Comunicados de Prensa
Los crímenes masivos continúan
[ 5 de diciembre del 2007 ]
EL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL INFORMA AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE QUE EL GOBIERNO DEL SUDÁN
"NO ESTÁ COOPERANDO" EN LA INVESTIGACIÓN EN DARFUR; ASÍ, LOS CRÍMENES MASIVOS CONTINÚAN.
El 27 de abril se emitieron dos órdenes de detención; sin embargo, aún no se ha tomado ninguna medida para detenerlos, o entregarlos;Pide al Consejo que mande un mensaje contundente para el cumplimiento de la resolución 1593 (2005).
"Hoy he informado al Consejo de Seguridad de que el Gobierno del Sudán no ha cumplido con sus obligaciones jurídicas", ha declarado esta mañana el Fiscal de la Corte Penal Internacional, mientras el Consejo consideraba su informe acerca de la aplicación de la resolución 1593 (2005), que hacía referencia a la situación en Darfur en la Corte.
Luis Moreno Ocampo, el Fiscal de la Corte, explicó que, tras una serie de investigaciones, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional había expedido el 2 de abril dos órdenes de detención contra el antes Ministro del Interior del Sudán Ahmad Harun, y contra un líder de la milicia Janjaweed, Ali Kushayb, por cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur.
"El Gobierno del Sudán no está cooperando ni con la Fiscalía, ni con la Corte" señaló. Estos hombres no habían sido detenidos, ni se habían entregado. El Sudán no había tomado ninguna medida para procesarlos a nivel nacional. Ahmad Harun aún era Ministro de Estado de Asuntos Humanitarios. La página web oficial del Gobierno sudanés anunció que había sido designado para formar parte de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), mecanismo de vigilancia nacional, para supervisar el despliegue de la fuerza híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas.
El Sudán, Estado miembro de las Naciones Unidas, ha cuestionado repetidamente la autoridad del Consejo para dar jurisdicción a la Corte Penal Internacional. El 1 de noviembre, el representante del Sudán había expuesto ante la Asamblea General que, al no ser el Sudán un miembro del Estatuto de Roma, la Corte no tenía jurisdicción en este asunto. "Pediré al Consejo que asegure el respeto hacia la resolución 1593."
Dijo que en junio había informado al Consejo de que la Fiscalía controlaría los crímenes actuales. Los crímenes en Darfur continúan cometiéndose a día de hoy. Había una serie de indicaciones constantes que mostraban una pauta de ataques realizados por los sudaneses contra los civiles, especialmente contra los 2,5 millones de personas desplazadas por la fuerza a campos de refugiados. La Fiscalía también contaba con unos informes que incluían un número cada vez mayor de ataques contra el personal humanitario y las fuerzas del mantenimiento de la paz, como ya había sucedido en Haskanita, con la participación de los movimientos rebeldes.
La Fiscalía investigaría los actuales actos de violencia cometidos contra los civiles, especialmente contra los desplazados, señaló. "Estamos siendo testigos de una campaña calculada y organizada por parte de los oficiales sudaneses para atacar a las personas, y además destrozar la estructura social de comunidades enteras. "Toda esta información no señala a actos caóticos y aislados, sino a una pauta de ataques" dijo, y añadió, "referirse a esos crímenes como caos, ‘violencia esporádica' o ‘enfrentamientos entre las tribus' implica un encubrimiento."
En los campos de refugiados, continuaba, 2,5 millones de personas han sufrido abusos y persecuciones, que incluyen la violencia sexual, detenciones ilegales y cuasidelitos de homicidio. El mantenimiento en el poder de Harun como Ministro de Asuntos Humanitarios suponía una amenaza directa hacia millones de víctimas y hacia los trabajadores humanitarios y las fuerzas del mantenimiento de la paz que intentaban protegerles. "¿Cuándo será el momento adecuado para arrestar a Harun?" preguntó. "¿Cuántas mujeres y niñas más tienen que ser violadas? ¿Cuántas personas más tienen que ser asesinadas?"
