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(*inglés, **multilingüe)
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Si bien los delincuentes tienen actualmente varios derechos muy bien establecidos, un número cada vez mayor de estudios ha revelado que existe insatisfacción generalizada entre las víctimas. Más del 50% de las víctimas de todo el mundo están descontentas con la forma en que las trata la policía, y muchas otras quedan gravemente traumatizadas por los sistemas de justicia penal, según el estudio internacional de las víctimas de delitos, que se ha llevado a cabo en más de 60 países en los últimos 10 años. “Si los sistemas de justicia penal del mundo fuesen empresas privadas, todos ellos terminarían cerrando, porque la mitad de sus principales clientes —es•decir, las víctimas de delitos— están insatisfechos con sus servicios”, dijo Jan Van Dijk, oficial principal del Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y uno de los principales iniciadores del estudio internacional de las víctimas de delitos. La queja más común de las víctimas entrevistadas para el estudio era que la policía “no hacía lo suficiente” o que “no recuperaba los bienes”. Alrededor del 20% de las víctimas dijeron que la policía no las mantenía informadas de la marcha del proceso. A nivel mundial, una de cada cinco mujeres víctimas de violencia en el hogar o de violación, y una de cada tres en América Latina, dijo que la policía era “poco correcta” o “descortés”. El Sr. Van Dijk observó que en algunos países de América Latina y Asia la actitud de la policía hacia las mujeres no estaba “a la altura de lo esperado”. “En el Brasil, los políticos locales han abierto estaciones de policía a cargo de mujeres exclusivamente para resolver esta situación”, agregó. Según la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, la policía de algunos países de Asia rechaza sistemáticamente las denuncias de violencia sexual y hostiga a las víctimas. En una nación asiática, varios agentes del orden, entre ellos un jefe de policía, insistieron en que en la mayoría de los casos de presunta violación, la mujer había consentido en el acto sexual y luego mentía para incriminar a su compañero. En los países industrializados, las víctimas estaban menos insatisfechas con la policía que en los países en desarrollo, pero incluso allí el porcentaje de víctimas insatisfechas ascendía al 25%, según determinó el estudio internacional. Las víctimas de delitos de contacto, como la violencia en el hogar y la violación, eran las más insatisfechas, pues alrededor del 33% de las entrevistadas dijo que la policía “no había hecho lo suficiente” y el 24% dijo que la policía “no estaba interesada”. Las víctimas desean participación Muchas víctimas de delitos se quejan de que no se les permite participar en las decisiones esenciales adoptadas por el tribunal, entre ellas, las relativas a la imposición de la pena y a la libertad condicional. En algunos casos, las víctimas habrían tratado a los perpetradores en forma diferente que los tribunales. Por ejemplo, los estudios realizados han determinado que las•víctimas prefieren las órdenes de prestación de servicios comunitarios—es decir, trabajo comunitario no remunerado—a la pena de prisión para los que reinciden en el delito de robo. Con frecuencia se niega a las víctimas el derecho a poner en conocimiento del tribunal, en una así llamada declaración de las consecuencias para la víctima, cualquier daño físico o emocional que les haya causado el perpetrador. De conformidad con la National Organization for Victims’ Assistance (NOVA) de los Estados Unidos, se pueden impedir sistemáticamente esas declaraciones —que podrían influir también en las decisiones de los tribunales— aun cuando están garantizadas por la ley. NOVA dio a conocer la experiencia de una mujer y su familia que resultaron heridas en un accidente provocado por un conductor ebrio. Después de que el demandado fue acusado de delito grave, la mujer dijo al fiscal que deseaba formular una declaración en audiencia pública sobre las consecuencias para las víctimas, que era un derecho que le asistía por ley. El juez rechazó la petición, alegando que tenía un “calendario de casos muy recargado”. Otra víctima se quejó de que sin esa declaración, sus derechos no serían iguales a los del perpetrador. “Cuando mi hijo de 16 años de edad murió en un accidente provocado por un conductor ebrio, no se me permitió formular una declaración sobre las consecuencias para la víctima, ni comunicar al juez la forma en que la muerte de mi hijo había afectado a nuestra familia. Sin embargo, el acusado trajo consigo una procesión de testigos para que declararan a su favor”, dijo a NOVA. Los perpetradores cuentan con el respaldo de las constituciones Los derechos de los perpetradores, que van desde el derecho a asistencia letrada y a un juicio público, hasta el derecho a apelar, están garantizados por las constituciones de los distintos países y además están incorporados en el derecho internacional. En cambio, los derechos de las víctimas están citados sólo en un instrumento internacional —la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, que fue aprobada por la Asamblea General en 1985. En la Declaración, las naciones convinieron en elaborar planes de acción para ayudar a las víctimas a obtener mejor acceso a los procedimientos judiciales, un trato justo, resarcimiento de los daños y asistencia general en los procedimientos judiciales. El documento dio origen a la promulgación de nuevas leyes en varios países, así como a algunos proyectos locales que tenían por objeto mejorar los derechos de las víctimas. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha financiado proyectos destinados a ayudar a las mujeres víctimas de violencia en el hogar y violencia sexual en América Latina. Por ejemplo, actualmente presta apoyo a una organización no gubernamental de Venezuela llamada AVESA, que informa a las víctimas sobre sus derechos y además enseña a la policía en qué forma debe comportarse con las víctimas cuando éstas son mujeres. “Esta organización no sólo ha sido la primera en crear conciencia sobre la violencia en el hogar y la violencia sexual y en educar a las víctimas acerca de sus derechos, sino que además ha enseñado a la policía que tiene la obligación de suministrar justicia para las mujeres”, dijo la Asesora de Derechos Humanos del UNIFEM, Roxanna Carrillo. