Comunicados de Prensa
Sexto informe presentado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional
[ 5 de diciembre del 2007 ]
Antecedentes
El Consejo de Seguridad se reunió esta mañana para considerar el sexto informe presentado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad con arreglo a la resolución 1593 (2005) (aún no se le ha asignado un número de documento oficial).
Presentación de la información proporcionada por la Corte Penal Internacional
LUIS MORENO OCAMPO, Fiscal de la Corte Penal Internacional, en la presentación del informe que se distribuyó en la Cámara, señaló que, el 31 de marzo de 2005, el Consejo había decidido remitir la situación en Darfur a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El 5 de abril del mismo año, había recibido un sobre sellado del Secretario General donde se recogían las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas junto con una lista con 51 nombres. Leyó el documento y lo volvió a sellar porque, como Fiscal de una Corte independiente, no podría utilizar dicha lista para su investigación posterior. Al no encontrar procedimientos nacionales relacionados con las alegaciones a los graves crímenes en Darfur, abrió una investigación el 1 de junio de 2005.
Apuntó que la Fiscalía había examinado las alegaciones de los crímenes cometidos por todas las partes implicadas y había mirado de manera imparcial los hechos incriminatorios e ilícitos. Se habían recogido pruebas desde una amplia variedad de fuentes, que incluían al Gobierno del Sudán. Se habían proporcionado gracias al informe de la Comisión Nacional de Investigación, y a uno del Ministerio de Defensa. Se habían identificado víctimas directas que vivían en 17 países, quienes prestaron declaración. En diciembre de 2006, el Fiscal informó al Consejo de que estaría preparado para presentar pruebas a los Magistrados en febrero de 2007, lo que ya ha hecho.
El 27 de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte había expedido las órdenes de detención contra Ahmad Harun, antes Ministro de Estado del Interior del Sudán, y contra Ali Kushayb, líder de la milicia Janjaweed, responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. No se había cuestionado la admisibilidad, ni por parte del gobierno, ni por los dos implicados. La Corte había pedido la ejecución de las detenciones al Gobierno del Sudán el 16 de junio. Las Noticias Rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) habían sido, por lo tanto, difundidas. El 17 de octubre, el Registro había solicitado una actualización con un tiempo límite hasta el 15 de noviembre. La Corte no obtuvo respuesta del Sudán.
Dijo que en conformidad con los términos de la resolución 1593 (2005) "el Gobierno del Sudán y todas las demás partes involucradas en el conflicto de Darfur debían cooperar plenamente" con la Corte y con la Fiscalía. "He informado hoy al Consejo de Seguridad de que el Gobierno del Sudán no ha cumplido con sus obligaciones jurídicas. El Gobierno del Sudán no ha cumplido con la resolución 1593. El Gobierno del Sudán no está cooperando ni con la Fiscalía, ni con la Corte" señaló. Estos hombres no habían sido detenidos, ni se habían entregado. A pesar de que el Sudán continuaba insistiendo públicamente en que estaba dispuesto y era capaz de procesar a aquellos responsables de crímenes graves, no habían hecho nada. El Sudán no había tomado ninguna medida a nivel nacional para procesarlos.
El 30 de septiembre los medios de comunicación informaron de que Ali Kushayb, contra quien el Gobierno había anteriormente indicado que se estaba llevando a cabo una investigación, había sido liberado por falta de pruebas. En lo que respecta a Ahmad Harun, toda la información de carácter público indicaba que él no se entregaría, y que no se sometería a los procedimientos judiciales nacionales. Así, seguía ocupando su cargo de Ministro de Estado de Asuntos Humanitarios y había acompañado al presidente Bashir a Darfur el 18 de junio. Como anunció la página web oficial del Gobierno sudanés el 18 de noviembre, Ahmad Harun había sido designado para formar parte de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), mecanismo de vigilancia nacional, para supervisar ese despliegue de fuerzas.
El Sudán, Estado Miembro de las Naciones Unidas, no había cumplido con sus obligaciones jurídicas en virtud de la Resolución 1593 a la hora de detener y entregar a los acusados. El Gobierno del Sudán estaba cuestionando repetidamente la autoridad del Consejo para dar jurisdicción a la Corte Penal Internacional. El 1 de noviembre, el representante del Sudán expuso ante la Asamblea General que, al no ser el Sudán un miembro del Estatuto de Roma, la Corte no tenía jurisdicción en este asunto. "Pediré al Consejo que asegure el respeto hacia la resolución 1593."
