Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo
Resumen del programa de acción
Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo
Índice
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebró en El Cairo (Egipto) del 5 al 13 de septiembre de 1994. Delegaciones de 179 Estados participaron en las negociaciones para dar forma definitiva a un Programa de Acción sobre población y desarrollo para los próximos 20 años.
En el documento de 115 páginas (en la versión en inglés), aprobado por aclamación el 13 de septiembre, se respalda una nueva estrategia en que se destacan los numerosos vínculos existentes entre la población y el desarrollo y se centra la atención en la satisfacción de las necesidades de hombres y mujeres particulares más que en el logro de objetivos demográficos.
Un elemento fundamental de este nuevo criterio consiste en dar a la mujer las armas necesarias para mejorar su situación y proporcionarle más posibilidades de elección mediante un mayor acceso a los servicios de educación y de salud y el fomento del desarrollo de las aptitudes profesionales y el empleo. En el Programa se aboga por que la planificación familiar esté al alcance de todos para el año 2015 o antes, como parte de un criterio ampliado en materia de derechos y salud reproductiva; se presentan estimaciones de los niveles de recursos nacionales y asistencia internacional que se necesitarán, y se exhorta a los gobiernos a que faciliten esos recursos.
En el Programa de Acción se incluyen objetivos en relación con la educación, especialmente de las niñas, y con el logro de una mayor reducción de los niveles de mortalidad infantil y maternoinfantil. También se abordan cuestiones relacionadas con la población, el medio ambiente y las modalidades de consumo; la familia; la migración interna e internacional; la prevención y la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA; la información, la educación y la comunicación, y la tecnología, la investigación y el desarrollo.
Tras una semana de intensas negociaciones, la Conferencia alcanzó acuerdo general en relación con el Programa de Acción. Durante las dos últimas sesiones plenarias en que se logró ese acuerdo, 13 países (el Afganistán, Brunei Darussalam, El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Honduras, Jordania, Kuwait, la Jamahiriya Árabe Libia, Nicaragua, Paraguay, la República Árabe Siria y el Yemen) hicieron declaraciones en que formularon reservas u observaciones en relación con determinados capítulos, párrafos u oraciones del Programa y solicitaron que se tomara nota de ellas en el informe final de la Conferencia (A/CONF.171/13). Diez Estados (la Argentina, Djibouti, Ecuador, Egipto, Guatemala, la República Islámica del Irán, Malta, el Perú, la República Dominicana y la Santa Sede) presentaron declaraciones escritas para que se incluyeran en el informe.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo fue una conferencia de las Naciones Unidas, organizada principalmente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la División de Población del Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas, de las Naciones Unidas.
En 1991, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció un vínculo explícito entre la población y el desarrollo cuando adoptó una decisión respecto del nombre de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El mismo año, mientras los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992, se centraban en cómo alcanzar el desarrollo sostenible, el primer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo decidió que la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible serían los temas de la Conferencia de El Cairo.
El proyecto de Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se basa en el Plan de Acción Mundial sobre Población, aprobado en la Conferencia Mundial de Población, celebrada en Bucarest en 1974, y las 88 recomendaciones para su aplicación posterior aprobadas en la Conferencia Internacional de Población, celebrada en Ciudad de México en 1984.
También se basa en los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y la Declaración de Río, así como en el acuerdo logrado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990, y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993. A su vez, el hincapié puesto por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en la atención de las necesidades del pueblo y la habilitación de la mujer está influyendo en los preparativos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la celebración del cincuentenario de las Naciones Unidas, eventos que se han programado para 1995.
De capital importancia para conformar el Plan de Acción fueron las recomendaciones formuladas en las cinco conferencias regionales sobre población (para Asia y el Pacífico, África, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe, y los Estados Árabes), celebradas en 1992 y 1993, y diversas reuniones preparatorias subregionales; reuniones de grupos de expertos en relación con seis cuestiones que el Consejo Económico y Social había determinado que requerían la mayor atención, y una serie de mesas redondas especiales sobre otros temas importantes de la Conferencia. Otro aporte importante procedió de la segunda reunión del Comité Preparatorio, del debate efectuado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y de los informes nacionales sobre población preparados en más de 140 países.
En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, la Asamblea General (resolución 48/186) respaldó decididamente la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo al decidir que el Comité Preparatorio se convirtiera en órgano subsidiario de la Asamblea General, concediendo a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo un rango comparable al de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El debate efectuado en la Segunda Comisión de la Asamblea General sobre una propuesta de esbozo anotado del Programa de Acción también orientó a la Secretaría respecto de la preparación del proyecto de documento final que se negoció en el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado en abril de 1994.
Delegaciones de 170 países participaron en el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y cuya actividad principal fue la negociación del proyecto de Programa de Acción que se terminaría de elaborar en El Cairo.
En la Conferencia se inscribieron 10.757 participantes procedentes de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los medios de información, y la atención que recibió por parte de los medios de difusión alcanzó un nivel sin precedentes. El Dr. Nafis Sadik, Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, fue el Secretario General de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Presidente de Egipto, Sr. Mohamed Hosni Mubarak, fue el Presidente de la Conferencia; el Dr. Maher Mahran, Ministro de Población y Bienestar de la Familia, de Egipto, fue el Vicepresidente ex officio. El Dr. Frei Sai, de Ghana, fue el Presidente de la Comisión Principal, que negoció el Programa de Acción definitivo.
Unos 249 oradores hicieron uso de la palabra en las sesiones plenarias que se extendieron por una semana, entre ellos, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Broutos-Ghali; la Primera Ministra del Pakistán, Sra. Benazir Bhutto; la Primera Ministra de Noruega, Sra. Gro Harlem Brundtland; el Primer Ministro de Etiopía, Sr. Tamirat Layne; el Primer Ministro de Uganda, Sr. George Cosmas Adyebo; el Primer Ministro de Madagascar, Sr. Francisque Ravony; el Príncipe Mbilini, Primer Ministro de Swazilandia, y el Vicepresidente de los Estados Unidos, Sr. Al Gore.
Además, más de 4.200 representantes de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales de 133 países asistieron al Foro 1994 de Organizaciones no Gubernamentales, reunión independiente que se celebró al mismo tiempo que la Conferencia.
Se celebraron otras actividades paralelas a la Conferencia, entre ellas: la Consulta Internacional de Jóvenes sobre la población y el desarrollo, celebrada del 31 de agosto al 4 de septiembre, y organizada por nueve organizaciones no gubernamentales juveniles o relacionadas con los jóvenes; la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre población y desarrollo, celebrada los días 3 y 4 de septiembre y organizada por cinco organizaciones internacionales de parlamentarios, y la asamblea del Día de los Parlamentarios de 1994, organizada por la Unión Interparlamentaria.
Además, la Red de Información sobre Población, de la División de Población, estableció un centro de consultas y comunicaciones electrónicas en los locales en que se celebró la Conferencia. En El Cairo se publicaron diariamente cuatro periódicos independientes para ser distribuidos en la Conferencia. Asimismo, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas copatrocinaron un encuentro de periodistas, celebrado los días 3 y 4 de septiembre, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
En el Preámbulo se presenta un panorama general de las principales cuestiones abordadas en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y se establece el marco para la adopción de medidas en la esfera de la población y el desarrollo. Se destaca que la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo no es un acontecimiento aislado y que su Programa de Acción se basa en el considerable consenso internacional a que se ha llegado desde la celebración de la Conferencia Mundial de Población, celebrada en Bucarest en 1974, y la Conferencia Internacional de Población, celebrada en Ciudad de México en 1984.
La Conferencia de 1994 recibió un mandato expresamente más amplio respecto de las cuestiones de desarrollo que las anteriores conferencias de población, lo que indica que cada vez se tiene mayor conciencia de que la población, la pobreza, las modalidades de producción y consumo y el medio ambiente están tan estrechamente interrelacionados que ninguno de esos factores puede considerarse aisladamente.
En el Preámbulo se señala que la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo complementa otras importantes actividades internacionales efectuadas recientemente, en las cuales se inspira, y que sus recomendaciones deberían basarse en acuerdos alcanzados en una serie de conferencias celebradas anteriormente, a los que debería ajustarse y prestar apoyo. Se señala asimismo que los resultados de la Conferencia se relacionan estrechamente con otras importantes conferencias que se celebrarán en 1995 y 1996, a las que hará importantes contribuciones, como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), la preparación del Programa de Desarrollo, así como la celebración del cincuentenario de las Naciones Unidas.
En el Preámbulo se destaca que los objetivos y las medidas del Programa de Acción abordan en conjunto los problemas y las relaciones recíprocas entre la población y el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible. Para aplicar esas medidas habrá que proceder a una adecuada movilización de recursos a nivel nacional, y será preciso que todos los mecanismos de financiación existentes, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y privadas proporcionen recursos nuevos y adicionales a los países en desarrollo. También se necesitan recursos financieros para fortalecer la capacidad de las instituciones internacionales para ejecutar el Programa de Acción.
En el Programa de Acción se recomienda a la comunidad internacional una importante serie de objetivos en materia de población y desarrollo, así como metas cualitativas y cuantitativas que son mutuamente complementarias y de importancia decisiva para el logro de esos objetivos. Entre esos objetivos y metas cabe mencionar: el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible; la educación, especialmente de las niñas; la igualdad y la equidad entre los sexos; la reducción de la mortalidad infantil y maternoinfantil, y el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, en particular la planificación de la familia y la salud sexual.
