Fiscalización de drogas
Más de 200 millones de personas en todo el mundo hacen un uso indebido de las drogas. Esto provoca la pérdida de ingreso, un incremento desmesurado del gasto sanitario, la desintegración de las familias y el deterioro de las comunidades. El uso de drogas por vía intravenosa, en particular, está impulsando en muchas partes del mundo la rápida propagación del VIH/SIDA y la hepatitis.
Existe una relación directa entre las drogas y el aumento de la delincuencia y la violencia. Los carteles del narcotráfico debilitan los gobiernos e introducen la corrupción en los negocios legales. Los ingresos procedentes del tráfico ilícito de drogas sirven para financiar algunos de los conflictos armados más sangrientos.
El coste financiero es abrumador. Se gastan sumas enormes para reforzar los cuerpos de policía, los sistemas judiciales y los programas de tratamiento y rehabilitación. El coste social también es estremecedor: violencia callejera, guerras entre bandas, miedo, deterioro urbano y vidas destrozadas.
Las Naciones Unidas abordan el problema mundial de la droga en diferentes planos. La Comisión de Estupefacientes, comisión orgánica del Consejo Económico y Social, es el principal órgano intergubernamental de adopción de políticas y coordinación en materia de fiscalización internacional de drogas. La Comisión, en la que participan 53 Estados Miembros, estudia el problema del uso indebido y el tráfico de drogas en el mundo y formula propuestas para intensificar la fiscalización internacional. También supervisa la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas y de los principios rectores y medidas aprobados por la Asamblea General.
La Comisión dispone de cinco órganos subsidiarios para promover la cooperación y coordinación regional en África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe, y el Cercano Oriente y el Oriente Medio.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es un órgano independiente y casi judicial compuesto por 13 miembros que supervisa el cumplimiento por los gobiernos de los tratados de fiscalización internacional de drogas y les presta apoyo al respecto. La Junta procura garantizar que las drogas se destinen a fines médicos y científicos e impedir su desviación hacia cauces ilegítimos, y establece límites máximos aplicables a las cantidades de estupefacientes que los países necesitan para fines médicos y científicos. También organiza misiones de investigación y visitas técnicas en los países afectados por el problema de la droga.
Diversos tratados, aprobados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, exigen a los gobiernos fiscalicen la producción y distribución de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, luchen contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas y presenten informes a los organismos internacionales sobre las medidas adoptadas. Esos tratados son los siguientes:
- La Convención Única sobre Estupefacientes (1961), cuyo objetivo es limitar exclusivamente a usos médicos y científicos la producción, la distribución, la posesión, la utilización y el comercio de drogas y que obliga a los Estados partes a adoptar medidas especiales en relación con ciertas drogas, como la heroína. En el Protocolo de 1972 de la Convención se subraya la necesidad de que los toxicómanos reciban tratamiento y rehabilitación.
- El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), que establece un sistema de fiscalización internacional de esas sustancias, fue aprobado en respuesta a la diversificación y el aumento de los tipos de drogas e introduce controles sobre ciertas drogas sintéticas.
- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), establece amplias medidas contra el tráfico de drogas, como disposiciones contra el blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos. Como principal instrumento de cooperación internacional contra el tráfico de drogas, prevé la localización, congelación y confiscación de los ingresos y propiedades procedentes del tráfico de drogas, la extradición de los traficantes y la ejecución de los trámites procesales y penales. Los Estados partes se comprometen a eliminar o reducir la demanda de drogas.
Mediante su Programa contra la Droga, la Oficina contra la Droga y el Delito dirige todas las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de la fiscalización. El programa contribuye a evitar situaciones que podrían favorecer la producción, el tráfico y el uso indebido de drogas, ayuda a los gobiernos a establecer estructuras y estrategias de fiscalización, presta asistencia técnica en materia de fiscalización de drogas, promueve la aplicación de los tratados sobre fiscalización y funciona como centro de especialización y fuente de información a nivel mundial.
La Oficina contra la Droga y el Delito aborda el problema mundial de las drogas mediante una variada gama de actividades. En los programas comunitarios de prevención del uso indebido de drogas, tratamiento y rehabilitación participan organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. la asistencia para el desarrollo alternativo ofrece nuevas oportunidades económicas a poblaciones que dependen de la producción de cultivos ilícitos. Una mejor capacitación y tecnología para combatir el tráfico de drogas hace aumentar la eficiencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La asistencia a la comunidad empresarial y a las organizaciones no gubernamentales ayuda a crear programas encaminados a reducir la demanda de drogas tales como:
- El Programa Mundial de Vigilancia de los Cultivos Ilícitos, aplicado en el Afganistán, la República Democrática popular Lao, Myanmar, Bolivia, Colombia y el Perú, combina actividades de teleobservación por satélite, vigilancia aérea y evaluación sobre el terreno, para que los países puedan tener una imagen amplia de las zonas donde se producen cultivos ilicitos y de su evolución.
- El Programa Mundial de Evaluación ofrece estadísticas exactas y actualizadas sobre el consumo mundial de drogas ilícitas. Tal conocimiento de las tendencias del uso indebido de drogas es fundamental para determinar cuáles son las mejores estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación.
- El Programa de Asistencia Jurídica colabora con los Estados para aplicar los tratados de fiscalización de drogas ayudándolos a elaborar leyes e impartiendo capacitación a los funcionarios judiciales. Más de 1.700 funcionarios que desempeñan cargos claves han recibido capacitación jurídica y se ha prestado asistencia a más de 140 países.
Durante el período extraordinario de sesiones dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas que la Asamblea General celebró en 1998, los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a trabajar conjuntamente para racionalizar las estrategias y reforzar las actividades prácticas encaminadas a limitar tanto la producción como el consumo de drogas ilicitas mediante campañas para reducir la demanda de drogas, programas para restringir la disponibilidad de las sustancias que pueden utilizarse en la producción de drogas, actividades para mejorar la cooperación judicial entre los países con miras a una mejor fiscalización del tráfico de drogas y esfuerzos más intensos por erradicar los cultivos ilícitos en que se asienta la producción de drogas.