EL SECRETARIO GENERAL
Discurso ante la Comisión de Derechos Humanos
Ginebra, 7 de abril de 2004


Señor Presidente,

Excelentísimos Señores y Señoras,

Damas y Caballeros:

Está bien que hayamos guardado unos minutos de silencio juntos.

Nunca debemos olvidar que fracasamos colectivamente en la protección de por lo menos 800.000 hombres, mujeres y niños indefensos que perecieron en Rwanda hace 10 años.

Tales crímenes son irremediables.

Tales fracasos son irreparables.

No podemos revivir a los muertos.

Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer?

En primer lugar, todos debemos reconocer nuestra responsabilidad de no habernos esforzado más por prevenir o detener el genocidio.

Ni la Secretaría de las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni los Estados Miembros en general, ni los medios de difusión internacionales prestaron suficiente atención a los indicios del desastre, que se iban acumulando. Y tampoco actuamos oportunamente.

Cuando recordamos los acontecimientos y nos preguntamos "¿por qué nadie intervino?", no deberíamos dirigir esa pregunta sólo a las Naciones Unidas, o siquiera a sus Estados Miembros. Nadie puede aducir ignorancia. Todos los que por entonces desempeñaban algún papel en los asuntos mundiales deberían preguntarse "¿qué más pude haber hecho?" "¿Cómo reaccionaría yo la próxima vez, y qué estoy haciendo ahora para que sea menos probable que haya una próxima vez?"

Esas preguntas, quizás más que cualquier otra, han sido mis pensamientos más recurrentes desde que asumí el cargo de Secretario General. El legado que más desearía dejar a mis sucesores es una Organización mejor equipada para prevenir el genocidio y capaz de actuar con decisión para ponerle término cuando la prevención fracasa.

Muchas de las medidas que he adoptado en calidad de Secretario General se han tomado con ese propósito. Pero sé que mis esfuerzos son insuficientes. El peligro de genocidio es tan espantoso como real.

En consecuencia, como única conmemoración apropiada que las Naciones Unidas pueden ofrecer a aquellos condenados a morir por su inacción en 1994, y según se recomendó en 1999 en la investigación independiente de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas durante el genocidio en Rwanda, deseo poner en marcha hoy un Plan de Acción para Prevenir el Genocidio, con la participación de todo el sistema de las Naciones Unidas.

A continuación resumiré el plan en sus cinco aspectos principales:

En primer lugar, la prevención del conflicto armado.

El genocidio casi siempre ocurre durante la guerra. Incluso personas aparentemente tolerantes, al tomar parte en ella, consideran a otros seres humanos enemigos y dejan sin efecto el tabú que prohíbe poner fin a una vida humana en forma deliberada. Y casi en todos los casos aceptan que, por más esfuerzos que se hagan por limitar los llamados "daños colaterales", haya civiles entre los muertos o los heridos.

A menos que procedamos con suma cautela, bien puede ser ése el comienzo de un rápido descenso hacia un universo moral diferente, en el que comunidades enteras se consideran enemigas y sus vidas insignificantes. Desde allí, sólo se está a un paso de eliminar efectiva y deliberadamente esas comunidades; en otras palabras, a sólo un paso del genocidio.

Así pues, una de las mejores formas de reducir las probabilidades de genocidio consiste en encarar las causas del conflicto. Por consiguiente, en el plan se adoptarán y ampliarán las recomendaciones formuladas en mi informe sobre la prevención de los conflictos armados, que ya hicieron suyas el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

Debemos ayudar a los países a reforzar su capacidad de prevenir el conflicto en los planos local y nacional.

Debemos esforzarnos más en el plano regional por evitar que un conflicto se desborde de un país a otro.

Debemos prestar más atención a los problemas y las tensiones ambientales relacionados con la competencia por los recursos naturales. Debemos colaborar con las instituciones financieras internacionales, la sociedad civil y el sector privado para asegurar que los jóvenes tengan la oportunidad de progresar mediante la educación y el empleo pacífico, de modo que sea más difícil reclutarlos en bandas y milicias depredadoras.

Debemos proteger los derechos de las minorías, pues son los blancos más frecuentes del genocidio.

Por todos esos y otros medios debemos atacar las raíces de la violencia y el genocidio: el odio, la intolerancia, el racismo, la tiranía y el discurso público deshumanizante que niega a grupos enteros de personas su dignidad y sus derechos.

Presentaré un informe amplio a la Asamblea General durante el año en curso.

En segundo lugar, la protección de los civiles en los conflictos armados.

Cuando fracasamos en la prevención del conflicto, una de nuestras principales prioridades debe ser la de proteger a los civiles. Es preciso recordar constantemente a las partes en el conflicto -no sólo a los Estados sino también a los agentes no estatales- su responsabilidad ante el derecho internacional humanitario de proteger a los civiles de la violencia.