En el Programa de Acción se reconoce que no se espera que en los próximos 20 años los gobiernos puedan alcanzar sin recibir ayuda los objetivos y las metas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Todos los miembros y grupos de la sociedad tienen el derecho e incluso la responsabilidad de desempeñar un papel activo en los esfuerzos que se desplegarán para alcanzar esas metas.
En el conjunto de 15 principios que figuran en este capítulo se establece un cuidadoso equilibrio entre el reconocimiento de los derechos humanos individuales y el derecho de las naciones al desarrollo. La formulación de la mayoría de los principios se deriva directamente de la terminología internacional aceptada en declaraciones, convenios y pactos internacionales pertinentes.
Al inicio de este capítulo se reconoce claramente el hecho de que la aplicación de las recomendaciones que figuran en el Programa de Acción es de la competencia del derecho soberano de cada país, en consonancia con sus leyes nacionales y sus prioridades de desarrollo, con pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos y los antecedentes culturales de su pueblo, y de conformidad con los derechos humanos universalmente reconocidos. La cooperación internacional y la solidaridad universal, sobre la base de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en un espíritu de colaboración, se consideran elementos fundamentales para mejorar la calidad de la vida de los pueblos del mundo.
Los principios se relacionan con las principales cuestiones en la esfera de la población y el desarrollo, tales como: la igualdad y la equidad entre los sexos y la habilitación de la mujer; la incorporación de la población en políticas y programas de desarrollo sostenible; la erradicación de la pobreza, el acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación de la familia; el derecho a la educación; la situación de los niños; los derechos de los migrantes y los refugiados, y las necesidades en materia de población y desarrollo de las poblaciones indígenas.
En los principios se reafirma que los seres humanos son el elemento central del desarrollo sostenible, ya que la población es el recurso más importante y valioso de toda nación. En consecuencia, el derecho al desarrollo debe ejercerse con miras a satisfacer en forma equitativa las necesidades en materia de población, desarrollo y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. Además, para alcanzar el desarrollo sostenible y un nivel de vida más elevado para todos, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades no sostenibles de producción y consumo, y promover políticas apropiadas, incluidas las políticas de población.
De conformidad con los principios, el fomento de la equidad y la igualdad de los sexos y la habilitación de la mujer, la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y asegurarle el control de su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Por su parte, los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención de la salud, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluyen la planificación de la familia y la salud sexual. En los principios se reafirma el derecho fundamental de todas las parejas y todas las personas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los nacimientos de sus hijos, y a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para hacerlo.
En el capítulo se subraya que la familia es la unidad básica de la sociedad y como tal debería fortalecerse. También se reconoce que hay diversas formas de familia en diferentes sistemas culturales, políticos y sociales.
A. Integración de las políticas demográficas y de desarrollo
En términos
generales, se acepta que la pobreza persistente y generalizada y las graves
desigualdades sociales entre hombres y mujeres tienen una influencia
considerable en los factores demográficos, tales como el crecimiento, la
estructura y la distribución de la población, y que, a su vez, se ven
influidas por éstos. También se acepta que las modalidades no sostenibles de
producción y consumo contribuyen a la utilización no sostenible de los
recursos naturales y a la degradación del medio ambiente. En la sección A se
trata de integrar plenamente los factores demográficos en las estrategias de
desarrollo y en todos los aspectos de la planificación del desarrollo a todos
los niveles. El crecimiento económico sostenido que se deriva ayudará a
satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de la vida de las generaciones
presentes y futuras. También promoverá la justicia social y coadyuvará a
erradicar la pobreza.
Hay tres formas en que los gobiernos deberían tratar de fortalecer su determinación política para lograr esa integración: a) Aplicando programas de educación e información públicas; b) Aumentando la asignación de recursos, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y c) Mejorando la base de conocimientos mediante el fomento de las investigaciones y la creación de una capacidad a nivel nacional y local. Deberían asimismo reducir y eliminar las modalidades no sostenibles de producción y consumo, y promover políticas demográficas adecuadas.
B. Población, crecimiento económico sostenido y pobreza
Los esfuerzos por
disminuir el crecimiento de la población, reducir la pobreza, conseguir
progresos económicos, mejorar la protección ambiental y transformar las
modalidades no sostenibles de producción y consumo se complementan mutuamente.
El crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible es
fundamental para erradicar la pobreza. La erradicación de la pobreza
contribuirá a reducir el crecimiento de la población y a conseguir su pronta
estabilización. Las mujeres suelen ser el sector más pobre de los pobres.
También son un agente clave en el proceso de desarrollo. Por ello la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es una
condición indispensable para eliminar la pobreza, promover el crecimiento
económico sostenido, garantizar la prestación de servicios de calidad en
materia de planificación familiar y salud reproductiva, y alcanzar un
equilibrio entre la población y los recursos disponibles.
El objetivo de la sección B es mejorar la calidad de vida de toda la población mediante la aplicación de políticas y programas de población y desarrollo orientados a erradicar la pobreza, mantener el crecimiento económico en el contexto del desarrollo sostenible, alcanzar modalidades sostenibles de producción y consumo, desarrollar los recursos humanos y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.
En sus estrategias y presupuestos en materia de población y desarrollo, los gobiernos deben asignar prioridad a las inversiones en la esfera del desarrollo de los recursos humanos. Los programas deberían estar orientados a aumentar el acceso de la población a la información, la educación, el aumento de los conocimientos, las oportunidades de empleo y los servicios de salud general y de salud reproductiva de alta calidad, incluidos los servicios de planificación familiar. Deberían eliminarse las desigualdades y barreras existentes que obstaculizan la integración de la mujer en la fuerza laboral, y debería promoverse y fortalecerse la participación de la mujer en todas las actividades de elaboración y aplicación de políticas, así como su acceso a los recursos productivos y a la propiedad de la tierra, y su derecho a heredar propiedades.
Los gobiernos deberían invertir en la educación y el fomento de la capacidad de las mujeres y niñas y de los derechos jurídicos y económicos de las mujeres, y deberían promover, supervisar y evaluar todos sus aspectos. Otro tanto deberían hacer en relación con todos los aspectos de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. La comunidad internacional debería seguir promoviendo un entorno económico favorable, especialmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, a fin de erradicar la pobreza y alcanzar el crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible.
C. Población y medio ambiente
La satisfacción de las necesidades básicas de
una población en aumento depende de un medio ambiente saludable. Esas
necesidades deben tenerse en cuenta cuando se elaboran las políticas generales
de desarrollo sostenible. La sección C tiene un doble objetivo: a) Conseguir
que los factores demográficos, ambientales y de erradicación de la pobreza se
integren en las políticas, los planes y programas de desarrollo sostenible, y
b) Reducir las modalidades no sostenibles de producción y consumo y los
efectos negativos de los factores demográficos. Los gobiernos deberían
formular y aplicar políticas de población en apoyo de los objetivos y las
medidas acordados en el Programa 21 y en otras conferencias y acuerdos
internacionales en materia de medio ambiente.
Concretamente, los gobiernos deberían: a) Incorporar los factores demográficos en las evaluaciones del impacto ambiental y otros procesos de planificación y adopción de decisiones orientados a alcanzar el desarrollo sostenible; b) Adoptar medidas encaminadas a erradicar la pobreza, concediendo especial atención a las estrategias de generación de ingresos y empleo dirigidas a la población rural pobre y a las personas que viven en ecosistemas frágiles o al borde de esas zonas; c) Utilizar datos demográficos para promover la ordenación de los recursos naturales, especialmente de los sistemas ecológicamente frágiles; d) Modificar las modalidades no sostenibles de producción y consumo mediante la adopción de medidas económicas, legislativas y administrativas encaminadas a fomentar una utilización sostenible de los recursos e impedir la degradación del medio ambiente, y e) Aplicar políticas para hacer frente a las consecuencias ecológicas de los inevitables aumentos futuros de la población y los cambios en su concentración y distribución, particularmente en las zonas ecológicamente vulnerables y en las aglomeraciones urbanas.
Capítulo IV, Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer
A. Mejoramiento de la condición de la mujer
La habilitación de la mujer y
el mejoramiento de su condición constituyen en sí un fin de la mayor
importancia y son indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Los
objetivos son: lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer, y
permitir que la mujer realice plenamente sus posibilidades; incorporar
plenamente a la mujer en el proceso de formulación de políticas y adopción de
decisiones y en todos los aspectos de la vida económica, política y cultural,
como formuladoras activas de las decisiones y como participantes y
beneficiarias activas, y asegurar que todas las mujeres, al igual que los
hombres, reciban la educación necesaria para satisfacer sus necesidades
humanas básicas y ejercer sus derechos humanos. Entre las medidas
recomendadas figuran la creación de mecanismos que garanticen la participación
de la mujer en pie de igualdad y su representación equitativa en todos los
niveles del proceso político y de la vida pública; promover la educación, el
desarrollo de aptitudes y el empleo de la mujer, y eliminar todas las
prácticas discriminatorias contra la mujer, incluso en el lugar de trabajo y
las que afectan su acceso al crédito, a la propiedad y a los sistemas de
seguridad social. Los países deberían adoptar medidas exhaustivas para
eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las
mujeres, las adolescentes y las niñas. Además, cuando se adopten medidas
relacionadas con el desarrollo, se debería prestar más atención a las
múltiples exigencias que consumen el tiempo de la mujer, poniendo mayor
hincapié en las medidas encaminadas a reducir la carga de las
responsabilidades domésticas, y en la promulgación de leyes y la aplicación de
programas y políticas que permitan a los empleados de ambos sexos armonizar
sus responsabilidades familiares y laborales.
