La participación de las Naciones Unidas en Haití comenzó en febrero de 1993 cuando se desplegó la operación conjunta de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Haití. En septiembre de 1993, el Consejo de Seguridad estableció la primera operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el país: la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH). Sin embargo, debido a la falta de cooperación de las autoridades militares haitianas, la UNMIH no pudo ser desplegada plenamente en ese momento para llevar a cabo su mandato.

En julio de 1994, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de 20.000 hombres para facilitar el pronto regreso de las autoridades legítimas, mantener un entorno seguro y estable en el país y promover el imperio de la ley. La fuerza multinacional fue seguida de otras misiones de las Naciones Unidas de 1994 a 2001, incluida la UNMIH que asumió sus funciones plenamente en marzo de 1995, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) y la Misión de Policía de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH).

A lo largo de ese período se produjeron diversos acontecimientos positivos, en particular el restablecimiento de un cierto grado de democracia, con el primer traspaso de poder en condiciones de paz entre dos presidentes elegidos democráticamente; el crecimiento de una sociedad civil polifacética y su creciente participación en el desarrollo de una cultura política basada en valores democráticos. Sin embargo, también hubo contratiempos. Debido a la ininterrumpida crisis política y a la consiguiente falta de estabilidad, las reformas serias nunca prosperaron.

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2000, el Presidente Jean-Bertrand Aristide y su partido Fanmi Lavalas reivindicaron la victoria cuando el número de votantes apenas sobrepasó el 10% del electorado. La oposición, así como miembros de la comunidad internacional, impugnaron los resultados y acusaron al Gobierno de manipularlos. Después, se interrumpió el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Para fines de 2003, un movimiento de oposición recién constituido, que comprendía partidos políticos y elementos de la sociedad civil y del sector privado, exigía la dimisión del Presidente. La Comunidad del Caribe (CARICOM) se ofreció como mediadora y, el 31 de enero de 2004, presentó un Plan de Acción Previo, seguido en febrero de un plan de aplicación elaborado por el Grupo de los Seis, en el que participaron las Bahamas por el CARICOM, el Canadá, los Estados Unidos, Francia, la OEA y la Unión Europea. El Presidente Aristide aceptó ambos planes. En el Plan de Acción Previo se proponían reformas importantes, incluido un nuevo consejo de ministros, permitiendo al mismo tiempo que el Presidente Aristide terminara su mandato. No obstante, la oposición se negó a apoyar el plan. Posteriormente, la CARICOM y la OEA encabezaron varias iniciativas diplomáticas para superar la parálisis política y evitar que la crisis política siguiera empeorando.

A principios de febrero de 2004, estalló un conflicto armado en la ciudad de Gonaives y los días siguientes el conflicto se propagó a otras ciudades. Poco a poco, los insurrectos se hicieron con el control de gran parte de la región septentrional del país. Pese a las gestiones diplomáticas, la oposición armada amenazó con entrar en la capital. A primeras horas del 29 de febrero, el Sr. Aristide abandonó el país. El Primer Ministro, Yvon Neptuno, dio lectura a su carta de dimisión. A las pocas horas, Boniface Alexandre, Presidente de la Corte Suprema, juró el cargo de Presidente interino, de conformidad con las normas constitucionales sobre la sucesión. El 29 de febrero por la tarde, el Representante Permanente de Haití ante las Naciones Unidas presentó la solicitud de asistencia del Presidente interino, en la que éste autorizaba la entrada de tropas en Haití. Atendiendo a esa solicitud, el Consejo aprobó la resolución 1529 (2004) en que autorizaba el despliegue de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y declaraba su disposición a establecer una fuerza de estabilización y seguimiento de las Naciones Unidas para apoyar la continuación del proceso político pacífico y constitucional y a mantener un entorno seguro y estable. La FMP inició inmediatamente su despliegue a Haití, como se había autorizado en la resolución.

En consulta con el Presidente interino y el entonces Primer Ministro, se tomaron medidas para formar un Gobierno de transición. El 17 de marzo de 2004, el Primer Ministro, en consulta con el Conseil des sages (grupo de personas eminentes), formó un Gobierno de transición compuesto de 13 miembros.