Expuso que, el 29 de octubre, 10 soldados de la Misión de la Unión Africana en el Sudán fueron asesinados como resultado de un ataque a su base en Haskanita. Parece que este incidente lo cometieron las fuerzas rebeldes y representó una tendencia creciente de ataques contra la Unión Africana, la ONU y otros trabajadores internacionales por varias fuerzas. Apuntó con preocupación que el Sudán no estaba tomando ninguna medida para proteger a las fuerzas internacionales.
Pidió al Consejo de Seguridad que mandara un mensaje unánime y contundente al Gobierno del Sudán, para que cumpliera con la resolución 1593 y se realizasen las detenciones. Esa misma consistencia se requería en todo el cuerpo de las Naciones Unidas. Resultaría tanto erróneo como confuso hacer ver de cualquier manera al Gobierno del Sudán que las órdenes de detención y la obligación de cumplir con la resolución 1593 desaparecerían. "Se puede cambiar la situación, se puede romper con el sistema jurídico," señaló. "Lo que está en juego no es, ni más ni menos, que la vida o la muerte de 2,5 millones de personas."
Después de la presentación del Sr. Ocampo, muchos asistentes expresaron su apoyo a la Corte Penal Internacional como pilar en la lucha comunitaria internacional contra la impunidad, y se preocuparon por el hecho de que el Gobierno del Sudán no estuviese cooperando con el Fiscal de la Corte y no hubiese detenido a los dos acusados. El Gobierno, dijeron, había mostrado así su desprecio por el Consejo, que había remitido dicha situación a la Corte Penal Internacional en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Muchos de los asistentes también apoyaron las nuevas investigaciones llevadas a cabo por el Sr. Ocampo y solicitaron una firme declaración del Consejo.
El representante de los Estados Unidos dijo que los asuntos de su Gobierno en relación a la Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma eran bien conocidos y no habían cambiado. Los Estados Unidos siempre habían apoyado, ante todo, la aplicación de la justicia a aquellos responsables de atrocidades y crímenes de guerra en Darfur. Hizo un llamamiento al Gobierno del Sudán para que cooperase plenamente con la Corte Penal Internacional, como exigía la resolución 1593. Compartía su preocupación por el aumento de los ataques contra los civiles, contra el personal de los servicios humanitarios, de la ONU y de la Unión Africana.
El representante de Qatar por su parte, mostró su preocupación por los ataques directos y deliberados de manos de las facciones de los movimientos rebeldes que se situaban aún fuera del marco del Acuerdo de Paz para Darfur, y dijo que las violaciones del derecho internacional humanitario formaban parte, tanto de la jurisdicción sudanesa, como de la Corte Penal Internacional. Hizo un llamamiento al Gobierno del Sudán para que enjuiciase a todos aquellos culpables de crímenes de lesa humanidad, y para que tomase las medidas necesarias para combatir la impunidad en Darfur. El Fiscal debería tener siempre en cuenta el hecho de que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional era complementaria a la nacional. Así, debería remitir los casos y las investigaciones que dirigió a la judicatura sudanesa como corresponda. Además, el derecho del Sudán a cuestionar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte en virtud de los artículos 19 y 82 del Estatuto de Roma se estaba ignorando, centrándose únicamente en la detención y entrega de los acusados.
El representante de China dijo que debería darse un enfoque holístico a todos los aspectos relacionados con la situación en Darfur, a nivel humanitario, judicial y de la seguridad. Se tenía que conseguir un balance y se tenían que establecer unas prioridades. Actualmente, el principal objetivo era restaurar la estabilidad y mejorar la seguridad. El trabajo en otros aspectos debería contribuir a este objetivo. La Corte Penal Internacional se había involucrado en la base de una resolución del Consejo y debería complementar los esfuerzos de la comunidad internacional para avanzar en el proceso político. Era poco probable que se recibiese la cooperación del Gobierno del Sudán si se ignoraba la situación general y se hacía hincapié en el final de la impunidad, y además no conduciría a la solución de los problemas de conjunto.
Los representantes de Panamá, Francia, Reino Unido, Bélgica, la Federación Rusa, Eslovaquia, Indonesia, Sudáfrica, la República de Ghana, Perú, la República Democrática del Congo e Italia también hablaron sobre este asunto.
La sesión se abrió a las 10.15 de la mañana y se cerró a las 12.06 del mediodía.
Para los medios de información • no es un documento oficial
Fuentes: Comunicado de prensa SC/9186. *
*en inglés