B. La niña
Los objetivos son eliminar todas las formas de discriminación
contra las niñas y las causas fundamentales en que se basa la preferencia por
el varón, aumentar la conciencia pública respecto del valor de las niñas y
fortalecer su autoestimación. A esos efectos, los dirigentes de todos los
niveles de la sociedad deberían manifestarse enérgicamente y actuar en forma
decidida en contra de la discriminación por razones de sexo en la familia,
basada en la preferencia por los hijos varones. Se deberían realizar
actividades de educación especial y de información pública para promover el
trato equitativo de niñas y niños en lo que respecta a la nutrición, la
atención de salud, la educación y las actividades sociales, económicas y
políticas, así como a derechos sucesorios equitativos. Los gobiernos deberían
elaborar un enfoque integrado en relación con las necesidades especiales de
las niñas y jóvenes en materia de salud, educación y necesidades sociales, y
deberían hacer cumplir estrictamente leyes encaminadas a garantizar que el
matrimonio se contraiga únicamente con el consentimiento pleno y libre de los
interesados. Se insta a los gobiernos a que prohíban la mutilación de los
genitales femeninos e impidan el infanticidio, la selección prenatal del sexo,
la trata de niñas y la utilización de niñas en la prostitución y la
pornografía.
C. Responsabilidades y participación del hombre
El hombre desempeña un
papel clave en el logro de la igualdad entre los sexos, puesto que en la
mayoría de las sociedades ejerce un poder preponderante en casi todas las
esferas de la vida. El objetivo es promover la igualdad de los sexos y
alentar a los hombres a que se responsabilicen con su comportamiento sexual y
reproductivo y a que asuman su función social y familiar. Los gobiernos
deberían promover la participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en
todas las esferas de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas,
incluidas la paternidad responsable, el comportamiento sexual y reproductivo,
la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y la participación y la
contribución al ingreso familiar y al bienestar de los niños. Los gobiernos
deberían adoptar medidas para asegurar que los niños recibieran el apoyo
financiero adecuado de sus padres, y deberían considerar la posibilidad de
modificar sus leyes y sus políticas para garantizar el apoyo de los hombres a
sus hijos y sus familias. Los padres y las escuelas deberían velar por que se
inculcaran en los niños, desde la más tierna edad, actitudes basadas en el
tratamiento respetuoso de las mujeres y las niñas como iguales.
Capítulo V, La familia, sus funciones, derechos, composición y estructura
La familia es la unidad básica de la sociedad. El proceso de rápido cambio demográfico y socioeconómico ha influido en las modalidades de formación de las familias y en la vida familiar y ha provocado cambios considerables en la composición y en la estructura de las familias. Las ideas tradicionales de las funciones domésticas y de los progenitores no reflejan las realidades y las aspiraciones actuales, pues son cada vez más las mujeres que en todo el mundo ocupan empleos remunerados fuera de su casa. Al mismo tiempo, diversas causas de desplazamiento han provocado mayores tensiones en la familia, al igual que los cambios económicos y sociales.
Los objetivos son, entre otros: a) Elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a la familia, contribuyan a su estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de formas, en particular en lo que se refiere al creciente número de familias monoparentales; b) Promover la igualdad de oportunidades de los miembros de la familia, especialmente los derechos de la mujer y los niños en la familia; c) Velar por que todas las políticas sociales y de desarrollo presten apoyo y protección a las familias y respondan plenamente a las necesidades cambiantes y diversas de las familias.
A. Diversidad de la estructura y la composición de la familia
Se exhorta a
los gobiernos a que cooperen con los empleadores en el establecimiento y la
promoción de medios necesarios para que la participación en la fuerza laboral
sea compatible con las responsabilidades de los padres, especialmente en el
caso de las familias monoparentales con niños pequeños. Los gobiernos
deberían adoptar medidas eficaces para eliminar todas las formas de coacción y
discriminación en las políticas y las prácticas.
B. Apoyo socioeconómico a la familia
Se recomienda a los gobiernos que
formulen políticas en que se tenga en cuenta a las familias y se les preste
apoyo, y que encuentren, en colaboración con las organizaciones no
gubernamentales y organizaciones comunitarias interesadas, formas innovadoras
de prestar una asistencia más eficaz a las familias y a las personas que las
integran, quienes pueden verse afectadas por problemas tales como la extrema
pobreza, el desempleo crónico y la violencia en el hogar y la violencia
sexual, entre otros.
Capítulo VI, Crecimiento y estructura de la población
A. Tasas de fecundidad, mortalidad y crecimiento demográfico
El objetivo es
facilitar la transición demográfica cuanto antes en los países donde haya un
desequilibrio entre las tasas demográficas y las metas sociales, económicas y
ambientales. Este proceso contribuirá a la estabilización de la población
mundial. Se exhorta a los gobiernos a que presten más atención a la
importancia de las tendencias demográficas para el desarrollo. Al tratar de
resolver las cuestiones relativas al crecimiento demográfico, los países
deberían reconocer la relación recíproca entre el nivel de fecundidad y el de
mortalidad, y tratar de reducir los niveles elevados de mortalidad infantil y
maternoinfantil.
B. Los niños y los jóvenes
Se señalan a la atención los enormes problemas
creados por las elevadísimas proporciones de niños y jóvenes en las
poblaciones de muchos países en desarrollo. Los objetivos son promover la
salud, el bienestar y el potencial de todos los niños, adolescentes y jóvenes;
satisfacer sus necesidades especiales, incluido el apoyo de la sociedad, la
familia y la comunidad, al igual que el acceso a la educación, el empleo, la
salud, la orientación y los servicios de salud reproductiva de alta calidad,
y alentarlos a que continúen sus estudios. Se insta a los gobiernos a que asignen alta prioridad a la protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños y los jóvenes, y a que desplieguen todos los esfuerzos posibles por eliminar los efectos adversos de la pobreza en los niños y jóvenes. Se exhorta asimismo a los países a que promulguen y apliquen estrictamente leyes contra la explotación económica y el abuso físico y mental o el descuido de los niños. Se insta a los países a que creen un entorno socioeconómico favorable a la eliminación de todos los matrimonios y demás uniones de niños y a que desalienten los matrimonios a edad muy temprana.
C. Las personas de edad
Se exhorta a los gobiernos a que establezcan
sistemas de seguridad social que aseguren una mayor equidad y solidaridad
entre las generaciones y en el interior de una misma generación y que presten
apoyo a las personas de edad mediante la promoción de las familias
multigeneracionales. Los gobiernos deberían también tratar de aumentar la
capacidad de las personas de edad para valerse por sí mismas, de manera que
pudieran llevar una vida saludable y productiva y hacer uso cabal de las
aptitudes y facultades que hubieran adquirido a lo largo de su vida en
beneficio de la sociedad. Los gobiernos deberían fortalecer los sistemas de
apoyo y de seguridad para las personas de edad, tanto oficiales como no
oficiales, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra
las personas de edad.
D. Los indígenas
Los indígenas tienen una visión característica y de suma
importancia de las relaciones entre población y desarrollo, que suele diferir
de las de las poblaciones con las que viven dentro de las fronteras
nacionales. Deberían reconocerse las necesidades concretas de los indígenas,
entre ellas las relativas a la atención primaria de la salud y los servicios
de atención de salud reproductiva. En plena colaboración con las poblaciones
indígenas, se deberían reunir datos sobre sus características demográficas e
integrarlos en los sistemas nacionales de recopilación de datos. Es necesario
respetar las culturas de las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas
deberían poder administrar sus tierras y se debería proteger y renovar los
recursos naturales y los ecosistemas de que dependen.
E. Personas con discapacidad
Aunque ha aumentado la conciencia y el
conocimiento del público de las cuestiones relativas a la discapacidad, la
promoción de medidas eficaces para la prevención y la rehabilitación de la
discapacidad sigue siendo una necesidad apremiante. Se exhorta a los
gobiernos a que establezcan la infraestructura apropiada para atender las
necesidades de las personas con discapacidad, en particular en lo referente a
su educación, capacitación y rehabilitación; a que reconozcan sus necesidades
en materia de, entre otras cosas, salud reproductiva, incluida la
planificación de la familia y la lucha contra el VIH/SIDA, y a que eliminen
las formas concretas de discriminación de las que pueden ser objeto las
personas con discapacidad en relación con los derechos reproductivos, la
formación de hogares y familias y la migración internacional.
