Los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad

Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad - Parte 2

PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA LOS IMPEDIDOS

Medidas nacionales

El Programa de Acción Mundial se ha concebido para todas las naciones. Sin embargo, el plazo de ejecución y la selección de determinados aspectos para su aplicación prioritaria variarán entre unas naciones y otras según la situación actual y sus limitaciones de recursos, grado de desarrollo socioeconómico, tradiciones culturales y capacidad para formular y ejecutar las medidas previstas en el Programa.

A los Gobiernos nacionales incumbe la responsabilidad última de la aplicación de las medidas que se recomiendan en este apartado. Sin embargo, dadas las diferencias constitucionales entre países, las autoridades locales y otras entidades de los sectores público y privado estarán llamadas a aplicar las medidas nacionales contenidas en el Programa de Acción Mundial.

Los Estados Miembros deben iniciar urgentemente programas nacionales a largo plazo para lograr los objetivos del Programa de Acción Mundial; esos programas deben ser parte integrante de la política general de desarrollo socioeconómico de la nación.

Los asuntos referente a los impedidos deben tratarse en el contexto general apropiado, y no separadamente. Cada ministerio u otra entidad, del sector público o del sector privado, que esté encargado de un ámbito determinado o actúe dentro de él, debe asumir responsabilidad de los asuntos referentes a personas impedidas comprendidos en su esfera de competencia. Los gobiernos han de establecer un centro de coordinación (por ejemplo una comisión, comité u otro órgano de ámbito nacional) para examinar y vigilar las actividades de los diversos ministerios, de otros organismos públicos y de las organizaciones no gubernamentales, relativas al Programa de Acción Mundial. En cualquier mecanismo que se establezca deben participar todos los interesados, incluidas las organizaciones de impedidos. Ese órgano debe tener acceso a las entidades normativas de más alto nivel.

Para aplicar el Programa de Acción Mundial, es preciso que los Estados Miembros tomen las disposiciones necesarias para:

  • Planificar, organizar y financiar actividades a cada nivel;
  • Crear, mediante la legislación adecuada, las bases jurídicas y los poderes necesarios para la adopción de medidas tendientes al logro de los objetivos;
  • Proporcionar oportunidades mediante la eliminación de barreras a la plena participación;
  • Ofrecer servicios de rehabilitación mediante la prestación de asistencia social, nutricional, médica, docente y de orientación y formación profesional, así como ayudas técnicas, a los impedidos;
  • Establecer o movilizar organizaciones públicas y privadas pertinentes para los impedidos;
  • Prestar apoyo a la creación y desarrollo de organizaciones de impedidos;
  • Preparar información relativa a las cuestiones que forman parte del Programa de Acción Mundial y difundirla entre todos los elementos de la población, inclusive las personas con incapacidades y sus familiares;
  • Promover la educación pública a fin de conseguir una comprensión amplia de las cuestiones clave del Programa de Acción Mundial y su ejecución;
  • Facilitar la investigación sobre asuntos relacionados con el Programa de Acción Mundial;
  • Promover la asistencia y la cooperación técnicas respecto al Programa de Acción Mundial;
  • Facilitar la participación de los impedidos y de sus organizaciones en las decisiones relacionadas con el Programa de Acción Mundial.

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Participación de los impedidos en la adopción de decisiones

Los Estados Miembros deberían incrementar su asistencia a las organizaciones de impedidos y ayudarlas a organizar y coordinar la representación de los intereses e inquietudes de los impedidos.

Los Estados Miembros deben procurar y estimular activamente y por todos los medios posibles el desarrollo de organizaciones que representen a los impedidos o formadas por ellos. En muchos países existen organizaciones de personas impedidas, en cuya composición y órganos directivos ejercen influencia decisiva los mismos impedidos, o en algunos casos sus familias. Muchas de ellas no tienen medios de ejercer influencia y luchar por sus derechos.

Los Estados Miembros deben establecer contactos directos con tales organizaciones y proporcionarles conductos para que puedan ejercer influencia sobre las políticas y decisiones gubernamentales en todas las esferas que les conciernan. Los Estados Miembros deben prestar el apoyo financiero que a ese efecto sea necesario a las organizaciones de personas impedidas.

Las organizaciones y otras entidades a todos los niveles deben velar por que las personas impedidas puedan participar en sus actividades en la medida más amplia posible.

