IV Cumbre de las Américas - Mar del Plata, Argentina, Noviembre 5 de 2005
Palabras del Sr. José Antonio Ocampo, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales

Quiero agradecer al Gobierno de Argentina por la invitación para participar en esta Cumbre de las Américas y felicitarlo, además, por la elección del tema de esta Cumbre. El empleo es el principal vínculo entre el sistema económico y el desarrollo social. Una generación dinámica de trabajo decente, en el sentido que la OIT otorga a este término, es esencial, por lo tanto, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

La experiencia de la gran mayoría de los países del hemisferio en materia de crecimiento económico ha sido frustrante, pero lo ha sido aún más en materia de generación de empleo y reducción de la pobreza. Esta experiencia regional, como la de muchos otros países del mundo, indica que el crecimiento económico no es suficiente para garantizar un desarrollo social adecuado: es igualmente esencial garantizar que sus frutos estén adecuadamente distribuidos.

Como lo señaló recientemente las Naciones Unidas en su informe “El dilema de la desigualdad”, la escasa generación de empleo, la creciente informalidad laboral y la tendencia al deterioro de la distribución del ingreso son problemas virtualmente universales. Un dato ilustra categóricamente esta afirmación: el 88% de la población del mundo vive en países donde la distribución del ingreso se ha deteriorado en el último cuarto de siglo. En América Latina y el Caribe, este deterioro distributivo se expresa también de manera simple: los niveles de pobreza, equivalentes según la CEPAL al 43% de la población en el 2004, siguen siendo superiores a los de 1980, pese a que el ingreso por habitante supera al de entonces en un 8%. Los indígenas y afro-descendientes tienen niveles de pobreza que en promedio duplican a los de los blancos, y la pobreza rural es entre dos y tres veces más alta que la urbana.

Estos resultados indican que la calidad del crecimiento económico, definida como su capacidad para generar más y mejores empleos y mantener o mejorar la distribución del ingreso, es tan esencial como el ritmo de crecimiento mismo. La política económica y social puede contribuir a un crecimiento de mejor calidad por tres vías diferentes.

La primera es a través de políticas sociales altamente redistributivas y adecuadamente financiadas, incluyendo, entre otros instrumentos, una tributación progresiva. Como se reconoce ampliamente, la generación de capital humano en la población pobre es un elemento esencial de esta estrategia, pero igualmente importante es una política universal y solidaria de bienestar social, que incluya a los trabajadores del sector informal. La comparación de la experiencia de los países industrializados indica que los sistemas de bienestar social de carácter universal están asociados a una mejor distribución del ingreso. Una lección importante de ello para América Latina es que, si bien los programas focalizados de alivio de pobreza han representado un avance importante de la política social, esos programas deben ser incorporados gradualmente a esquemas universales de protección social.

La segunda vía es a través de la política macroeconómica. Un crecimiento económico lento y altamente inestable es una ruta segura al deterioro de las condiciones laborales y sociales. Por lo tanto, sin dejar de lado los objetivos de estabilidad de precios y saneamiento fiscal, la generación de empleo y la reducción de la pobreza deben ser objetivos explícitos de la política macroeconómica. Esta afirmación incluye a los bancos centrales, que a través de la tasa de cambio y los tipos de interés tienen una incidencia decisiva en la generación de empleo.

La tercera es a través de políticas estructurales que garanticen un patrón de desarrollo que genere más y mejores empleos. Los patrones de especialización internacional son parte de ello. Existe evidencia de que una especialización basada en manufacturas y servicios tiende a generar más empleos que una basada en los recursos naturales. Algunos sectores altamente intensivos en el uso de mano de obra requieren especial atención. Y, por supuesto, el avance hacia políticas generalizadas de apoyo crediticio y productivo a la micro y pequeña empresa es parte esencial de la solución. La promoción de distintas formas de economía solidaria, en particular de cooperativas, puede contribuir igualmente al desarrollo de la micro y pequeña empresa y a la formalización del empleo informal.

Políticas nacionales adecuadas son, sin duda, el eje del crecimiento con equidad, pero no son su único determinante. Para los países en desarrollo, muchos elementos del sistema económico internacional siguen siendo adversos y requieren una atención adecuada. La excesiva frecuencia de crisis financieras internacionales ha sido un costo que han pagado con creces los países en desarrollo de este hemisferio. Desde los años sesenta los países en desarrollo han hecho evidente, además, la injusticia que encarna un sistema comercial que mantiene excesivos subsidios agrícolas en el mundo industrializado y altos niveles de protección para manufacturas de interés de los países en desarrollo. Un sistema de movilidad internacional de mano de obra que favorece la migración de trabajadores calificados pero restringe la de la mano de obra no calificada puede estar contribuyendo a la desigualdad de remuneraciones laborales en el mundo.

Por último, y más allá de estas asimetrías entre el mundo desarrollado y en desarrollo, quisiera resaltar que el carácter virtualmente universal de la tendencia al deterioro de la distribución del ingreso parece estar señalando que sus raíces están asociadas a los cambios en el entorno económico mundial. El mundo vive actualmente bajo un sistema económico internacional crecientemente globalizado, pero la política social sigue siendo una responsabilidad exclusivamente nacional, cuyo alcance se ve además restringido por la propia globalización económica. Parece ser hora de que estos temas figuren firmemente en la agenda internacional, para permitir que tanto los beneficios como los riesgos inherentes a la globalización se repartan de manera más equitativa.

(* en inglés)