Capítulo VII, Derechos reproductivos y salud reproductiva
A. Derechos reproductivos y salud reproductiva
La salud reproductiva es un
estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. Ello
lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y tener
acceso a métodos de su elección seguros, eficaces, aceptables y económicamente
asequibles en materia de planificación de la familia, así como a otros métodos
de su elección para la regulación de su fecundidad, que no estén legalmente
prohibidos, y el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de
atención de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos. La
atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el
desarrollo de la vida y de las relaciones personales.
Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades adicionales y de servicios de los adolescentes con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable.
Se exhorta a todos los países a que se esfuercen por facilitar los servicios de salud reproductiva, mediante el sistema de atención primaria de la salud, a todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. Esa atención debería incluir, entre otras cosas: asesoramiento, información, educación, comunicaciones y servicios en materia de planificación de la familia; educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgos, y atención después del parto, en particular la atención de la salud maternoinfantil y la promoción de la lactancia materna; prevención y tratamiento de la infertilidad, interrupción del embarazo, de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25; tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones de la salud reproductiva, e información, educación y asesoramiento en materia de sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad responsable.
Deberían prepararse programas de atención de la salud reproductiva para atender a las necesidades de las mujeres y las adolescentes, que entrañaran la participación de la mujer en la dirección, la planificación, la adopción de decisiones, la gestión, la ejecución, la organización y la evaluación de los servicios. Deberían elaborarse programas innovadores para que los adolescentes y los hombres adultos tuvieran acceso a información, asesoramiento y servicios de salud reproductiva. Esos programas deben educar y facultar al hombre para que comparta por igual las responsabilidades de la planificación de la familia y las labores domésticas y de crianza de los hijos y acepte la importante responsabilidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
B. Planificación de la familia
Se recomienda que se adopten medidas para
ayudar a las parejas y a las personas a alcanzar sus objetivos de procreación;
prevenir los embarazos no deseados y reducir la incidencia de los embarazos de
alto riesgo y la morbilidad y la mortalidad; facilitar el acceso a servicios
de calidad que sean aceptables y económicamente asequibles para todos los que
los necesitan y desean recibirlos; mejorar la calidad de los servicios de
asesoramiento, información, educación, comunicaciones y orientación, y
promover la lactancia materna para favorecer el espaciamiento de los
nacimientos. En el texto se destaca que los gobiernos y la comunidad
internacional deberían utilizar todos los medios de que dispusieran para
apoyar el principio de elección voluntaria en materia de planificación de la
familia. Como parte del esfuerzo encaminado a satisfacer las necesidades no
atendidas, se pide a todos los países que determinen y eliminen todas las
barreras importantes que todavía existen para la utilización de los servicios
de planificación de la familia. Se insta a los gobiernos a que proporcionen,
por todos los conductos posibles, un entorno propicio para el suministro de
servicios de información de alta calidad en materia de planificación de la
familia y salud reproductiva, en los sectores público y privado. Se insta a
la comunidad internacional a que adopte de inmediato medidas encaminadas a
establecer un sistema eficaz de coordinación y servicios a nivel mundial,
regional y subregional para la adquisición de anticonceptivos y otros
productos indispensables para los programas de salud reproductiva de los
países en desarrollo y los países con economías de transición.
C. Enfermedades de transmisión sexual y prevención del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH)
En la sección C se recomienda que se adopten
medidas encaminadas a prevenir y reducir la incidencia de las enfermedades de
transmisión sexual y a proporcionar tratamiento para esas enfermedades, entre
ellas el VIH/SIDA, y las complicaciones derivadas de ellas, como la
infertilidad. Entre esas medidas se incluyen: intensificar los esfuerzos en
la aplicación de programas de salud reproductiva para prevenir, diagnosticar y
tratar las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones del aparato
reproductor; proporcionar formación especializada a todos los proveedores de
servicios de salud en materia de prevención y diagnóstico de las enfermedades
de transmisión sexual y de prestación de servicios de asesoramiento al
respecto, especialmente en relación con las infecciones que afectan a las
mujeres y los jóvenes; velar por que la información y la orientación sobre una
conducta sexual responsable y sobre la prevención eficaz de las enfermedades
de transmisión sexual y el VIH formen parte integral de todos los servicios de
salud reproductiva y sexual, y promover la utilización de preservativos de
buena calidad y distribuirlos, como elementos integrantes de todos los
servicios de atención de la salud reproductiva.
D. Sexualidad humana y relaciones entre los sexos
El objetivo es doble:
promover el desarrollo adecuado de una sexualidad responsable que permita el
establecimiento de relaciones de equidad y respeto mutuo entre ambos sexos, y
velar por que el hombre y la mujer tengan acceso a la información, la
educación y los servicios necesarios para lograr una buena salud sexual y
ejercer sus derechos y responsabilidades en lo tocante a la procreación.
Entre las medidas recomendadas se incluye el apoyo a actividades y servicios
en materia de educación sexual integrada para los jóvenes, con la asistencia y
orientación de sus padres y en consonancia con la Convención sobre los
Derechos del Niño, en que se destaque la responsabilidad de los varones en
cuanto a su propia salud sexual y su fecundidad y los ayude a ejercer esas
responsabilidades. Las actividades educacionales deberían comenzar en la
unidad familiar, pero también debe abarcar a los adultos, en particular a los
hombres, mediante la educación no académica y diversas actividades con base en
la comunidad. Los programas educacionales también deberían alentar y apoyar
el debate activo y abierto sobre la necesidad de proteger a las mujeres, los
jóvenes y los niños contra los abusos, incluido el abuso sexual, la
explotación, el tráfico con fines sexuales y la violencia. Se aconseja a los
gobiernos y las comunidades que adopten medidas con carácter urgente para
poner fin a la práctica de la mutilación genital de la mujer y proteger a las
mujeres y las niñas contra todas las prácticas innecesarias y peligrosas de
esa índole.
E. Los adolescentes
Las cuestiones relativas a la salud reproductiva y
sexual en la adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto
en malas condiciones (según la definición de la Organización Mundial de la
Salud) y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, se
abordan mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable
y sana, sin olvidar la abstinencia voluntaria, y la prestación de los
servicios y la orientación apropiados para ese grupo de edad concretamente.
También se intenta reducir sustancialmente todos los embarazos de
adolescentes. En el texto se hace hincapié en que los países deben asegurar
que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no
limiten el acceso de los adolescentes a los servicios apropiados y a la
información que necesiten. Esos servicios deben salvaguardar los derechos de
los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el
consentimiento basado en una información correcta, y respetar los valores
culturales y las creencias religiosas, así como los derechos, deberes y
responsabilidades de los padres. Los países, con la asistencia de la
comunidad internacional, deberían proteger y promover los derechos de los
adolescentes a la educación, la información y la asistencia en materia de
salud reproductiva, y reducir considerablemente el número de embarazos entre
las adolescentes. Se insta a los gobiernos a que, en colaboración con las
organizaciones no gubernamentales, establezcan los mecanismos apropiados para
atender las necesidades especiales de los adolescentes.
Capítulo VIII, Salud, morbilidad y mortalidad
A. Atención primaria de salud y salud pública
El aumento en la esperanza de
vida registrado en la mayoría de las regiones del mundo en el último medio
siglo refleja progresos significativos en la salud pública y en el acceso a
los servicios de atención primaria de la salud. Entre los logros importantes
figura la vacunación de los niños y el uso difundido de tratamientos de bajo
costo, como la terapia de rehidratación oral. Sin embargo, estos logros no
han beneficiado a todos los países, y las enfermedades que pueden ser
prevenidas o tratadas constituyen todavía una de las causas principales del
fallecimiento de niños de corta edad. Además, amplios sectores de la
población de muchos países siguen expuestos al riesgo de infecciones y de
enfermedades parasitarias y transmitidas por el agua. En la sección A se
recomienda que se adopten medidas para aumentar la accesibilidad,
disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de atención de
la salud, y aumentar los años de vida saludable y mejorar la calidad de la
vida de toda la población, así como reducir las disparidades en la esperanza
de vida entre los diversos países y dentro de cada país.
En la sección A se subraya que todos los países deberían establecer el acceso a la atención primaria de salud y la promoción de la salud como estrategias centrales para reducir la mortalidad y la morbilidad. Deberían asignarse suficientes recursos para poder prestar servicios primarios de salud a toda la población. Todos los países deberían reducir la mortalidad y la morbilidad y hacer que la atención primaria de salud, incluida la atención de la salud reproductiva, estuviera al alcance de todos al finalizar el presente decenio. Los países deberían proponerse alcanzar para el año 2005 una esperanza de vida al nacer superior a los 70 años, y para el año 2015 una esperanza de vida al nacer superior a los 75 años. Los países con los niveles de mortalidad más elevados deberían intentar alcanzar para el año 2005 una esperanza de vida al nacer superior a los 65 años, y para el año 2015 una esperanza de vida al nacer superior a los 70 años. Los gobiernos deberían lograr la participación de la comunidad en la planificación de la política sanitaria, especialmente en lo que se refiere al cuidado a largo plazo de las personas de edad avanzada, de las personas con discapacidades y de las infectadas por el VIH y otras enfermedades endémicas. Hay que garantizar a todas las personas, y en especial a los grupos más desfavorecidos y vulnerables, el acceso a los servicios de atención de salud. Los gobiernos deberían procurar que los servicios de atención primaria de salud fueran económicamente más sostenibles, y garantizar al mismo tiempo un acceso equitativo a dichos servicios.
