República Democrática del Congo: ONU urge a indemnizar a víctimas de violencia sexual

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03 de marzo, 2011 — Las 200.000 mujeres víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo deben recibir una indemnización, además de servicios médicos y sicológicos para superar el trauma y los daños sufridos.

Así lo recomienda el informe del Panel de Alto Nivel nombrado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, para analizar la situación de las congolesas afectadas por el uso de la violencia sexual como arma de guerra durante los últimos 12 años de conflicto en ese país.

Tras una visita de 17 días a la República Democrática del Congo para escuchar los testimonios de las víctimas, los expertos del Panel afirmaron que las vidas de estas mujeres fueron destruidas ya que, además de los perjuicios inmediatos, la mayoría sigue sufriendo estigmatización y marginación en sus familias y comunidades.

Al divulgar el estudio, Pillay subrayó la magnitud de estos crímenes y la urgencia hacer justicia y ponerles fin.

“A menudo, las víctimas son abandonadas a afrontar el daño de consecuencias dramáticas en lo físico, sicológico y material, que no sólo destruyen sus vidas, sino también las de sus hijos. Esto crea un daño irreparable al corazón de las sociedades y constituye una grave amenaza a las perspectivas de reconciliación, paz y desarrollo sostenible”, dijo la Alta Comisionada.

El Panel señaló que la mayor parte de las agresiones sexuales son cometidas por militares y militantes de los grupos rebeldes, aunque también se reportan algunas perpetradas por civiles.

Además, destaca que estas atrocidades abarcan a todas las mujeres, incluidas las niñas de cualquier edad.

Asimismo, los expertos indican que en los pocos casos en que las víctimas se han presentado ante los tribunales y han recibido veredictos favorables, los responsables continúan libres o prófugos y ellas no han recibido ningún tipo de reparación.

En este sentido, recomienda el establecimiento de un fondo para indemnizaciones administrado por representantes del gobierno congoleño, la ONU, los donantes, la sociedad civil y las víctimas.

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