Cuba se suma a un pacto internacional de la FAO para combatir la pesca ilegal

La pesca ilegal supone un coste anual de unos 10.000 a 23.000 millones de dólares para la industria pesquera. Foto: ACNUR/S.Alam

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25 de marzo, 2016 — Cuba ha contribuido a impulsar los esfuerzos globales para combatir la pesca ilegal sumándose a un pacto internacional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que ahora sólo requiere un miembro más para entrar en vigor.

La embajadora de Cuba ante la FAO, Alba Soto Pimentel, presentó oficialmente hoy ante el director general de la FAO, José Graziano da Silva, el instrumento de adhesión del país al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para eliminar la pesca ilegal y no declarada.

La embajadora destacó la importancia de esta iniciativa para Cuba.

“El depósito de este instrumento de adhesión por Cuba es una muestra más del apoyo que Cuba ofrece a todo el trabajo que desarrolla la FAO. Particularmente Cuba desea mostrar y ratificar su apego a las medidas que apoyan la biodiversidad y la pesca sostenible”, dijo Soto Pimentel.

Por su parte, el director general de la FAO aseguró que espera que muchos países de la región del Caribe sigan el ejemplo de Cuba.

El acuerdo, que creará obligaciones vinculantes, entrará en vigor cuando 25 países o bloques económicos regionales depositen su instrumento de adhesión. Con Cuba, ya son 24 los que se han sumado y sólo faltaría uno. Graziano da Silva confía en que el mínimo sea alcanzado para julio de este año.

La pesca ilegal, que incluye la actividad sin autorización, la captura de especies protegidas o la violación de los límites de las cuotas, representa hasta unas 26 millones de toneladas al año, o más del 15 por ciento de la producción total de la industria pesquera en todo el mundo.

Se estima que la pesca ilegal tiene un coste de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares para la industria de los alimentos del mar e impacta de manera negativa en las comunidades pobres de pescadores.

Pero además de los daños económicos, estas prácticas también suponen una amenaza para la biodiversidad y la seguridad alimentaria en muchos países.

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