B. Supervivencia y salud de los niños
En todas partes se ha progresado mucho
en la reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños. Sin
embargo, la mortalidad entre los niños menores de 5 años muestra variaciones
significativas entre las distintas regiones y países, y dentro de cada región
y país. La pobreza, la malnutrición, la disminución de la lactancia materna y
la insuficiencia o la falta de servicios de saneamiento y de salud son todos
factores relacionados con la alta mortalidad de lactantes y de niños pequeños.
La supervivencia del niño está estrechamente vinculada con el momento, el
espaciamiento y el número de los nacimientos y con la salud reproductiva de
las madres. La edad temprana o tardía, el alto número y la excesiva
frecuencia de los embarazos son factores importantes que contribuyen a las
elevadas tasas de mortalidad y morbilidad de lactantes y de niños pequeños, en
especial cuando los servicios de atención de salud son insuficientes. Por
consiguiente, en la sección B se recomienda que se adopten medidas para
reducir las disparidades en las tasas de mortalidad existentes entre países
desarrollados y países en desarrollo, y dentro de cada país, prestando
especial atención a la eliminación de la mortalidad prevenible excesiva de las
lactantes y las niñas pequeñas. También se recomienda que se adopten medidas
para mejorar las condiciones de salud y nutrición de lactantes y niños
pequeños y fomentar la lactancia materna como estrategia para la supervivencia
del niño.
En la sección B figuran los siguientes objetivos específicos: para el año 2000, los países deberían procurar reducir sus tasas de mortalidad de lactantes y niños menores de 5 años en un tercio, o bien a 50 a 70 por 1.000 nacidos vivos, respectivamente, si estas cifras son menores. Para el año 2005, los países con niveles intermedios de mortalidad deberían tratar de conseguir que la tasa de mortalidad de lactantes estuviese por debajo de 50 por 1.000 nacidos vivos y la de los niños menores de 5 años por debajo de 60 por 1.000 nacidos vivos. Para el año 2015, todos los países deberían tratar de conseguir que la tasa de mortalidad de lactantes estuviese por debajo de 35 por 1.000 nacidos vivos y la de los niños menores de 5 años por debajo de 45 por 1.000 nacidos vivos. Los países con poblaciones indígenas deberían lograr que los niveles de mortalidad de lactantes y de niños menores de 5 años de dichas poblaciones fuesen iguales que en el resto de la población en general.
En la sección B se exhorta a todos los gobiernos a evaluar las causas profundas de la mortalidad infantil elevada y, en el marco de la atención primaria de salud, facilitar servicios integrados de atención de la salud reproductiva y de la salud infantil --entre ellos programas de maternidad sin riesgo (definidos en una nota de pie de página) y de supervivencia del niño y servicios de planificación de la familia-- a toda la población y en particular a los grupos más vulnerables y desfavorecidos. Todos los países deberían dar prioridad a los esfuerzos por reducir las principales enfermedades infantiles, en particular las enfermedades infecciosas y parasitarias, y evitar la malnutrición entre los niños, en especial entre las niñas.
C. Salud de la mujer y maternidad sin riesgo
Las complicaciones
relacionadas con el embarazo y el parto figuran entre las principales causas
de mortalidad de las mujeres en edad de procrear en muchas partes del mundo en
desarrollo, y provocan la muerte de alrededor de medio millón de mujeres cada
año, el 99% de ellas en países en desarrollo. La edad a la que las mujeres
empiezan a tener hijos o dejan de tenerlos, el intervalo entre los
nacimientos, el número total de embarazos a lo largo de la vida y las
circunstancias socioculturales y económicas en que viven las mujeres son
factores que influyen en la morbilidad y mortalidad maternas. Aunque
aproximadamente el 90% de los países del mundo tienen políticas que permiten
el aborto en diversas situaciones jurídicas para salvar la vida de la mujer,
una proporción significativa de los abortos son inducidos por las propias
mujeres o se efectúan en malas condiciones, y son la causa de un gran
porcentaje de fallecimientos de las madres o de lesiones permanentes en las
mujeres afectadas.
Los objetivos son: promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo; lograr una reducción rápida y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias observadas entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y dentro de cada país, y, sobre la base de un esfuerzo decidido por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones. También se recomienda que se adopten medidas para mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las madres lactantes.
En el documento se exhorta a reducir la mortalidad materna a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000, y a lograr una nueva reducción a la mitad para el año 2015. Los países con niveles intermedios de mortalidad materna deberían esforzarse por conseguir que para el año 2005 la tasa de mortalidad materna estuviera por debajo de 100 por 100.000 nacidos vivos, y para el año 2015 por debajo de 60 por 100.000 nacidos vivos. Los países con los niveles más elevados de mortalidad deberían tratar de conseguir para el año 2005 una tasa de mortalidad materna inferior a 125 por 100.000 nacidos vivos, y para el año 2015 una tasa inferior a 75 por 100.000 nacidos vivos. Todos los países deberían tratar de reducir la morbilidad y mortalidad maternas hasta niveles en que ya no constituyan un problema de salud. Se exhorta a todos los países a que, con el apoyo de la comunidad internacional, aumenten la prestación de servicios de maternidad en el marco de la atención primaria de la salud. Todos los países deberían tratar también de reducir todavía más la mortalidad materna adoptando medidas para impedir, detectar y tratar los embarazos y nacimientos de alto riesgo, en particular entre las adolescentes y las parturientas de más edad. Deberían elaborarse programas y cursos educativos para lograr el apoyo de los varones a las actividades destinadas a asegurar la salud de las madres y la maternidad sin riesgo; se exhorta a todos los países a que procuren con urgencia modificar el comportamiento sexual de alto riesgo y elaboren estrategias para que los varones compartan la responsabilidad en la salud reproductiva y sexual.
El texto completo del párrafo 8.25, relativo al aborto, es el siguiente: "En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas (definidas en una nota de pie de página) como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto. Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento postaborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos."
D. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
La pandemia del SIDA es un problema de
primer orden, tanto en los países desarrollados como en los países en
desarrollo. A mediados de 1993, las cuatro quintas partes del número total de
infectados por el VIH vivían en países en desarrollo, donde la infección se
transmite principalmente por relación heterosexual, y el número de casos
nuevos estaba aumentando más rápidamente entre las mujeres. Los principales
objetivos enunciados en la sección D son impedir y reducir la difusión de la
infección con el VIH y minimizar sus consecuencias, y asegurar que las
personas infectadas con el VIH reciban atención médica adecuada y no sean
objeto de discriminación. Un tercer objetivo consiste en intensificar las
investigaciones sobre métodos de lucha contra la pandemia del VIH y el SIDA y
sobre un tratamiento eficaz de la enfermedad.
En la sección D se exhorta a los gobiernos a movilizar a todos los sectores de la sociedad para luchar contra la pandemia del SIDA y a dar alta prioridad a las campañas de información, educación y comunicaciones en los programas para reducir la propagación de la infección con el VIH. Debería proporcionarse educación e información sexual tanto a los infectados como a los que no lo están, y en especial a los adolescentes. Debería promoverse e incluirse en los programas de educación e información el comportamiento sexual responsable, incluida la abstinencia sexual voluntaria. Entre los objetivos se encuentran aumentar la conciencia y hacer hincapié en la modificación del comportamiento. Se exhorta a la comunidad internacional a que movilice los recursos humanos y financieros necesarios para reducir la tasa de transmisión de la infección con el VIH.
Capítulo IX, Distribución de la población, urbanización y migración interna
A. La distribución de la población y el desarrollo sostenible
El proceso de
urbanización es un aspecto intrínseco del desarrollo económico y social y, por
consiguiente, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo
siguen un proceso de transformación en que pasan de ser sociedades
predominantemente rurales a sociedades predominantemente urbanas. El objetivo
es fomentar una distribución espacial más equilibrada de la población,
estimulando de manera integrada el desarrollo equitativo y ecológicamente
sostenible de las principales zonas de origen y de destino, con particular
atención a la promoción de la equidad económica, social y entre los sexos. Un
objetivo conexo es reducir el papel de los diversos factores de presión que
propician la migración, como la distribución desigual de los recursos de
desarrollo, la adopción de tecnologías inadecuadas y la falta de acceso a la
tierra. Los países deberían adoptar estrategias que fomentasen el crecimiento
de los centros urbanos pequeños y medianos y el desarrollo sostenible de las
zonas rurales. Para desarrollar las zonas urbanas, los gobiernos deberían
apoyar activamente el acceso a la propiedad y a los recursos hídricos,
especialmente por parte de las unidades familiares, e invertir o fomentar las
inversiones para aumentar la productividad del campo.