Dijo que en junio había informado al Consejo de que la Fiscalía controlaría los crímenes actuales. La Fiscalía había demostrado cómo Ahmad Harun había coordinado un sistema penal, en los años 2003-2004, mientras era Ministro de Estado del Interior. Reclutó y utilizó a la milicia Janjaweed para completar las Fuerzas Armadas Sudanesas, y los incitó a cometer crímenes masivos contra los civiles. Los crímenes en Darfur continúan cometiéndose a día de hoy. Por esto, se estaba preparando para abrir nuevas investigaciones.
Había una serie de indicaciones constantes que mostraban una pauta de ataques de los sudaneses contra los civiles, especialmente contra los 2,5 millones de personas desplazadas por la fuerza a campos de refugiados. La Fiscalía también contaba con unos informes que incluían un número cada vez mayor de ataques contra el personal humanitario y las fuerzas del mantenimiento de la paz, como ya había sucedido en Haskanita, con la participación de los movimientos rebeldes. La Fiscalía investigaría los actuales actos de violencia contra los civiles, en particular los de los desplazados. "Estamos siendo testigos de una campaña calculada y organizada por los oficiales sudaneses para atacar a las personas, y además destrozar la estructura social de comunidades enteras. "Toda esta información no señala a actos caóticos y aislados, sino a una pauta de ataques" dijo, y añadió, "referirse a esos crímenes como caos, ‘violencia esporádica' o ‘enfrentamientos entre las tribus' implica un encubrimiento."
Señaló que la campaña de terror de los años 2003-2004 había provocado el desplazamiento forzado de 2,5 millones de personas. La mayoría de las aldeas quedaron reducidas a cenizas. Hoy en día, en Darfur, en las pocas aldeas que quedan en pie, los civiles aún están obligados a escapar y son atacados. Algunos ejemplos de esto incluyen el ataque conjunto en Muhajiriya a manos de las fuerzas del Gobierno sudanés y de la milicia Janjaweed el 8 de octubre. Unos 48 civiles fueron asesinados, la gente que estaba rezando en una mezquita fue rodeada y masacrada. Esta vez no se trataba de un conflicto entre tribus. Las fuerzas aéreas del Sudán bombardearon Adilla en agosto y provocaron 20.000 nuevos desplazados. Esto tampoco fue un conflicto entre tribus.
En los campos de refugiados, continuaba, 2,5 millones de desplazados sufrían persecuciones y abusos como la violencia sexual, detenciones ilegales y asesinatos. Lejos de desarmar a la milicia Janjaweed como había prometido, el Gobierno del Sudán había integrado a una gran mayoría en su aparato de justicia y los había emplazado en las cercanías de los campos de refugiados. Las violaciones a las mujeres cuando abandonaban los campos eran sistemáticas, a pesar de que la violación es uno de los crímenes recogido en el Estatuto de Roma.
En lugar de mantener su promesa de facilitar los retornos, se ordenó que los oficiales sudaneses facilitaran los asentamientos de los partidarios de las milicias Janjaweed en un territorio que antes ocupaban las comunidades Fur y Masalit, proseguía. Además, se alentó a casi 35.000 chadianos a asentarse en las aldeas saqueadas o en las tierras de los alrededores. Las víctimas fueron abandonadas sin esperanzas para el presente y sin perspectivas para el futuro. Así es cómo se persiguió una lenta destrucción de comunidades enteras, "en plena vista de la comunidad internacional".
Como Ministro de Estado de Asuntos Humanitarios, Ahmad Harun, un hombre a quien la Corte Penal Internacional había acusado, era el responsable de proporcionar socorro, de trabajar con las organizaciones de ayuda internacionales, y de coordinar, con órganos garantizados, la seguridad en los campos de refugiados para los desplazados. Formalmente, compartía la responsabilidad por la seguridad y el bienestar de la población desplazada. En realidad, se unió a los continuos abusos contra ellos. En los últimos meses, Ahmad Harun se había personado en algunas de las operaciones específicas contra los desplazados internos en los campos de refugiados. Todo parece indicar que los supuestos brotes de violencia y las luchas internas en los campos reflejaban una estrategia bien diseñada. Los civiles locales fueron asesinados o arrestados, para debilitar así cualquier tipo de organización dentro de los campos. Los funcionarios sudaneses intentaron desmantelar los campos de grandes dimensiones y dispersar a los refugiados en otros grupos más pequeños, y por lo tanto, más fáciles de controlar.
