1. Antecedentes
El Gobierno de Angola y la oposición, la Unión
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), han estado inmersos
en una intermitente aunque devastadora guerra civil desde que el país
se independizó de Portugal en 1975. Al llegar el decenio de los
80, la UNITA tenía bajo control buena parte del país con
ayuda del Gobierno en minoría de Sudáfrica y de los Estados
Unidos de América. El Gobierno, por su parte, tenía el
apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y contaba con la asistencia de fuerzas cubanas.
En diciembre de 1988, un complejo proceso diplomático
internacional encaminado a conseguir la paz y la estabilidad en la región
culminó en acuerdos sobre la aplicación de la resolución
435 (1978) del Consejo de Seguridad, conducente a la independencia
de Namibia, y sobre el retiro de las tropas cubanas de Angola. En virtud
de este último acuerdo, fue enviada a Angola la primera Misión
de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM I)
para supervisar el retiro de las tropas cubanas, que fue concluido en
mayo de 1991.
Una vez que las tropas extranjeras se retiraron del país,
la comunidad internacional vio también la ocasión de terminar
con el duradero conflicto entre el Gobierno de Angola y la UNITA. En
abril de 1990, el Gobierno de Angola y la UNITA comenzaron una serie
de conversaciones en las que participaron Portugal, como mediador, y
los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas como observadores. Las negociaciones finalmente
culminaron en los Acuerdos de Paz para Angola (también conocidos
como los Acuerdos de Bicesse o "Acordos de Paz para Angola"),
que fueron rubricados el 1 de mayo de 1991 en Estoril (Portugal), y
firmados por el Presidente de Angola, el Sr. José Eduardo dos
Santos, y el Presidente de la UNITA, el Sr. Jonas Savimbi, en Lisboa
el 31 de mayo de 1991.
Los Acuerdos de Paz para Angola incluían cuatro
documentos: un acuerdo sobre cesación del fuego, los principios
fundamentales para el establecimiento de la paz en Angola, un marco
conceptual para resolver los asuntos todavía pendientes entre
el Gobierno y la UNITA, y el Protocolo de Estoril.
2. Establecimiento
de la UNAVEM II
Una suspensión de facto de las hostilidades se
hizo efectiva el 15 de mayo de 1991. Dos días más tarde,
el Secretario General recibió una carta del Gobierno de Angola
en la que se pedía a las Naciones Unidas que participasen en
la verificación de la aplicación de los Acuerdos de Paz.
El 20 de mayo de 1991, el Secretario General recomendó al Consejo
de Seguridad que encomendara a la UNAVEM las tareas de verificación
que los Acuerdos atribuían a las Naciones Unidas. Según
lo convenido, la UNAVEM debía verificar los acuerdos de cesación
del fuego en todo el país y supervisar la neutralidad de la policía
angoleña. Los efectivos de la Misión comprenderían
un grupo de hasta 350 observadores militares desarmados que trabajarían
conjuntamente con los equipos de supervisión angoleños
pero que serían independientes de éstos. El mismo procedimiento
se aplicaría en el caso de los hasta 90 observadores de policía
de la UNAVEM.
El 30 de mayo, el Consejo aprobó su resolución
696 (1991), que daba un nuevo mandato a la UNAVEM (en lo
sucesivo UNAVEM II) y que establecía la Misión por un
período de 17 meses, hasta el día siguiente a la celebración
de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el otoño
de 1992.
3. Verificación
de la cesación del fuego
La operación de verificación de las Naciones
Unidas comenzó tan pronto como los Acuerdos de Paz para Angola
fueron firmados oficialmente el 31 de mayo de 1991. El 2 de junio de
1991, tres días después de que la Misión fuese
establecida, se desplegaron grupos de avanzada de observadores militares
de las Naciones Unidas a cinco de los seis cuarteles generales regionales
de la UNAVEM II. Posteriormente, se desplegaron equipos de observadores
militares de la UNAVEM II a unos 46 puestos ("zonas de concentración")
donde las tropas de ambas partes fueron concentradas durante la cesación
del fuego, así como a varios "puntos críticos"
(ciertos puertos marítimos, aeropuertos y puestos fronterizos).
En esencia, su misión era verificar que los grupos
conjuntos de supervisión, compuestos por igual número
de representantes del Gobierno de Angola que de la UNITA, y responsables
de supervisar sobre el terreno la observancia de la cesación
del fuego, llevaran a cabo sus funciones. Trabajando conjuntamente con
estos grupos de supervisión, los equipos de verificación
de la UNAVEM II prestaron su apoyo en la investigación y la resolución
de presuntas violaciones de la cesación del fuego. Respondieron
a las peticiones de asistencia y usaron sus buenos oficios para resolver
los problemas internos de los grupos de supervisión. La neutralidad
de la policía angoleña sería verificada por equipos
de supervisión, también compuestos por miembros nombrados
por el Gobierno de Angola y por la UNITA. Su trabajo debía ser
verificado por los observadores de policía de la UNAVEM II. Los
equipos de supervisión y los observadores de la UNAVEM II debían
inspeccionar las instalaciones de la policía, examinar las actividades
de la policía y, en caso necesario, investigar las presuntas
violaciones de derechos políticos. En octubre de 1991, los observadores
de policía de la UNAVEM II ya habían sido desplegados
en el total de las 18 provincias de Angola.
