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(*ingles, **multilingua) |
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Índice * |
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Los expertos en economía de todo el mundo convienen actualmente que la corrupción —desde el soborno y la extorsión hasta el nepotismo— puede tener efectos devastadores sobre las economías que pasan por una situación difícil. En un estudio del Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollaran y crecieran económicamente. Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversores. El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año. Según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción. Según la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s, hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo —la que más beneficia a un país— sea peligrosa e improbable. “En general se reconoce que la corrupción ahuyenta la inversión extranjera y la asistencia para el desarrollo”, afirma Pino Arlacchi, Director Ejecutivo de la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de las Naciones Unidas, con sede en Viena. “Desde luego que es más prudente invertir en los países donde hay más transparencia, bancos independientes y bien reglamentados y sistemas judiciales sólidos”. Mientras se ponen cada vez más de manifiesto los enormes costos resultantes de la corrupción, las Naciones Unidas han decidido redoblar los esfuerzos para combatirla. En el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebrará en abril de este año en Viena, habrá un seminario especial sobre el problema. En el seminario, que será coordinado por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, se analizará la corrupción en los llamados niveles de la calle, de los negocios y de las altas esferas. Venta de licencias y compra de leyes La corrupción a nivel “de la calle” infesta las oficinas públicas y los departamentos de policía, donde tal vez se efectúen pagos bajo cuerda para obtener licencias u otros permisos o se soborne a los funcionarios para que pasen por alto leyes inconvenientes. En una encuesta llevada a cabo en 1996 y 1997 sobre las víctimas del delito internacional, un promedio del 18% de los entrevistados de países en desarrollo, del 13% de los países en transición y del 1% del mundo industrializado declararon que en el año anterior habían hecho pagos para sobornar a diferentes funcionarios públicos. En los países en desarrollo y en transición, los bajos salarios y la poco prestigiosa condición social pueden inducir a los funcionarios a incurrir en prácticas corruptas, según un estudio realizado por el Banco Mundial en 1997. En un informe de 1999 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se observaba que los sueldos de los empleados públicos de varios países del Asia meridional habían bajado considerablemente en los últimos cincuenta años, lo cual podría contribuir a la gran corrupción existente en esa región. Pero la corrupción también puede surgir de una “actitud moral o cultural”, de acuerdo con Fred Schenkelaar, Asesor Especial del Programa del PNUD de Rendición de Cuentas y Transparencia, quien ha manifestado: “La corrupción de baja escala podría ser consecuencia de los bajos salarios en la región de Asia meridional, pero no se puede garantizar que desaparezca aumentando los sueldos de los funcionarios”. El soborno en los negocios Tal vez sea más difícil resistirse a los sobornos en los negocios, ya que las empresas mismas, nacionales o extranjeras, pueden ofrecer recompensas suculentas a cambio del otorgamiento de licencias y contratos, o incluso para evadir impuestos y aranceles. Algunas empresas, sobre todo las pequeñas, pueden sentir que deben pagar sobornos simplemente para sobrevivir. Alrededor del 97% del total de las condenas por prácticas corruptas en las sentencias dictadas por los tribunales federales de los Estados Unidos recae en pequeñas empresas de menos de 50 empleados, según las actas de una conferencia internacional celebrada en Milán (Italia) en 1999. En una encuesta realizada por el Banco Mundial, la gente de negocios de un país de Europa oriental atribuía la corrupción a los altos impuestos, agravados por las reglamentaciones ineficaces, las normas confusas, el otorgamiento de licencias según el arbitrio de los funcionarios y las intrusiones de un enjambre de burócratas sobre el terreno. Los funcionarios de menor jerarquía calculaban la deuda tributaria de una empresa —con frecuencia de modo caprichoso— y aplicaban elevadas multas por las violaciones. Con normas inciertas que los funcionarios aplicaban según su capricho, las empresas se sentían libres de regatear. La mayoría de ellas pagaban derechos de exportación e importación “no oficiales”, y casi siempre tenían que sobornar a los funcionarios para obtener líneas de teléfonos. Era frecuente hacer pagos bajo cuerda a los inspectores de sanidad, impuestos y de prevención de incendios, así como pagar comisiones no oficiales para tener acceso a arrendamientos o a crédito. Además de estos costos, las gerencias
de las empresas malgastaban por lo menos el 37% de su tiempo en
