Ditchley Park, Reino Unido
26 de junio, 1998

Trigésimo quinta Conferencia Anual de la Fundación Ditchley

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Puede que a algunos de ustedes les sorprenda el título elegido para mi discurso, o quizás piensen que he venido a darles un sermón en contra de la intervención. Presumo que esa sería la línea tradicional adoptada por el ciudadano de una antigua colonia británica, al dirigirse a los responsables de configurar las políticas y diplomáticos del antiguo Poder imperial. Y algunos podrían esperar también un sermón de estas características por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, sea cual fuere su país de origen.

Las Naciones Unidas son, al fin y al cabo, una asociación de Estados soberanos, y como tal los Estados soberanos tienden a ser extremadamente celosos en el tema de su soberanía. Los pequeños Estados, en especial, temen la intervención por parte de las grandes Potencias. Y efectivamente, este siglo ha sido testigo de un gran número de duras "intervenciones" ¾ o interferencias¾ en los asuntos de los países más débiles, desde la intervención de los Aliados en la guerra civil de Rusia de 1918 a las "intervenciones" soviéticas en Hungría, Checoslovaquia y Afganistán. Se podría hablar también de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, o incluso de la intervención de Turquía en Chipre en 1974. Es posible que los motivos, y la justificación legal, sean mejores en unos casos que en otros, pero el término "intervención" ha llegado a ser utilizado casi como sinónimo de "invasión".

La Carta de las Naciones Unidas otorga una gran responsabilidad a las grandes Potencias, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero como medida de protección frente al abuso de estos poderes, el Artículo 2.7 de la Carta protege la soberanía nacional incluso de la intervención de las propias Naciones Unidas. Estoy seguro de que todos los presentes se conocen el tema de memoria. Pero, permítanme recordarles ¾ por si acaso¾ que el Artículo prohíbe la intervención de las Naciones Unidas " en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados".

Nuestra tarea consiste en intervenir: para prevenir conflictos allí donde podamos, para poner fin a los mismos cuando hayan estallado, o ¾ cuando ni lo uno ni lo otro sea posible¾ conseguir al menos contenerlos y evitar que se extiendan.

La prohibición es hoy en día tan actual como lo fuera en 1945: las violaciones de la soberanía continúan siendo violaciones del orden mundial. Sin embargo, en otros contextos el término "intervención" tiene un matiz más suave. Todos aplaudimos la intervención de un policía para parar una pelea, o al profesor que impide que los alumnos de mayor edad intimiden a los más pequeños. Y en el campo de la medicina, se usa la palabra "intervención" para describir la acción del cirujano que salva la vida "interviniendo" para extraer un tumor maligno, o para reparar órganos dañados. Naturalmente, los métodos más invasivos de tratamiento no siempre son los más recomendados. Un doctor experimentado sabe cuándo dejar que las leyes de la naturaleza sigan su curso, pero el que nunca interviniera tendría pocos admiradores y probablemente menos pacientes aún.

Esto mismo es aplicable a los asuntos de índole internacional. ¿Para qué se establecieron las Naciones Unidas sino para actuar como lo haría un buen policía o un buen médico?. Así pues, nuestra tarea consiste en intervenir: para prevenir conflictos allí donde podamos, para poner fin a los mismos cuando hayan estallado, o ¾ cuando ni lo uno ni lo otro sea posible¾ conseguir al menos contenerlos y evitar que se extiendan. Esto es lo que el mundo espera de nosotros, aún cuando no siempre las Naciones Unidas cumplan con estas expectativas. Es también lo que la Carta nos exige, en especial el Capítulo VI, que habla del arreglo pacífico de las controversias, y el Capítulo VII, que describe las medidas que deben adoptar las Naciones Unidas en casos de amenazas a la paz, o cuando ésta ha sido quebrantada.

El Artículo 2.7, que acabo justamente de citar, tenía como finalidad limitar dichas intervenciones a aquellos casos en los que la paz internacional se viera amenazada o hubiera sido quebrantada, e impedir que las Naciones Unidas interfirieran en asuntos puramente de carácter nacional. Aún cuando una importante cláusula de este artículo indica que "este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII". O dicho de otro modo, incluso cuando la soberanía nacional puede dejarse de lado si obstaculiza la obligación primordial del Consejo de Seguridad de preservar la paz y la seguridad internacionales. A primera vista, resulta sencillo distinguir entre conflicto internacional, que compete claramente a las Naciones Unidas, y controversias internas, que no entran dentro de sus competencias. La propia frase "controversia interna" suena tranquilizadora. Sugiere la existencia de una cierta dificultad de índole local que el Estado en cuestión puede resolver fácilmente, simplemente dejándole sólo para que lo haga.