A 25 de octubre de 1991, la Misión incluía
350 observadores militares, 89 observadores de policía, 14 miembros
de personal médico militar, 54 miembros de personal civil de
contratación internacional y 41 miembros de personal civil de
contratación local. La UNAVEM II también estaba equipada
con una unidad de aviación civil, formada por un avión
carguero y 12 helicópteros de uso general, complementados en
caso necesario por la contratación de un avión carguero
y un pequeño avión de pasajeros. Con el acuerdo de las
partes, la UNAVEM II tomó la iniciativa en la supervisión
de algunos aspectos de los Acuerdos, incluidos el recuento regular de
tropas y de armas en todas las zonas de concentración y la comunicación
de información pertinente a Luanda. También asesoró
sobre las formas de superar las dificultades prácticas en el
proceso de concentración. Además, los organismos y programas
de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas estaban sumamente implicados
en la provisión de alimentos y otros tipos de asistencia a las
tropas acantonadas.
En lo que respecta al cumplimiento por las partes de los
Acuerdos de Paz, había aún bastantes cosas que mejorar.
Aunque no hubo violaciones graves de la cesación del fuego, la
observancia de lo dispuesto en los Acuerdos se vio afectada por antagonismos
y malentendidos, así como por dificultades logísticas,
especialmente en la prestación de apoyo logístico en zonas
de concentración de tropas, que tuvieron que ser establecidas
y mantenidas por las propias partes. En octubre de 1991, la concentración
de tropas se había quedado considerablemente retrasada con respecto
a lo previsto, y ambas partes habían sido incapaces de crear
grupos conjuntos de supervisión de policía. Estas demoras
socavaron la confianza mutua entre las partes. Aunque se decidió
no magnificar la tensión resultante de incidentes que se producían
en los cuerpos conjuntos de supervisión y verificación
establecidos por los Acuerdos de Paz, la atmósfera política
y de seguridad siguió siendo tensa y frágil, y llegaron
informaciones de incidentes violentos así como de actos de intimidación
y provocación perpetrados tanto por el Gobierno como por partidarios
de la UNITA.
4. Observación
del proceso electoral
Los Acuerdos de Paz preveían "elecciones
limpias y libres para elegir un nuevo Gobierno " bajo "la
supervisión de observadores electorales de contratación
internacional ". En diciembre de 1991, el Gobierno de Angola pidió
a las Naciones Unidas que le prestase asistencia técnica para
preparar y celebrar las elecciones, así como que desplegara observadores
de las Naciones Unidas que siguiesen todo el proceso electoral hasta
su finalización en otoño de 1992. Un acuerdo sobre asistencia
técnica fue firmado con el Gobierno de Angola en enero de 1992.
El 6 de febrero de 1992, el Secretario General informó
al Consejo de Seguridad de su decisión de nombrar a la Srta.
Margaret Joan Anstee (el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) su Representante Especial para que coordinara todas las actividades
de las Naciones Unidas relativas a los Acuerdos de Paz para Angola y
Jefa de Misión de la UNAVEM II. El 3 de marzo, tras la visita
de la Representante Especial a Angola, el Secretario General presentó
al Consejo su informe con recomendaciones relativas a la función
de las Naciones Unidas en la observación de las próximas
elecciones. El 24 de marzo, el Consejo, en su resolución
747 (1992), decidió prorrogar el mandato
de la UNAVEM II para que abarcase la observación de las elecciones
en Angola.
La oficina de la Representante Especial fue establecida
en Luanda en marzo de 1992. Además de los observadores militares
y de policía y del personal civil desplegados, la UNAVEM II fue
prorrogada para que abarcase una División de Asistencia Electoral,
encabezada por un Oficial Electoral Jefe. Las oficinas de la División
de Asistencia Electoral fueron establecidas en Luanda, en las seis regiones
angoleñas y en las capitales del total de 18 provincias. Aproximadamente
100 miembros de personal de contratación internacional y el número
requerido de personal de contratación local fueron desplegados
en los lugares de votación provinciales y regionales.
La función de las Naciones Unidas era la de observar
y verificar las elecciones, no la de organizarlas. El proceso electoral
fue organizado y dirigido por el Consejo Electoral Nacional (CEN), en
el que estaban representados todos los partidos políticos legalizados
de Angola y al que prestaban asistencia técnica expertos y consultores
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El proceso
electoral comprendía cuatro fases: la inscripción de los
votantes, del 20 de mayo al 10 de agosto; la campaña electoral,
del 29 de agosto al 28 de septiembre; las elecciones presidenciales
y legislativas, el 29 y el 30 de septiembre; y el recuento de votos,
investigación de denuncias y anuncio de los resultados finales
por el Presidente del CEN el 17 de octubre.
En su informe al Consejo de Seguridad de fecha 9 de septiembre
de 1992, el Secretario General declaró que los resultados del
proceso de inscripción habían superado las expectativas,
y que el CEN había sido informado de la inscripción de
4,8 millones de posibles votantes, que representaban alrededor del 92
por ciento del total de votantes calificados, estimado en 5,3 millones.
La campaña electoral se desarrolló sin casos graves de
violencia, aunque se recibieron informaciones de actos de intimidación
perpetrados por algunos partidos políticos, especialmente la
UNITA y el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA),
así como dificultades de acceso a ciertas áreas, particularmente
las que estaban bajo control de la UNITA. Los 18 partidos políticos
que habían presentado candidatos participaron de forma activa
en la campaña. Hubo denuncias, especialmente desde los partidos
más pequeños, por el hecho de que siguieran en existencia
los ejércitos del Gobierno y de la UNITA, por el lento progreso
de la desmovilización y de la formación de las nuevas
Fuerzas Armadas de Angola y por falta de acceso a la radio y la televisión
controladas por el Gobierno, cuya imparcialidad fue puesta en tela de
juicio.
