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La Asamblea General insta a los Gobiernos a castigar los delitos penales en misión

[ 12 de diciembre del 2007 ]

  La Asamblea General aprobó, el 6 de diciembre de 2007, la resolución 62/63 en la cual instó encarecidamente a los Estados a que establecieran su competencia sobre los delitos penales cometidos por sus nacionales mientras prestasen servicios como funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión y a que cooperen entre sí y con las Naciones Unidas en las investigaciones y juicios. Por otro lado, adoptó 18 resoluciones y 2 decisiones recomendados por la Sexta Comisión (Jurídica) sin recurrir a votación. Entre los textos adoptados se encuentra el referido al informe de la Comisión de Derecho Internacional. Según la resolución adoptada, la Asamblea llama la atención  a los Gobiernos sobre la importancia de compartir sus puntos de vista con la Comisión sobre aspectos como los recursos naturales compartidos, la expulsión de extranjeros y la obligación de extraditar y juzgar.

Por otro lado, siguiendo la recomendación del Secretario General -en su capacidad como presidente de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación-, la Asamblea nombró a Enrique Roman-Morey, de origen peruano, como miembro de la Dependencia Común de Inspección para un período de 5 años, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012.

Además, el presidente de la Asamblea nombró a Argentina como miembro del Comité de Conferencias, por un período de 3 años con fecha de inicio del 1 de enero de 2008.

Información adaptada del inglés. Comunicado de prensa GA/10667*

*en inglés

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