Pero todos sabemos que esto no ha sido así en los últimos años. La mayoría de las guerras de hoy en día son guerras civiles. O al menos empiezan como tal. Y estas guerras civiles son cualquier cosa menos benignas. Son en realidad solamente de carácter "civil" en el sentido de que los civiles ¾ es decir, los no combatientes¾ se han convertido en las principales víctimas.

En la Primera Guerra Mundial, alrededor del 90% de las víctimas fueron soldados, y solamente el 10% civiles. En la Segunda Guerra Mundial, aún contando la totalidad de personas que murieron en los campamentos nazis como víctimas de la guerra, los civiles representaron solamente la mitad, o algo más de la mitad, del total de muertes. Pero en muchos de los conflictos de hoy en día, los civiles se han convertido en el principal objetivo de la violencia. De manera convencional, se hace referencia hoy en día a una proporción de bajas civiles en torno al 75%.

Digo "convencional" porque no se conoce realmente la verdad. Los organismos de socorro como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja emplean correctamente sus recursos en ayudar a los vivos más que en contar los muertos. Los ejércitos cuentan sus propias bajas, y en ocasiones alardean del número de enemigos que han matado. Pero no existe organismo alguno encargado de registrar el número de bajas entre la población civil. Las víctimas de los brutales conflictos de hoy en día no son simplemente anónimas, sino literalmente incontables.

Sin embargo, la vieja ortodoxia nos exigiría dejarlo que prenda mientras el conflicto estalle dentro de las fronteras de un único Estado. Debemos dejarlo hasta "que se apague por sí mismo" o que se "encone" (que cada cual elija su propio eufemismo). Deberíamos dejar incluso que avance, independientemente de las consecuencias humanas, al menos hasta que sus efectos comiencen a percibirse en los Estados vecinos de modo que se convierta, en palabras de muchas de las resoluciones del Consejo de Seguridad, en "una amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

En realidad, esta "vieja ortodoxia" nunca fue absoluta. Después de todo, la Carta fue redactada en nombre de "los pueblos", no de los gobiernos, de las Naciones Unidas. Su objetivo es, no solamente preservar la paz internacional ¾ pese a la importancia vital que ello tiene¾ sino también "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana". La Carta protege la soberanía de los pueblos. Nunca fue una licencia para que los Gobiernos pisotearan los derechos y la dignidad de los seres humanos. Soberanía implica responsabilidad, no simplemente poder.

La Carta protege la soberanía de los pueblos. Nunca fue una licencia para que los Gobiernos pisotearan los derechos y la dignidad de los seres humanos. Soberanía implica responsabilidad, no simplemente poder.

Este año celebramos el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración no concebida como exposición puramente retórica. La Asamblea General que aprobó dicha declaración decidió también, ese mismo mes, su derecho a expresar su preocupación acerca del sistema del apartheid en Sudáfrica. El principio de preocupación internacional por los derechos humanos prevaleció sobre la no interferencia en los asuntos internos.

Y el día antes de aprobar la Declaración Universal, la Asamblea General había aprobado también la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que obligaba a los Estados a "prevenir y castigar" este tipo, el más atroz, de crímenes. Y les autorizaba también a "invocar a los órganos competentes de las Naciones Unidas" la adopción de medidas necesarias para este fin.

Dado que el genocidio es casi siempre perpetrado con la connivencia, si no con la participación directa, de las autoridades del Estado, es difícil averiguar cómo podrían las Naciones Unidas prevenirlo sin intervenir en los asuntos internos del Estado.

Por lo que respecta al castigo, se está haciendo actualmente un importante esfuerzo para hacer cumplir esta obligación a través de los Tribunales Internacionales nombrados ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Y hace 10 días en Roma, he tenido el honor de inaugurar la Conferencia encargada de establecer un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente. De aquí a uno o dos años, espero sinceramente que este tribunal esté constituido y funcionando, y que sus competencias le permitan hacerse cargo de casos relacionados con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad dondequiera, y por quienquiera, que fueren cometidos.

