Capítulo VII

Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos:
1983 - 1992

La proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos en diciembre de 1982 dio lugar a un sinfín de actividades encaminadas a mejorar la situación de los discapacitados. Se hizo hincapié en la obtención de nuevos recursos financieros, en la mejora de las oportunidades de empleo y educación para los discapacitados y en el fomento de la participación de estos últimos en la vida de sus países y de sus comunidades.

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías había incluido a las personas con discapacidad en el discurso internacional sobre derechos humanos desde su creación. En 1984 nombró a Leonardo Despouy, de la Argentina, Relator Especial para estudiar la relación existente entre las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del ser humano y la discapacidad. Éste debería presentar un informe semestral a la Subcomisión en el que se diese cuenta de la situación particular de los discapacitados en materia de derechos humanos. En su último informe, presentado en 1991, recomendaba el nombramiento de un defensor del pueblo.

La Asamblea General hizo suyos los objetivos del Programa Mundial de Acción relacionados con la igualdad de oportunidades para los discapacitados. El Fondo de Contribuciones Voluntarias del Año Internacional de los Impedidos se utilizaría para apoyar los proyectos innovadores relacionados con las nuevas esferas de la discapacidad. Con 1,1 millones de dólares distribuidos entre 51 proyectos de todo el mundo, aumentó la notoriedad y se prestó más apoyo a las actividades de promoción, a las organizaciones interesadas en cuestiones relativas a la discapacidad, a la recogida de datos, a la investigación y a la formación.

En ese momento las Naciones Unidas entraron en acción, y la Asamblea General proclamó que las personas con discapacidad tendrían el mismo derecho al empleo que el resto de ciudadanos cualificados y que la propia Organización de Naciones Unidas declararía la igualdad de acceso al empleo de todas las personas, independientemente del sexo, la religión, el origen y la discapacidad.

En agosto de 1987, al cumplirse la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, se llevó a cabo un examen del mismo en una reunión mundial de expertos celebrada en Estocolmo, Suecia. En ella se insistió en la importancia de reconocer los derechos de las personas con discapacidad después del Decenio. Puesto que el ritmo del progreso durante los primeros cinco años no había sido tan rápido como se había previsto en un principio, los expertos acordaron que las cuestiones relativas a la discapacidad deberían tratarse más profundamente y en un contexto interdisciplinario más amplio. Sería necesario desarrollar una campaña de información y evaluación amplia y bien coordinada, establecer una base de datos sobre la discapacidad y crear programas de cooperación técnica.

"El Año Internacional de los Impedidos, 1981, constituyó un acontecimiento decisivo en la larga historia de la lucha de las personas con discapacidad por acabar con la discriminación y la segregación y conseguir la igualdad de derechos. El Programa de Acción Mundial para los Impedidos, fruto del trabajo colectivo de los gobiernos y las organizaciones reconoció que los discapacitados son ante todo ciudadanos, con los derechos y obligaciones que ello conlleva. ...Los problemas de las personas con discapacidad no se podían ignorar. Su solución dependía del reconocimiento de los derechos y las necesidades de los discapacitados, del compromiso político para resolver los problemas y de la formulación y aplicación de estrategias eficaces e integradas." --Palabras de Margaret Joan Anstee, Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y Jefa del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, en la sesión inaugural de la reunión mundial de expertos celebrada en Estocolmo, Suecia, del 17 al 22 de agosto de 1987.

La publicación en 1989 de las Directrices de Tallinn para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos fomentó el reconocimiento de los discapacitados como agentes de su propio destino en vez de como objetos dependientes de los gobiernos. Las Directrices, cuyas metas eran la independencia y la plena integración, promovieron entre otros aspectos la educación de las personas con discapacidad dentro del sistema escolar estándar y la enseñanza de las destrezas necesarias para dotar a estas personas de viabilidad económica. Proponen incluir en la formación de los discapacitados habilidades de socialización independiente y de autoayuda que les preparen para llevar una vida autónoma. Asimismo, animan a los organismos internacionales de desarrollo y a las organizaciones intergubernamentales y regionales a que trabajen de manera conjunta en la formación de los discapacitados con el fin de conseguir un desarrollo óptimo de los recursos humanos.

El 17 de diciembre de 1991, la Asamblea General aprobó los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. Estos 25 principios definen los derechos y las libertades fundamentales. Tratan, entre otros aspectos, el derecho a la vida en la comunidad, la determinación de la enfermedad mental, las provisiones para la admisión en un centro de tratamiento y las condiciones que han de reunir los centros de salud mental. Sirven como guía para los Gobiernos, los organismos especializados y las organizaciones regionales e internacionales, pues les facilitan la investigación de los problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los enfermos mentales.

El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General hizo un llamamiento a los Gobiernos para que observasen el 3 de diciembre de cada año como el Día Internacional de los Impedidos. Asimismo, la Asamblea resumió las metas de las Naciones Unidas en materia de discapacidad y pidió al Secretario General que pasase de la sensibilización a la acción, lo que dotó a la Organización de una función de liderazgo catalizador que permitiría situar los temas relacionados con la discapacidad en los programas de las conferencias mundiales futuras.

Ese mismo año, el Consejo Económico y Social respaldó la proclamación del período comprendido entre 1993 y 2002 como el Decenio para los Impedidos de Asia y el Pacífico, una decisión que había tomado la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico con el fin de aplicar eficazmente el Programa de Acción Mundial en esta región.