Perú necesita un nuevo enfoque para la conflictividad social con empresas

Derechos Humanos, Naciones Unidas

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19 de julio, 2017 — El gobierno de Perú y las grandes empresas deben romper con las formas del pasado para abordar la conflictividad social y mejorar el historial de las garantías fundamentales en el país, concluyó un equipo de expertos de la ONU en derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos señaló que en Perú se registran más de cien disputas activas cada mes, la mayoría relacionadas con operaciones comerciales a gran escala en los sectores de minería, hidrocarburos y energía.

En un comunicado difundido al término de una visita oficial de diez días, los expertos recordaron que en los últimos cinco años, los conflictos sociales han causado 70 muertes.

Agregaron que esas situaciones, por lo general, surgen de preocupaciones por la contaminación del ambiente y del agua, entre otras cuestiones que afectan los derechos humanos, causadas por grandes operaciones mineras, derrames de petróleo en el Amazonas, o deforestación para plantaciones de aceite de palma y cacao.

Subrayaron que cuando la gente expresa su preocupación, a menudo se enfrenta a intimidación y criminalización.

En este contexto, pidieron un nuevo mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los ambientalistas y los dirigentes indígenas.

También destacaron la importancia de una consulta significativa e informada en las primeras etapas de las operaciones comerciales a gran escala, y dijeron que deberían fortalecerse los métodos existentes para evaluar el impacto social y ambiental.

Por otra parte, mencionaron con beneplácito el compromiso del gobierno peruano con la agenda de empresas y derechos humanos y el anuncio del desarrollo de un Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos.

“Instamos al gobierno a que desarrolle este plan a través de un proceso inclusivo, multipartito y transparente”, apuntaron.

El Grupo de Trabajo presentará un informe completo de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2018.

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