Las fronteras de los Estados ya no deberán ser consideradas como una protección infalible de criminales de guerra ni de asesinos de masas. Por el hecho de ser un conflicto "interno", las partes no tienen derecho alguno a pasar por alto las reglas más básicas de conducta. Además, la mayoría los conflictos "internos" no se mantienen como tal durante mucho tiempo, sino que pronto se "expanden" a los países vecinos.

La forma más evidente y trágica de la existencia de tales conflictos es el flujo de refugiados. Aunque hay otras, como la difusión de noticias. Las noticias se difunden hoy en día por todo el mundo con mayor rapidez de lo que nunca hubiéramos podido imaginar incluso hace tan sólo unos años. El sufrimiento humano a gran escala ya no puede permanecer oculto. Las personas de los países más recónditos oirán no sólo hablar de ello, sino que verán con frecuencia la imagen de ese sufrimiento en la pantalla de su televisor.

Esto lleva a su vez a un escándalo público y una presión para que los gobiernos "hagan algo", o dicho de otro modo, para que intervengan. Por otra parte, los conflictos actuales no sólo se extienden más allá de sus propias fronteras, sino que en ocasiones dan origen a nuevos Estados, lo que implica a su vez nuevas fronteras. En estos casos, lo que en su día empezara siendo un conflicto interno pasa a ser un conflicto de carácter internacional. Esto se produce cuando personas que antes vivían juntas formando un solo Estado encuentran sus mutuos comportamientos tan amenazantes u ofensivos que ya no es posible esa convivencia. Estas separaciones rara vez son tan suaves y poco problemáticas como el famoso "divorcio amistoso" entre checos y eslovacos. Con demasiada frecuencia ocurren también en medio, o al final, de un largo y encarnizado conflicto, como ocurriera con Pakistán y Bangladesh, con las antiguas repúblicas de Yugoslavia, y con Etiopía y Eritrea. En otras ocasiones, como en el caso de la antigua Unión Soviética, aún tratándose de una separación inicial en gran parte no violenta, pronto podrían surgir nuevos conflictos, planteando nuevos problemas a la comunidad internacional. En muchas ocasiones, los conflictos llegan finalmente a ser tan peligrosos que la propia comunidad internacional se ve obligada a intervenir. Y para entonces sólo puede hacerlo del modo más intrusivo y costoso, es decir, mediante la intervención militar.

Y, sin embargo, las intervenciones más eficaces no son las militares. Visto desde cualquier ángulo, es mucho mejor intentar adoptar medidas para resolver o manejar el conflicto antes de llegar a una intervención militar.

En ocasiones, estas medidas podrían ser de asesoramiento y ayuda económica. Demasiadas veces, las tensiones étnicas se ven agravadas por las condiciones de pobreza y escasez de alimentos, o por un desarrollo económico desigual que trae la riqueza a un sector de una comunidad mientras destruye los hogares y el sustento de otro. Toda "intervención" exterior encaminada a evitar situaciones de este tipo por medio de ayudas e inversiones bien dirigidas, información y formación de empresarios locales, o proponiendo políticas de Estado más apropiadas, será sin duda bien recibida por todos los interesados. De este modo veo yo la labor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y de nuestras instituciones hermanas de Bretton Woods en Washington, vinculadas orgánicamente con la labor de las Naciones Unidas en favor de la paz y la seguridad.

En otros casos, una hábil y oportuna diplomacia es lo más necesario. Aquí en Europa citaría en concreto el ejemplo del Alto Comisionado de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre Minorías Nacionales, Max van der Stoel. Apenas le habrán ustedes visto en televisión y pocas veces habrán leído algo sobre él en los periódicos, pero esto es sin duda un indicador de su exitosa labor. Su trabajo consiste en ayudar a los países europeos a abordar los problemas de las minorías de forma discreta y pacífica, de modo que nunca lleguen a figurar entre los grandes titulares o en boletines de noticias televisivas que dan la vuelta al mundo.

Las Naciones Unidas hacen también todo lo posible para "intervenir" con eficacia y de forma no militarizada. Así lo hice en mi viaje a Bagdad en febrero de este año, buscando una solución pacífica a la crisis que nos había llevado al borde de una nueva guerra en el Golfo. Volví habiendo conseguido un acuerdo que alejaba la crisis, al menos de momento.

