La Asamblea General dispuesta a aprobar un marco regulador para procesos sobre deuda

Asamblea Generalde la ONU Foto archivo: ONU/Ryan Brown

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09 de septiembre, 2014 — La Asamblea General de la ONU adoptó hoy una resolución en la que pugna por el establecimiento de un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública de los países. Promovido por Bolivia en su calidad de presidente del G77 más China, el texto obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.

La votación del documento ocurrió mientras Argentina libra una batalla con varios fondos especulativos o “buitres” que se negaron a aceptar el acuerdo de reestructuración negociado entre el país y más del 90% de sus acreedores.

La resolución pide intensificar los esfuerzos por prevenir las crisis de deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis, en cooperación con el sector privado con miras a hallar soluciones aceptables para todos.

Asimismo, anticipa que durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General negociará y aprobará antes de que termine 2014 el marco regulador para los procesos de reestructuración de deuda soberana.

El texto explica que el propósito de ese marco jurídico será aumentar la eficiencia, estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento y desarrollo económico sostenido, inclusivo y equitativo de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales.

A la votación acudió el ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timmerman, quien opinó que esa normativa permitirá que los países salgan de las crisis de manera sustentable y respetando a la mayoría de sus acreedores.

Entre los Estados que votaron en contra estuvo Estados Unidos, que argumentó que la resolución suscitaría incertidumbre en el mercado.

El representante de Bolivia ante la ONU, el embajador Sacha Llorenti, cuyo país ostenta la presidencia del Grupo 77 más China, consideró “histórica” la adopción por la Asamblea de esta resolución, que abre un proceso para establecer un mecanismo jurídico multilateral que permita reestructurar las deudas soberanas.

En conferencia de prensa, manifestó que el texto coloca por primera vez este tema en la instancia más democrática y legítima del sistema multilateral: la Asamblea General de la ONU donde, subrayó, todos los países tienen un voto sin tener en cuenta el tamaño de sus economías o su poderío militar.

“Se nos ha dicho que se apresuran las cosas y que esta decisión es prematura. Creemos que esta resolución viene en algunos casos demasiado tarde y que la comunidad internacional no había estado hasta este momento a la altura de las responsabilidades para tratar un tema que no es solamente financiero”, afirmó.

El diplomático boliviano destacó que este tema también tiene que ver con el crecimiento económico de los países, con el desarrollo y con el respeto de los derechos humanos de los pueblos.

Argentina acogió con beneplácito la adopción de esta resolución. El canciller argentino, Hector Timmerman, que presenció la votación del texto en la máxima instancia de Naciones Unidas, subrayó en conferencia de prensa que no debe repetirse la situación que atraviesa su país, por la existencia de distintos marcos legales para la restructuración de deuda.

“La Argentina está orgullosa de que 124 países, el 70 % de los presentes en el debate haya expresado tan claramente que teníamos razón en venir a las Naciones Unidas. Lo que se ha logrado hoy, debe ser continuado con el impulso y el trabajo de todos los países miembros”, afirmó.

Explicó que Argentina se va a reunir con aquellos Estados que no acompañaron la resolución para escucharlos y para que contribuyan con sus opiniones a redactar el mejor marco legal regulatorio.

Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia e Israel votaron en contra, entre otros países, en tanto que México, Francia, Italia y España se incluyeron en el grupo de los que se abstuvieron.

El canciller argentino consideró que el nuevo mecanismo pondrá límites a los fondos especulativos, también conocidos como "fondos buitres", que se aprovechan de la ausencia de reglas internacionales para bloquear la restructuración acordada de deudas.




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