Los observadores electorales de la UNAVEM II supervisaron
la campaña, participaron en programas de educación cívica
y proporcionaron información acerca de la función de la
UNAVEM II. Además, la UNAVEM II y el PNUD organizaron una operación
aérea de apoyo, dotada de 45 helicópteros y 15 aviones,
para superar las dificultades logísticas que planteaba el desplazamiento
a los lugares de votación de más difícil acceso.
Para la observación y la verificación de las elecciones
el 29 y el 30 de septiembre de 1992, la UNAVEM II desplegó 400
observadores electorales. Actuando en buena medida como equipos móviles
bimembres, los observadores se ocuparon del total de 18 provincias y
de la mayoría de las 164 localidades, y visitaron unos 4.000
lugares de votación de un total de 6.000.
En lo que respecta a las cuestiones militares de su mandato,
la UNAVEM II continuó desempeñando sus funciones de verificación
en las zonas de concentración hasta y tras la anunciada disolución
de los dos antiguos ejércitos de la FAPLA (Gobierno) y la FALA
(UNITA) el 27 de septiembre de 1992. Conforme se acercaban las elecciones,
la desmovilización se aceleró oficialmente. El 7 de octubre,
un total de 96.620 soldados del Gobierno habían sido desmovilizados,
lo que representaba el 80 por ciento de la cifra proyectada. Sin embargo,
en el caso de la FALA, la proporción de antiguos soldados desmovilizados
era mucho menor.
Los observadores de policía de las Naciones Unidas
continuaron supervisando la neutralidad de la policía. Los grupos
conjuntos de supervisión dependieron casi por completo de la
UNAVEM II en cuestiones de transporte y comunicaciones. Se realizaron
pocos progresos en la formación de una fuerza de policía
nacional representativa.
5. La UNITA rechaza
los resultados electorales
El 1 de octubre de 1992, la Representante Especial del
Secretario General hizo pública una declaración en la
que señalaba que la gran mayoría de los votantes inscritos
habían votado en condiciones pacíficas y ordenadas, a
pesar de las dificultades logísticas y de organización.
Sin embargo, la UNITA y algunas otras partes presentaron
denuncias el 3 de octubre y en días posteriores de irregularidades
y fraude generalizados, masivos y sistemáticos en las elecciones.
El Secretario General instó al líder de la UNITA, el Sr.
Jonas Savimbi, a no rechazar los resultados de las elecciones, al estar
pendientes de investigación las denuncias presentadas por la
UNITA, y puso de relieve la urgencia de una reunión conjunta
con el Presidente José Eduardo dos Santos. Las denuncias fueron
investigadas por el CEN, con la asistencia activa de la UNAVEM II. Se
enviaron comisiones de investigación al total de 18 provincias,
pero no encontraron pruebas concluyentes de fraude masivo y sistemático
que pudiera tener efectos importantes en los resultados generales de
las elecciones.
Entretanto, tuvo lugar una grave violación de los
Acuerdos de Paz a principios de octubre, cuando 11 antiguos generales
de la UNITA, incluido el jefe del Ejército de la UNITA, se retiraron
de las nuevas Fuerzas Armadas unificadas de Angola, en protesta por
lo que ellos llamaban "fraude y trampas " en las elecciones.
A la vista de estos acontecimientos, el Consejo de Seguridad envió
a Angola, del 11 al 14 de octubre, una comisión especial, compuesta
por representantes de Cabo Verde, los Estados Unidos de América,
la Federación de Rusia y Marruecos, para apoyar la aplicación
de los Acuerdos de Paz. A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos,
la situación política y militar del país siguió
deteriorándose.
El 17 de octubre de 1992, el Presidente del CEN anunció
los resultados oficiales de las elecciones. Más del 91 por ciento
de los inscritos habían votado. El MPLA había ganado las
elecciones legislativas, con un 53,74 por ciento de los votos, frente
al 34,1 por ciento obtenido por la UNITA. En las elecciones presidenciales,
el Presidente dos Santos había obtenido un 49,57 por ciento de
los votos, frente al 40,07 por ciento del Sr. Savimbi. Puesto que ninguno
había conseguido el 50 por ciento, la ley electoral exigía
una segunda vuelta. La Representante Especial del Secretario General
hizo pública una declaración el 17 de octubre, en la que
manifestaba que "no había pruebas concluyentes de fraude
importante, sistemático o extendido, ni de que las irregularidades
fuesen de magnitud suficiente para causar un efecto importante en los
resultados anunciados oficialmente el 17 de octubre". Puso de relieve
que "habida cuenta de todas las deficiencias existentes, las elecciones
celebradas los días 29 y el 30 de septiembre pueden considerarse
como libres e imparciales en términos generales".