El acuerdo alcanzado no representaba la victoria ni la derrota de ninguna persona, país o grupo de países. Para las Naciones Unidas y la comunidad internacional no significaba perder, deshacerse o ceder nada esencial. Y en cambio, el logro de detener la renovación de las hostilidades militares sí era un victoria para la paz, la razón, y la resolución del conflicto por vía diplomática.

Esto puso de manifiesto, sin embargo, que la fuerza y la justicia deben ser los pilares de apoyo para el éxito de la diplomacia. El acuerdo alcanzado sirvió también para recordar al mundo entero el motivo por el que se creó esta Organización en primer lugar: para prevenir el brote de conflictos innecesarios; intentar buscar soluciones internacionales a problemas internacionales; lograr que sean respetadas las leyes y acuerdos internacionales de la parte obstinada sin que ello suponga destruir para siempre la dignidad y el deseo de cooperación de dicha parte.

Las intervenciones más eficaces no son las militares. Visto desde cualquier ángulo, es mucho mejor intentar adoptar medidas para resolver o manejar el conflicto antes de llegar a una intervención militar. En ocasiones, estas medidas podrían ser de asesoramiento y ayuda económica.

Irak es otro ejemplo más de cómo alcanzar, cuando llega el momento, el deseo de la comunidad internacional por la vía diplomática a través de las Naciones Unidas. Es mucho mejor resolver las controversias según lo dispuesto en el Capítulo VI, que pasar a los drásticos y costosos medios recogidos en el Capítulo VII.

Durante muchos años, las Naciones Unidas han llevado a cabo con éxito operaciones de mantenimiento de la paz ¾ tanto las ya tradicionales de supervisar la cesación del fuego y de zonas intermedias, como otras más complejas de carácter multidimensional como las que lograron la paz en Namibia, Mozambique y El Salvador.

Y en los últimos años se ha subrayado la importancia de la labor política de las Naciones Unidas, habiéndose observado una disminución en cuanto al tamaño ¾ aunque no respecto al número¾ de operaciones de mantenimiento de la paz desde que alcanzaran su punto culminante a principios de la década de los años 90. El uso temprano de la vía diplomática, en el mejor de los casos, puede evitar el derramamiento de sangre. Pero como ustedes saben, nuestros recursos son limitados. Y nosotros creemos firmemente en el principio de la "subsidiariedad", al que ustedes los europeos son tan aficionados. En otras palabras, nos alegra que las controversias puedan resolverse de forma pacífica a nivel regional, sin necesidad de la intervención de las Naciones Unidas.

Debemos, sin embargo, asumir que siempre habrá situaciones trágicas en las que no sea posible el uso de medios pacíficos: casos que por su extrema violencia no permitan otro medio de intervención sino el de la fuerza para lograr detenerlos. Incluso durante la guerra fría, cuando la propia capacidad coercitiva de las Naciones Unidas se vio en gran parte paralizada por las divisiones existentes en el seno del Consejo de Seguridad, se produjeron casos en los que las violaciones extremas de los derechos humanos en un determinado país dio lugar a la intervención militar de un país vecino. En 1971, la intervención de la India puso fin a la guerra civil de Pakistán Oriental, permitiendo alcanzar la independencia de Bangladesh. En 1978, la intervención del Vietnam en Camboya puso fin al gobierno genocida del Khmer Rojo. En 1979, Tanzania intervino para derrocar la dictadura errática de Idi Amin en Uganda.

¿Podemos realmente permitir que cada Estado se convierta en juez haciendo valer su propio derecho para intervenir en los conflictos internos de otro Estado?. Si así fuera, ¿no estaríamos obligados a legitimar la causa de los alemanes del Sudeten, defendida por Hitler, o la intervención soviética en Afganistán?.

En los tres casos citados, los Estados intervinientes alegaron como motivo de su intervención el flujo de refugiados a través de las fronteras. Pero lo que justificó su acción a los ojos del mundo fue el carácter interno de los regímenes contra los que actuaban. Y la historia ha ratificado ampliamente ese veredicto. Pocos negarían ahora que la intervención en esos casos fue un mal menor antes que permitir que las matanzas y extrema opresión continuaran adelante. Pero en aquellos momentos, en estos tres casos, se observaron divisiones y alteraciones en el seno de la comunidad internacional. ¿Y por qué?. Porque se trataba de intervenciones unilaterales. Los Estados en cuestión no habían recibido el mandato de nadie para actuar como lo hicieron. Y esto sentó un precedente inquietante.

