La Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó a Timor Oriental en el programa internacional en 1960, cuando lo añadió a su lista de territorios no autónomos. En aquel momento, Portugal administraba Timor Oriental. Catorce años más tarde, en 1974, Portugal intentó establecer un gobierno provisional y una asamblea popular que determinarían la situación de Timor Oriental. La guerra civil estalló entre aquellos que estaban a favor de la independencia y aquellos que abogaban por la integración con Indonesia. Incapaz de controlar la situación, Portugal se retiró. Indonesia intervino militarmente y en 1976 se anexó Timor Oriental como su 27ª provincia. Las Naciones Unidas nunca reconocieron esta integración, y tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General solicitaron la retirada de Indonesia.
A partir de 1982, por petición de la Asamblea General, los sucesivos Secretarios Generales mantuvieron conversaciones regularmente con Indonesia y Portugal con el objetivo de decidir la situación del territorio. En junio de 1998, Indonesia propuso una autonomía limitada para Timor Oriental dentro de Indonesia. A la luz de esta propuesta, las conversaciones progresaron rápidamente y originaron una serie de acuerdos entre Indonesia y Portugal que se firmaron en Nueva York el 5 de mayo de 1999. Los dos gobiernos confiaron al Secretario General la tarea de organizar y llevar a cabo una "consulta del pueblo" para discernir si el pueblo de Timor Oriental aceptaba o rechazaba la autonomía especial dentro de la República unitaria de Indonesia.
Para llevar a cabo la consulta, el Consejo de Seguridad, por medio de la resolución 1246 (1999), autorizó la creación de la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental
(UNAMET) * el 11 de junio de 1999. Los acuerdos del 5 de mayo estipulaban que, tras la votación, la UNAMET supervisaría el periodo de transición a la espera de la decisión del pueblo de Timor Oriental.
A pesar de un horario excesivamente ajustado y el alto nivel de tensión, del terreno montañoso, las malas carreteras y las difíciles comunicaciones, la UNAMET registró, en una población de unos 800.000 (en Timor Oriental y en el extranjero), 451.792 personas con derecho a voto. El día de las elecciones, el 30 de agosto de 1999, un 98% aproximadamente de los votantes registrados acudió a las urnas y decidió con un margen de 94.388 (21,5%) a 344.580 (78,5%) rechazar la autonomía propuesta y comenzar el proceso de transición hacia la independencia.
Tras anunciar el resultado, las milicias a favor de la integración, en ocasiones con el apoyo de partes de las fuerzas de seguridad de Indonesia, emprendieron una campaña de violencia, saqueo e incendios por todo el territorio. Las autoridades indonesias no dieron una respuesta eficaz a la violencia, a pesar de los claros compromisos adquiridos en los acuerdos del 5 de mayo. Muchos timorenses orientales fueron asesinados y hasta 500.000 fueron desplazados de sus hogares, aproximadamente la mitad abandonaron el territorio, en algunos casos a la fuerza. La UNAMET llevó a cabo una evacuación parcial, tanto de su personal internacional como del local, y también de sus familiares más inmediatos, a Australia. Un pequeño equipo de personal de la UNAMET se quedó en la sede de las Naciones Unidas en Dili para asegurar la seguridad de las personas no pertenecientes a la ONU que pudieran buscar allí refugio.
El Secretario General y el Consejo de Seguridad llevaron a cabo arduos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la violencia, presionando a Indonesia para que asumiera su responsabilidad de mantener la seguridad y el orden en el territorio. Una misión del Consejo de Seguridad visitó Yakarta y Dili, y el Secretario General se esforzó por conseguir apoyo de los gobiernos para que una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad controlara la situación. Cuando concluyó la visita a Yakarta de la misión del Consejo, el 12 de septiembre de 1999, el gobierno de Indonesia aceptó la oferta de ayuda de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad autorizó entonces a la fuerza multinacional (INTERFET), con una estructura de mando unificado encabezada por un estado miembro (Australia), a restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental, a proteger y prestar apoyo a la UNAMET en el desempeño de sus tareas y, dentro de las posibilidades de la fuerza, a facilitar las operaciones de ayuda humanitaria.