Tras ser anunciados los resultados de las elecciones,
la UNITA lanzó una operación de ámbito nacional
para ocupar las diferentes localidades por la fuerza y suprimir las
estructuras de administración local del Gobierno. El 27 de octubre,
el Secretario General comunicó al Consejo de Seguridad su seria
preocupación por la tensión creciente. El Consejo una
vez más hizo un llamamiento a ambas partes para que acatasen
los compromisos adquiridos en virtud de los Acuerdos de Paz, en particular
el confinamiento de sus tropas y la recolecta de armas, la desmovilización
y la formación de las Fuerzas Armadas unificadas de Angola. Pidió
a la UNITA que respetase los resultados de las elecciones e instó
a los líderes de ambas partes a entablar el diálogo de
forma inmediata para permitir que se celebrase la segunda vuelta de
la elección presidencial.
El 30 de octubre, el Consejo de Seguridad, a la vista
de que llegaban inquietantes informaciones de reanudación de
las hostilidades en muchas partes del país, aprobó la
resolución
785 (1992), en la que se prorrogaba el mandato de la UNAVEM
II hasta el 30 de noviembre de 1992, y en la que se apoyaba la declaración
de la Representante Especial del Secretario General en la que se certificaba
que las elecciones fueron en general libres e imparciales.
Apenas 23 horas más tarde, el 31 de octubre, estallaron
fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y de la UNITA,
especialmente en Luanda. Los esfuerzos del Secretario General, apoyado
por una serie de Estados Miembros, se tradujeron en una cesación
del fuego que oficialmente se hizo efectiva el 2 de noviembre. La UNAVEM
II, que mantenía intacta su presencia militar, policial y civil
en 67 puestos de todo el país, trabajó para preservar
la cesación del fuego, patrullando en los "puntos problemáticos"
y usando sus buenos oficios para promover el diálogo entre las
partes.
6. El Secretario
General evalúa la situación
El 25 de noviembre de 1992, el Secretario General entregó
al Consejo de Seguridad un informe detallado de la situación
en Angola, y recomendó que se prorrogara el mandato de la UNAVEM
II por un período de dos meses, hasta el 31 de enero de 1993.
El Secretario General declaró que aunque era demasiado pronto
para analizar las causas del deterioro de la situación en Angola,
estaba ya claro que una causa fundamental era el incumplimiento de las
disposiciones clave de los Acuerdos de Paz. Entre los fracasos estaban
la poca eficacia en el proceso de desmovilización y almacenamiento
de armas; el retraso en la creación de las Fuerzas Armadas unificadas
de Angola (FAA), que sólo se constituyeron oficialmente dos días
antes de las elecciones; el fracaso en el restablecimiento de una administración
central eficiente en muchas partes del país y la demora en la
formación de una fuerza de policía neutral. También
había sido difícil crear en 16 meses, tras tantos años
de guerra civil, una atmósfera de confianza, tolerancia y respeto
mutuos.
No obstante, puso de relieve el Secretario General, "también
es demasiado pronto para desesperarse por el proceso de paz en Angola
", señalando que las partes se habían comprometido
de nuevo con el proceso. El 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad,
en su resolución
793 (1992), prorrogó el mandato de la UNAVEM
II hasta el 31 de enero de 1993. Entretanto, los esfuerzos de la Representante
Especial del Secretario General dieron como resultado una reunión
el 26 de noviembre de 1992 en la capital provincial meridional de Namibe
entre delegaciones de alto nivel de ambas partes, en la que se comprometieron
a aceptar plenamente la validez de los Acuerdos de Paz, a una cesación
del fuego efectiva en todo el país y a la cesación inmediata
de todos los movimientos ofensivos, y a la necesidad de una mayor implicación
de las Naciones Unidas. Sin embargo, casi inmediatamente, este avance
fue seguido de un revés cuando, el 29 de noviembre, fuerzas de
la UNITA tomaron la capital provincial septentrional de Uige y una importante
base aérea de las inmediaciones, en Negage. Los intentos por
restaurar el diálogo entre las dos partes, incluida la invitación
personal del Secretario General al Presidente dos Santos y al Sr. Mavimbi
a asistir a una reunión conjunta con él en un lugar convenido
fracasaron. La situación se deterioró más con los
estallidos de fuertes enfrentamientos en al menos 10 capitales de provincia
y otros núcleos de población, culpando cada parte a la
otra de iniciar esas hostilidades.
En su informe al Consejo de fecha 21 de enero de 1993,
el Secretario General declaró que "a decir verdad, Angola
está sufriendo nuevamente una guerra civil y probablemente se
encuentra en una situación peor que la reinante antes de la firma
de los Acuerdos de Paz, en mayo de 1991". El conflicto abarcaba
ya ciudades y núcleos de población como nunca lo había
hecho durante los 16 años anteriores, y había "informes
inquietantes pero no confirmados" de que tal vez estuviesen entrando
en el país nuevos suministros de armas. Además, la propagación
de los combates y la ausencia de una administración gubernamental
en gran parte del interior del país trajeron consigo el hambre
generalizada y la huida de las ciudades afectadas por el conflicto de
grandes cantidades de personas. "Una ya grave situación
humanitaria ha pasado a ser catastrófica en muchas zonas",
el Secretario General declaró, y la capacidad para prestar asistencia
de los organismos humanitarios internacionales se había visto
disminuida considerablemente.