B. Crecimiento de la población en las grandes aglomeraciones urbanas
En muchos países, el sistema urbano se caracteriza por la enorme preponderancia
de una sola ciudad. Ello plantea problemas económicos, sociales y ambientales
específicos. Pero a menudo las grandes aglomeraciones urbanas son también los
centros más dinámicos de actividad económica y cultural. El objetivo es
ayudar a los países a mejorar la gestión de esas grandes aglomeraciones
urbanas para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los pobres de las
zonas rurales y urbanas. En el texto se exhorta a los gobiernos a que
aumenten la capacidad y la competencia de las autoridades locales y
municipales para administrar el desarrollo urbano y satisfacer las necesidades
de todos los ciudadanos. También se insta a los gobiernos a facilitar a los
migrantes, especialmente las mujeres, mayor acceso al empleo, al crédito, a la
educación básica, los servicios de salud, las guarderías y la formación
profesional. Con el objeto de financiar la infraestructura y los servicios
necesarios de manera equilibrada, se recomienda que los organismos
gubernamentales, teniendo en cuenta los intereses de los sectores pobres de la
sociedad, examinen el establecimiento de planes equitativos de recuperación de
costos y el incremento de los ingresos a través de medidas apropiadas.
C. Personas desplazadas internamente
El objetivo es ofrecer protección y
asistencia apropiadas a las personas desplazadas dentro de su propio país,
particularmente a las mujeres, los niños y los ancianos, y encontrar
soluciones a las causas fundamentales de su desplazamiento con miras a
eliminarlas en el futuro, y facilitar su retorno o reasentamiento. En el
documento se expresa además la necesidad de poner fin a todas las formas de
migración forzosa, incluida la "depuración étnica". Se exhorta a los países a
ocuparse de las causas de los desplazamientos internos, incluida la
degradación ambiental, los desastres naturales, los conflictos armados y el
reasentamiento forzoso, y a establecer los mecanismos necesarios para proteger
y asistir a las personas desplazadas. Asimismo se exhorta a que se adopten
medidas para velar por que las personas desplazadas reciban educación básica,
oportunidades de empleo, formación profesional y servicios básicos de atención
de la salud, entre ellos servicios de salud reproductiva y de planificación de
la familia. También se deberían tomar medidas a nivel nacional, en el marco
de la cooperación internacional, según resultara apropiado, y de conformidad
con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, para encontrar soluciones
duraderas a las cuestiones relacionadas con las personas desplazadas, incluido
su derecho al regreso voluntario y sin riesgo a su lugar de origen.
Capítulo X, Migración internacional Las relaciones económicas, políticas y culturales internacionales desempeñan un papel importante en las corrientes de población entre los países. En sus distintos tipos, la migración internacional está vinculada con esas relaciones y a la vez afecta y se ve afectada por el proceso de desarrollo. La pobreza y la degradación del medio ambiente, combinadas con la falta de paz y seguridad, y las violaciones de los derechos humanos son todos factores que afectan a las migraciones internacionales.
A. Migración internacional y desarrollo
La migración internacional ordenada
puede tener efectos positivos en las comunidades de origen y en las de
destino. Se insta a los gobiernos a que hagan frente a las causas básicas de
la migración, de manera que la permanencia en el propio país sea una opción
viable para todos. Debe fomentarse la entrada de remesas mediante la adopción
de políticas económicas racionales y la prestación de servicios bancarios
apropiados. Los países de destino deben considerar la posibilidad de utilizar
ciertas formas de migración temporal, mientras que los países de origen deben
colaborar en la promoción del regreso voluntario. Debería apoyarse el
intercambio de información sobre políticas migratorias y la supervisión de las
corrientes y las cifras de migrantes mediante la recopilación apropiada de los
datos pertinentes.
B. Migrantes documentados
Se insta a los gobiernos de los países de acogida
a considerar la posibilidad de hacer extensivos a los migrantes documentados
que satisfagan requisitos de estadía apropiados y a sus familiares un
tratamiento igual al que reciben los propios nacionales en lo que respecta al
disfrute de los derechos humanos básicos. Debería protegerse a las mujeres y
a los niños que emigran en calidad de familiares contra los abusos o la
denegación de sus derechos humanos. Todos los gobiernos, en particular los de
los países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la
reunificación de la familia y promover su incorporación en la legislación
nacional a fin de proteger la unidad de las familias de los migrantes
documentados, de conformidad con los instrumentos de derechos humanos
universalmente reconocidos.
C. Migrantes indocumentados
En el documento se recuerda el derecho que
tienen todos los Estados de decidir quién puede entrar y permanecer en su
territorio y en qué condiciones, y se insta a los gobiernos a que ejerzan ese
derecho cuidando de evitar actuaciones y políticas racistas o xenofóbicas. En
la sección C se recomiendan medidas para reducir el número de migrantes
indocumentados, prevenir su explotación y proteger sus derechos humanos
fundamentales; prevenir el tráfico internacional de migrantes, y protegerlos
contra el racismo, el etnocentrismo y la xenofobia. Esas medidas incluyen:
identificar las causas de la migración indocumentada y su impacto económico,
social y demográfico; adoptar sanciones eficaces contra quienes organizan la
migración de indocumentados, explotan a esos migrantes o se dedican al tráfico
de migrantes indocumentados; desalentar la migración de indocumentados
explicando a los posibles migrantes las condiciones legales para la entrada,
la estadía y el empleo en los países de acogida, y tratar de hallar soluciones
a los problemas originados por la migración de indocumentados mediante
negociaciones bilaterales o multilaterales, entre otras cosas, sobre acuerdos
de readmisión que protejan los derechos humanos básicos de las personas de que
se trata, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes.
D. Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas
Se insta a los
gobiernos a que ataquen las causas de los movimientos de refugiados y personas
desplazadas mediante la adopción de medidas adecuadas con respecto a la
solución de los conflictos, la promoción de la paz y la reconciliación, el
respeto de los derechos humanos, y el respeto de la independencia, la
integridad territorial y la soberanía de los Estados. Los gobiernos también
deberían hacer frente a los factores que contribuyen a los desplazamientos
forzosos y aumentar su apoyo a las actividades internacionales de protección y
asistencia en favor de los refugiados y de las personas desplazadas. Debería
prestarse apoyo internacional adecuado a los países de asilo para satisfacer
las necesidades básicas de los refugiados y ayudar a buscar soluciones
duraderas. Debería proporcionarse a los refugiados acceso al alojamiento, la
educación, los servicios de salud, incluida la planificación familiar, y otros
servicios sociales necesarios.
Capítulo XI, Población, desarrollo y educación
A. Educación, población y desarrollo sostenible
La enseñanza es un factor
clave del desarrollo sostenible. Es un componente del bienestar y un medio
para que cada persona pueda obtener conocimientos. También contribuye a la
reducción de las tasas de fecundidad, morbilidad y mortalidad, a la
habilitación de la mujer, al mejoramiento de la calidad de la fuerza de
trabajo y al fomento de una democracia auténtica. El aumento del nivel de
educación de las mujeres y las niñas contribuye a una mayor habilitación de
las mujeres, al aplazamiento de la edad en que contrae matrimonio y a la
reducción del tamaño de las familias. Cuando las madres están mejor educadas,
la tasa de supervivencia de sus hijos tiende a aumentar.
En la sección A se presentan cuatro objetivos principales, y para el logro de cada uno de ellos se han recomendado medidas: a) Lograr el acceso de todos a una enseñanza de calidad, en particular a la enseñanza primaria y técnica y la capacitación para el empleo; b) Luchar contra el analfabetismo (cuya erradicación es una de las condiciones indispensables para el desarrollo humano) y eliminar las desigualdades entre los sexos con respecto al apoyo a la educación y las posibilidades de acceso a ella; c) Promover la educación no académica para los jóvenes, y d) Incorporar en los programas de estudios temas sobre la relación entre la población y el desarrollo sostenible, las cuestiones de salud, incluida la salud reproductiva, y la igualdad entre los sexos, y mejorar su contenido a fin de fomentar una mayor responsabilidad y conciencia al respecto.
En la sección A se subraya que en los presupuestos de desarrollo a todos los niveles habría que asignar una elevada prioridad a las inversiones en educación y formación profesional, y tener en cuenta la amplitud y el nivel de las necesidades de conocimientos de la fuerza de trabajo en el futuro. También se destaca que la educación en materia de población debe iniciarse en la escuela primaria y continuar a todos los niveles de la enseñanza académica y no académica, teniendo en cuenta los derechos y las responsabilidades de los padres y las necesidades de los niños y los adolescentes.
B. Información, educación y comunicación en materia de población
Para el
logro de las metas y los objetivos del Programa de Acción es fundamental
promover el conocimiento, la comprensión y la determinación del público a
todos los niveles, desde el personal hasta el internacional. En consecuencia,
un objetivo primario consiste en aumentar el conocimiento, la comprensión y la
determinación de que se trata. Otros objetivos son: a) Estimular actitudes
que favorezcan un comportamiento responsable en el ámbito del medio ambiente,
la familia, la sexualidad, la reproducción, la sensibilidad respecto de los
problemas de la desigualdad en el trato por motivos de raza o sexo; b) Lograr
que los gobiernos se comprometan a fomentar la participación de los sectores
público y privado en la formulación, la aplicación y la supervisión de
políticas y programas en materia de población y desarrollo, y c) Mejorar la
capacidad de las parejas y los individuos para ejercer su derecho básico a
decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el espaciamiento de
los nacimientos, y disponer de la información, la educación y los medios
necesarios para ello.
