, 84 millones en 15 países
de la Unión Europea, 60 millones en 11 países de América
Latina y 30 millones en Africa subsahariana. Cerca del 40
por ciento, desviadas del comercio y de los usos legales,
circulan sin control.
Más de 1.200 empresas en más de 90 países fabrican armas
pequeñas; en algunos de estos países, los controles sobre
el comercio de las mismas son casi inexistentes. Además,
los Estados involucrados en el abastecimiento y exportación
de armas pequeñas -así como algunos Estados que las adquieren-
no tienen voluntad política para aprobar acciones internacionales
sobre reducción y control de arsenales.
La proliferación de armas pequeñas contribuye a desestabilizar
regiones, a promover y prolongar conflictos, a obstruir programas
de ayuda humanitaria, a socavar iniciativas de paz y a exacerbar
las violaciones a los derechos humanos. Por ello -y por sus
consecuencias devastadoras para los niños, mujeres y ancianos,
principales víctimas de los conflictos-, la comunidad internacional
las considera una seria amenaza para la paz, la seguridad
y el desarrollo.
Control de armas de fuego
El uso de armas de fuego determina el grado de letalidad de los delitos. La proliferación ilegal de este tipo de armas pone en riesgo los derechos de las personas, facilita la comisión
de delitos y potencia la violencia de los mismos. Por ello, la Secretaría de Seguridad Interior (SSI, Ministerio del Interior) creó el "Programa de Control de Armas de Fuego" (2004).
Sus objetivos, entre otros, son: coordinar los esfuerzos que lleva adelante el Estado Nacional para combatir el uso y tráfico ilegal de armas; controlar el uso, tenencia, manufactura y tráfico ilegal de armas de fuego; reducir los niveles delictivos y de violencia asociada al uso o amenaza de uso de armas de fuego; reafirmar la presencia del Estado en procura de la seguridad pública y crear conciencia en la sociedad civil sobre los riesgos asociados con la tenencia, porte, manufactura y uso ilegal de armas de fuego.
La SSI, a través del citado programa, ha desarrollado -conjuntamente con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Secretaría de Política Criminal- las siguientes acciones: la destrucción de armas decomisadas; la creación del Registro de Armas Secuestradas, Incautadas y Materiales Controlados; la elaboración de un diagnóstico nacional sobre el impacto del uso ilegal de armas de fuego (en desarrollo); el análisis para la incorporación de nueva tecnología para identificación balística; y la capacitación para las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, en temas que abarcan desde la función policial hasta la actualización de la normativa legal vigente.
Gastón Lacorte
Programa de Control de Armas de Fuego
Secretaría de Seguridad Interior
Ministerio del Interior.
A la búsqueda de la paz urbana
La creencia de que un arma puede servir
para protección genera en la Argentina dos muertes por día
en hechos no policiales, accidentales o en peleas entre conocidos.
Que resulte fácil obtenerlas revela que rige un paradigma
equivocado en la legislación: debe avanzarse desde una normativa
del "derecho" a poseer una indefinida cantidad de armas a
otra que lo establezca claramente como el "privilegio" de
tenerlas, frente una sociedad construida para vivir y dejar
vivir y no para matar y dejar matar.
La campaña de recolección y destrucción de armas del gobierno
en Mendoza del año 2000 (3.000 armas y 8 mil municiones entregadas),
con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil
y la consecuente política de control integral de armas y
municiones y de gestión de arsenales y depósitos, son ejemplos
del camino a seguir.
| Las armas recolectadas fueron destruidas y convertidas en objetos
de arte. Se conformaron redes de ONG por el desarme en el interior
de Argentina y la Red Argentina para el Desarme; se creó la Coalición
Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE),
como consecuencia de dos situaciones: el trabajo de las organizaciones
sociales en cada rincón del continente y la respuesta a la realidad
violenta de América latina, al tope del ranking mundial de muertes
por armas de fuego. |
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Seguiremos trabajando por dos objetivos: que el Estado comprenda
las múltiples dimensiones del problema (socio-económica,
educativa, cultural, de salud, género y de seguridad) y que
la sociedad se disponga a la convivencia pacífica, principalmente
en la búsqueda de una paz urbana.
Gabriel Conte
Director, ONG Asociación Espacios de Argentina
Ex Viceministro de Seguridad de Mendoza
Las armas agravan la violencia
En la Argentina 2.841 muertes han sido causadas por armas de fuego en el año 2004, de las cuales 1.177 fueron victimas de homicidios, 919 de suicidios y 745 por intención no determinada o accidentes. Sobre el total de homicidios (2.248 víctimas) y suicidios (3.317 casos), la proporción de los cometidos con armas de fuego fueron del 52 por ciento y del 29 por ciento (Fuente: Ministerio de Salud).