Prevención de la deficiencia, la incapacidad y la minusvalidez

La tecnología para prevenir y superar la mayoría de las incapacidades existe y se va perfeccionando, pero no siempre se utiliza plenamente. Los Estados Miembros deben tomar medidas apropiadas para la prevención de deficiencias e incapacidades y asegurar la divulgación de los conocimientos y la tecnología pertinentes.

Se requieren programas coordinados de prevención a todos los niveles de la sociedad. Esos programas deben comprender:

  • Sistemas de atención primaria de la salud, basados en la comunidad, que lleguen a todos los segmentos de la población, particularmente en las zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades;
  • Atención y asesoramiento sanitarios maternoinfantiles eficaces, así como asesoramiento sobre planificación de la familia y la vida familiar;
  • Educación sobre nutrición y asistencia en la obtención de una dieta apropiada, especialmente para madres y niños, incluida la producción y utilización de alimentos ricos en vitaminas y otros nutrientes;
  • Vacunación contra enfermedades contagiosas, en consonancia con los objetivos del Programa Ampliado de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud;
  • Un sistema para descubrir tempranamente las deficiencias y lograr una pronta intervención;
  • Reglamentos sanitarios y programas de capacitación para la prevención de accidentes en el hogar, en el lugar de trabajo, en carretera y en actividades recreativas;
  • Adaptación de los puestos de trabajo, del equipo y del medio laboral, y establecimiento de programas de salud profesional, para impedir que se produzcan incapacidades o enfermedades profesionales y su exacerbación;
  • Medidas de lucha contra el uso imprudente de medicamentos, drogas, alcohol, tabaco y otros estimulantes o depresivos, a fin de prevenir la incapacidad relacionada con las drogas, en particular entre los niños en edad escolar y las personas de edad. También tiene especial importancia el efecto que, el consumo imprudente de estas sustancias por mujeres encintas puede tener sobre los niños en gestación;
  • Actividades de educación y sanitarias que ayuden a la gente a lograr estilos de vida que proporcionen un máximo de defensa contra las causas de deficiencias;
  • Una educación sostenida del público y los profesionales, así como campañas de información pública respecto a programas de prevención de incapacidades;
  • Una formación apropiada para personal médico, paramédico y de otra índole que pueda tener que atender a lesionados en casos de emergencia;
  • Medidas preventivas incorporadas en la formación de los funcionarios de extensión rural para ayudar a reducir la incidencia de incapacidades;
  • Capacitación profesional bien organizada y formación práctica en el empleo para los trabajadores con miras a prevenir accidentes en el trabajo e incapacidades de diversos grados. Debe prestarse atención al hecho de que en los países en desarrollo se utiliza a menudo tecnología anticuada. En muchos casos se transfiere tecnología antigua desde los países industrializados hacia los países en desarrollo. La tecnología antigua, inapropiada para las circunstancias de los países en desarrollo, junto con una capacitación insuficiente y una protección en el trabajo deficiente, contribuye a que aumenten el número de accidentes en el trabajo y las incapacidades.

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Rehabilitación

Los Estados Miembros deben desarrollar y asegurar la prestación de los servicios de rehabilitación necesarios para la realización de los objetivos del Programa de Acción Mundial.

Se alienta a los Estados Miembros a que proporcionen a todas las personas la atención médica y los servicios conexos necesarios para eliminar o reducir los efectos incapacitantes de las deficiencias.

Esto incluye la prestación de los servicios sociales, de nutrición, médicos y de formación profesional necesarios para poner a los impedidos en condiciones de alcanzar un nivel óptimo de actuación. Según las circunstancias que se den en cuanto a la distribución de la población, ubicación geográfica y nivel de desarrollo, esos servicios pueden proporcionarse mediante:

  • Personal radicado en la comunidad;
  • Servicios generales de salud, enseñanza, asistencia social y formación profesional;
  • Otros servicios especializados para los casos en que las entidades generales no puedan proporcionar los servicios necesarios.

Los Estados Miembros deben procurar que estén disponibles ayudas y otros medios mecánicos apropiados a la situación local para todas las personas a quienes sean indispensables desde el punto de vista de su actuación social y de su independencia. Es necesario asegurar el suministro de ayudas técnicas durante el proceso de rehabilitación, y después de terminado. También se necesitan servicios de reparación ulterior y sustitución de las ayudas que hayan quedado anticuadas.