Con objeto de constituir un amplio consenso político en pro de la labor del Gobierno de transición, el Primer Ministro, en nombre del Gobierno de transición, miembros del Conseil des sages, representantes de diversos grupos políticos y organizaciones de la sociedad civil firmaron un pacto político, el Pacto de consenso sobre la transición política. Los firmantes llegaron a un entendimiento general sobre el período de transición, durante el cual se celebrarían elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en 2005, que culminarían con la asunción de un nuevo Presidente elegido. Fanmi Lavalas denunció el Pacto.

En el Pacto también se exponían las medidas que deberían adoptarse durante el período de transición en materia de seguridad, desarrollo, lucha contra la impunidad y la corrupción, descentralización, elecciones, reforma judicial, una iniciativa para celebrar una conferencia nacional y un Nuevo contrato social, el afianzamiento institucional de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, la reintegración de los antiguos elementos armados y la profesionalización de la Policía Nacional de Haití. Además, se acordó establecer varias comisiones para que se ocuparan de cuestiones como las recientes violaciones de derechos humanos, delitos financieros y asuntos relacionados con los ex militares. En el Pacto se insistía en la necesidad de proporcionar asistencia a las víctimas del anterior gobierno. El Pacto también disponía que los firmantes celebraran conversaciones con las Naciones Unidas respecto del estatuto de la Fuerza Multinacional Provisional y del seguimiento de la operación de mantenimiento de la paz.

Al presentar su informe al Consejo de Seguridad el 16 de abril de 2004, el Secretario General de las Naciones Unidas celebró el Pacto que "ha unido a muchos dirigentes haitianos de distintas partes de la sociedad a fin de trazar el camino a seguir durante la transición." Dijo que, sin embargo, no todos los grandes movimientos políticos habían participado en él, como podrían haber hecho, y que todos los haitianos deberían tener, y aprovechar, la ocasión de participar significativamente en un diálogo nacional amplio.

De conformidad con lo previsto en la resolución 1529 (2004) del Consejo de Seguridad y sobre la base de las conclusiones del equipo multidisciplinario de evaluación que visitó el país en marzo de 2004, el Secretario General recomendó el establecimiento de una operación de estabilización pluridimensional, que se denominará Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

Atendiendo a las recomendaciones del Secretario General, el 30 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1542, en que se estableció la MINUSTAH por un período inicial de seis meses y pidió que la autoridad de la FMP fuera traspasada a la MINUSTAH el 1º de junio de 2004.

Los interesados en obtener información más detallada sobre los antecedentes pueden consultar el informe del Secretario General S/2004/300 de fecha 16 de abril de 2004 y en S/2004/698 de fecha 30 de agosto de 2004.

Se prorroga el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)

En el informe sobre la situación en Haití el 18 de noviembre de 2004 (S/2004/908), poco antes de la expiración del mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) el 30 de noviembre de 2004, el Secretario General describió los progresos alcanzados en el despliegue de la MINUSTAH desde que fuera establecida el 30 de abril. En vista del calendario de las elecciones, previstas para celebrarse en 2005, y con la posibilidad de transferirlo al Presidente que fuera elegido el 7 de febrero de 2006, el Secretario General recomendó al Consejo que prorrogara el mandato de la Misión por un período de 18 meses, el cual se extendería entonces hasta el 31 de mayo de 2006 e incluiría algunas modificaciones en su estructura general.

El Secretario General anunció en su informe que todavía no era el momento oportuno de realizar una revisión a fondo de la estructura general de la MINUSTAH porque el despliegue de la Misión no había concluido, los procesos políticos se encontraban todavía en las etapas iniciales y la situación en Haití seguía siendo incierta. No obstante, podrían efectuarse varias modificaciones en la actual estructura general de la Misión que le permitieran cumplir mejor su mandato en esta etapa.

