Declaración de la Jefa de Delegación de la República de Panama
S.E. Estelabel Piad Herbruger
Viceministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia
30 de junio de 2000 Ginebra, Suiza

En nuestra condición de representante del Gobierno Panameño, presidido por la excelentísima Señora Presidenta Mireya Moscoso, quiero trasmitirles un saludo a las delegadas y delegados aquí reunidos, y hacerlo extensivo a los pueblos que representan, expresándoles la voluntad de nuestro Gobierno de trabajar por el fortalecimiento de la amistad y la cooperación de todas las naciones del mundo.

La ocasión es propicia para saludar fraternalmente al hermano Pueblo de Suiza y a su Gobierno, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su generosa hospitalidad y las finas atenciones que mi delegación ha recibido desde su llegada a esta próspera tierra.

El próximo mes de noviembre, Panamá será escenario de la celebración de la X Cumbre Iberoamericana de Jefa y Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo lema es: "UNIDOS POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, BASE DE LA JUSTICIA Y EQUIDAD EN EL NUEVO MILENIO". Este evento reviste gran importancia para el desarrollo futuro de las generaciones iberoamericanas, ya que se tratarán temas de trascendental relevancia, los cuales son de común interés para nuestros países.

Somos un país pequeño con 2.8 millones de habitantes, de los cuales el 60% vive en áreas urbanas. Aproximadamente un 37.3 % de la población panameña vive en condiciones de pobreza; concentrándose un 77% de toda la población pobre, en las áreas rurales e indígenas.

El Gobierno de Panamá, comprometido con el desarrollo social, ha realizado grandes esfuerzos para disminuir la pobreza, incentivar el empleo y lograr la integración social. Vale la pena destacar que Panamá se encuentra entre los países de la región latinoamericana que más recursos destinan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, asignando al gasto público social alrededor del 20% del Producto Interno Bruto del país.

Sin embargo, este gran esfuerzo no ha tenido los resultados esperados, debido a la ineficiencia del gasto social y a la falta de una adecuada focalización a las áreas geográficas y grupos vulnerables. La capacidad del Gobierno para invertir en el desarrollo social se ve restringida, porque el alto nivel de endeudamiento del país obliga a destinar un 21.8% del Presupuesto General del Estado a satisfacer el servicio de la deuda pública.

Entre las acciones prioritarias para atacar la pobreza, está la ejecución de una política de desarrollo rural, que además de ampliar el acceso a los servicios sociales básicos de esta población, reduce sus carencias productivas. En relación a la población indígena, el Estado considera indispensable partir de sus propias demandas, respentando su identidad, valores y cultura, propiciando la organización social, la introducción de métodos modernos de producción y la provisión de servicios sociales básicos. Para avanzar en ese proceso se ha creado el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena integrado por representantes indígenas y del Gobierno. Para reducir la pobreza urbana se desarrollan programas para incrementar la productividad de las empresas y actividades del sector informal, de manera que se mejore la calidad del empleo.

Entre las principales metas de nuestro Gobierno está reducir la desnutrición infantil. Otro aspecto prioritario es el mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de salud de la población, lo cual está íntimamente ligado al desarrollo social de los pueblos. Aún cuando se estima que el 80% de la población panameña tiene acceso a servicios de salud y cerca del 90% tiene acceso al agua potable, se están desarrollando programas para lograr que estos servicios lleguen a un porcentaje mayor de la población rural a indígena, que actualmente se encuentran en desventaja con respecto a las personas que residen en las áreas urbanas, donde más del 95% de la población tiene acceso a estos servicios.

La educación es una de las armas más importantes para combatir la pobreza, en ese sentido, Panamá ha realizado esfuerzos significativos en las últimas décadas para ampliar la cobertura y en años más recientes, para mejorar la calidad de la educación, situándose entre los países que dentro del contexto latinoamericano destina mayores recursos a este sector. Se ha logrado alcanzar una cobertura casi total en la educación primaria, la cual registra una tasa neta del 94.7%, lo que a su vez ha influido positivamente en la disminución del analfabetismo que en los últimos 30 años redujo su tasa de 25.2% al 7.8%.

