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Las amas de casa: una clave aportación en el PIB
[ 17 de octubre del 2007 ]
Aún queda un largo camino para conseguir la igualdad social entre hombres y mujeres y que se encuentra con un gran obstáculo: una tradición cultural que provoca que las mujeres sean las que asuman el papel de cuidadoras de la familia y encargadas de las tareas domésticas. Ésto es lo que denuncia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pide que se reconozca el trabajo de las amas de casa ya que, según defiende, realizan una importante aportación en la economía -como es en el caso del PIB- y en la protección social de la familia, lo que se traduce en un ahorro en gastos de salud, así como en el cuidado de los niños y de personas de la tercera edad. Por ello, la CEPAL pide su reconocimiento y que éste se traduzca en medidas legislativas, tales como el otorgamiento de ayudas sociales, ya que "la categoría de "inactivas" aplicada a las amas de casa es evidentemente inadecuada".
La CEPAL formuló tal petición en la X Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la cual se celebró en Quito entre el 6 y el 9 de agosto de 2007, y contó con la participación de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. La CEPAL, que tiene como objetivo prestar asistencia en el proceso de desarrollo económico de los países que representa, así como acompañar el progreso de las políticas públicas con enfoque de género, centró la Conferencia Regional -organismo creado para identificar las necesidades regionales y subregionales de las mujeres- en dos temas: La participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y el Análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.
India zapoteca en Juchitán, Oaxaca
Foto Naciones Unidas/F. Keery
Durante esta conferencia, expuso el informe titulado El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, en el cual se muestra la situación de la mujer en América Latina y el Caribe a través de estudios comparativos con la situación del hombre -como, por ejemplo, en lo que respecta a las horas de trabajo dedicadas, tanto fuera como dentro del hogar-, así como las políticas que se han llevado a cabo en algunos países para fomentar la igualdad social entre ambos sexos.
Unos estudios que llevan a la CEPAL a concluir que "aunque han pasado a ocupar posiciones cada vez más importantes en la toma de decisiones y constituyen un factor clave en el mercado de trabajo, las mujeres siguen sobrerrepresentadas entre los pobres y subrepresentadas en la política". Un hecho que, según la CEPAL, se debe a "la imposibilidad de las mujeres de romper el mandato cultural que las obliga a realizar las labores domésticas, así como por la ausencia de los hombres en las actividades de cuidado familiar". En este sentido, el documento destaca que "desde el punto de vista de la autonomía de las mujeres, cuidar y atender a otros supone un importante grado de sacrificio y puede ser incluso una trampa personal y política".
Su destacada aportación al PIB
A lo largo del informe, se muestran estudios de diferentes países en los que se detalla la aportación del trabajo doméstico en la economía, en concreto del PIB: una aportación significativa según algunos estudios (ver página 96 del informe).
Un hecho que defiende que se vea el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales como aporte al PIB. En este sentido, el informe cita la existencia de alguna iniciativa política al respecto, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (La Argentina). Ésta promulgó, el 1° de diciembre de 2003, la ley 1.168, en la que se indica la necesidad y decisión de cuantificar el aporte económico que realizan las amas de casa.
Ayudas sociales
Un voluntario ombudsman presta ayuda en el Perú a una residente local
Foto Naciones Unidas
Teniendo en cuenta la aportación de la mujer, se defiende también que se le reconozca su trabajo no remunerado a través de ayudas sociales, y se citan algunas iniciativas llevadas a cabo (ver página 71), como la que consta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999: "Se hace un reconocimiento explícito del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social y se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social (se incluye específicamente a las amas de casa) ‘como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad'.
La Constitución afirma además que ‘la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección' y que ‘el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo'.
Una iniciativa sobre la que, junto a las llevadas a cabo por otros países, el informe apunta que "en general, no se han traducido en programas de amplia cobertura y duración".
Trabajadoras domésticas
Por otro lado, el informe señala la desigualdad en el campo laboral entre sexos, que provoca que la mayoría de mujeres de América Latina y el Caribe se dediquen al servicio doméstico. Además, enfatiza su precariedad recordando que "el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, teniendo en cuenta los informes de los gobiernos de la región, ha alertado en varias ocasiones sobre la precaria situación de las trabajadoras del servicio doméstico, que frecuentemente perciben ingresos inferiores al salario mínimo establecido y de las cuales no se respeta el límite de tiempo obligatorio de la jornada laboral". Una situación precaria que se traslada al marco jurídico, como, por ejemplo, en Costa Rica, donde se autoriza a trabajar en el sector doméstico a partir de los 12 años de edad.
El trabajo infantil
El trabajo doméstico no afecta sólo a los adultos, sino también a los niños que se dedican a las tareas del hogar. Según dice el informe, se trata de un hecho que no tiene en cuenta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la hora de cuantificar el trabajo infantil, ya que sólo trata sobre las actividades realizada fuera del hogar. Ésto provoca una "falta de visibilidad" de este trabajo que "deja fuera del ámbito de las políticas públicas" a "un importante porcentaje de niñas, que son las principales encargadas de realizar estas tareas". El informe cita ejemplos tales como el caso de la Encuesta de Chile de 2003, en que el 85% de los menores que dedicaban más de 20 horas semanales al trabajo doméstico eran mujeres. En el caso de Bolivia, las niñas menores de 14 años dedican más de 20 horas a cargar leña o agua y el mismo número de horas a lavar y planchar ropa: actividades "que pueden afectar negativamente a su salud a corto o mediano plazo".
La mujer en la política
Además de tratar sobre la aportación económica de la mujer y el trabajo doméstico, en el informe también se realiza un amplio estudio sobre la presencia de la mujer en la política, que concluye que "las mujeres, que constituyen la mitad de la población, están mínimamente representadas en la mayoría de los parlamentos", mientras que afirma que en los países en que se han adoptado ley de cuotas, éstas han tenido efectos positivos, tanto que en algunos de ellos se ha llegado al 40% de mujeres electas.
Todo esto muestra que aún existe discriminación en la cultura política que provoca que las mujeres centren su atención en las labores reproductivas.
El acuerdo
Tanto para reconocer el trabajo de la mujer en el hogar como para potenciar su desarrollo social en el terreno laboral, los países participantes en la Conferencia Regional firmaron un acuerdo, el Consenso de Quito, por el cual se comprometen a diseñar una serie de medidas, entre ellas legislativas, para potenciar a la mujer en la sociedad y reconocer, a través de la adopción de leyes, tales como medidas económicas, el trabajo no remunerado que realizan así como su aportación al bienestar de la familia. También se comprometen a incluir el trabajo doméstico en las cuentas nacionales. Además, los firmantes del consenso reconocen que el cuidado de las personas constituye un asunto público que compete a las instituciones del Estado, gobiernos, organizaciones, empresas y familias, y no sólo a las mujeres.
Fuente: CEPAL