El Consejo de Seguridad ya ha aceptado este principio, y el sistema de las Naciones Unidas está elaborando una plataforma de acción para proteger a los civiles. Ahora bien, no será fácil traducirla en resultados concretos. Cada vez más, en los conflictos vemos que los civiles, entre ellos mujeres y niños, no son simplemente víctima del "fuego cruzado", sino que se convierten en el blanco directo de la violencia y las violaciones, pues se libra una guerra contra toda una sociedad.

Cuando los civiles constituyen un blanco deliberado por pertenecer a una comunidad determinada, estamos en presencia de un genocidio potencial, si no real.

Ya no podemos permitirnos no percibir esa nefasta dinámica. Ni hemos de imaginar que apelar a la moralidad o a la empatía influirá en personas que han adoptado una estrategia deliberada de llevar a cabo matanzas y expulsiones forzadas.

Por ese motivo, hoy en día gran parte del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no está limitado a recurrir al uso de la fuerza sólo en defensa propia. También está facultado para hacerlo en defensa de su mandato, el cual suele abarcar expresamente la protección de civiles amenazados por violencia inminente.

Un ejemplo actual es el de la provincia congoleña de Ituri, donde hay claras probabilidades de que los conflictos étnicos desencadenen un genocidio. El año pasado estabilizó la situación la oportuna intervención de la Unión Europea, autorizada por el Consejo de Seguridad, y actualmente las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas mantienen a raya a las milicias locales.

No obstante, la situación es precaria, y no es el único caso. En el plan se exhorta a la Secretaría y al Consejo de Seguridad a mantener en constante examen los mandatos y los recursos de todas nuestras fuerzas de mantenimiento de la paz, teniendo particularmente presente la amenaza de genocidio, y a estar en condiciones de reforzarlos con rapidez en caso necesario.

En tercer lugar, poner fin a la impunidad.

Difícilmente podremos prevenir el genocidio o tranquilizar a quienes temen que se repita si las personas que han cometido tan abominable crimen permanecen en libertad y no se las hace comparecer ante la justicia. Así pues, es fundamental que establezcamos y mantengamos sistemas judiciales sólidos, tanto en el plano nacional como en el internacional para que con el tiempo se comprenda que esos crímenes no quedan impunes.

Actuando paralelamente con un sistema de justicia rwandés que ha enjuiciado a muchas personas responsables de actos de genocidio, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda ha dictado veredictos históricos, que sirven de advertencia a quienes tal vez estén considerando recurrir al genocidio en otros países.

Fue el primer tribunal internacional en condenar a responsables de ese crimen, el primer tribunal de cualquier tipo en responsabilizar del genocidio a un ex jefe de gobierno, el primero en determinar que la violación se había utilizado como acto de genocidio y el primero en concluir que los periodistas que incitan a la población a cometer actos de genocidio son ellos mismos culpables de ese crimen.

En el plan se pide un examen de la labor de ese tribunal y otros, tanto nacionales como internacionales, en la sanción y represión del genocidio, para que extraigamos enseñanzas para el futuro. Se pide que reciban atención especial los países que han experimentado conflictos o se encuentran en riesgo. Y se pide que se intensifiquen las gestiones para lograr una amplia ratificación del Estatuto de Roma, de modo que la nueva Corte Penal Internacional pueda ocuparse efectivamente de los crímenes de lesa humanidad cuando los tribunales nacionales no puedan o no quieran hacerlo.

En cuarto lugar, una clara alerta temprana.

Un motivo por el que fracasamos en Rwanda fue que de antemano no afrontamos el hecho de que el genocidio fuera una posibilidad real. Y una vez que había comenzado, durante demasiado tiempo nos costó reconocerlo, o llamarlo por su nombre.

Si realmente deseamos prevenir o detener el genocidio de ahora en adelante, no deben frenarnos argumentos legalistas sobre si una atrocidad en particular se ajusta o no a la definición de genocidio. Para cuando tengamos la certeza, tal vez sea demasiado tarde. Hemos de reconocer los indicios de que se avecina o de que puede ocurrir un genocidio, para así poder evitarlo a tiempo.

En esa situación, los grupos de la sociedad civil pueden desempeñar una función fundamental. Sus denuncias son a menudo las primeras alertas acerca de la inminencia de una catástrofe, y con demasiada frecuencia se hace caso omiso de ellas.

El sistema de las Naciones Unidas para los derechos humanos también tiene una responsabilidad especial. Esta Comisión, por medio de la labor de sus relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo, así como los órganos establecidos en virtud de tratados y la Oficina del Alto Comisionado, están en buena posición para dar la alarma. De hecho, el Relator Especial de esta Comisión encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales describió numerosos indicios observados en Rwanda el año previo al genocidio. Desafortunadamente, nadie le prestó atención.