Los países deberían tratar de sensibilizar a la población respecto de cuestiones prioritarias mediante campañas de educación del público. A esos efectos, los medios de difusión deberían desempeñar una importante función. Es especialmente importante que las estrategias de información, educación y comunicación guarden relación con las políticas y estrategias nacionales de población y desarrollo y con toda una serie de servicios de salud reproductiva, incluidas la planificación de la familia y la salud sexual, y que los complementen, a fin de aumentar el uso de esos servicios y de mejorar la calidad del asesoramiento y de la atención. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado deberían utilizar más y de forma más eficaz los programas de entretenimiento de los medios de difusión, como la radio y la televisión, el teatro popular y otros medios tradicionales.
Capítulo XII, Tecnología, investigación y desarrollo En este capítulo se destaca la importancia de los datos válidos, fiables, oportunos, pertinentes desde el punto de vista cultural y comparables en el plano internacional, como la base para desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas y programas. También se subraya que la investigación, y en especial la investigación biomédica, ha contribuido de forma decisiva a que un número de cada vez mayor de personas tenga acceso a una gama más amplia de métodos modernos, seguros y eficaces de regulación de la fecundidad. En el capítulo también se destaca la necesidad de realizar investigaciones económicas y sociales para que en los programas se tengan en cuenta los puntos de vista de los beneficiarios a quienes van destinados, especialmente las mujeres, los jóvenes y otros grupos en situación de desventaja.
A. Reunión, análisis y difusión de datos básicos
Los gobiernos deberían
consolidar su capacidad nacional para realizar programas sostenidos y amplios
de reunión, análisis, difusión y utilización de datos sobre población y
desarrollo. Debería prestarse especial atención a la vigilancia de las
tendencias demográficas y la preparación de proyecciones demográficas. Los
gobiernos también deberían supervisar el progreso alcanzado en el logro de las
metas y los objetivos planteados en el Programa de Acción. Los datos reunidos
deberían desglosarse por sexos, de manera que se tuviera una visión más exacta
de la contribución actual y potencial de la mujer al desarrollo económico.
B. Investigaciones sobre la salud reproductiva
Se exhorta a los gobiernos a
que, con la ayuda de la comunidad internacional y otras entidades, como las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, aumenten el apoyo a la
investigación, básica y aplicada, biomédica, tecnológica, clínica,
epidemiológica y social para reforzar los servicios de salud reproductiva. El
objetivo es mejorar los métodos actuales y desarrollar nuevos métodos de
regulación de la fecundidad que respondan a las necesidades de los usuarios y
sean aceptables, fáciles de utilizar, seguros, exentos de efectos secundarios,
eficaces y asequibles. El ensayo y la introducción de todas las tecnologías
nuevas debería ser objeto de una supervisión constante para evitar los
posibles abusos. Debería darse gran prioridad al desarrollo de nuevos métodos
de regulación de la fecundidad para varones, así como a las investigaciones
sobre las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, y a las
investigaciones sobre la infertilidad. En el documento se exhorta a promover
las investigaciones sobre los factores determinantes del aborto provocado,
sobre el tratamiento de las complicaciones de los abortos y el cuidado después
de los abortos y sobre las consecuencias del aborto provocado, incluidos sus
efectos sobre la fecundidad ulterior, la salud reproductiva y mental y las
prácticas anticonceptivas.
C. Investigaciones económicas y sociales
Se exhorta a los gobiernos, los
organismos de financiación y las organizaciones de investigación a que
alienten y promuevan investigaciones socioculturales y económicas sobre las
políticas y programas de población y desarrollo pertinentes. Tanto a nivel
nacional como internacional deberían realizarse investigaciones orientadas a
la formulación de políticas sobre las zonas especialmente amenazadas por los
problemas demográficos, la pobreza, el consumo excesivo y la degradación
ambiental, prestando especial atención a las interacciones de esos factores.
En el documento se insta a los gobiernos, las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas y a otras entidades a
que den prioridad a las investigaciones sobre los vínculos entre el papel y la
condición jurídica y social de la mujer y los procesos demográficos y de
desarrollo. Las mujeres deberían participar en todas las etapas de las
investigaciones sobre la igualdad entre los sexos, y debería procurarse
contratar y formar a más investigadoras.
Capítulo XIII, Actividades nacionales
A. Políticas y planes de acción nacionales
En los casos en que los
dirigentes están firmemente empeñados en lograr el crecimiento económico, el
desarrollo de los recursos humanos, la igualdad y la equidad entre los sexos y
la satisfacción de las necesidades de salud de la población, en particular la
salud sexual y reproductiva, los países han podido movilizar un apoyo
sostenido a todos los niveles para lograr el éxito de los programas y
proyectos de población y desarrollo. La población y el desarrollo están
intrínsecamente interrelacionados y el progreso de cualquiera de los
componentes puede catalizar la mejora de otros. Se reconoce la necesidad de
lograr la participación de las personas que se procura beneficiar en la
elaboración y ejecución subsiguiente de políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la población. Se reconoce el carácter de asociados
de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en las políticas
y programas nacionales. Los miembros de los órganos legislativos nacionales
pueden tener un importante papel que desempeñar, especialmente en la
promulgación de leyes internas apropiadas para poner en práctica el Programa
de Acción, asignando recursos financieros suficientes, asegurando la rendición
de cuentas en relación con los gastos y sensibilizando al público con las
cuestiones de población. Los principales objetivos son: fomentar la
participación activa de los representantes elegidos del pueblo, en particular
los miembros del parlamento y los particulares y grupos interesados,
especialmente a nivel de la base, y aumentar la capacidad y la confianza en el
esfuerzo propio para realizar actividades nacionales concertadas.
B. Gestión de los programas y desarrollo de los recursos humanos
C. Movilización y asignación de recursos
En el
documento se alienta a los gobiernos a elevar el nivel de conocimientos y de
responsabilidad del personal directivo y otros participantes en la ejecución,
supervisión y evaluación de los programas, planes, políticas y estrategias
nacionales de población y desarrollo. Se estima que la tendencia a la
descentralización de la autoridad en los programas nacionales de población y
desarrollo requiere nuevos conocimientos técnicos, mejores sistemas de
información y comunicación, y estrategias para aumentar y retener al personal
calificado, especialmente las mujeres. Se exhorta a los gobiernos a que
presten especial atención a la aplicación de sistemas de información sobre la
gestión de las cuestiones de población y desarrollo, centrados en el cliente,
especialmente en relación con los programas de salud reproductiva, que
abarquen las actividades gubernamentales y no gubernamentales y contengan
datos actualizados sobre clientes, gastos, infraestructura, accesibilidad,
rendimiento y calidad de los servicios.
En el documento se incluyen
estimaciones de los niveles de financiación necesarios para atender las
necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en
transición durante el período comprendido entre el año 2000 y el año 2015 en
relación con los servicios básicos de salud reproductiva, incluida la
planificación familiar; la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual, incluido el VIH/SIDA, y la reunión, el análisis y la difusión de
datos, la elaboración de políticas y la investigación en materia de población.
Sobre la base de la experiencia acumulada, los expertos han calculado que la
ejecución de programas en esas esferas costará 17.000 millones de dólares en
el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de
dólares en el año 2010 y 21.000 millones de dólares en el año 2015. Se
calcula provisionalmente que hasta dos terceras partes de los costos seguirán
siendo sufragadas por los propios países y alrededor de una tercera parte se
sufragará con cargo a fuentes externas, con una considerable variación entre
las distintas regiones y dentro de cada una de ellas. Se insta a los
gobiernos a que destinen una mayor proporción de los gastos del sector público
a los sectores sociales, concentrándose en particular en la erradicación de la
pobreza en el marco del desarrollo sostenible, para alcanzar los objetivos de
intensificación del desarrollo social y cumplir los compromisos
intergubernamentales contraídos previamente.
Volver al inicio
Capítulo XIV, Cooperación internacional
En este capítulo se recomienda que se adopten medidas para definir claramente las responsabilidades recíprocas de los asociados en el desarrollo y aumentar los compromisos en materia de asistencia financiera internacional en la esfera de la población y el desarrollo, y la estabilidad de dicha asistencia. Se procura asegurar que la cooperación internacional en la esfera de la población y el desarrollo esté en consonancia con las prioridades nacionales en esa esfera. La creación de capacidad nacional y la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos se consideran los objetivos básicos de la cooperación internacional a nivel de los programas.
La comunidad internacional debería esforzarse por cumplir el objetivo acordado de destinar el 0,7 por ciento del producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo global y por aumentar la proporción de fondos destinados a programas de población y desarrollo en correspondencia con el alcance y la amplitud de las actividades necesarias para lograr los objetivos y las metas del Programa de Acción. La comunidad internacional de donantes se halla, pues, ante la urgente necesidad de plasmar su compromiso de alcanzar los objetivos y las metas cuantitativas del Programa de Acción en contribuciones financieras que guarden relación con los programas de población en los países en desarrollo y los países con economías de transición. Dada la magnitud de las necesidades financieras de los programas nacionales de población y desarrollo y en el supuesto de que los países receptores puedan generar un aumento suficiente de los recursos de origen interno, las necesidades de recursos adicionales procedentes de los países donantes ascenderían (en dólares de los Estados Unidos de 1993) a sumas del orden de los 5.700 millones en el año 2000, 6.100 millones en el año 2005, 6.800 millones en el año 2010 y 7.200 millones en el año 2015. En esas cifras se tienen en cuenta las necesidades de los países con economías de transición, que deben recibir asistencia temporal para sus actividades en materia de población y desarrollo, habida cuenta de los difíciles problemas económicos y sociales a que hacen frente actualmente. La comunidad internacional debería instar a los organismos donantes a que facilitaran las medidas directas de colaboración Sur-Sur y a que diera mayor prioridad al apoyo de esas medidas. Los países receptores deberían garantizar que la asistencia internacional para actividades de población y desarrollo se utilizara efectivamente para alcanzar los objetivos nacionales en materia de población y desarrollo a fin de ayudar a los donantes a renovar su compromiso de proporcionar nuevos recursos para los programas.