sus tratos con el gobierno. La corrupción reduce los ingresos impositivos y aduaneros de muchos países en transición y en desarrollo. Los impuestos se evaden mediante el contrabando y mediante transacciones no asentadas en los libros y una contabilidad fraudulenta. En un país de África se determinó que por derechos de aduanas e impuestos a la renta no percibidos se perdía entre el 8% y el 9% del producto interno bruto (PIB), cifra igual a seis o siete veces el gasto nacional en salud. Sólo la evasión del impuesto a la renta representaba el 70% de esa cantidad. En un estudio que llevó a cabo el Banco Mundial sobre este problema se señaló que sólo el 40% de las pequeñas y medianas empresas del país pagaban impuestos y que muchas personas no presentaban la declaración. Al no haber directrices claras ni aranceles aduaneros publicados, se dejaban de pagar sumas enormes por concepto de derechos de aduana. Los funcionarios podían actuar a su total discreción, lo cual alentaba el pago de sobornos y la evasión arancelaria. Sobornos para obtener ganancias ilegales La delincuencia organizada puede usar deliberadamente la corrupción para aumentar su participación en los mercados ilegales. Por ejemplo, los que trafican con el juego y con la droga en América del Norte y en América Latina han pagado a los funcionarios para que hagan redadas entre sus competidores o los mantengan alejados del país, según observa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). O bien las empresas corruptas pueden intimidar directamente a los posibles rivales pagando con frecuencia a la policía para que no intervenga. La delincuencia organizada puede usar prácticas corruptas para extorsionar a empresas legales. Por ejemplo, según la conferencia celebrada en Milán, durante tres años y medio una compañía de aviación asiática pagó alrededor de 215.000 dólares a una sociedad pantalla de delincuencia organizada para que le garantizara que las asambleas de accionistas se desarrollarían en paz. En una ciudad de América del Norte las empresas pudieron reducir en 330 millones de dólares sus gastos anuales de recolección de desperdicios, que ascendían a 1.500 millones, gracias a que lograron liberar al sector de recolección de residuos del dominio de la mafia. Las organizaciones de delincuentes que actúan mediante la corrupción pueden significar una particular amenaza para los países en transición, donde tienen a su disposición toda la riqueza del Estado, según el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Creando una situación de inseguridad y de violencia, estas organizaciones pueden ahuyentar a la competencia, especialmente a las empresas de occidente, y quedarse con el campo libre. En un esfuerzo por cerrar filas contra esta clase de corrupción, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada —que estará lista para su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2000— se tipificarán como delitos los actos de corrupción vinculados con los grupos de delincuencia organizada. Además, las naciones han decidido redactar otro tratado internacional contra la corrupción. La corrupción en las altas esferas Cuando la corrupción irrumpe en las altas esferas oficiales puede tener efectos devastadores y de gran alcance. Los funcionarios corruptos que ocupan altos cargos pueden hacer un mal uso de la ayuda internacional, abandonar proyectos de desarrollo esenciales o, debido a los gastos excesivos, mantener el nivel de vida por debajo de lo tolerable. Hasta 30.000 millones de dólares de ayuda destinada a África —cantidad igual al doble del producto interno bruto (PIB) combinado de Ghana, Kenya y Uganda— fue a parar a cuentas en bancos extranjeros, de acuerdo con Transparency International, organización de lucha contra la corrupción. Según estimaciones del Banco Mundial, un país de Asia perdió, debido a la corrupción, 48.000 millones de dólares en los últimos 20 años, cifra que supera la totalidad de su deuda externa de 40.600 millones de dólares. En muchos casos la corrupción de alto nivel recibe una ayuda considerable de socios occidentales. Los bancos internacionales han permitido que se abran cuentas extranjeras secretas donde se depositan fondos producto de malversaciones. Según algunas estimaciones, aproximadamente 30.000 millones de dólares de capitales que se han fugado de Nigeria están depositados en bancos europeos y norteamericanos. Las sociedades extranjeras ansiosas por vender sus mercancías han sobornado a ministros o han añadido a contratos o acuerdos de inversión “comisiones” para altos funcionarios. En algunas naciones occidentales el soborno de extranjeros con fines comerciales es legal e incluso constituye una deducción impositiva legítima. Las propias naciones industrializadas están plagadas de corrupción. En un escándalo muy comentado en Europa, varias sociedades pagaron sobornos para obtener contratos por un valor de 1.340 millones de dólares para la construcción de una nueva terminal en un importante aeropuerto internacional. Catorce personas de otro ministerio europeo fueron acusadas de corrupción en relación con el otorgamiento de contratos para la instalación de equipo informático, lo que había significado una pérdida de 787.000 dólares, según Transparency International. La lucha contra la corrupción Uno de los mejores métodos para frustrar la corrupción ha sido permitir el acceso del público a los registros contables. Otros métodos han sido establecer reglamentos de contrataciones, sistemas de frenos y contrapesos entre departamentos importantes y organismos de vigilancia o de auditoría. En algunos