Por consecuente, el Secretario General propuso los siguientes ajustes: destacar en Puerto Príncipe, por un período provisional, una unidad adicional de policía compuesta por 125 agentes para prestar apoyo operacional de refuerzo a la Policía Nacional de Haití y fortalecer el dispositivo de seguridad en la capital; aplicar proyectos humanitarios con impacto inmediato incluso después del primer año de su mandato; aumentar la capacidad de la MINUSTAH para ejecutar proyectos de desarme, desmovilización y reinserción en la comunidad, y reforzar su capacidad de supervisar y evaluar el marco jurídico e institucional para el desarme, la desmovilización y la reinserción, incluido el control de las armas pequeñas y otras disposiciones jurídicas relativas a la seguridad; incorporar al componente militar una compañía de ingenieros que se encargue específicamente de reparar los caminos y puentes utilizados por el personal de la MINUSTAH en la ejecución de su mandato; realizar un modesto refuerzo del pilar de coordinación humanitaria y del desarrollo de la Misión en vista de la vulnerabilidad de Haití a los desastres naturales.

El Secretario General dijo que desde su informe provisional de 30 de agosto, la situación de seguridad en Haití se había deteriorado debido al aumento de la violencia, en particular en la capital en el mes de octubre. Hizo así un llamamiento a todos los grupos armados para que rompieran este ciclo de violencia y evitaran así poner en mayor peligro el proceso de transición. A medida que se reforzara la dotación militar y de policía de la MINUSTAH, aumentaría también su capacidad de proporcionar un entorno seguro y estable.

El Secretario General apoyó los esfuerzos del Gobierno de Transición por poner fin a la violencia perpetrada por una serie de grupos armados y aprobó también el establecimiento de una oficina que se encargara de reinsertar en la sociedad a los militares desmovilizados. El informe declaraba que la restauración del orden público en todo el país se debía conseguir mediante el debido respeto de los derechos humanos básicos y el imperio de la ley. A este respecto, el Gobierno de Transición, y en particular sus estructuras de cumplimiento de la ley, debían demostrar una adhesión genuina y sistemática a los derechos humanos y los principios jurídicos cuando tomaran medidas contra los responsables de los recientes actos de violencia.

También de conformidad con el informe, la violencia que se ha vivido recientemente ha puesto de manifiesto la necesidad de una retirada efectiva de todas las armas ilícitas de las calles, incluso mediante un programa comunitario amplio de desarme, desmovilización y reinserción. La seguridad era una condición necesaria para el éxito del proceso de transición, pero no era suficiente. Sin un proceso político paralelo en el que participen todos los sectores de la sociedad no se podría lograr la paz y la seguridad sostenibles. El Secretario General alentó al Gobierno de Transición a que siguiera explorando todas las formas posibles de incluir en el proceso democrático y electoral a quienes están aún excluidos del proceso de transición pese a haber rechazado la violencia.

El informe aprobó el compromiso sostenido del Gobierno de Transición de celebrar en 2005 elecciones locales, legislativas y presidenciales. Al mismo tiempo, alentó al Consejo Electoral Provisional a que permaneciera centrado en cumplir sus tareas dentro del plazo acordado. El Secretario General celebró la firma del memorando de entendimiento con la Organización de los Estados Americanos y confió en que, juntas, las organizaciones se esforzarían por ayudar con la mayor eficiencia posible a los haitianos en su proceso electoral. También agradeció la asistencia que estaban prestando la Organización Internacional de la Francofonía y otras organizaciones, organismos y donantes internacionales. El apoyo que podrían prestar los miembros de la Comunidad del Caribe al proceso electoral añadiría una dimensión significativa a la cooperación regional en Haití.

El informe declaró además que un proceso político que no fuera acompañado de la creación de empleo y el desarrollo a largo plazo no podía resultar creíble para una población que llevaba tanto tiempo sumida en una extrema pobreza. La MINUSTAH seguía empeñada en movilizar recursos para proyectos que tuvieran efectos inmediatos para la población. El Secretario General observó con satisfacción el establecimiento de mecanismos de coordinación encaminados a contribuir a la aplicación del marco de cooperación interino, que recibió un apoyo abrumador de los donantes internacionales en la Conferencia de Donantes Internacionales de Haití, celebrada en Washington el 19 y 20 de julio de 2004.

