Antecedentes

El conflicto en Sierra Leona se remonta a marzo de 1991, cuando combatientes del Frente Revolucionario Unido (FRU) iniciaron una guerra desde la parte este del país, cerca de la frontera con Liberia, para derrocar al gobierno. Al principio, el ejército nacional, ayudado por el Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), intentó defender al gobierno, pero él mismo lo derrocó un año después.

A pesar del cambio de poder, los ataques del FRU no cesaron. En febrero de 1995, el Secretario General de las Naciones Unidas designó al Sr. Berhanu Dinka, de Etiopía, como Enviado Especial. Éste trabajó en colaboración con la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con la CEDEAO para intentar negociar un arreglo del conflicto y volver a establecer un régimen civil en el país.

En febrero de 1996 se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales, y el ejército cedió el poder al ganador, el Sr. Alhaji Dr. Ahmed Tejan Kabbah. Sin embargo, el FRU no tomó parte en las elecciones y no dio por válido el resultado, por lo que el conflicto continuó.

El Enviado Especial Dinka ayudó en las negociaciones para el acuerdo de paz entre el Gobierno y el FRU, celebradas en noviembre de 1996 y conocidas con el nombre de Acuerdo de Abidján. Dicho acuerdo fracasó a causa de un nuevo golpe de estado militar en mayo de 1997. En esta ocasión, el ejército se alió con el FRU y formaron una junta directiva, por lo que el Presidente Kabbah y su gobierno tuvieron que exiliarse en la vecina Guinea.

Un nuevo Enviado Especial, el Sr. Francis G. Okelo (Uganda) y otros representantes de la comunidad internacional fracasaron en su intento de convencer a la junta de que cediese el poder. El Consejo de Seguridad impuso un embargo de petróleo y armas el 8 de octubre de 1997 y autorizó a la CEDEAO a que supervisase su cumplimiento con el uso de las tropas del ECOMOG.

El 23 de octubre, el Comité de los Cinco de la CEDEAO sobre Sierra Leona y una delegación en representación del presidente de la junta mantuvieron conversaciones en Conakry y firmaron un plan de paz. Entre otras cosas, dicho plan establecía una cesación del fuego que sería supervisada por el ECOMOG y, en caso de aceptación del Consejo de Seguridad de la ONU, ayudado por observadores militares de las Naciones Unidas. El 5 de Noviembre, el Presidente Kabbah emitió una declaración expresando su aceptación del acuerdo, y expresó el deseo de su Gobierno de cooperar con la CEDEAO, el ECOMOG, las Naciones Unidas y el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en el cumplimiento de sus respectivas tareas. Aunque la junta se comprometió públicamente a cumplir el acuerdo, poco después criticó disposiciones claves y suscitó una serie de cuestiones, lo que provocó que el acuerdo nunca fuese aplicado.

En febrero de 1998, el ECOMOG, en respuesta a un ataque conjunto de los rebeldes y del ejército de la junta, lanzó un ataque militar que produjo la disolución de la junta y su expulsión de Freetown. El 10 de marzo, el Presidente Kabbah volvió a ocupar su cargo. El Consejo de Seguridad levantó el embargo de petróleo y armas y reforzó la oficina del Enviado Especial, incluyendo oficiales de enlace militar de las Naciones Unidas y asesores en materia de seguridad.

En junio de 1998, el Consejo de Seguridad creó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) * por un periodo inicial de seis meses. El Secretario General nombró al Enviado Especial Okelo su Representante Especial y Jefe de Misión. La misión supervisó y cooperó en el desarme de los combatientes y en la reestructuración de las fuerzas de seguridad de la nación. Equipos desarmados de la UNOMSIL, bajo la protección del ECOMOG, informaron de atrocidades continuadas y abusos de los derechos humanos contra civiles.

La lucha continuó, y la Alianza rebelde tomó el control de más de la mitad del país. En diciembre de 1998, la alianza lanzó una ofensiva para tomar de nuevo Freetown, y en junio invadió la mayor parte de la ciudad. Se evacuó a todo el personal de la UNOMSIL. El Representante Especial y el Jefe de Observadores Militares continuaron ejerciendo sus funciones, manteniendo un estrecho contacto con todas las partes del conflicto y supervisando la situación. Una vez avanzó el mes, las tropas del ECOMOG volvieron a tomar la capital e instalaron el gobierno civil, aunque miles de rebeldes se escondían todavía en las tierras de los alrededores de la ciudad.

Tras el ataque de los rebeldes, el Representante Especial Okelo, en consulta con los estados de África Occidental, inició una serie de esfuerzos diplomáticos destinados a entablar un diálogo con los rebeldes. Las negociaciones entre el Gobierno y los rebeldes comenzaron en mayo de 1999, y el 7 de junio todas las partes del conflicto firmaron un acuerdo en Lomé para terminar con las hostilidades y formar un gobierno de unidad nacional. Las partes también solicitaron una ampliación de funciones de la UNOMSIL. El 20 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó que el número de observadores militares se aumentase a 210 personas.

El 22 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad autorizó la creación de la UNAMSIL, una nueva y mucho más grande misión con un máximo de 6.000 efectivos militares, incluidos 260 observadores militares, para ayudar al Gobierno y a las partes en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de Lomé. El Consejo decidió simultáneamente dar por terminado el mandato de la UNOMSIL.

El 7 de febrero de 2000, el Consejo de Seguridad decidió, en su resolución 1289, revisar el mandato de la UNAMSIL con el objeto de incluir una serie de nuevas funciones. Resolvió ampliar el componente militar de la UNAMSIL hasta un máximo de 11.100 efectivos, incluidos los 260 observadores militares ya desplegados. Asimismo, autorizó los aumentos del personal de asuntos civiles, de policía, administrativo y técnico de la UNAMSIL propuestos por el Secretario General.

El Consejo de Seguridad, una vez más, aumentó la fuerza autorizada de la UNAMSIL, ampliando su componente militar hasta un máximo de 13.000 efectivos militares, incluidos los 260 observadores militares ya desplegados por su resolución 1299 del 19 de mayo de 2000. El 30 de marzo de 2001, se autorizó el incremento del componente militar hasta una dotación de 17.500 efectivos, incluidos los 260 observadores militares, en la resolución 1346 del Consejo de Seguridad, por la que aprobó asimismo un marco conceptual revisado de las operaciones.

(Para obtener información acerca de los últimos acontecimientos relativos a UNAMSIL y a la situación del país, véase el último informe del Secretario General al Consejo de Seguridad - S/2004/724 de fecha 9 de septiembre de 2004.)