7. El mandato
de la UNAVEM II es ajustado
De acuerdo con el informe del 21 de enero, la crisis
en Angola hizo que la UNAVEM II pasara a desempeñar una función
central de mediación. Sin embargo, señalaba el Secretario
General, con el estallido violento y generalizado de hostilidades y
el colapso en todos los planos de los mecanismos conjuntos de supervisión,
"el mandato original de la UNAVEM II ha pasado a ser cada vez menos
pertinente". Incluso su función de mediación se había
visto cada vez más debilitada por el deterioro de la situación
en materia de seguridad. Al mismo tiempo, los equipos sobre el terreno
de la UNAVEM II se enfrentaban a peligros cada vez mayores, y la lucha
se expandió tanto que 45 de los 67 puestos de la UNAVEM tuvieron
que ser evacuados.
El Secretario General determinó tres opciones posibles
para el futuro de la UNAVEM II. La primera opción era mantener
la misión con los efectivos entonces autorizados; la segunda
era reducir el despliegue en las provincias de la UNAVEM II a aproximadamente
seis localidades. La opción preferida por el Secretario General
era la de limitar el despliegue de la UNAVEM II a la capital, Luanda,
y a una o dos estaciones exteriores, pero con capacidad para desplegarse
a seis puestos provinciales en caso necesario, para apoyar los esfuerzos
para el mantenimiento de la paz de su Representante Especial. El 29
de enero, el Consejo de Seguridad, en su resolución
804 (1993), prorrogó el mandato de la UNAVEM II por
un período de tres meses, hasta abril de 1993. Como medida provisional
basada en motivos de seguridad, el Secretario General fue autorizado
a concentrar el despliegue de la UNAVEM II a Luanda y, a su discreción,
en otros puestos provinciales, con los niveles de personal y equipo
que juzgase apropiados para permitir el pronto redespliegue ulterior
de la UNAVEM II tan pronto como fuese factible. En virtud de otras disposiciones
de la resolución, el Consejo exigió, inter alia,
que las dos partes establecieran una cesación del fuego inmediatamente,
restauraran el diálogo continuo y significativo y convinieran
en un calendario preciso para la plena aplicación de los Acuerdos
de Paz.
Ulteriormente, el Secretario General decidió reducir
provisionalmente los efectivos de la Misión. Durante los meses
siguientes, el mandato de la UNAVEM II fue prorrogado por el Consejo
de Seguridad en varias ocasiones para permitir que la Misión
ayudase a ambas partes a alcanzar un acuerdo sobre los modos de completar
el proceso de paz y, al mismo tiempo, negociar y ayudar a aplicar las
cesaciones del fuego en el ámbito nacional o local.
8. Otros esfuerzos
por restaurar la paz
Conforme Angola se sumergía en una nueva guerra
civil, el Secretario General y su Representante Especial reanudaron
su labor de mediación. Se mantuvieron conversaciones en Addis
Abeba (Etiopía) para debatir las condiciones necesarias para
el relanzamiento definitivo del proceso de paz en Angola. Durante la
primera ronda de las conversaciones, que se celebró del 27 al
30 de enero de 1993, el Gobierno y la UNITA alcanzaron un acuerdo sobre
una serie de cuestiones, pero algunos asuntos clave quedaban aún
por resolver antes de que pudiera acordarse una cesación del
fuego. La segunda ronda en Addis Abeba tuvo que suspenderse, dado que
la UNITA no envió a su delegación. Después de que
el Consejo de Seguridad exigiese que se reanudara el diálogo
y tras repetidos esfuerzos de la Representante Especial del Secretario
General para acordar una reunión entre ambas partes, las conversaciones
de paz se reanudaron en Abril en Abidján (Côte d'Ivoire),
pero se malograron de nuevo en mayo.
El 15 de septiembre de 1993, el Consejo de Seguridad,
en su resolución
864 (1993) , prorrogó el mandato de la UNAVEM II
por un período de tres meses. Reiteró su disposición
a considerar el aumento de la presencia de las Naciones Unidas en Angola
de forma considerable en el caso de que se lograsen progresos significativos
en el proceso de paz. En aquel momento, la UNAVEM II fue desplegada
a cinco puestos, y sus observadores militares y de policía patrullaron
las respectivas zonas, mantuvieron el contacto necesario con las autoridades
locales, prestaron apoyo en las operaciones de asistencia humanitaria,
y llevaron a cabo investigaciones y otro tipo de actividades.
En la misma resolución, el Consejo condenó
a la UNITA por la continuación de sus acciones militares, y,
actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta, impuso un embargo
sobre el suministro de armas y derivados del petróleo a la UNITA.
El Consejo insistió en que la UNITA respetase los Acuerdos de
Paz de 1991, y en que las partes hicieran todos los esfuerzos posibles
para reanudar las negociaciones.
Las Naciones Unidas prosiguieron sus esfuerzos para facilitar
la reanudación del proceso de paz en consultas con las partes
angoleñas y los países interesados, entre los que se encontraban,
especialmente, los Estados observadores de los Acuerdos de Paz - los
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Portugal.
El 15 de noviembre de 1993, tras amplias consultas y conversaciones
de tanteo, el Gobierno de Angola y la UNITA emprendieron conversaciones
en Lusaka (Zambia), presididas por el Representante Especial del Secretario
General, el Sr. Alioune Blondin Beye (Malí). [El Sr. Beye sucedió
a la Srta. Anstee el 28 de junio de 1993]. El acuerdo sobre los asuntos
militares del programa se alcanzó en diciembre de 1993. El acuerdo
sobre la policía se alcanzó en enero de 1994; sobre la
conclusión del proceso electoral, en mayo; sobre el nuevo mandato
de las Naciones Unidas y sobre la función de los tres Estados
observadores (los Estados Unidos de América, la Federación
de Rusia y Portugal), en octubre. La cuestión de la reconciliación
nacional resultó ser la más difícil, ya que implicaba
cuestiones como la concesión de importantes cargos gubernamentales
a la UNITA, incluidas las gobernaciones provinciales. Tras laboriosas
negociaciones, se llegó a un acuerdo en octubre de 1994.