países se han utilizado comisiones independientes de lucha contra la corrupción para vigilar, verificar y examinar las transacciones públicas, lo que ha logrado reducir considerablemente las prácticas corruptas en Australia, Hong Kong, Polonia, Singapur y Uganda. La lucha contra la corrupción ha sido también impulsada por varios tratados internacionales que fueron aprobados por las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo de Europa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Por medio de estos acuerdos se ha buscado fundamentalmente reforzar y armonizar las normas comerciales, ambientales y fiscales para eliminar los resquicios legales que podrían hacer posible la corrupción. El año pasado se dio un paso adelante muy grande con la aprobación por los países de la OCDE de la Convención para la represión del cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. El tratado obliga a las naciones a tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y castigarlo con penas comparables a las impuestas a los funcionarios nacionales. Para mantener un control más estricto de los pagos por concepto de ayuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) convino recientemente en negar asistencia financiera a los países en donde la corrupción podría hacer fracasar los programas de recuperación económica. Varias otras organizaciones, como la OCDE, el Banco Mundial, Transparency International, el PNUD y el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito —la subdivisión de prevención del delito de la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito— están trabajando intensamente con los gobiernos a nivel de los países, para ayudar a reformar las instituciones y los sistemas públicos poco sólidos. El Centro para la Prevención Internacional del Delito ha prestado asistencia a varias naciones en cuestiones como la reforma de la legislación, la gestión de la administración pública, la capacitación de funcionarios públicos y de empleados de los tribunales de justicia penal y en la presentación de proyectos para recibir ayuda internacional. El año pasado redactó un código internacional de conducta para funcionarios públicos. En 1999, el Centro para la Prevención Internacional del Delito puso en marcha un programa mundial contra la corrupción, mediante el cual se está ayudando a los países a evaluar las medidas nacionales contra las prácticas corruptas y a capacitar a los encargados de la adopción de políticas, los jueces, los fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y a los responsables del mundo de las finanzas. Asimismo, está reuniendo información sobre medidas contra la corrupción en todo el mundo, la que se incorporará a una base de datos internacional que creará el Centro en colaboración con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) “Por medio del programa mundial se obtendrán
datos comparados acerca de la corrupción, para promover la
responsabilidad, la transparencia y el mantenimiento del Estado
de derecho. En particular, se investigará la vinculación
entre la corrupción y la delincuencia organizada”, declaró
Pino Arlacchi, Director Ejecutivo de la Oficina de Fiscalización
de Drogas y de Prevención del Delito. La Convención de la OCDE para la represión del cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 1999 obliga a las naciones a tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros. En la Convención Civil del Consejo de
Europa sobre Corrupción, de 1999 se definen los principios
y normas comunes de nivel internacional en materia de derecho civil
y corrupción. La Convención Penal del Consejo de Europa sobre Corrupción, de 1998, obliga a las naciones a tipificar como delito una variedad de actos corruptos y a impulsar la cooperación internacional para el enjuiciamiento de los delitos de corrupción. En el Convenio de la Unión Europea de 1997 relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, se tipifica como delito la corrupción activa y pasiva de los funcionarios. El Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General en 1996, contiene una cláusula que establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben evitar la corrupción y luchar contra ella vigorosamente. En la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionales, de 1996, se insta tanto al sector privado como al sector público a cumplir con las leyes y normas de las naciones donde realizan negocios y a tener en cuenta las consecuencias de sus actos sobre el desarrollo económico y social y el medio ambiente. En un Protocolo a la Convención sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, de 1996, se tipifica como delito la corrupción activa y pasiva de los funcionarios nacionales y de la Comunidad. En un segundo Protocolo, de 1997, se tipifica como delito el lavado de dinero producto de la corrupción y se hace responsables a las empresas y sociedades que hayan participado. En la Convención Interamericana contra
la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos
(OEA), de 1996, se procura luchar contra la corrupción a
fin de promover las instituciones democráticas y evitar que
se distorsione la economía, que se cometan faltas en la administración
pública y que se perjudique a la sociedad civil. Publicado por el Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas
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