Es necesario procurar que los impedidos que necesitan tal equipo dispongan de los recursos financieros y las oportunidades concretas para obtenerlos y aprender a usarlos. Deben suprimirse los derechos de importación u otros procedimientos que obstaculicen la pronta disponibilidad de las ayudas técnicas y los materiales que no se pueden fabricar en el país y deben obtenerse de otros países. Es importante apoyar la producción local de ayudas apropiadas a las circunstancias tecnológicas, sociales y económicas en que se utilizarán. El desarrollo y la producción de ayudas técnicas deben seguir el desarrollo tecnológico general de un país determinado.

A fin de estimular la producción y el desarrollo locales de ayudas técnicas, los Estados Miembros deben considerar la posibilidad de establecer centros nacionales encargados de apoyar esos adelantos locales. En muchos casos, las escuelas especiales, institutos de tecnología, etc. ya existentes podrían servir de base para esto. A este respecto debe tomarse en consideración la cooperación regional.

Se alienta a los Estados Miembros a que incluyan dentro del sistema general de servicios sociales, personal competente para proporcionar los servicios de asesoramiento y de otro tipo que se requieran para atender los problemas de los impedidos y de sus familiares.

Cuando los recursos del sistema general de servicios sociales no basten para satisfacer estas necesidades, podrían proporcionarse servicios especiales mientras mejora la calidad del sistema general.

En el marco de los recursos disponibles, se exhorta a los Estados Miembros a que tomen las medidas especiales que sean necesarias para lograr la prestación y plena utilización de los servicios que requieren los impedidos que viven en zonas rurales y en barrios pobres y de tugurios.

No conviene separar a los impedidos de sus familias y comunidades. El sistema de servicios debe tener en cuenta los problemas de transporte y comunicación; la necesidad de servicios sociales, sanitarios y docentes de apoyo; la existencia de condiciones de vida primitiva y a menudo peligrosas y, especialmente, en algunos barrios pobres de las ciudades, la existencia de barreras sociales que pueden impedir que algunas personas busquen o acepten servicios. Los Estados Miembros deben velar por que esos servicios se distribuyan equitativamente entre todos los grupos de la población y en todas las zonas geográficas conforme a las necesidades.

En muchos países se han desatendido en particular los servicios sanitarios y sociales destinados a los enfermos mentales. La atención siquiátrica de los enfermos mentales debe ir acompañada de la prestación de apoyo y orientación social a estas personas y a sus familias, que con frecuencia sufren un estado de tensión especial. Donde se dispone de tales servicios, disminuye la duración de la estancia y la probabilidad de un nuevo internamiento en la institución. En los casos en que las personas mentalmente retardadas adolecen también de problemas causados por la enfermedad mental, se requieren medidas para que el personal sanitario conozca las diversas necesidades relacionadas con el retardo.

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Equiparación de oportunidades
Legislación

Los Estados Miembros deben asumir la responsabilidad de que se ofrezcan a los impedidos iguales oportunidades que a otros ciudadanos.

Los Estados Miembros deben adoptar las medidas necesarias para eliminar cualesquiera prácticas discriminatorias con respecto a la incapacidad.

En la formulación de leyes nacionales sobre derechos humanos, y con respecto a los comités nacionales u organismos nacionales de coordinación similares que se ocupen de problemas de incapacidad, debe prestarse particular atención a las condiciones que puedan menoscabar la capacidad de las personas impedidas de ejercer los derechos y libertades garantizadas a sus conciudadanos.

Los Estados Miembros deben prestar atención a determinados derechos, tales como los derechos a la educación, al trabajo, a la seguridad social y a la protección contra tratos inhumanos o degradantes, y examinar esos derechos desde la perspectiva de los impedidos.

Medio físico

Los Estados Miembros deben esforzarse para que el medio físico sea accesible para todos, inclusive las personas con diversos tipos de incapacidad, según se especifica en el párrafo 8 del presente documento.

Los Estados Miembros han de adoptar una política de tener en cuenta los aspectos de accesibilidad en la planificación de asentamientos humanos, inclusive los programas en las zonas rurales de los países en desarrollo.

Se aconseja a los Estados Miembros que adopten políticas que garanticen a los impedidos el acceso a todos los nuevos edificios e instalaciones públicos, viviendas públicas y sistemas de transporte público. Además, se han de adoptar medidas que estimulen el acceso a edificios, instalaciones, viviendas y transportes públicos existentes, siempre que sea posible, especialmente aprovechando las renovaciones.

