Timor-Leste: Amargas lecciones en el mantenimiento de la paz

La comunidad internacional había considerado a Timor-Leste un logro notable de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz hasta que estalló la violencia en abril de 2006, menos de un año después de la partida de los últimos miembros de la fuerza de paz de las Naciones Unidas y a pocos meses de concluir el mandato de la oficina política que la sustituyó. Este inesperado cambio de rumbo en un país de Asia sudoriental, pequeñito y recién creado, hizo que muchos se preguntaran qué podía haber fallado.

Los meses que siguieron a la partida de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en mayo de 2005 habían sido meses de progreso para Timor-Leste. Cuatro años después de la independencia lograda en 2002, crecía la confianza internacional en el nuevo Estado y los traumas de 1999 parecían superados. Sin embargo, la violencia de 2006 reveló a todas luces los riesgos que entraña para la consolidación de un país la partida muy temprana de las fuerzas internacionales o el hecho de que éstas no hayan podido hacer todo lo necesario mientras permanecían allí.

A principios de 2006, los planificadores de las Naciones Unidas examinaban vías de mantener el apoyo después de la partida de la oficina política de las Naciones Unidas (UNOTIL), en particular con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para 2007. Pero, en abril, estalló una acalorada polémica a raíz de la expulsión de algunos miembros de las fuerzas armadas.

Los “peticionarios”, como se ha llegado a conocer a esos soldados, iban a celebrar una manifestación pacífica del 24 al 28 de abril para protestar por la separación del servicio de unos 600 soldados (más de la tercera parte de las fuerzas armadas del país) y exigir el establecimiento de una comisión independiente encargada de examinar sus quejas, incluso la presunta discriminación dentro de las fuerzas armadas contra personas de los distritos occidentales.

El último día de la manifestación, estalló la violencia frente al Palacio de Gobierno y se produjeron otros incidentes en toda la capital, Dili. El saldo del día fue cinco timorenses muertos y más de 40 heridos. Las ramificaciones no tuvieron límite. Se agravaron las tensiones entre las fuerzas armadas y la fuerza de policía timorense (PNTL), así como en el seno de la propia PNTL (los orientales contra los occidentales), lo que llevó a la desintegración de la PNTL. Miles de timorenses en Dili abandonaron sus hogares y buscaron refugio en iglesias, otros edificios públicos e instalaciones de las Naciones Unidas, mientras que otros huyeron a los suburbios.

El 25 de mayo, la situación empeoró cuando los miembros de las Fuerzas Timorenses de Defensa (F-FDTL) lanzaron ataques armados contra la jefatura nacional de la PNTL. Los asesores de entrenamiento militar y la policía de las Naciones Unidas negociaron una cesación del fuego, pero, según informes, cuando el Asesor jefe de entrenamiento militar de las Naciones Unidas escoltaba a policías timorenses desarmados fuera de la jefatura, oficiales de las F-FDTL abrieron fuego, mataron a ocho e hirieron a mas de una veintena de personas.

Entre tanto, el 24 de mayo, los dirigentes de Timor-Leste pidieron a los Gobiernos de Australia, Malasia, Nueva Zelandia y Portugal, ayuda militar y policial para restablecer la paz y la seguridad. Dos días más tarde, llegaron fuerzas internacionales para restablecer el orden público que se había resquebrajado totalmente. Las bandas saqueaban e incendiaban; 37 personas perdieron la vida y muchas resultaron heridas. Las consecuencias humanitarias fueron graves y hubo más de 150.000 desplazados internos. Estos acontecimientos caracterizaron el resto de 2006.

Cuatro misiones sucesivas de las Naciones Unidas se enviaron a Timor-Leste desde mediados de 1999 hasta que empezaron los disturbios de abril/mayo de 2006. Cada una tuvo un propósito distinto, la primera, la UNAMET, organizó y dirigió una consulta popular que terminó con el rechazo por parte de los timorenses de una autonomía especial como parte de Indonesia. Entre octubre de 1999 y mayo de 2002, la UNTAET ejerció su autoridad legislativa y ejecutiva en el territorio durante la transición a la independencia y apoyó la creación de capacidad del gobierno autónomo. Después, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a Timor Oriental (UNMISET) prestaría asistencia hasta que las autoridades timorenses estuvieran en condiciones de asumir todas las responsabilidades operacionales y la nueva nación pudiera alcanzar su capacidad de valerse por sí misma. Aunque el Secretario General, Kofi Annan, había recomendado que se mantuviera una fuerza de mantenimiento de la paz, no logró ganarse el apoyo de todos los miembros del Consejo de Seguridad, que establecieron en cambio una oficina política especial (la Oficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste o UNOTIL) para apoyar el desarrollo ulterior de las principales instituciones públicas, entre ellas la policía, e impartir capacitación en gobernanza democrática y derechos humanos.