A través de la resolución 1576 de 29 de noviembre de 2004, el Consejo de Seguridad, observando que seguían existiendo amenazas para la estabilidad política, social y económica de Haití y determinando que la situación seguía siendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región, prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta el primero de junio de 2005 con la intención de renovarlo otros períodos. El Consejo acogió con beneplácito el informe sobre la situación en Haití del Secretario General e hizo suyas sus recomendaciones.

Para más información sobre los cambios que tuvieron lugar en Haití entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, véase el informe del Secretario General S/2005/124 de fecha 25 de febrero de 2005.

Se refuerza temporalmente la MINUSTAH

En otro de sus informes sobre la MINUSTAH de fecha 13 de mayo de 2005, el Secretario General declaró que a lo largo de los últimos meses, la MINUSTAH había logrado progresos en la creación de un entorno en que pudiera desarrollarse la transición política. No obstante, esos progresos seguían siendo precarios y habría problemas importantes que afrontar a medida que la transición política entre en una etapa decisiva. Era fundamental que el Gobierno de Transición reforzara su labor de divulgación para ganarse la confianza y el apoyo de la población.

De este modo, también resultaba fundamental contar con el apoyo firme y coordinado de la comunidad internacional. El Gobierno de Transición y el pueblo de Haití, con el apoyo de la comunidad internacional, deben redoblar ahora sus esfuerzos para hacer avanzar ese proceso. La visita de la misión del Consejo de Seguridad a Haití del 13 al 16 de abril, junto con el Grupo Consultivo Especial del Consejo Económico y Social sobre Haití, constituyó una demostración importante del interés por atender a las necesidades de Haití.

De conformidad con el informe del Secretario General, había habido indicios de mejoría en la situación de seguridad tras el éxito de las operaciones de la MINUSTAH y la policía nacional destinadas a frenar y reducir las actividades de los grupos armados ilegales. Era preciso mantener esa labor a fin de eliminar las posibles amenazas contra el próximo proceso electoral.

Sin embargo, El Secretario General dijo que, a menos que se lograran progresos reales en el programa de desarme, desmovilización y reintegración, la situación de seguridad continuaría siendo incierta. Exhortó al Gobierno de Transición a que garantizara la puesta en práctica en breve de un programa global de desarme, desmovilización y reintegración para estimular y aprovechar esos primeros avances. Además, instó a la comunidad internacional a que ayudara a obtener los fondos necesarios para aplicar con éxito el programa.

La puesta en marcha del proceso electoral y el comienzo del diálogo nacional fueron hechos positivos. El Secretario General alentó a todos los ciudadanos de Haití a que participaran plenamente en ambos procesos como paso importante para la consolidación de la democracia en el país. El Gobierno de Transición necesitaba esforzarse más para garantizar una amplia participación en esos procesos y para que hubiera leyes en vigor en la materia. Apeló al Gobierno de Transición para que se ocupara de los problemas relacionados con la ley electoral a fin de mantener la independencia del Consejo Electoral y crear una situación equitativa para todos los candidatos. Los dirigentes políticos de Haití tienen una responsabilidad especial para garantizar el éxito del diálogo nacional y de las elecciones.

El Gobierno de Transición y los dirigentes de los partidos políticos y la sociedad civil deben velar también por que esos procesos sean sostenibles y den lugar a una imagen realista y viable para el futuro de Haití, para lo cual el primer paso ha de ser la instauración de un gobierno elegido. Exhortó a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos en apoyo del proceso electoral en Haití. En particular, hizo un llamamiento a la comunidad de donantes para que aportara los medios financieros necesarios. Acogió con beneplácito la oferta de la CARICOM para prestar asistencia técnica al proceso electoral.