Esto ocurre en el marco de un aumento tanto de la violencia y hechos delictivos como de la utilización de las armas de fuego. De 1991 a 2004 la cantidad de delitos en todo el país se incrementó en un 154 por ciento, dicho crecimiento fue aun mayor en la grandes ciudades, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires fue de un 349 por ciento. Por otro lado, vemos que en dicha ciudad el porcentaje de homicidios con armas de fuego -respecto del total de homicidios- creció de un 49 por ciento en 1991 al 78 por ciento en 1997, y la proporción de robos con armas de fuego sobre el total de robos aumentó de un 40 por ciento en 1995 a un 71 por ciento en el 2003 (Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal).
Para explicar esta escalada de violencia y delictiva sin duda hay que tener en cuenta la crisis institucional y socio-económica que vive nuestro país. Pero no hay que dejar de lado que la proliferación de armas de fuego en la Argentina y la posibilidad de acceso a ellas facilita y agrava los hechos de violencia.
Es necesario desarrollar fuertes políticas de concientización acerca de los riesgos que conllevan las armas, limitar y controlar razonablemente el acceso legal a las mismas y tomar medidas para combatir el tráfico ilegal.
Diego M. Fleitas
Director, ONG Asociación para Políticas Públicas
Origen legal, desvío ilegal
La rebelión en las prisiones de Sao Paulo en mayo de 2006 - murieron cerca de 400 personas y se paralizó la cuarta ciudad más grande del mundo- puso de relieve la gran dimensión del crimen organizado y la proliferación de armas de fuego en Brasil, que causa 100 muertes por día.
La "Campaña de Entrega Voluntaria de Armas" (junio de 2004 - octubre de 2005) recolectó 459 mil armas de fuego, luego destruidas por el Ejército. Junto a la prohibición de portar armas -establecida por el Estatuto del Desarme de 2003 -, ambas medidas redujeron en un 15 por ciento las muertes, salvando más de 5 mil vidas en 2005. |  |
Una Comisión de Investigación sobre el Tráfico de Armas del Parlamento, que promueve el rastreo de 43 mil armas de fuego requisadas a delincuentes en Río de Janeiro, estableció que el 50 por ciento de esas armas fueron legalmente vendidas, pero el 71 por ciento fueron desviadas hacia el crimen y sólo el 28 por ciento habían sido vendidas a las fuerzas armadas y de seguridad pública. Es decir, que es el propio comercio legal - poco controlado- el que en gran medida provee de armas al delito.
Viva Río verificó en la frontera de Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay con Brasil que gracias al nuevo Estatuto del Desarme y a la alícuota de 150 por ciento sobre el armamento exportado por Brasil para América Latina se redujo la cantidad de armas de fuego brasileñas que se venden en esa zona. Pero confirmó que estas fueron sustituidas por armas de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Israel e Italia. Por ello, es esencial prohibir la venta de armas en las fronteras, marcar las municiones y armonizar las legislaciones sobre el tema, como propuesta mínima de control.
Antonio Rangel Bandeira
Coordinador, Proyecto de Control de Armas
ONG Viva Río, Brasil
Tenés un arma, tenés un problema
Así es el slogan de nuestra campaña. Una de las varias paradojas de Uruguay es que tras una apariencia de vida pacífica y de fuertes convicciones democráticas existen 600 mil armas registradas legalmente y otras tantas de circulación ilegal. O sea, cada cuatro personas, una tiene un arma.
El mito de que tener un arma brinda seguridad -de fuerte arraigo en Uruguay- es una percepción errónea. La mayor cantidad de muertes por arma de fuego se produce dentro de los hogares y no fuera, tal como indicaría la vivencia de inseguridad por la cual los uruguayos se arman. Respecto del tipo de muerte provocada con arma de fuego están primero los suicidios (47 por ciento se comete con armas de fuego), accidentes en segundo lugar y en último lugar los homicidios. La violencia doméstica -en Uruguay se cobra la vida de una mujer cada nueve días- tiene como instrumento preferido para provocar la muerte un arma de fuego (58 por ciento del total).
Lo dicho muestra que las muertes por armas de fuego no están vinculadas al delito sino a nuestra cotidiana violencia intrínseca. Las armas de fuego ni nos salvan, ni nos cuidan, simplemente nos ponen en peligro. Por cada disparo efectuado contra un agresor, el riesgo de accidentes se multiplica por cuatro, el de homicidio por siete y el de suicidio por once.
Estamos promoviendo una campaña de sensibilización pública y un cambio legislativo que haga más efectivo el control y registro de las armas en manos de civiles, más exigentes los requisitos para su tenencia y no habilite el porte de las mismas a los ciudadanos. La seguridad es un derecho humano fundamental y quien debe proporcionarla es el Estado a través del Ministerio del Interior. Una sociedad dominada por el miedo es una sociedad que termina por legitimar la violencia.
Daisy Tourné
Representante Nacional -Parlamento de Uruguay
Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras
Centro de Información de la ONU para Argentina y Uruguay
(CINU Buenos Aires)
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