Discurso del
Sr Vice Ministro de Trabajo y Seguridad Social de La
República Oriental Del Uruguay,
Ing. Juan Federico Bosch
Ginebra, 27 de junio de 2000.

Sr Presidente:

Es para mí un honor haber sido designado como jefe de delegación de la República Oriental del Uruguay, para participar en esta Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar los impactos de la implementación de los compromisos asumidos en Copenhague y abordar el desarrollo social en el actual proceso de mundialización.

En los últimos quince años el objetivo central de la política económica del Uruguay, ha sido el descenso de la inflación, considerado como el impuesto mas gravoso para los sectores de población con ingreso fijo, la apertura externa con desgravación arancelaria, la integración al Mercado Común del Sur (Mercosur) y una política fiscal tendiente a equilibrar las cuentas del sector público.

Podemos afirmar que el país ha crecido económicamente, en efecto, si se compara el poder adquisitivo del salario respecto al año 1995, se observa en los últimos años que el mismo ha crecido ubicándose en 1999 en un 4 % más respecto al año base.

El producto bruto interno en el período 91-98 creció un 34,5% a valores constantes de 1983.

Con referencia a la distribución y concentración del ingreso entre 1990-1997 la proporción del ingreso total de los hogares del 40% mas pobre subió del 20% al 22%, mientras que los hogares del 10% más rico bajaron su participación en la distribución del ingreso del 31% al 25,8%. No obstante en el bienio 1998 -1999 hay una tendencia a la concentración del ingreso. En el marco regional, nuestro país muestra un desarrollo social elevado .

Ello responde no sólo al crecimiento económico sino a una preocupación por la justicia social cuya continuidad fue favorecida estos años por una estabilidad democrática alta.

En 1997 Uruguay ocupa el tercer lugar en América Latina en el Indice de Desarrollo Humano y tiene el nivel más bajo de pobreza humana.- Cuando el Indice de Desarrollo Humano se corrige por desigualdad, medida por el coeficiente GINI el país pasa a ocupar el primer lugar en materia de desarrollo humano.

Los hogares bajo la línea de pobreza pasan de un 12% en 1990 a un 6 % en 1997.-

Según un estudio reciente realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y tomando en cuenta el último Censo de Población (1996) el 60 % de los uruguayos han mejorado sus condiciones de vida mientras que 2/5 partes de la población tienen alguna necesidad básica insatisfecha.

La caracterización del fenómeno pobreza es complejo e inciden otros factores además de los estrictamente económicos.

En el ámbito de la educación, Uruguay ha procesado una reforma profunda. A los criterios que desde hace más de un siglo informan el proceso educativo uruguayo, basado en la obligatoriedad, laicidad y gratuidad integral de la educación primaria, secundaria y universitaria, fue necesario imprimir nuevos objetivos. Las orientaciones fundamentales de este proceso de reforma se asientan en la necesidad de refundar el papel de la educación como factor de conciencia cultural y científica destinada a elevar los recursos humanos del país, dinamizando con ello los canales de movilidad social, y modernizando la relación educación-proceso productivo.

Desde nuestra concepción, la reforma educativa ha sido una de las líneas de política social con más fuerte impacto como estrategia de superación de la pobreza, en sectores donde el fenómeno aún persiste.

A partir de 1995 se amplió la cobertura educativa hasta alcanzar a los niños de 5 y 4 años, permitiendo la pronta socialización de los niños y la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

La escuela ha mejorado su oferta, a través de un servicio conocido como "escuela de tiempo completo" que satisface las necesidades de alimentación, y salud, de los sectores menos favorecidos socialmente.

En el Uruguay de hoy, estos nuevos modelos de escuela permiten superar las dificultades del 40% de los alumnos provenientes de hogares con necesidades básicas insatisfechas.

En la Cumbre de Copenhage se asumió el compromiso de promover el acceso universal y equitativo a la educación, el acceso a los servicios de salud y la equiparación del hombre y la mujer en el trabajo.

Nuestro país dedica el 10 % del PBI a la salud y el gasto en el sector público representa el 28,6 % del total de gasto de salud del país. La población más carenciada tiene atención absolutamente gratuita.

La tasa de analfabetismo bajó del 4,3 % al 2,1 %. En los últimos 3 años disminuyó un 20 % la tasa de mortalidad infantil.