El desafío consiste en reunir toda esta información de forma organizada a fin de comprender mejor situaciones complejas y así estar en condiciones de sugerir medidas adecuadas. Aún persisten deficiencias notables en nuestra capacidad de analizar y gestionar la información de que disponemos. Con el plan se pretende corregirlas.

Una decisión que ya he adoptado es la de establecer un nuevo cargo de Asesor Especial sobre la prevención del genocidio, quien informará por mi intermedio al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, así como a esta Comisión.

El mandato del Asesor guardará relación no sólo con el genocidio, sino también con las matanzas colectivas y otras violaciones de los derechos humanos a gran escala, como la depuración étnica. Las funciones del asesor o la asesora serán:

En primer lugar, colaborar estrechamente con el Alto Comisionado para reunir información sobre situaciones o amenazas de genocidio latentes o reales y sus vínculos con la paz y la seguridad internacionales;

En segundo lugar, servir de mecanismo de alerta temprana para el Consejo de Seguridad y otras partes del sistema de las Naciones Unidas;

Y en tercer lugar, hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir o detener el genocidio.

Excelentísimos señores y señoras, damas y caballeros:

El quinto y último aspecto del plan de acción es la necesidad de adoptar medidas rápidas y decisivas cuando observamos que, pese a todos nuestros esfuerzos, el genocidio está ocurriendo o está a punto de ocurrir.

A menudo, incluso cuando abundan las advertencias, nos falta la voluntad política de actuar.

Todo aquel que participa en el genocidio comete un crimen de lesa humanidad. La humanidad debe responder tomando medidas para defenderse. Las Naciones Unidas, más concretamente el Consejo de Seguridad, han de ser el instrumento de la humanidad para ese fin.

A ese respecto, permítanme manifestar que comparto la profunda preocupación expresada la semana pasada por ocho expertos independientes nombrados por esta Comisión ante la magnitud de las violaciones de los derechos humanos denunciadas y la crisis humanitaria declarada en Darfur, en el Sudán.

El viernes pasado, el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas informó al Consejo de Seguridad de que se había observado una secuencia de medidas deliberadas cuya finalidad era alcanzar un objetivo específico: el desplazamiento forzoso y a largo plazo de determinadas comunidades, lo que también puede calificarse de "depuración étnica". Esta evaluación se basaba en los informes de nuestro personal internacional que se encuentra sobre el terreno en Darfur, y que ha comprobado directamente lo que está ocurriendo allí, y de mi propio Enviado Especial para los Asuntos Humanitarios en el Sudán, Embajador Vraalsen, que ha visitado Darfur.

Señor Presidente, estas advertencias me dejan una profunda sensación de aprensión. Más allá de las palabras que se empleen para describir la situación, la comunidad internacional no puede permanecer de brazos cruzados.

Por invitación del Gobierno del Sudán, me propongo enviar a Darfur un equipo de alto nivel para obtener una mayor comprensión del alcance y la naturaleza de esta crisis, y tratar de obtener mejor acceso a los que necesitan asistencia y protección. Es esencial que los trabajadores humanitarios internacionales y los expertos en derechos humanos tengan pleno acceso a la región y a las víctimas, sin nuevas demoras. Si ese acceso es denegado, la comunidad internacional debe estar preparada para adoptar medidas rápidas y apropiadas.

Por "medidas" en tales situaciones entiendo una serie de pasos en la que puede figurar la acción militar. No obstante, ésta ha de considerarse siempre una medida extrema, a la que se ha de recurrir sólo en casos extremos.

Necesitamos con urgencia directrices claras para identificar esos casos extremos y determinar cómo se ha de reaccionar ante ellos. Esas directrices asegurarían que no tuviéramos excusas para soslayar un verdadero peligro de genocidio cuando se planteara. También aportarían más claridad, reduciendo así la sospecha de que las denuncias de genocidio pudieran servir de pretexto para cometer una agresión.

La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados tuvo el firme propósito de proporcionar esas directrices al preparar su informe sobre la responsabilidad de proteger. Esa Comisión hizo una labor preliminar muy útil para el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, que seguramente no dejará de abordar la cuestión al examinar la forma de mejorar nuestro sistema de seguridad colectivo. Tengo la sincera esperanza de que las recomendaciones del Grupo permitirán alcanzar el consenso, e insto a todos los Estados Miembros a esforzarse verdaderamente para lograrlo.

Pero no esperemos hasta que lo peor haya ocurrido o ya esté ocurriendo.

No esperemos hasta que las únicas alternativas de la acción militar sean fútiles gestos de preocupación o una cruel indiferencia. Señor Presidente, tomemos en serio la prevención del genocidio.

Es la única manera de honrar a las víctimas que recordamos hoy. Es la única forma de salvar a las posibles víctimas de mañana.

Muchas gracias.