Vida independiente. Los Estados Miembros deben fomentar la prestación de servicios de apoyo a fin de permitir que los impedidos vivan en la comunidad con la mayor independencia posible. De esa manera se asegurarán de que las personas con incapacidades tengan la oportunidad de organizar y administrar esos servicios para ellos mismos, como ahora se hace en algunos países.

Mantenimiento del ingreso y seguridad social

Todos los Estados Miembros deben procurar incluir en sus sistemas jurídicos y reglamentarios disposiciones que comprendan los objetivos generales y de apoyo incluidos en el Programa de Acción Mundial relativos a seguridad social.

Los Estados Miembros deben esforzarse por asegurar a los impedidos igualdad de oportunidades para obtener todas las formas de ingreso, mantenimiento del ingreso y seguridad social. Esa distribución debe hacerse de manera ajustada al sistema económico y al grado de desarrollo de cada Estado Miembro.

Si existen sistemas de seguridad social, seguro social y otros semejantes para toda la población, deben someterse a examen para asegurarse de que proporcionan prestaciones y servicios de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades adecuados para los impedidos y sus familiares y que las normas que rigen para estos sistemas, ya se apliquen a los aportantes o a los beneficiarios de éstos, no excluyen a dichas personas ni discriminan contra ellas. El establecimiento y desarrollo de un sistema público de atención social y de seguridad industrial y protección de la salud constituyen requisitos previos esenciales para alcanzar las metas fijadas.

Deben adoptarse mecanismos fácilmente accesibles que permitan a los impedidos y a sus familiares apelar, ante una instancia imparcial, de las decisiones que afecten a sus derechos y prestaciones en esta materia.

Educación y formación

Los Estados Miembros deben adoptar políticas que reconozcan los derechos de los impedidos a la igualdad de oportunidades de educación con los demás. La educación de los impedidos debe, en la medida de lo posible, efectuarse dentro del sistema escolar general. La responsabilidad de su educación debe incumbir a las autoridades de educación, y las leyes relativas a educación obligatoria deben incluir a los niños de todos los niveles de incapacidad, inclusive los más gravemente incapacitados.

Los Estados Miembros deben dejar margen para una mayor flexibilidad en la aplicación de reglamentos respecto a edad de admisión y a promoción de los niños de una clase a otra, como también a la toma de exámenes en lo que respecta a los estudiantes impedidos.

Deben seguirse criterios básicos en el establecimiento de servicios de educación para niños y adultos impedidos. Tales servicios deben tener las características siguientes:

  • Deben ser individualizados, esto es, basados en las necesidades evaluadas y reconocidas mutuamente por las autoridades, los administradores, los padres y los propios estudiantes impedidos y han de conducir a metas de estudios y objetivos a corto plazo claramente formulados, que se examinen y, cuando sea necesario, se revisen a intervalos;
  • Deben ser localmente accesibles, esto es, estar situados a una distancia de viaje razonable del hogar o residencia del alumno, excepto en circunstancias especiales;
  • Deben ser totales, esto es, deben servir a todas las personas que tengan necesidades especiales, independientemente de su edad o grado de incapacidad, y de modo que ningún niño de edad escolar quede excluido del acceso a la educación por motivos de la gravedad de su incapacidad ni reciba servicios de educación considerablemente inferiores a los que disfrutan los demás estudiantes;
  • Deben ofrecer una gama de opciones compatible con la variedad de necesidades especiales de una comunidad dada.

La integración de les niños impedidos en el sistema general de educación exige planificación de todas las partes interesadas.

Si, por algunos motivos, las instalaciones del sistema escolar general son inadecuadas para algunos niños impedidos, entonces puede proporcionarse educación a estos niños por períodos apropiados en instalaciones especiales. La calidad de esta educación especial debe ser igual a la del sistema escolar general y estar estrechamente vinculada a éste.

Es fundamental la participación de los padres en todos los niveles del proceso de educación. Los padres deben recibir el apoyo necesario para proporcionar al niño impedido un ambiente familiar tan normal como sea posible. Es necesario formar personal que colabore con los padres de niños impedidos.

Los Estados Miembros deben prever la participación de los impedidos en los programas de educación para adultos, con especial atención a las zonas rurales.