Mientras tanto, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas pusieron en marcha una acción de socorro humanitario urgente a gran escala, que incluía dejar caer comida desde el aire, convoyes de asistencia y la provisión de cobijo y servicios básicos. Los trabajadores y los proveedores de socorro se desplegaron progresivamente a medida que la situación de seguridad mejoraba. A la vez, se prestó cada vez más atención a la repatriación voluntaria de unos 250.000 timorenses orientales de Timor Occidental y otras zonas de Indonesia y de la región. Para financiar la acción de socorro, el 27 de octubre de 1999 se lanzó un Llamamiento Interinstitucional Unificado de 199 millones de dólares.
Tras el brote de violencia, la policía y las fuerzas armadas de Indonesia comenzaron a retirarse del territorio, hasta dejarlo completamente. Los funcionarios administrativos de Indonesia también se marcharon. El 28 de septiembre, Indonesia y Portugal, en una reunión con las Naciones Unidas, reiteraron su acuerdo de transferencia de autoridad sobre Timor Oriental a las Naciones Unidas. También estuvieron de acuerdo en que se requerían medidas ad hoc para cubrir el vacío creado por la temprana salida de las autoridades civiles indonesias. El 28 de septiembre la UNAMET volvió a establecer su sede en Dili e inmediatamente comenzó a tomar medidas para restaurar la capacidad logística de la misión y volver a desplegar el personal de la UNAMET a medida que las condiciones lo fueran permitiendo.
El 19 de octubre de 1999, la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio reconoció oficialmente los resultados de la consulta. Poco después, el 25 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante la resolución 1272 (1999), creó la Administración de Transición para Timor Oriental (UNTAET) como una operación de mantenimiento de la paz multidimensional e integrada, totalmente responsable de la administración de Timor Oriental durante su transición hacia la independencia.
La resolución 1272 encargaba a la UNTAET proporcionar seguridad y mantener el orden público en todo el territorio de Timor Oriental; establecer una administración eficaz; contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales; encargarse de la coordinación y la prestación de ayuda humanitaria, la rehabilitación de la ayuda humanitaria, colaborar en la rehabilitación y el desarrollo; fomentar la capacidad para el autogobierno; y ayudar al establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible.
La UNTAET consistía de un gobierno y de un componente de administración pública, un componente de policía civil de hasta 1.640 efectivos y una fuerza armada de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, de magnitud equivalente a INTERFET. Además, se incorporaron la ayuda humanitaria y los componentes de rehabilitación a la estructura de la Administración de Transición. Para financiar sus actividades de transición, en la reunión de donantes para Timor Oriental que se celebró en Tokio en diciembre de 1999, se reunieron más de 520 millones de dólares.
Poco después, el administrador de transición, en conferencia con la dirección política de Timor Oriental, estableció el Consejo Consultivo Nacional (NCC), un organismo político constituido por 11 miembros timorenses orientales y cuatro de la UNTAET, para supervisar el proceso de toma de decisiones durante el periodo de transición que habría de llevar a la independencia. El NCC recibió consultas sobre una serie de regulaciones urgentes necesarias para establecer una administración eficaz en el territorio. Entre ellas se encontraban: establecer un sistema legal, volver a establecer el sistema jurídico, establecer una moneda oficial, crear controles fronterizos, impuestos, y crear el primer presupuesto consolidado para Timor Oriental.
En febrero de 2000, señalando el completo despliegue de la UNTAET, el mando sobre las operaciones militares se transfirió de INTERFET a la Fuerza de Mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Además, la UNTAET puso en marcha el proceso de reorganización para parecerse más al futuro gobierno de Timor Oriental y para incrementar la participación directa de los timorenses orientales. Se crearon ocho carteras: administración interna, infraestructura, asuntos económicos, asuntos sociales, recursos financieros, justicia, policía y servicios de urgencia, y asuntos políticos. Los cuatro primeros los dirigieron timorenses orientales y los otros cuatro, funcionarios superiores de la UNTAET. El proceso de transformación y creación de las instituciones posteriormente llevaría a la creación, en agosto de 2000, de la Administración de Transición de Timor Oriental (ETTA), liderada por el administrador de transición.