Capítulo XV, Colaboración con el sector no gubernamental
El objetivo primario de este capítulo es fomentar una colaboración efectiva entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios locales y el sector privado en los debates y decisiones sobre la concepción, ejecución, coordinación, supervisión y evaluación de programas relativos a la población, el desarrollo y el medio ambiente. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales deberían incorporar a las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios locales en su proceso de adopción de decisiones y facilitar la contribución que las organizaciones no gubernamentales pueden hacer para hallar soluciones comunes a los problemas en la esfera de la población y el desarrollo y, en particular, asegurar la aplicación del Programa de Acción.
Los gobiernos deberían procurar que las organizaciones de mujeres desempeñaran funciones esenciales y tuvieran la participación que les corresponde en la concepción y la aplicación de los programas de población y desarrollo. La participación de las mujeres en todos los niveles, especialmente en la gestión, es crucial para alcanzar los objetivos fijados y aplicar el Programa de Acción. Los gobiernos y los países donantes deberían procurar que las organizaciones no gubernamentales y sus redes mantuvieran su autonomía y potenciaran su capacidad mediante la celebración periódica de diálogos y consultas, y la realización de actividades apropiadas de capacitación y extensión, y , en consecuencia, desempeñaran un papel más importante como asociados.
El sector privado, que tiene fines de lucro, se examina en la sección B. Este sector desempeña un papel en el desarrollo social y económico, incluida la producción y el suministro de artículos y servicios de atención de la salud, incluida la educación y la información apropiadas en relación con programas de población y desarrollo. El objetivo es fortalecer la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado para hallar nuevas esferas de cooperación y promover el papel del sector privado en la prestación de servicios y en la producción y el suministro de artículos y anticonceptivos de alta calidad para la planificación de la familia y la salud reproductiva. El sector orientado hacia la obtención de utilidades debería estudiar la mejor manera posible de ayudar a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro a desempeñar un papel más amplio en la sociedad fomentando o estableciendo mecanismos adecuados para canalizar el apoyo financiero y de otra índole a las organizaciones no gubernamentales y sus asociaciones.
Capítulo XVI, Actividades complementarias de la Conferencia
A. Actividades a nivel nacional
La buena disposición de los gobiernos, las
comunidades locales, el sector no gubernamental, la comunidad internacional y
otras organizaciones y personas interesadas para integrar las cuestiones
relativas a la población en todos los aspectos de la actividad económica y
social contribuirá en alto grado al logro de una mejor calidad de la vida para
todas las personas y para las generaciones futuras.
Los extensos y variados procesos preparatorios a nivel internacional, regional, subregional, nacional y local han aportado una importante contribución a la formulación del Programa de Acción. En muchos países se ha registrado un considerable desarrollo institucional que permitirá dirigir el proceso preparatorio nacional; se ha fomentado una mayor toma de conciencia respecto de las cuestiones demográficas mediante campañas de información pública y de educación, y se han preparado informes nacionales para la Conferencia.
Las funciones relacionadas con las actividades complementarias de la Conferencia comprenden la formulación de orientaciones normativas, incluido el logro de apoyo político a las esferas de la población y el desarrollo; la movilización de recursos; la coordinación y la responsabilidad mutua en lo concerniente a las actividades orientadas a la ejecución del Programa de Acción; la solución de problemas y el intercambio de experiencias dentro de los países y entre éstos, y las actividades de seguimiento y presentación de informes sobre los progresos logrados en la ejecución del Programa de Acción.
La ejecución del Programa de Acción debe considerarse parte de las actividades complementarias integradas de las principales conferencias internacionales, incluidas la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Conferencia Mundial sobre Salud para Todos, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).
Se insta a los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales a que difundan ampliamente el Programa de Acción y recaben el apoyo del público a las metas, objetivos y actividades del Programa. Todos los países deberían considerar la posibilidad de asignar fondos adicionales para la ejecución del Programa de Acción, teniendo presentes las disposiciones de sus capítulos XIII y XIV, y también las dificultades económicas con que tropiezan los países en desarrollo.
Se insta a todos los países a que establezcan mecanismos nacionales apropiados de seguimiento, rendición de cuentas y supervisión, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones, los grupos comunitarios, los representantes de los medios de información y los círculos académicos, y también con el apoyo de los parlamentarios. La comunidad internacional debería prestar asistencia a los gobiernos en la organización de actividades complementarias a nivel nacional, entre ellas la creación de capacidad nacional para la formulación de proyectos y la gestión de programas, así como para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y evaluación.
Se insta a los gobiernos a que creen bases de datos nacionales o mejoren las ya existentes, a fin de proporcionar datos e información básicos que permitan medir o evaluar los progresos en la consecución de las metas y objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y la Desarrollo. Se insta a todos los países a evaluar los progresos logrados y a presentar periódicamente informes en que se expongan en forma resumida los éxitos alcanzados y los problemas y obstáculos con que se hubiera tropezado.
B. Actividades a nivel regional y subregional
La ejecución debe prestar
atención a las estrategias y necesidades específicas a nivel subregional y
regional. Las comisiones regionales, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que funcionan a nivel regional y otras organizaciones
subregionales y regionales pertinentes deberían desempeñar un activo cometido
en relación con la ejecución coordinada. Se insta a los gobiernos y las
organizaciones pertinentes a que refuercen los mecanismos existentes de
aplicación de recomendaciones. Deberían utilizarse los conocimientos técnicos
multidisciplinarios en la ejecución y las actividades complementarias del
Programa de Acción. Debería fortalecerse la cooperación en las esferas del
fomento de la capacidad, la distribución y el intercambio de información y
experiencias, conocimientos técnicos y prácticos, con la asistencia de la
comunidad internacional y en colaboración con las organizaciones no
gubernamentales. Se insta a los gobiernos a que refuercen las actividades de
capacitación e investigación en materia de población y desarrollo, y a que
difundan ampliamente los resultados de las investigaciones.
C. Actividades a nivel internacional
Si bien algunos de los recursos
necesarios para la ejecución podrían proceder de una reordenación de las
prioridades, los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, necesitarán recursos financieros nuevos y adicionales procedentes
de los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales y la
comunidad internacional, incluso en condiciones favorables o en forma de
donaciones, con arreglo a indicadores fidedignos y equitativos, proporcionados
por conductos bilaterales y multilaterales y recurriendo a organizaciones no
gubernamentales. Debería haber un enfoque coordinado y una más clara división
del trabajo en los aspectos de la cooperación para el desarrollo relacionados
con factores operacionales y de política de población, y una mejor
coordinación y planificación de la movilización de los recursos.
La Asamblea General debería organizar un examen periódico de la ejecución del Programa de Acción. El Consejo Económico y Social debería promover un enfoque integrado y proporcionar un mecanismo de coordinación y orientación a nivel de todo el sistema a fin de supervisar la ejecución, y examinar el sistema de presentación de informes en el sistema de las Naciones Unidas.
La Asamblea, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, y el Consejo Económico y Social, en 1995, deberían examinar las funciones, las responsabilidades, los mandatos y las ventajas comparativas de las organizaciones intergubernamentales pertinentes y de los órganos del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones de población y desarrollo con miras a: garantizar la aplicación, supervisión y evaluación eficaces y eficientes de las actividades basadas en el Programa de Acción; mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades de ejecución y supervisión, y asegurar el reconocimiento de las relaciones entre las actividades de orientación de políticas, investigación, elaboración de normas y ejecución.
En el contexto de la resolución 48/162 de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social debería examinar las funciones respectivas de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de población y desarrollo, incluidos el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la División de Población. De conformidad con su resolución 48/162, la Asamblea General debería considerar, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, la posibilidad de establecer una Junta Ejecutiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las consecuencias administrativas, presupuestarias y programáticas de esa propuesta.
Se insta al Secretario General de las Naciones Unidas a que promueva un intercambio de información entre los diversos órganos del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones e instituciones bilaterales de ayuda en relación con la asistencia internacional requerida para examinar periódicamente las necesidades de los países en materia de población y desarrollo, incluidas las necesidades temporales y urgentes, y maximizar la disponibilidad de recursos y su utilización más eficaz.
Los organismos especializados y organizaciones afines del sistema de las Naciones Unidas deberían fortalecer y ajustar sus actividades, programas y estrategias a plazo medio para tener en cuenta las actividades posteriores a la Conferencia; los órganos rectores deberían examinar sus políticas, programas, presupuestos y actividades a este respecto.
DPI/1618/POP--95-93126--March 1995--10M