Entretanto, a principios de septiembre de 1994, el Secretario
General envió una misión especial a Angola, encabezada
por el antiguo Secretario General Adjunto, el Sr. James O. C. Jonah.
La misión evaluó los esfuerzos de las Naciones Unidas
en el mantenimiento de la paz y el socorro humanitario en un momento
en el que las conversaciones de paz de Lusaka estaban en su fase final,
estando negociando las partes el último punto del programa, a
saber, el nuevo mecanismo para aplicar los Acuerdos de Paz y el próximo
Protocolo de Lusaka. Las Naciones Unidas debían proporcionar
un importante elemento de este mecanismo.
El 20 de octubre de 1994, con la esperanza de que se firmase
un acuerdo el 31 de octubre, el Secretario General recomendó
al Consejo de Seguridad que se prorrogase el mandato de la UNAVEM II
hasta el 30 de noviembre de 1994 . También sugirió que
el Consejo deseara tal vez estudiar la posibilidad de autorizar el reestablecimiento
de los efectivos de la UNAVEM II a su nivel precedente de modo que la
misión pudiera asegurar la aplicación del acuerdo de paz
en su inicial y más crítica fase. El 27 de octubre, el
Consejo de Seguridad, en su resolución
952 (1994), prorrogó el mandato de la UNAVEM II hasta
el 8 de diciembre de 1994, y autorizó a que se aumentasen los
efectivos de la Misión a su anterior nivel de 350 observadores
militares y 156 observadores de policía, una vez que el Secretario
General informase de que se había rubricado un acuerdo de paz
y de que se había establecido una cesación del fuego eficaz.
El Consejo también reafirmó su disposición a examinar
prontamente, una vez que el protocolo de Lusaka hubiese sido firmado
oficialmente, cualquier recomendación del Secretario General
para prorrogar la presencia de las Naciones Unidas en Angola.
9. El Protocolo
de Lusaka
Un amplio acuerdo de paz, el Protocolo de Lusaka, fue
rubricado el 31 de octubre y firmado el 20 de noviembre de 1994 en Lusaka
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, el Sr. Venâncio
de Moura, y por el Secretario General de la UNITA y su negociador jefe
en Lusaka, el Sr. Eugénio Manuvakola, en presencia del Presidente
dos Santos. La ceremonia fue presenciada por varios jefes de estado
y de gobierno, varios ministros extranjeros y otros dignatarios. Alegando
motivos de seguridad, el Sr. Savimbi no se desplazó a la capital
de Zambia.
El protocolo de Lusaka constaba de 8 anexos , cada uno
de ellos referente a un tema concreto del programa de las conversaciones
de paz, que abarcaban asuntos jurídicos, militares y políticos.
Los principales asuntos militares se centraban en el restablecimiento
de la cesación del fuego; el retiro, acuartelamiento y desmilitarización
de todas las fuerzas militares de la UNITA; el desarme de civiles; y
la formación de las FAA. Los principales asuntos políticos
incluían la neutralidad de la policía nacional y la integración
de las células de la UNITA en sus filas; el mandato de las Naciones
Unidas y la función de los observadores de los Acuerdos de Paz;
la conclusión del proceso electoral; y la cuestión de
la reconciliación nacional.
10. Se
establece la UNAVEM III
Incluso después de que la cesación del
fuego se hiciese efectiva oficialmente el 22 de noviembre, la situación
militar en muchas partes de Angola continuó siendo tensa, y se
recibieron informaciones de algunos enfrentamientos entre fuerzas del
Gobierno y de la UNITA. A fin de incrementar la capacidad de verificación
de la UNAVEM II y como medida adicional para el fomento de la confianza,
el Representante Especial decidió desplegar en el interior del
país pequeños equipos de personal militar y de policía
que ya estaban sirviendo en la Misión. En consecuencia, del 27
al 29 de noviembre, se establecieron cuarteles generales regionales
para la UNAVEM II en las ciudades de Huambo, Luena, Menongue, Saurimo
y Uige, además del ya existente en Lubango. El Secretario General
también envió un pequeño grupo de especialistas
de la Secretaría de las Naciones Unidas a Angola para que realizasen
un estudio técnico. A partir de las propuestas del equipo, tenía
intención de presentar ulteriormente al Consejo de Seguridad
recomendaciones amplias sobre la función general de las Naciones
Unidas en la aplicación del Protocolo de Lusaka.
En su informe
al Consejo de Seguridad entregado el 4 de diciembre de 1994, el Secretario
General reiteró que una vez que su Representante Especial le
hubiese informado de que la cesación del fuego era efectiva,
procedería a aumentar los efectivos de la UNAVEM II a su nivel
anterior. El Secretario General recomendó que, entretanto, el
mandato de la Misión fuese prorrogado por más tiempo,
hasta el 31 de enero de 1995. Al mismo tiempo, continuaría preparando
recomendaciones al Consejo sobre el posible mandato para una nueva operación
de las Naciones Unidas en Angola. El 7 de diciembre, el Secretario General
declaró en un informe que su Representante Especial le había
informado de que la cesación del fuego se estaba preservando
en términos generales, a pesar de algunas dificultades iniciales.