Cuando las instalaciones y servicios de los cursos ordinarios de educación para adultos no sean adecuados para satisfacer las necesidades de algunas personas impedidas, pueden ser necesarios cursos o centros de formación especiales hasta que se modifiquen los programas ordinarios. Los Estados Miembros deben ofrecer a los impedidos posibilidades de continuar su educación a nivel universitario.

Empleo

Los Estados Miembros deben adoptar una política y disponer de una estructura auxiliar de servicios para que los impedidos de las zonas urbanas y rurales gocen de iguales oportunidades de empleo productivo y remunerado en el mercado laboral abierto. Debe prestarse especial atención al empleo en el medio rural y a la producción de herramientas y de equipo adecuados.

Los Estados Miembros pueden apoyar la integración de las personas impedidas en el mercado laboral abierto mediante diversas medidas, tales como planes de cuotas con incentivos, empleos reservados o designados, préstamos o donaciones para pequeñas empresas y cooperativas, contratos exclusivos o derechos de producción prioritaria, exenciones impositivas, adquisiciones preferenciales u otros tipos de asistencia técnica o financiera a empresas que emplean a trabajadores impedidos. Los Estados Miembros deben apoyar el desarrollo de ayudas técnicas y facilitar el acceso de los impedidos a las ayudas y a la asistencia que necesiten para realizar su trabajo.

Sin embargo, la política y las estructuras de apoyo no deben limitar las oportunidades de empleo y no deben obstaculizar la vitalidad del sector privado de la economía. Los Estados Miembros deben seguir en condiciones de adoptar una variedad de medidas en respuesta a sus situaciones internas.

Debe existir una cooperación mutua a nivel central y a nivel local entre las organizaciones estatales, de empleadores y de trabajadores a fin de desarrollar una estrategia conjunta y adoptar medidas conjuntas con miras a garantizar más y mejores oportunidades de empleo para los impedidos. Esa cooperación puede referirse a políticas de contratación, medidas para mejorar el ambiente de trabajo a fin de prevenir lesiones o daños que ocasionen incapacidad, medidas para la rehabilitación de trabajadores que hayan resultado lesionados en el trabajo, por ejemplo, adaptando a sus necesidades los lugares de trabajo y las tareas.

Estos servicios deben comprender evaluación y orientación profesional, capacitación profesional, inclusive en talleres de capacitación, colocación en empleos y seguimiento. Debe establecerse empleo protegido para aquellos que, debido a necesidades especiales o incapacidad particularmente grave, no puedan hacer frente a las exigencias del empleo competitivo. Tales medidas pueden tomar la forma de talleres de producción, trabajo en el hogar y planes de autoempleo, así como el empleo de pequeños grupos de personas gravemente incapacitadas en condiciones protegidas dentro de la industria competitiva.

Cuando actúen como empleadores, los gobiernos centrales y locales deben promover el empleo de los impedidos en el sector público. Las leyes y los reglamentos no deben crear obstáculos al empleo de los impedidos.

Recreación

Los Estados Miembros deben procurar que los impedidos tengan las mismas oportunidades para participar en actividades recreativas que los demás ciudadanos. Esto supone la posibilidad de utilizar restaurantes, cines, teatros, bibliotecas, etc..., así como lugares de vacaciones, estadios deportivos, hoteles, playas y otros sitios de recreación. Los Estados Miembros deben adoptar medidas para eliminar todos los obstáculos en este sentido. Las autoridades de turismo, agencias de viajes, hoteles organizaciones voluntarias y otras entidades que intervienen en la organización de actividades recreativas u oportunidades de viaje deben ofrecer sus servicios a todos, y no discriminar contra los impedidos. Esto quiere decir, por ejemplo, agregar información sobre accesibilidad a la información normal que ofrecen al público.

Cultura

Los Estados Miembros deben procurar que los impedidos tengan la oportunidad de utilizar al máximo sus posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo para su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la comunidad. Con este objeto, debe asegurarse el acceso a las actividades culturales. Si es necesario, deben adoptarse arreglos especiales para satisfacer las necesidades de la s personas que tengan deficiencias mentales o sensoriales. Esto podría incluir ayudas de comunicación para los sordos, literatura en braille y casetes para los deficientes visuales y material de lectura adaptado a la capacidad mental del individuo. La esfera de las actividades culturales comprende la danza, la música, la literatura, el teatro y las artes plásticas.