¿Podemos realmente permitir que cada Estado se convierta en juez haciendo valer su propio derecho para intervenir en los conflictos internos de otro Estado?. Si así fuera, ¿no estaríamos obligados a legitimar la causa de los alemanes del Sudeten, defendida por Hitler, o la intervención soviética en Afganistán?.

Pienso que la mayoría de nosotros hubiera preferido ¾ especialmente ahora que finalizó la guerra fría¾ que tales decisiones se hubieran tomado colectivamente, a través de una institución internacional cuya autoridad es generalmente respetada. Y, sin duda, la única institución competente para asumir esa función es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Carta claramente otorga al Consejo la responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional. Yo diría, por tanto, que solamente el Consejo tiene autoridad para decidir que la situación interna de cualquier Estado es tan grave como para justificar una intervención por la fuerza.

Como ustedes saben, muchos de los Estados Miembros creen que la autoridad del Consejo necesita ser reforzada aumentando el número de miembros, introduciendo nuevos miembros permanentes o incorporando posiblemente una nueva categoría de miembro. Lamentablemente, se ha de alcanzar aún el consenso acerca de los pormenores de dicha reforma.

El asunto concierne a los Estados Miembros. Como Secretario General haría únicamente tres observaciones. La primera, que el Consejo de Seguridad debe llegar a ser más representativo a fin de reflejar las realidades de hoy en día, en lugar de las de 1945. En segundo lugar, que la autoridad del Consejo depende no solamente del carácter representativo de sus miembros sino también de la calidad y rapidez de sus decisiones. Se hace un mal servicio a la humanidad cuando el Consejo no es capaz de reaccionar de forma rápida y decisiva ante una crisis. Y por último, que la demora en alcanzar un acuerdo acerca de la reforma, aunque deplorable, no debe, mientras tanto, empañar la autoridad y responsabilidad del Consejo.

La autoridad del Consejo y de su actual representación deriva de la Carta, confiriéndole una legitimidad única como eje central del orden mundial, que todos los Estados Miembros deberían valorar y respetar. Otorga también una responsabilidad única a los miembros del Consejo, permanentes y no permanentes¾ responsabilidad de la que sus Gobiernos y, naturalmente, sus ciudadanos deberían ser plenamente conscientes.

Obviamente, el hecho de que esta responsabilidad única recaiga sobre el Consejo no significa que la decisión de intervenir deba siempre ser tomada directamente por las Naciones Unidas, por lo que respecta al envío de cascos azules, y controlada por la Secretaría de las Naciones Unidas. Nadie como yo conoce, como anterior Secretario General Adjunto a cargo de las operaciones de mantenimiento de la paz, que las Naciones Unidas carecen de la capacidad suficiente para dirigir operaciones coercitivas militares a gran escala.

Al menos en un futuro próximo, dichas operaciones tendrán que ser puestas en marcha por los Estados Miembros, o por organizaciones regionales. Pero necesitarán para ello de la autoridad del Consejo de Seguridad, expresada a través de una resolución que les confiera dicha autorización. La fórmula, desarrollada en 1990 con motivo de la agresión iraquí contra Kuwait, ha demostrado su utilidad y será, sin duda, utilizada de nuevo en futuras crisis.

La Naciones Unidas son una asociación de Estados soberanos, pero los derechos por los cuales existen pertenecen a los pueblos, no a los gobiernos.

Sin embargo, no deberíamos asumir que la intervención haya de ser siempre a gran escala. Existen casos en los que la rapidez de acción podría ser mucho más esencial que la magnitud de la fuerza. Personalmente, me atormenta la experiencia de Ruanda en 1994: terrible demostración de lo que puede suceder cuando no se interviene, o al menos en el momento crucial de las primeras semanas de la crisis. El General Dallaire, comandante a cargo de la misión de las Naciones Unidas, ha indicado que con una fuerza incluso de modesto tamaño y medios podría haber evitado gran parte de las matanzas. En efecto, manifestó que 5.000 soldados encargados del mantenimiento de la paz hubieran logrado salvar la vida de 500.000 personas. Resulta trágico comprobar que en el momento crucial se eligiera el camino opuesto, y se redujera el tamaño de la operación.