El informe declaró que el Secretario General seguía profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos y la impunidad de que gozan quienes cometen violaciones de los derechos humanos. Había una demanda urgente de justicia en Haití. Apeló al Gobierno de Transición para que diera ejemplo e investigara sin demora las presuntas violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes de la policía nacional. Las instituciones estatales responsables de garantizar el respeto por el imperio de la ley, incluidos los sistemas policial, judicial y penitenciario, siguen estando en una situación especialmente precaria. Por consiguiente, alentó al Gobierno de Transición a que estudiara vías prácticas para que la comunidad internacional pudiera prestar asistencia inmediata para actuar con prontitud en algunos de los casos más delicados.

El Secretario General dijo que el fomento de la reforma de los sistemas judicial y penal debía emprenderse conjuntamente con los esfuerzos para profesionalizar a la policía nacional. Sería fundamental lograr avances demostrables en esos ámbitos para afianzar la confianza del pueblo de Haití en sus instituciones nacionales. Además, sería preciso fortalecer el interés del Gobierno de Transición y de la policía por hacer avanzar las reformas, así como por colaborar de modo eficaz con la MINUSTAH en operaciones policiales y la reforma de la policía. Instó al Gobierno de Transición a que garantizara que el asesoramiento técnico y las recomendaciones formuladas por los agentes de la policía civil de la Misión fueran aplicados por la Policía Nacional de Haití en todos los niveles.

Al final del informe, el Secretario General anunció que las Naciones Unidas seguían empeñadas en apoyar la labor del Gobierno de Transición para lograr el éxito de la transición política. A fin de facilitar la aplicación del mandato de la MINUSTAH de manera más eficaz, recomendó al Consejo de Seguridad que aprobara las propuestas formuladas en el informe: propuso a la Misión que desplegara un batallón de infantería de 750 efectivos que sirviera de respuesta rápida en los lugares críticos durante el período de antes de las elecciones; que aumentara el número de efectivos de las Naciones Unidas de 6.700, número con el que cuenta actualmente, a 7.500, así como el número de agentes de policía de las Naciones Unidas de 1.600 a 1.900 aproximadamente. También recomendó que la Misión se prorrogara por un nuevo período de 12 meses, hasta que hubiera finalizado el proceso electoral y se hubiera establecido el Gobierno elegido de Haití.

A través de la resolución 1608 de 22 de junio de 2005, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de febrero de 2006 y expresó su apoyo a las propuestas del Secretario General de reforzar temporalmente la Misión para facilitar la transición política del país.

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo apoyó un aumento temporal de 750 efectivos en las fuerzas militares actualmente autorizadas de la MINUSTAH durante el período electoral y la ulterior transición política a fin de establecer una fuerza de reacción rápida en Haití que ofrezca una mayor seguridad, especialmente en Puerto Príncipe y sus alrededores. (Las elecciones locales están previstas para el 9 de octubre, así como la primera ronda de las elecciones de 13 de noviembre a la Presidencia y al Parlamento).

El Consejo también decidió que, por un período transitorio, la MINUSTAH constaría de un componente militar de hasta 7.500 efectivos, entre oficiales y tropa, y de hasta 1.897 policías civiles. Pidió al Secretario General que preparara a su debido tiempo una estrategia de reducción progresiva de los efectivos de la MINUSTAH en el período postelectoral, en función de la situación sobre el terreno.

El Consejo pidió también al Secretario General que le comunicara el plan general para la celebración satisfactoria de las elecciones en Haití, con inclusión de la inscripción de votantes, la seguridad, la logística, la educación cívica, la observación e información detallada sobre el presupuesto. Exhortó a las autoridades de Haití a que aumentaran y aceleraran las diligencias para preparar las elecciones y asegurarse de que se celebraran sin tropiezos; e instó a los donantes internacionales a que proporcionaran los recursos necesarios para apoyar el proceso electoral.

Además, el Consejo exhortó al Gobierno de Transición a que investigara de forma exhaustiva y transparente los casos de violaciones de los derechos humanos. También exhortó al Gobierno de Transición de Haití y a la MINUSTAH a que comenzaran de inmediato la aplicación efectiva del programa de desarme, desmovilización y reintegración e instó a todos los Estados Miembros a que proporcionaran oportunamente recursos financieros, humanos y técnicos en apoyo de este programa.