Los logros de estas misiones fueron notables. Sin embargo, la crisis de 2006 obligó a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a analizar seriamente las políticas y prácticas de creación de una nación y mantenimiento de la paz.

El Secretario General dijo al Consejo de Seguridad en junio “Los lamentables acontecimientos de las últimas semanas reflejan las deficiencias no sólo de los dirigentes timorenses, sino también de la comunidad internacional, [al] no mantener el proceso de construcción de la nación en Timor-Leste el tiempo suficiente. Hemos aprendido, a un precio doloroso para Timor-Leste, que la creación de instituciones sobre la base de los principios fundamentales de la democracia y el imperio de la ley no es un proceso simple que pueda completarse en pocos años”.

A finales de mayo de 2006, el Secretario General Annan encargó a un Enviado Especial, Ian Martin, que evaluara la situación. Martin regresó para decir al Consejo de Seguridad que la causa más grave del conflicto eran los problemas de seguridad.

Según Martin, “La crisis ha puesto de manifiesto divisiones políticas, no sólo entre la fuerza de defensa y el servicio de policía, que ha sido objeto de preocupación desde siempre, sino también internamente en cada institución. Cada una de ellas ha dejado que se recrudecieran las divisiones ideológicas, que surgieron desde la resistencia e influyeron al principio en la captación de personal para ambas instituciones”.

El 8 de junio, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, José Ramos-Horta, pidió al Secretario General que nombrara una comisión especial de investigación para examinar los incidentes de abril y mayo y otros asuntos conexos y garantizar que “el resultado de dicha investigación ayudara a la reconstitución del sector de seguridad de Timor-Leste y asegurara la rendición de cuentas por los delitos y las violaciones de los derechos presuntamente cometidos durante el período de crisis”.

En su último informe publicado el 17 de octubre, la Comisión especial de investigación independiente, establecida bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, determinó la responsabilidad de los distintos protagonistas e instituciones, incluso de varios ex oficiales de alto rango.

La aplicación de las recomendaciones de la Comisión obligará a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a seguir prestando asistencia, en particular para ayudar a establecer un sistema judicial independiente y más fuerte.

El 25 de agosto, el Consejo de Seguridad estableció una nueva operación de mantenimiento de la paz, la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), a la que se asignó un mandato de gran alcance y un nutrido componente civil, que incluye a 1.608 policías civiles de las Naciones Unidas.

Algunas de las principales tareas de la UNMIT son facilitar el proceso de reconciliación nacional; apoyar el proceso electoral; apoyar el restablecimiento de la seguridad; entrenar a la policía timorense; apoyar y fortalecer a las principales instituciones; apoyar y fortalecer la vigilancia de los derechos humanos; apoyar la terminación de las investigaciones sobre casos pendientes de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en 1999; cooperar y coordinar con organismos de las Naciones Unidas y otros asociados; facilitar la prestación de socorro y asistencia para la recuperación; prestar asistencia en la formulación de políticas de lucha contra la pobreza y crecimiento económico; incorporar las perspectivas de la igualdad de las mujer y las de los niños y la juventud; y proporcionar información exacta a la población timorense.

En las semanas que siguieron al establecimiento de la UNMIT, la situación en Timor-Leste siguió siendo imprevisible. En ejercicio de su función ejecutiva, la policía de la UNMIT, en estrecha cooperación con las fuerzas de seguridad internacionales, han mantenido la seguridad general del público, a menudo restableciendo la calma cuando se han producido incidentes de violencia y haciendo participar a la comunidad en la labor policial. Se logró un nuevo adelanto el 1º de diciembre con la firma del Acuerdo complementario sobre la labor policial entre la UNMIT y el Gobierno, que regula el ejercicio de la autoridad policial ejecutiva de la UNMIT y la reconstitución de la fuerza nacional de policía.

Uno de los principales objetivos de la UNMIT es seguir contribuyendo al mantenimiento de la seguridad pública hasta que la policía timorense esté en condiciones de volver a asumir sus responsabilidades. El restablecimiento de la paz y la seguridad es una condición previa para el regreso de 100.000 desplazados internos a sus hogares y para la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en abril/mayo de 2007.