Seguramente, las cosas podrían haber sido distintas si el Consejo de Seguridad hubiera podido disponer de un pequeño pero rápido contingente de reacción, preparado para desplazarse con un plazo de pocos días. Creo que para evitar este tipo de desastres en el futuro necesitamos tener esa capacidad de reacción; los Estados Miembros deben contar con contingentes de reserva bien entrenados, disponibles de forma inmediata, y estar dispuestos a enviarlos tan pronto como el Consejo de Seguridad lo solicite.

Se ha sugerido incluso que las compañías de seguridad privadas, como la que en fechas recientes contribuyó a la restitución del Presidente electo en Sierra Leona, podrían desempeñar este papel proporcionando a las Naciones Unidas la capacidad de reacción rápida que necesita.

Cuando vimos la necesidad de disponer de soldados entrenados para separar a los combatientes de los refugiados que se encontraban en los campos de refugiados de Ruanda en Goma, consideré incluso la posibilidad de acudir a una compañía privada. Pero puede ser que el mundo no esté listo aún para privatizar la paz.

En cualquier caso, permítanme resaltar que no estoy pidiendo un ejército permanente a la disposición del Secretario General. La decisión de intervenir, repito, solamente podrá tomarla el Consejo de Seguridad. Pero en la actualidad, la autoridad del Consejo está disminuida, al carecer de los medios necesarios para intervenir eficazmente incluso aunque desee hacerlo.

Quisiera finalizar volviendo al punto de partida. Las Naciones Unidas son una asociación de Estados soberanos pero los derechos por los que su existencia se mantiene pertenecen a los pueblos, no a los gobiernos. Por la misma razón, es erróneo pensar que las obligaciones de los miembros de las Naciones Unidas recaen únicamente en los Estados. Todos y cada uno de nosotros ¾ independientemente de que trabajemos como funcionarios, o en organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, en la industria, en los medios de comunicación, o simplemente como seres humanos¾ estamos obligados a hacer lo que podamos para corregir la injusticia. Todos tenemos el deber de acabar con ¾ o, mejor, de evitar¾ el sufrimiento.

Mucho se ha escrito acerca del "deber de ingerencia" (le devoir d’ingérence). Recordemos que, esta frase de Bernard Kouchner fue acuñada no cuando era ministro del Gobierno de Francia sino cuando aún dirigía la institución Médicos del Mundo. Sostenía que las organizaciones no gubernamentales tenían el deber de cruzar las fronteras nacionales , con o sin el consentimiento de los Gobiernos, con el fin de llegar a las víctimas de los desastres naturales y otras situaciones de emergencia. Derecho reconocido desde entonces por dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ¾ en 1988 (después del terremoto de Armenia) y nuevamente en 1991.

Ambas resoluciones, con pleno respeto a la soberanía del Estado, reivindican el derecho primordial de los pueblos a recibir ayuda en situaciones desesperadas, y el derecho de los organismos internacionales a proporcionar esta ayuda.

De modo que cuando recordamos acontecimientos trágicos como los de Bosnia y Ruanda y nos preguntamos "¿por qué nadie intervino?", la pregunta no deberíamos dirigirla únicamente a las Naciones Unidas, o incluso a sus Estados Miembros. Todos como individuos hemos de compartir la responsabilidad. Nadie puede alegar ignorancia respecto a lo sucedido. Todos nosotros deberíamos recordar cuál fue nuestra respuesta, y preguntarnos: ¿Qué hice al respecto?. ¿Pude haber hecho más?. ¿Dejé a un lado mis prejuicios, mi indiferencia, o el miedo pudo más que mi razonamiento?. Sobre todo, ¿cómo reaccionaría la próxima vez?.

Y la "próxima vez" podría estar ya aquí. Los acontecimientos de los últimos meses en Kosovo pusieron a la comunidad internacional ante lo que podría ser uno de sus más difíciles desafíos en Europa desde que se alcanzara el acuerdo de Dayton en 1995.