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, por lo general los avances en materia de derechos de las víctimas han sido lentos. La policía y los fiscales de muchos países siguen tratando a las víctimas con falta de respeto, las mantienen a oscuras sobre la marcha del proceso y toman decisiones de importancia fundamental sin ellas. A diferencia de los perpetradores, rara vez se ofrece a las víctimas de delitos asistencia letrada gratuita. En un intento por volver a centrar la atención en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las víctimas, los delegados que asistan al Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebrará en Viena en abril de 2000, examinarán los progresos alcanzados en materia de planes de acción nacionales para mejorar los derechos de las víctimas. El Congreso centrará especialmente la atención en la mejor protección de las víctimas en los casos de delincuencia organizada. Los derechos pueden estar en conflicto Uno de los principales problemas de los derechos de las víctimas es que pueden estar reñidos con los derechos de los perpetradores. En la Declaración de las Naciones Unidas y en las enmiendas de las constituciones nacionales se estipula que los derechos de las víctimas no deben obstaculizar el derecho de los perpetradores a un juicio equitativo. “El conflicto más importante (entre los
derechos de los perpetradores y de las víctimas) es que las
víctimas quedan expuestas a repetidos contrainterrogatorios
en público sobre cuestiones delicadas, para satisfacer el
derecho del perpetrador a un juicio justo”, dijo el Sr. Van Dijk.
Las declaraciones sobre las consecuencias para las víctimas son también tremendamente controversiales. Actualmente los expertos jurídicos discrepan acerca de si se debe permitir que las víctimas o sus familias influyan en el tribunal al hablar francamente al juez o al jurado acerca de los daños físicos o emocionales sufridos. Del mismo modo, tampoco hay consenso acerca de si las víctimas deberían tener voz y voto con respecto a la detención preventiva, los pactos entre el ministerio fiscal y la defensa, la imposición de las penas, o la libertad condicional del perpetrador. En algunos casos, la víctima podría estar excesivamente motivada por el miedo a las represalias o por el simple deseo de venganza, dicen las autoridades. En los Estados Unidos, las víctimas han realizado campañas a favor de la introducción de una enmienda a la constitución federal, que les permitiría asistir a todas las etapas esenciales de los procesos penales y hacerse oír en ellas. Sostienen que esto no comprometería los derechos de los perpetradores, sino que daría igual importancia a los derechos de las víctimas. Algunas naciones han puesto a prueba nuevos métodos que tienen por objeto satisfacer tanto a los perpetradores como a las víctimas. En Nueva Zelandia, un sistema de “justicia restitutiva” intenta satisfacer a las víctimas, a los perpetradores y a sus familias, reuniéndolos en forma extraoficial para discutir el delito. La justicia restitutiva tiene por objeto que los perpetradores indemnicen a las víctimas por los daños, y que la familia del perpetrador comparta la responsabilidad. El método ha dado resultado en los casos de delincuencia juvenil, pero no se sabe con certeza si daría resultado en los casos de delitos más graves, como homicidio o violación. Nuevos delitos, nuevas víctimas Más recientemente, toda la cuestión de los derechos se ha vuelto más compleja debido al fuerte aumento de los delitos menos tradicionales, lo que ha traído consigo nuevos tipos de víctimas. Delitos como la estafa en gran escala de los consumidores, la exageración de los precios, la contaminación del medio ambiente y la corrupción flagrante victimizan a grandes grupos de personas, más bien que a individuos. El tráfico de drogas ilícitas,
muchas formas de extorsión sistematizada y el fraude contra
el Estado, han sido llamados “delitos sin víctimas”. Las mujeres víctimas de tráfico
o los migrantes víctimas de redes de contrabandistas pueden
sentirse especialmente amenazados, ya que se los podría tratar
como prostitutas o inmigrantes ilegales y se les podría denegar
protección u otros servicios que corresponden a las víctimas.
Debido a su situación ilegal, las víctimas tal vez
no se atrevan a denunciar a las autoridades los delitos cometidos
contra ellas. Sin embargo, la promesa de inmunidad tal vez no sea suficiente para las víctimas o los testigos de la delincuencia organizada, que temen ser objeto de represalias si prestan testimonio. Algunas naciones han establecido programas de protección de testigos, que pueden ofrecer el cambio de identidad después del juicio, pero tales programas son costosos. Se necesita con urgencia ensayar métodos menos caros, tales como el testimonio anónimo. Las víctimas de la delincuencia organizada deberían beneficiarse con el proyecto de convención contra la delincuencia organizada transnacional y sus tres protocolos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, migrantes y personas, especialmente mujeres y niños, que será presentado para su aprobación a la Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio, que se celebrará en 2000. El tratado incluye medidas de protección de los testigos y las víctimas (véase el folleto informativo No. 1). Derechos de los perpetradores Los sistemas de justicia penal son diferentes en todo el mundo,
pero muchos establecen los siguientes derechos para los perpetradores:
Derechos de las víctimas En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder de 1985, la comunidad internacional convino en
los siguientes derechos de las víctimas: Para mayor información, diríjase a: Sr. Bill Hass Publicado por el Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas |
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