Religión

Deben adoptarse medidas para que los impedidos tengan la oportunidad de beneficiarse plenamente de las actividades religiosas que estén disponibles para la comunidad. De esta manera, debe hacerse posible la plena participación de los impedidos en dichas actividades.

Deportes

Se reconoce cada vez más la importancia de los deportes para los impedidos. Por lo tanto, los Estados Miembros deben estimular todas las formas de actividades deportivas de los impedidos, entre otros medios, mediante el suministro de instalaciones adecuadas y la organización apropiada de tales actividades.

Acción comunitaria

Los Estados Miembros deben conceder alta prioridad al suministro de información, capacitación y asistencia financiera a las comunidades locales para el desarrollo de programas que alcancen los objetivos del Programa de Acción Mundial.

Deben adoptarse disposiciones para fomentar y facilitar la colaboración entre comunidades locales y el intercambio de información y experiencia. Un gobierno que reciba asistencia técnica o cooperación técnica internacionales en asuntos relacionados con las incapacidades, debe procurar que los beneficios y resultados de esa asistencia lleguen a las comunidades que más lo necesiten.

Es importante suscitar la participación activa de organismos de gobierno local, entidades y organizaciones comunitarias tales como: grupos de ciudadanos, sindicatos, organizaciones femeninas, organizaciones de consumidores, clubes de servicio, entidades religiosas, partidos políticos y asociaciones de padres de familia. Cada comunidad podría designar un órgano apropiado, en el que las organizaciones de impedidos pudiesen tener influencia, para que sirviera de punto de concentración de la comunicación y coordinación a fin de movilizar recursos e iniciar medidas.

Formación de personal

Todas las autoridades responsables del desarrollo y prestación de los servicios destinados a los impedidos deben dedicar atención a las cuestiones de personal, especialmente a las de contratación y capacitación.

Son de vital importancia la capacitación del personal de servicios centrados en la comunidad para la detección temprana de deficiencias, la prestación de atención primaria, la remisión a servicios apropiados y las medidas de seguimiento, así como la capacitación de grupos médicos y de otro personal en los centros de internamiento. Siempre que sea posible, todo ello debe integrarse en servicios conexos tales como la atención primaria de salud, las escuelas y los programas de desarrollo comunitario. Los Estados Miembros deben desarrollar e intensificar cursos para médicos en que se pongan de relieve las incapacidades que puede producir el empleo indiscriminado de fármacos. Debe restringirse la venta de específicos cuyo uso incontrolado pueda crear a la larga riesgos para la salud personal y pública.

Para que los servicios relacionados con las incapacidades mentales y físicas alcancen a un creciente número de impedidos, que todavía no cuentan con tales servicios, es necesario prestarlos por conducto de diversos tipos de trabajadores sanitarios y sociales en las comunidades locales. Algunas de sus actividades se relacionan ya con la prevención y los servicios para los impedidos. Estos trabajadores necesitarán orientación e instrucción especiales, por ejemplo, acerca de medidas y técnicas sencillas de rehabilitación para uso de los impedidos y sus familias. La orientación la pueden dar los asesores en cuestiones de rehabilitación a nivel de comunidad local o de distrito, según sea la zona que éstos abarquen. Será precisa una capacitación especial para los profesionales a nivel periférico que se encargarán de vigilar los programas locales para los impedidos y de mantener contacto con los servicios de rehabilitación y de otra índole de que se disponga en la región.

Los Estados Miembros deben procurar que los trabajadores comunitarios reciban, además de conocimientos teóricos y prácticos especializados, información detallada sobre las necesidades sociales, de nutrición, médicas, de enseñanza y de formación profesional de los impedidos. Los trabajadores comunitarios, dotados de la adecuada formación y dirección, pueden proporcionar la mayoría de servicios que necesitan los impedidos y pueden ser una valiosa ayuda para solucionar los problemas de escasez de personal. Su capacitación debe comprender información apropiada sobre tecnología de anticonceptivos y planificación de la familia. Los trabajadores voluntarios también pueden prestar servicios muy útiles y apoyo en otras formas. Debe hacerse mayor hincapié en aumentar los conocimientos, las capacidades y las responsabilidades de quienes ya están proporcionando otros servicios en la comunidad en esferas conexas, como maestros, trabajadores sociales, auxiliares profesionales de los servicios sanitarios, administradores, planificadores gubernamentales, líderes comunitarios, religiosos y asesores en cuestiones de familia. Deberá procurarse que las personas que trabajen en programas de servicios para impedidos comprendan las razones y la importancia de recabar, estimular y favorecer la plena participación de los impedidos y de sus familias en la adopción de decisiones relativas a la atención, tratamiento, rehabilitación y disposiciones ulteriores en cuanto a condiciones de vida y empleo.