El Secretario General, por tanto, manifestó su intención
de proceder a restaurar los efectivos de la UNAVEM a su nivel anterior
y al despliegue de la misión por todo el país. Además
de las tareas existentes, la misión vigilaría y verificaría
todos los elementos importantes del Protocolo de Lusaka y proporcionaría
buenos oficios a las partes, incluidas las de ámbito local.
El 8 de diciembre, el Consejo de Seguridad, en su resolución
966 (1994), decidió prorrogar el mandato de la UNAVEM
II hasta el 8 de febrero de 1995 a fin de capacitarla para vigilar la
cesación del fuego establecida por el Protocolo, y acogió
complacido la intención del Secretario General de restaurar la
UNAVEM II a su nivel anterior, dependiendo de la estricta observancia
de una cesación del fuego efectiva y de que se garantizase la
seguridad del personal de las Naciones Unidas. El Consejo señaló
la intención del Secretario General de entregar un informe sobre
un posible mandato para una nueva operación de las Naciones Unidas
en Angola, y acogió complacido que se continuasen los planes
al respecto.
El 1 de febrero de 1995, el Secretario General presentó
al Consejo General el posible mandato para una nueva operación
de las Naciones Unidas en el país, la UNAVEM III. Al mismo tiempo,
informó de que los efectivos de la UNAVEM II se habían
aumentado de forma constante. A 31 de enero, el número de observadores
militares había aumentado de 50 a 171, y los observadores de
policía civil habían aumentado de 18 a 122. El 8 de febrero
de 1995, en su resolución
976 (1995), el Consejo autorizó el establecimiento
de la UNAVEM III para asistir a las partes en la restauración
de la paz y en la consecución de la reconciliación nacional
conforme a los Acuerdos de Paz, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad.
11. Situación
humanitaria
Un aspecto particularmente duro de la situación
en Angola era el gran número de víctimas que el conflicto
provocaba entre la población civil. Según cálculos,
durante 1993 cerca de 1.000 personas murieron cada día por los
efectos directos o indirectos de la guerra. Los niños, las mujeres
y los ancianos estaban entre los más afectados. A pesar de las
dificultades planteadas por la guerra, las Naciones Unidas intensificaron
su acción humanitaria para llegar a unos dos millones de personas
gravemente afectadas por el conflicto. Con este fin, se creó
una Dependencia de Coordinación de la Asistencia Humanitaria
de las Naciones Unidas, encabezada por un alto funcionario con amplia
experiencia en operaciones, en Luanda a finales de abril de 1993, bajo
la autoridad general del Representante Especial del Secretario General.
Los organismos y los programas de las Naciones Unidas
realizaron denodados esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria
a la población civil necesitada, pero a menudo resultaba imposible
llegar a quienes se encontraban en el interior del país. No fue
hasta octubre de 1993, tras intensas negociaciones con ambas partes
sobre el acceso a la asistencia humanitaria y sobre la disminución
general de la intensidad de los enfrentamientos en todo el país,
cuando los vuelos para la prestación de socorro pudieron llegar
a las ciudades sitiadas, como Kuito y Huambo, cuyas respectivas poblaciones
habían pasado muchos meses sin recibir asistencia internacional.
En muchas de estas comunidades previamente inaccesibles se descubrió
que la gente estaba muriendo de inanición y que las tasas de
desnutrición en muchos casos superaban el 35 por ciento. Las
Naciones Unidas comenzaron un programa masivo de asistencia humanitaria.
El PMA encabezó el esfuerzo proporcionando transporte aéreo
para los suministros de socorro de otros organismos de las Naciones
Unidas, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
Tras seis meses de estabilidad relativa y progreso constante
en los esfuerzos de prestación de socorro entre noviembre de
1993 y abril de 1994, se produjo una intensificación del conflicto
y una interrupción casi total de la asistencia humanitaria en
las zonas críticas del país. Los funcionarios de las Naciones
Unidas entablaron negociaciones con las dos partes del conflicto a fin
de asegurar el acceso para la población civil necesitada. Pero
entre mediados de mayo y mediados de agosto de 1994, el suministro de
socorro humanitario disminuyó enormemente, debido al aumento
de los problemas de seguridad y a la reducción o la suspensión
de los vuelos para la prestación de socorro.
En junio de 1994, el Secretario General llamó la
atención del Consejo de Seguridad sobre el aumento espectacular
en el número de violaciones graves del derecho humanitario en
Angola, sobre el rápido deterioro de la situación humanitaria
en lugares donde se estaba negando el acceso a la asistencia y sobre
las amenazas a la seguridad del personal de prestación de socorro.
El Consejo lamentó que la situación humanitaria estuviera
empeorando e instó a las partes a conceder todas las garantías
de seguridad necesarias y a abstenerse de perpetrar acciones que pusieran
en peligro al personal de prestación de socorro o que interrumpieran
la asistencia humanitaria.
A pesar de las importantes dificultades logísticas,
los programas de socorro de las Naciones Unidas sí consiguieron
proporcionar socorro a la población civil necesitada accesible.
En las provincias costeras y otras zonas consideradas seguras, organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales trabajaron con las Naciones
Unidas en la provisión de alimentos y otra asistencia de emergencia
a un número importante de angoleños desplazados por la
guerra o afectados por el declive económico en todo el país.
