En vista del movimiento cada vez mayor de las personas a través de fronteras internacionales en busca de trabajo, se aprobó una nueva convención de derechos humanos para combatir la discriminación contra los trabajadores migratorios. En 1990, después de 10 arios de negociaciones, la Asamblea General aprobó la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
La convención abarca los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, documentados e indocumentados.
Declara ilegal la expulsión de trabajadores migratorios de manera colectiva o la destrucción de sus documentos de identidad, permisos de trabajo o pasaportes.
Reconoce a los trabajadores migratorios el derecho a recibir la misma remuneración, los mismos beneficios sociales y la misma atención medica que los nacionales; el de afiliarse a sindicatos y tomar parte en sus actividades; y el de transferir ingresos, ahorros y efectos personales al fin del empleo.
Concede a los hijos de los trabajadores migratorios el derecho al registro del nacimiento y de la nacionalidad y el de acceso a la educación.
Hasta el año 2000 la convención todavía no había reunido el número necesario de ratificaciones (20) para entrar en vigor.
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