La formación especial de maestros constituye una esfera dinámica, y siempre que sea posible debe tener lugar en el país donde la educación haya de emplearse, o al menos en los lugares donde el entorno cultural y el grado de desarrollo no sean demasiado distintos.

Para que la integración tenga éxito es menester que se establezcan programas apropiados de formación de maestros, tanto de maestros regulares como especiales. Esos programas deben ser reflejo del concepto de la educación integrada.

En la formación de maestros especiales es importante que se abarque una gama tan amplia como sea posible, dado que en muchos países en desarrollo el maestro especial hará las veces de un equipo multidisciplinario. Cabe observar que no siempre es menester o conveniente un alto grado de preparación, y que en su gran mayoría el personal tiene estudios de nivel intermedio o inferior.

Información y educación pública

Los Estados Miembros deben alentar un amplio programa de información pública sobre los derechos, las contribuciones y las necesidades insatisfechas de los impedidos, que llegue a todos los interesados y al público en general. A este respecto debe darse importancia especial al cambio de actitudes.

Deben formularse directrices, en consulta con las organizaciones de impedidos, para estimular a los medios de información a ofrecer una imagen comprensiva y exacta, así como una representación e informes ecuánimes, sobre las incapacidades y los impedidos, en la radio, la televisión, el cine, la fotografía y la palabra impresa. Un elemento fundamental de esas directrices sería que los impedidos estuviesen en situación de presentar sus problemas al público por ellos mismos y sugerir la forma de resolverlos. Ha de estimularse la inclusión de información sobre las realidades de las incapacidades en los planes de estudios para la formación de periodistas.

Incumbe a las autoridades públicas adaptar su información de modo que alcance a todas las personas, incluso a los impedidos. Esto se aplica no sólo a la información antes mencionada, sino también a la referente a derechos y obligaciones cívicos.

Debe concebirse un programa de información pública con objeto de que la información más pertinente llegue a todas las capas de la población apropiadas. Además de los medios de información ordinarios y otros canales normales de comunicaciones, debe prestarse atención a lo siguiente:

  • La preparación de materiales especiales destinados a informar tanto a los impedidos como a sus familias de sus derechos y de las prestaciones y los servicios a su alcance, así como de las medidas que deben adoptarse para corregir las deficiencias y los abusos del sistema. Esos materiales deben ofrecerse en forma que puedan utilizarlos y entenderlos personas con limitaciones visuales y auditivas, o con otros tipos de dificultades de comunicación;
  • b) La preparación de materiales especiales para grupos de población difíciles de alcanzar por los canales de comunicación normales. Esos grupos pueden estar separados por factores de lengua, cultura, nivel de alfabetización, alejamiento geográfico o de otro tipo;
  • c) La preparación de material gráfico, presentaciones audiovisuales y orientaciones para los trabajadores comunitarios en zonas remotas y en otras situaciones en que las formas de comunicación normales pudieran ser menos eficaces.

Los Estados Miembros deberán velar por que los impedidos, sus familias y los profesionales reciban la información disponible sobre programas y servicios, legislación, instituciones, medios técnicos, ayudas y aparatos, etc.

Las autoridades responsables de la educación pública deben conseguir que se presente información sistemática sobre las realidades de la incapacitación y sus consecuencias, así como acerca de la prevención de las incapacidades, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades para los impedidos.

Se debe proporcionar a los impedidos y a sus organizaciones igualdad de acceso, empleo, recursos suficientes y capacitación por lo que se refiere a la información pública, a fin de que puedan expresarse libremente valiéndose de los medios de información y comunicar sus opiniones y experiencias al público en general.

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NOTAS A PIE DE PÁGINA

  1. Esta resolución figura en el documento A/37/51, Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 51.
  2. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, (ICIDH) Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1980
  3. Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General
  4. Resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General
  5. Resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General
  6. Resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General
  7. Documento de las Naciones Unidas A/36/766
  8. Resolución 35/56 de la Asamblea General
  9. Documento de las Naciones Unidas IYDP/SYMP/L.2/Rev.1, de 16 de marzo de 1982

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