Dijo que la Comisión de Ayuda Humanitaria podía entrar y recoger información en los campos de refugiados y provocaba disturbios organizados con la asistencia de las facciones cercanas al gobierno. También desempeñó un papel crucial a la hora de dificultar la asistencia humanitaria.
Ahmad Harun era el protagonista, pero no estaba solo, señaló. El fracaso para tomar medidas encaminadas a la investigación, a su detención y a la destitución de su cargo se vio claramente en el apoyo que recibió por parte de otros funcionarios superiores. La Fiscalía procedería a investigar quién había tenido una mayor responsabilidad por los ataques en curso contra los civiles; quién estaba manteniendo a Harun en una posición para cometer crímenes; y quién le estaba dando las instrucciones.
En la nueva investigación, dijo que el 29 de octubre, 10 soldados pertenecientes a la Misión de la Unión Africana en el Sudán fueron asesinados, 8 resultaron heridos y uno estaba desaparecido después del ataque a la base militar de Haskanita. Parece que este incidente lo cometieron las fuerzas rebeldes y representó una tendencia progresiva de ataques contra la Unión Africana, las Naciones Unidas y otros trabajadores internacionales por varias fuerzas, una pauta que se estaba vigilando desde la Fiscalía con preocupación. Los ataques a los convoyes de ayuda humanitaria provocaron un efecto devastador. El Fiscal apuntó con preocupación que el Sudán no estaba tomando ninguna medida para proteger a las fuerzas internacionales. Diversas acusaciones hablaban de que se habían utilizado algunos aviones pintados con los colores de las Naciones Unidas o de la Unión Africana en Darfur. Este tipo de acciones, entre otras, debilitaron a las Naciones Unidas y a la Unión Africana, y dieron una impresión de connivencia que podía generar ataques en su contra.
Pidió a todos los miembros del Consejo, a los Estados Miembros y a todas las organizaciones relevantes que le ofrecieran información específica y así ayudar a llevar a cabo las nuevas investigaciones de la Fiscalía. Agradeció a todos aquellos que habían respondido a las peticiones de información por parte de la Corte acerca de los posibles movimientos de los acusados. Ningún Estado se había opuesto a compartir información. En relación a la cooperación con la Unión Africana, dijo que tanto él como el Fiscal Adjunto Fatou Bensouda se habían reunido con los miembros del Grupo Africano en Nueva York. El 20 de junio, puso al corriente al Presidente de la Unión Africana acerca del trabajo de Darfur. También se reunió con el representante del Congo en agosto por su entonces calidad como presidente del Consejo de Seguridad. Desde junio, el Fiscal Adjunto y él se habían reunido con el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y con la Vicesecretaria General Asha-Rose Migiro. Además había informado a la Unión Europea y a los ministros de los distintos Estados Miembros y proseguía con una serie de intercambios constructivos con el Secretario General de la Liga Árabe.
Cuando resumió la situación al final de su declaración, afirmó que mantener a Harun en su cargo suponía una amenaza directa para millones de víctimas, para el personal de los servicios humanitarios y para las fuerzas de mantenimiento de la paz que intentaban protegerlos."¿Cuándo será el momento adecuado para arrestar a Harun?" preguntó. ¿Cuántas mujeres y niñas más tienen que ser violadas? ¿Cuántas personas más tienen que ser asesinadas? ¿Realmente tenemos que esperar, otra vez, a la destrucción de comunidades enteras?"
Pidió al Consejo de Seguridad que mandase un mensaje unánime y contundente al Gobierno del Sudán, solicitando el cumplimiento de la resolución 1593 y la ejecución de las detenciones. Se requería esa misma consistencia en todo el cuerpo de las Naciones Unidas. Resultaría tanto erróneo como confuso hacer ver de cualquier manera al Gobierno del Sudán que las órdenes de detención y la obligación de cumplir con la resolución 1593 desaparecerían.
La única solución realista era detener a Harun, recalcó. Así, se mandaría una señal a los autores de los crímenes de Darfur de que la comunidad internacional no solo estaba observando, y que tendrían que rendir cuenta de sus actos. "Se puede cambiar la situación, se puede romper con el sistema jurídico," señaló. "Lo que se está poniendo en juego no es, ni más ni menos, que la vida o la muerte de 2,5 millones de personas."
Para los medios de información • no es un documento oficial
Fuentes: Comunicado de prensa SC/9186.*
*en inglés