En materia de empleo la principal medida política es la generación de una economía abierta, dinámica y creciente, con especial énfasis en la calificación de la mano de obra y la incorporación de nueva tecnología.

Nuestro Presidente Dr. Jorge Battle Ibañez, quién asumió en marzo de este año y su equipo de gobierno, están comprometidos a modernizar el país introduciendo nueva tecnología, reactivando los sectores productivos especialmente el agropecuario, capacitando la mano de obra, procurando una economía que genere empleos productivos de buena calidad, con un enfoque basado en el desarrollo humano sostenible.

Uruguay puede competir internacionalmente por la calidad de sus productos naturales, siempre que los países e integraciones de países, adopten medidas para ir eliminando los subsidios y protecciones a sus productos.

Es imposible pedirle a un país como el nuestro que mantenga un nivel aceptable de desarrollo humano, sino puede generar empleo digno para su gente y eso depende ya no sólo de las políticas nacionales, sino también, de las políticas de comercio exterior de otros países y regiones.

El Uruguay tiene una larga trayectoria de respeto por los derechos de los trabajadores y casi ningún convenio denunciádo ante la O.I.T., esto implica un mayor bienestar para el trabajador, pero se transforma en un obstáculo cuando nuestra mano de obra se considera "cara" de acuerdo a otros países que no recogen las mismas condiciones laborales para sus trabajadores.

Nuestros productos agrícolas son de excelencia sin aditamentos químicos ni contaminantes.

No obstante, el alto proteccionismo de bloques industrializados limita fuertemente la expansión de nuestras exportaciones, restringiendo las posibilidades de generación de empleo genuino.

Nos preguntamos entonces, si uno de los temas de esta Cumbre al abordar el desarrollo social en un mundo más globalizado, no sería recomendar y estudiar las consecuencias que en la economía interna de muchos países tienen los altos subsidios y protecciones de los países desarrollados que hacen muy dificultoso el crecimiento del desarrollo social.

Por eso si bien los indicadores económicos y sociales del Uruguay nos colocan en un lugar privilegiado, en estos dos últimos años se han comenzado a sentir los efectos de la globalización en sus aspectos positivos y en sus aspectos negativos.

Somos un país abierto y estable económica y financieramente para cualquier inversión extranjera que se adecue a nuestras normas. Consideramos esencial el impulso que la inversión extranjera produce en una economía como la uruguaya. Pero también pedimos la reciprocidad en el comercio con los otros países del mundo.

El desarrollo humano medido con indicadores tradicionales nos dice poco acerca de las incertidumbres que los uruguayos tienen acerca de su futuro.

Si bien Uruguay aún conserva garantías de estabilidad, existe en la población cierta sensación de insatisfacción ante la actual retracción de actividades productivas e industriales.

La radicalidad en el cambio productivo alcanza a todos los trabajadores independientemente de su nivel social. La capacidad de reciclaje marca una línea muy profunda entre aquellos grupos sociales que pueden acompañar los procesos de transformación sin traumas y los que quedan a la deriva.

Percibida como una consecuencia inherente al nuevo escenario internacional, los uruguayos experimentan la pérdida de la certidumbre que incide en la sensación de bienestar.

El gobierno del Uruguay presta mucha atención a este tema, pues esto puede tener un impacto profundo en la familia, en la integración y en el entretejido social.

A medida que se avanza hacia una economía mundial se hace cada vez más impostergable que se globalice la igualdad de oportunidades, sin trabas ni subsidios que permitan a todos los países, desarrollados o no, a acceder a una vida digna y al respeto de todos los derecho sin distinción de raza, credo, nacionalidad o sexo.

En vano resultarán todos los esfuerzos comunitarios para el desarrollo social, si no somos capaces de levantar las restricciones que artificialmente condicionan la viabilidad de nuestras sociedades.

Desde este lugar, hacemos un llamado al compromiso internacional de desarticular los mecanismos de protección comercial que hoy impiden un justo desarrollo de los mercados laborales del mundo.

En los albores de un nuevo milenio debemos apostar a reducir la brecha de desigualdad entre los países para de esta forma, generar un crecimiento social justo. Esta es una deuda social pendiente que debemos saldar para un desarrollo saludable para todos los habitantes del orbe y en especial para la infancia y la juventud.