Una respuesta legítima de la Asamblea General a la crisis del agua

El sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General se está celebrando en tiempos muy preocupantes. Las crisis energética, alimentaria y financiera sin precedentes agravan problemas estructurales existentes, como los conflictos armados, la pobreza, la falta de salud y educación, la injusticia comercial y el deterioro del medio ambiente. Nos hallamos en una situación muy peligrosa originada y agravada por la codicia y el egoísmo humanos y la falta de gobernanza democrática.

Entre las prioridades determinadas por el Presidente se cuenta la necesidad de cumplir y alcanzar los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas "El agua, fuente de vida" (2005-2015), aprobados en la resolución 58/217 en febrero de 2004. En el preámbulo de la resolución se reconoce que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible, en particular para la integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre, y que es indispensable para la salud y el bienestar humanos. Hoy, las cuestiones relativas al agua figuran en el programa de una profusión de organizaciones intergubernamentales, grupos híbridos de interesados de los sectores público y privado, empresas transnacionales y organizaciones no gubernamentales de una compleja red.

A medida que nos aproximamos a la primera mitad del Decenio "El agua, fuente de vida", se agrava la crisis hídrica mundial. Existe una necesidad urgente de tratar de hallar soluciones de desarrollo sostenible y de examinar al más alto nivel político cuestiones como la gobernanza del agua y el acceso a ella, la escasez de agua, el papel del agua en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la calidad del agua y su conservación, la infraestructura sanitaria, la privatización, el papel de la agricultura, las cuestiones relativas al agua de carácter transfronterizo (incluso en el marco del programa de la Comisión de Derecho Internacional y de la Sexta Comisión) y los conflictos, la ciencia y la tecnología, las evaluaciones hídricas informadas y legítimas, el cambio climático y la adaptación a éste, los desastres naturales y las cuestiones de género, equidad y derechos humanos relacionadas con el agua. La crisis internacional descrita anteriormente afectará desproporcionadamente a los pobres y el sector del agua es fundamental para su supervivencia.

La Asamblea General es el órgano político mundial más legítimo. Su representatividad única y su carácter democrático hacen de ella el lugar natural para debatir, afirmar principios y dar soluciones a la crisis mundial del agua. La Asamblea General podría hacer posible el diálogo entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en pro de soluciones humanas y globales en materia de recursos hídricos, justicia y democracia hídricas mundiales, estableciendo una nueva estructura internacional de adopción de decisiones y gobernanza respecto de las cuestiones relativas al agua. Brindará también una oportunidad de enviar una señal clara a los organismos internacionales de desarrollo para que concentren sus actividades en servicios hídricos que satisfagan las necesidades humanas, en particular las de los sectores más necesitados, y que las reorienten hacia dichos servicios. Al mismo tiempo, la singular cuestión multidimensional del agua representaría una posibilidad significativa de restablecer las competencias de la Asamblea, una de las otras prioridades de este período de sesiones.

El agua y la pobreza son símbolos patentes de desigualdad en el mundo y la Asamblea General ha de desempeñar una función central en la lucha contra esta injusticia. La Asamblea General ha de ser el factor democrático y unificador que convierta el pesimismo actual en optimismo alcanzando compromisos políticos que puedan trazar un camino de trabajo en pro de la equidad y la justicia y estableciendo innovaciones sociales, científicas y tecnológicas. El Presidente, en consulta con los Estados Miembros y los organismos competentes de las Naciones Unidas, informará sobre las futuras medidas concretas para empezar a promover la consecución de estos objetivos.