República Democrática del Congo: ONU denuncia violencia sexual en Goma

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08 de mayo, 2013 — Un informe de la ONU reveló hoy que en la ciudad congolesa de Goma se cometieron abusos graves de los derechos humanos, incluida la violencia sexual, durante los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y el grupo rebelde M23.

El documento, elaborado por la Oficina Conjunta de la ONU de Derechos Humanos (UNJHRO), detalló que los atropellos tuvieron lugar en noviembre de 2012 en la capital del estado de Kivu del Norte.

El informe recoge denuncias de víctimas y testigos que dan cuenta de violaciones masivas, asesinatos y ejecuciones arbitrarias, además de saqueos generalizados en la ciudad.

Según los testimonios, los abusos sistemáticos fueron cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, cuando se retiraban de Goma para reagruparse en la localidad de Minova, en el estado vecino de Kivu del Sur.

La investigación de la ONU documenta 135 casos de violencia sexual y entre las víctimas se encuentran 33 menores de entre seis y 17 años. Los hallazgos indicaron que durante el periodo de ocupación de Goma por el M23, los integrantes de ese grupo también perpetraron atrocidades que incluyen al menos 59 casos de violencia sexual, once ejecuciones arbitrarias y el reclutamiento de niños, además de tratos crueles y degradantes, trabajo forzado y saqueo.

Al conocer el informe, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pugnó por llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes.

“La gente de la República Democrática del Congo ha sufido un nivel intolerable de violencia en los últimos años. La violencia sexual reportada en el informe es terrible tanto por su escala como por la manera sistemática en que se comete”, subrayó.

Agregó que los recientes esfuerzos de las autoridades congolesas por investigar esas violaciones en Kivu del Norte y del Sur son un paso importante hacia un sistema de rendición de cuentas, pero advirtió que aún queda mucho que hacer para garantizar justicia a las víctimas y recuperar la confianza de la población civil en el sistema de justicia del país.

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