Mientras tanto, durante los primeros seis meses de 2000, más de 167.000 refugiados regresaron de Indonesia, principalmente de Timor Occidental, y se estima que entre 85.000 y 120.000 se quedaron en campamentos de Timor Occidental. Sin embargo, en septiembre, una serie de atentados armados contra las tropas de las Naciones Unidas y el pueblo timorense oriental a lo largo de la frontera y en los campamentos de refugiados de Timor Occidental llevaron a que la UNTAET declarara las zonas occidentales de "gran amenaza". Tras el asesinato por parte las milicias armadas de tres funcionarios de la ONU en Atambua, Timor Occidental, el 6 de septiembre de 2000, se suspendieron las acciones de socorro humanitario en la región.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respondió al deterioro de la seguridad aprobando la resolución 1319 el 8 de septiembre de 2000. La resolución hacía un llamamiento al gobierno de Indonesia para que adoptara medidas adicionales inmediatas, en cumplimiento de las responsabilidades que le incumbían, para desarmar y disolver a la milicia de inmediato, restablecer el orden y el imperio de la ley en las zonas afectadas de Timor Occidental, garantizar la protección y la seguridad en los campamentos de refugiados, así como las de los trabajadores humanitarios, y prevenir las incursiones en Timor Oriental a través de sus fronteras.
Además de la expansión prevista del servicio de policía de Timor Oriental, el 12 de septiembre de 2000, el gabinete de transición aprobó la creación de la fuerza de defensa de Timor Oriental, que constaba de 1.500 soldados efectivos de entre los antiguos militantes de la guerrilla a favor de la independencia FALINTIL, y completados con una reserva de igual número.
A la vez que tenían lugar las acciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad en Timor Oriental, se tomaron medidas destinadas al desarrollo y puesta en marcha de un sistema legal y judicial. Una oficina del fiscal general de Timor Oriental y un servicio de defensa; tres juzgados del distrito; un juzgado de apelación; prisiones en Dili y otras dos localizaciones. Todo esto se creó a lo largo de 2000.
En octubre de 2000, se estableció un Consejo Nacional (NC) para sustituir y ampliar el anterior Consejo Nacional Consultivo (NCC) en su papel de núcleo de la futura asamblea. Lo componían 36 miembros de la sociedad civil timorense oriental (empresarios, partidos políticos, ONG, y los 13 distritos del territorio). Se eligieron timorenses orientales para cinco de las nueve carteras.
El 16 de marzo de 2001 se promulgó una regulación relacionada con la elección de la Asamblea Constitutiva, prevista para el 30 de agosto, que formó la base de la preparación para las elecciones. Ese mismo día comenzó el registro civil de todos los residentes y el 23 de junio ya se habían registrado 737.811 personas.
Mientras tanto seguían progresando los esfuerzos para crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y asegurar el crecimiento económico en Timor Oriental. Se marcó un hito en estos trabajos el 3 de julio de 2001, cuando los representantes de la Administración de Transición y Australia comenzaron a trazar el Acuerdo del Mar de Timor, un documento que regiría las operaciones petrolíferas en el Mar de Timor.
El 30 de agosto de 2001, dos años después de la Consulta del Pueblo, más del 91% de los timorenses orientales con derecho a voto acudieron de nuevo a las urnas; esta vez, para elegir una Asamblea Constitutiva de 88 miembros con la tarea de escribir y adoptar una nueva Constitución y establecer el marco para las futuras elecciones y la transición hacia la total independencia.
Poco después, 24 miembros del nuevo consejo de ministros del Segundo Gobierno de Transición juraron su cargo. El nuevo consejo sustituyó al gabinete de transición que se había creado en 2000. La Asamblea Constitutiva y el nuevo gobierno iban a regir Timor Oriental durante el periodo de transición restante antes de su independencia como estado democrático y soberano.
La Asamblea Constitutiva de Timor Oriental puso en vigor la primera Constitución del territorio el 22 de marzo de 2002, y tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, Xanana Gusmão fue elegido presidente electo de Timor Oriental. Con estas dos condiciones previas para la transferencia del poder cumplidas, la Asamblea Constitutiva se transformaría en el parlamento del país el 20 de mayo de 2002.
Las Naciones Unidas seguirán manteniendo su presencia en Timor Oriental durante el periodo posterior a la independencia para asegurar la seguridad y la estabilidad del nuevo estado. La misión sucesora, que será conocida como laMisión de Apoyo a Timor Oriental de las Naciones Unidas (UNMISET), c adoptará la política de ir marcando metas hacia la retirada gradual del territorio y apoyará a las autoridades timorenses orientales en las áreas de estabilidad, democracia y justicia, seguridad interna y cumplimiento de la ley y seguridad externa y control fronterizo.
Producido por el Departamento de Información Pública, mayo de 2002.
(* inglés)
Éste no es un documento oficial de las Naciones Unidas.
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El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.
