España: Expertos destacan implicaciones del caso del juez Garzón

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08 de febrero, 2012 — Un grupo de expertos de la ONU manifestó hoy su preocupación por las implicaciones que podría tener en España el juicio al juez Baltasar Garzón en el proceso para investigar y tratar más de 100.000 casos de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas durante la guerra civil española y el régimen de Francisco Franco.

En un comunicado conjunto, la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas lamentaron que el juez Garzón pueda ser castigado por haber abierto una investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en su país.

Los expertos recordaron que esas pesquisas son acordes con las obligaciones de España y con los principios del derecho internacional.

El juez Garzón está siendo juzgado en el marco del caso denominado “memoria histórica” por haber excedido su competencia al admitir a trámite e investigar quejas sobre crímenes contra la humanidad relacionadas con desapariciones forzadas que habrían ocurrido entre 1936 y 1951.

Los expertos subrayaron que la defensa del estado de derecho requiere un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos, y agregaron que los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal.

“Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones,” puntualizaron.

Apuntaron que si bien los jueces tienen que rendir cuentas del desempeño de sus funciones, todas las medidas que se tomen al respecto deben ajustarse a las normas y salvaguardias necesarias, incluyendo los principios de la independencia de la judicatura.

Por otra parte, los expertos sostuvieron que la reconciliación entre el Estado y las víctimas de desapariciones forzadas no puede suceder sin el esclarecimiento de cada caso individual, y afirmaron que una ley de amnistía no debe permitir el término de la obligación del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las desapariciones.

“El derecho a la verdad debe ser gozado por los familiares de las víctimas de desaparición forzada en España”, enfatizaron.

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