La falta de vivienda adecuada es otro indicador de pobreza, el objetivo fundamental del estado Panameño es el garantizar el financiamiento de viviendas de interés social, de manera que con la participación del sector privado, se avance hacia una reducción progresiva del déficit habitacional existente.

Una de las mayores preocupaciones de nuestro Gobierno es la generación de oportunidades de empleo productivo, que le permitan a las familias panameñas tener un ingreso adecuado y estable, ya que el desempleo alcanza una tasa de 11.6% de la población económicamente activa.

Para atacar esta situación se han emprendido acciones importantes para incentivar la inversión privada y promover el crecimiento, aprovechando, entre otros, el gran potencial que representa la incorporación a la economía de los bienes revertidos de la antigua Zona del Canal.

Para fomentar la integración social y la igualdad de oportunidades, Panamá ha promulgado una serie de medidas normativas entre las que se destacan: la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño; la reforma al Código electoral que garantiza la participación de las mujeres a cargos de elección; la ley con relación a las oportunidades y facilidades que deben recibir las personas con discapacidad; la ley, por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, la ley por la cual se elimina el lenguaje sexista de las obras y textos escolares; la ley del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la adolescencia y recientemente se ratificaron los Convenios N° 182 y N° 138 sobre el trabajo infantil.

En 1997 se creó el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, cuyos objetivos generales son: impulsar el desarrollo humano por la vía de la participación y promoción de la equidad. Promovidos por el Ministerio se han creado el Consejo Nacional de la Familia y el Menor, el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Juventud y el Consejo Nacional del Adulto Mayor, como espacios propicios para la participación organizada de la sociedad civil.

Panamá por primera vez en su historia cuenta con una mujer dirigiendo los destinos del país, producto de que a través de nuestra vida republicana las panameñas han luchado por tener derecho a participar activamente en la toma de decisiones y en el desarrollo económico, social, cultural y político del país.

El Gobierno panameño reconoce que la familia es la unidad básica de la sociedad y que desempeña un papel fundamental en el desarrollo, además de ser un componente esencial para lograr la integración social. En ese sentido, ha puesto en marcha políticas y programas a fin de fortalecer la capacidad de la familia para cumplir con sus funciones sociales y de desarrollo. Se está haciendo énfasis en el bienestar de los niños y niñas, y las mujeres, los valores familiares y la educación de los hijos a hijas, como herramienta importante para lograr el desarrollo social.

En síntesis la República de Panamá se caracteriza por tener los mismos problemas de desarrollo que los demás países de la región. No obstante, está clasificado por los organismos internacionales como un país de ingreso medio alto, lo cual lo limita como país beneficiario de los donantes internacionales. Esto se debe a que para la clasificación del país se ha tomado en cuenta el ingreso percápita y los indicadores en el ámbito nacional, que ocultan las amplias disparidades y desigualdades regionales y entre los grupos de población.

El Gobierno de Panamá considera oportuno hacer algunas recomendaciones que favorezcan el desarrollo social sostenible no sólo en el ámbito regional, sino mundial. En ese sentido sugiere que se realicen evaluaciones participativas sobre el impacto social de los ajustes estructurales en cada país y que en estos ejercicios se incluya a las Agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil con el fin de ajustar las estrategias de las reformas económicas. Igualmente es necesario hacer un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para brindar ayuda a los países más vulnerables, en un espíritu de justicia social internacional y de auténtica solidaridad humana.

Para finalizar es importante recalcar que Panamá reafirma su compromiso con el Programa de Acción y la Declaración de Copenhague, así como con las nuevas medidas que se adopten en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y reitera su apoyo a los esfuerzos que se realicen para mejorar las políticas existentes sobre la niñez, la adolescencia, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades, así como las metas trazadas para lograr una mejor calidad de vida de la población en la región latinoamericana y el mundo.