La Dependencia de Coordinación de la Asistencia Humanitaria de
las Naciones Unidas desempeñó una importante función
en ese proceso. El 21 de mayo de 1993, el Departamento de Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas realizó un llamamiento interinstitucional
para Angola, pidiendo 226 millones de dólares de los EEUU para
asistencia humanitaria de emergencia para 2 millones de angoleños
necesitados. Los donantes habían proporcionado casi el 50 por
ciento de esa cifra a finales de enero de 1994.
Entre febrero y septiembre de 1994, el Departamento de
Asuntos Humanitarios en dos ocasiones revisó y actualizó
los llamamientos interinstitucionales unificados para las actividades
de apoyo humanitario en Angola. Un llamamiento para el período
de febrero a junio pidió inicialmente 179 millones de dólares
de los EEUU. A mediados de agosto, los donantes habían proporcionado
casi el 70 por ciento de esa suma y habían respondido particularmente
bien a los compromisos del sector agrario. No se estaban facilitando
fondos para socorro básico no alimentario y artículos
de emergencia, sin embargo, y la población afectada que estaba
recibiendo asistencia era un 10 por ciento mayor que la cifra prevista
en febrero. En septiembre, el Departamento de Asuntos Humanitarios volvió
a actualizar este llamamiento, pidiendo 61 millones de dólares
de los EEUU para cubrir el déficit estimado en la financiación
de actividades de prestación de socorro hasta finales de ese
año y calculó en 188 millones de dólares de los
EEUU las necesidades totales para la asistencia humanitaria en Angola
para el período de febrero a diciembre de 1994. La mayor parte
de esa suma era para ayuda en alimentos, seguida por asistencia destinada
especialmente a niños y madres. Los compromisos hacia este total
general supusieron aproximadamente el 70 por ciento de las necesidades
a finales de 1994.
A principios de 1995, unos 3,5 millones de angoleños
que vivían en zonas accesibles estaban recibiendo asistencia
humanitaria. Los suministros llegaban por aire y carretera a un promedio
de 15 ciudades cada semana. Aproximadamente 112.000 retornados y otros
grupos vulnerables que vivían cerca de zonas de reasentamiento
estaban recibiendo asistencia del ACNUR. Se preveía que unos
280.000 refugiados angoleños en el Congo, Namibia, el Zaire y
Zambia empezasen a retornar a medida que las circunstancias mejorasen
en Angola. Un problema concreto era el planteado por las minas terrestres.
Según informes, Angola, con una población estimada en
11 millones, era el país "más contaminado de minas
del mundo ", y se calculaba que había unos 10 millones de
piezas de artillería sin explotar repartidas por todo el territorio.
El 1 de febrero de 1995, el Departamento de Asuntos Humanitarios hizo
público un llamamiento interinstitucional unificado para Angola
por cantidad de 213 millones de dólares de los EEUU. De esa cantidad,
55,8 millones de dólares eran para la desmovilización
y la reintegración y 12,4 millones de dólares para las
actividades antiminas.
12. Conclusión
La UNAVEM II actuaba en una situación de conflicto
peligrosa y compleja que exigía flexibilidad e innovación.
Aunque su campo de acción estaba limitado por los Acuerdos de
Paz, la UNAVEM II, desde el momento mismo de su establecimiento, tuvo
que tomar la iniciativa en la prestación de asistencia activa
a las partes para que éstas superasen los obstáculos a
la aplicación de los Acuerdos. Su función política,
sin embargo, permaneció limitada. La UNAVEM II también
contribuyó de forma importante al impresionante logro que supuso
la celebración con éxito de elecciones supervisadas por
observadores internacionales en un país devastado por la guerra.
Tras la reanudación de las hostilidades, la UNAVEM II mantuvo
su presencia política y militar y se convirtió en factor
esencial tanto del esfuerzo constante de las Naciones Unidas por facilitar
la reanudación de las negociaciones para el avance del proceso
de paz como de la supervisión de la dramática evolución
de la situación del país. Como cuerpo neutral, la UNAVEM
II fue un canal imprescindible para las comunicaciones y repetidamente
consiguió que las partes beligerantes reanudasen el proceso de
negociación, al tiempo que desempeñó otras funciones
vitales, como el apoyo a las actividades humanitarias. Hasta un cierto
punto, la Misión cobró importancia como medida de prevención
ante una posible intensificación del conflicto.
Al mismo tiempo, los reveses experimentados por la UNAVEM
II son una muestra de los riesgos que afrontan las Naciones Unidas cuando
su mandato y sus recursos son insuficientes en relación con la
complejidad de la misión, especialmente en circunstancias en
las que las partes no demuestran la voluntad necesaria para la paz.
El breve plazo previsto para el acantonamiento y la desmovilización
de las tropas y para la reconciliación nacional, y el estrecho
margen de actuación de las actividades de las Naciones Unidas
encaminadas a asegurar el cumplimiento de las disposiciones importantes
de los Acuerdos de Paz, tuvieron un efecto negativo en la situación
general. Tras las secuelas de las elecciones, el Secretario General
observó que "la función deliberadamente limitada
que ambas partes y los observadores de los Acuerdos de Paz habían
encomendado a la UNAVEM II en cuestiones militares, consistente sólo
en verificar la eficacia de los mecanismos conjuntos de supervisión
que habían de ser establecidos y presididos por las propias partes,
obstaculizaron su capacidad para impedir el no cumplimiento de lo previsto".