Como ocurriera en Bosnia, hemos sido testigo del bombardeo de ciudades y pueblos, de los ataques indiscriminados a la población civil en nombre de la seguridad, de la separación de los hombres de las mujeres y los niños y de su ejecución sumarial, y de la huida de miles de personas de sus hogares. Acontecimientos, que para resumir, nos traen de nuevo a la memoria el escenario espantoso de la "limpieza étnica" ¾ hasta ahora en menor escala que en Bosnia, ¿pero por cuánto tiempo?.

Por supuesto que hay diferencias ¾ la más importante, precisamente, que hasta ahora este conflicto se está librando dentro de los límites de un único Estado, reconocido como tal por toda la comunidad internacional. Repito "hasta ahora". Pero cuando somos testigos del flujo de refugiados a Albania; cuando escuchamos la insistencia con que los portavoces albanokosovares declaran que no se contentarán con nada que no sea la plena independencia; y cuando recordamos las tensiones étnicas existentes al menos en uno de los Estados vecinos, ¿cómo no concluir diciendo que esta crisis supone realmente una amenaza para la paz y la seguridad internacionales?.

En esta ocasión, señoras y caballeros, nadie podrá decir que le cogió por sorpresa ¾ ni por los medios empleados, ni por los fines perseguidos. Esta vez, la violencia generada por motivos étnicos debe ser vista como lo que es, y todos sabemos muy bien lo que podemos esperar si se deja que esto continúe.

Recientemente, recomendé la extensión del mandato de la Fuerza Preventiva de Despliegue de las Naciones Unidas para apoyar el éxito que alcanzó en la frontera de la antigua República Yugoslava de Macedonia y mantener la estabilidad. Me satisface también la clara determinación expresada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus gobiernos miembros para evitar una nueva escalada de violencia, y animo a que se adopten todas las medidas encaminadas a disuadir la represión por motivos étnicos y el recurso a la violencia en Kosovo por ambas partes.

Naturalmente, todos esperamos una solución pacífica. Y en particular, doy la bienvenida a los esfuerzos del Presidente Yeltsin para lograr que así sea, y a las continuas medidas diplomáticas del Embajador Holbrooke. Pero eso hace más importante aún detener la violencia ahora. Y confío que esta vez, si los medios pacíficos no logran resolver el problema, el Consejo de Seguridad no se demore en asumir su grave responsabilidad.

Y la "próxima vez" podría estar ya aquí. Los acontecimientos de los últimos meses en Kosovo pusieron a la comunidad internacional ante lo que podría ser uno de sus más difíciles desafíos en Europa desde que se alcanzara el acuerdo de Dayton en1995.

Es mucho lo que está actualmente en juego en Kosovo ¾ para los propios kosovares; para la estabilidad general de los Balcanes; y para la credibilidad y legitimación de todas nuestras palabras y acciones en búsqueda de la seguridad colectiva. Todas nuestras declaraciones de pesar; todas nuestras expresiones determinantes de no permitir nunca más una situación como la de Bosnia; todas nuestras esperanzas de lograr un futuro pacífico en la región de los Balcanes serán cruelmente ridiculizadas si permitimos que Kosovo se convierta en otro campo de exterminio.

Permítanme recordarles, para concluir, que la legislación francesa recoge un delito denominado "falta de asistencia a una persona en peligro" (non assistance à personne en danger).

Estoy convencido que era esto lo que François Mitterrand tenía en mente en Abril de 1991, cuando felicitó al Consejo de Seguridad por su decisión de intervenir en los asuntos internos de Irak, para salvar a los kurdos. "Por vez primera", el Presidente Mitterrand declaraba, "el principio de la no injerencia deja de aplicarse en el momento en el que impide la ayuda a las personas que están en peligro". Eso, damas y caballeros, es lo que "intervención" significa.

Cuando las personas están en peligro, todos tenemos el deber de hablar con claridad. Nadie tiene derecho a pasar por alto la situación. Y si nos viéramos tentados a hacerlo, deberíamos recordar la inolvidable advertencia de Martin Niemöller, el teólogo protestante alemán que vivió la persecución nazi:

"En Alemania vinieron primero a por los comunistas. Y yo no me manifesté porque no era comunista. Luego vinieron a por los judíos. Y yo no me manifesté porque no era judío. Luego vinieron a por los sindicalistas. Y yo no me manifesté porque no era sindicalista. Luego vinieron a por los católicos. Y yo no me manifesté porque era protestante. Después vinieron a por mí. Y para entonces ya no quedaba nadie para hablar".

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