Las prácticas abusivas de asistencia a la salud constituyen tortura, advierte relator de la ONU

Juan Méndez (Foto: Jean-Marc Ferré)

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04 de marzo, 2013 — Los Estados tienen la obligación de regular, controlar y supervisar las prácticas de asistencia a la salud a fin de poder prevenir los malos tratos bajo cualquier pretexto que, en muchos casos, encajan en la definición de tortura.

Así lo afirmó hoy en Ginebra el relator especial contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes al presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Juan Méndez sostuvo también que es responsabilidad de los Estados identificar las políticas que promueven esas prácticas abusivas y crean los espacios en los que los pacientes carecen de protección.

“Cuando los Estados no toman medidas positivas, o no intervienen en los servicios de asistencia a la salud, y ello acarea el sufrimiento innecesario de los pacientes, los Estados no solamente violan los derechos a la salud, sino que podrían también estar violando una obligación afirmativa bajo la prohibición de la tortura”, advirtió.

Entre las prácticas de salud que equivaldrían a tortura, el experto citó el confinamiento prolongado o los métodos forzados de tratamiento en el contexto de asistencia a la salud mental, los tratamientos dolorosos de abstinencia sin asistencia médica en el caso de los adictos a las drogas, y el uso de medicinas experimentales desconocidas.

Asimismo, Méndez señaló que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 83% de la población mundial no tiene acceso al tratamiento de dolores moderados o severos o su acceso es muy limitado y recordó que la disponibilidad de esas medicinas para reducir el sufrimiento de los enfermos es una obligación legal de los Estados.

Por otra parte, el relator se refirió a las prácticas de salud discriminatorias de la mujer, como la esterilización o los abortos forzados; la negación de servicios disponibles, como el aborto o la asistencia posterior a un aborto; la mutilación de genitales y la violación del secreto profesional médico a través de denuncias de mujeres que se hayan realizado un aborto ilegal.

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