El análisis de los esfuerzos que ha realizado Colombia para solucionar
los diferentes problemas estructurales que limitan las posibilidades de alcanzar
unos mejores niveles de vida para sus ciudadanos, debe en primer término
reconocer la situación de violencia derivada de un largo conflicto
interno y de la irrupción con fuerza del narcotráfico, que ha
limitado en forma seria el desarrollo del país.
Esta realidad
desemboca en un círculo vicioso, en el cual la violencia se convierte
en un obstáculo para que la sociedad encuentre una senda sostenible
de desarrollo. Probablemente se requiere un nuevo marco conceptual para definir
y evaluar el desarrollo social en tales circunstancias; sin embargo, hoy quiero
resaltar el esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno colombiano para incrementar
el bienestar de su población en medio de un escenario tan adverso.
Pese a tener que afrontar la complejidad del conflicto armado y los efectos
desestabilizadores del narcotráfico, el Estado colombiano ha venido
efectuando importantes esfuerzos que le han permitido incrementar su inversión
social. Así, el gasto social pasó de representar menos del 5%
del PIB en la década de los sesenta, a 9.2% del PIB en 1990. Con las
reformas estructurales introducidas entre 1990 y 1993, el sector social se
ha visto especialmente fortalecido. La profundización de la descentralización,
la reforma a la educación y la reforma a la salud, permitieron que
el gasto social se elevara a 15.6% del PIB en 1996. Es así como la
inversión social se quintuplicó en términos reales durante
las últimas tres décadas, viéndose favorecidos en su
orden, los sectores de educación, seguridad social, salud, agua potable
y saneamiento básico y vivienda.
Este esfuerzo se vio reflejado en el mejoramiento continuo de los indicadores
tradicionales de desarrollo económico y social hasta mediados de la
década del noventa. La mortalidad infantil disminuyó de 90 defunciones
de niños menores de un año por cada mil nacimientos a menos
de 30, mientras que en el sector educativo la tasa de analfabetismo se redujo
de 18.8 en 1973 a 9.9 en 1993 y la escolaridad aumentó de 52% en 1985
a 65.2% en 1995.
Los indicadores de pobreza también mostraron resultados positivos:
entre 1985 y 1997, el índice de necesidades básicas insatisfechas
se redujo de 45% a 26% y la población en estado de miseria de 22% a
8.6%. Como indicador global, el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas se elevó de 67.5 a 84.8 en el mismo período y la desigualdad,
medida en términos del coeficiente de Gini, se redujo de 0.55 a mediados
de los sesenta a 0.45 a mediados de los noventa.
La evolución del gasto público y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población en Colombia han estado acompañados por
una serie de reformas estructurales que en los últimos 20 años
han modificado radicalmente el panorama social y la estructura institucional
del país. En primer lugar, es importante
mencionar el proceso de descentralización, iniciado a principios de
los ochenta después de más de 70 años con un sistema
fuertemente centralista. Dicho proceso se inició en 1983 con el fortalecimientos
de la base tributaria, de los municipios. Luego, se estableció la elección
popular de alcaldes, se creó el sistema de transferencias y se transfirieron
a los gobiernos locales una serie de funciones gubernamentales y competencias
orientadas a mejorar la situación social de la población de
cada jurisdicción.
El avance más significativo se plasmó en la Constitución
de 1991, resultado de un proceso ampliamente participativo, que estuvo articulado,
en parte, a la firma de acuerdos y desmovilización de importantes grupos
guerrilleros que actuaban en el país. En este sentido, en desarrollo
de los preceptos constitucionales, se descentralizaron y se aumentaron fuertemente
los presupuestos a los servicios de educación, salud, agua potable
y saneamiento básico. En el frente social, fueron múltiples
las reformas estructurales introducidas en el marco de la reforma del Estado
de inicios de los años noventa.
En la última década, Colombia se embarcó en un apertura
a integración a la economía mundial, con el convencimiento de
que el país se beneficiará de este proceso. El gran reto que
ha asumido el Gobierno es lograr que estos beneficios sean apropiadamente
distribuidos entre los miembros de la sociedad para que la globalización
no sea una restricción sino una oportunidad para el desarrollo social.
Sin embargo, el progreso que se venía logrando en materia social se
estancó en los últimos años y los efectos de las reformas
estructurales se han visto limitados, como resultado de la agudización
del conflicto armado por efecto del narcotráfico. La incertidumbre
ha llevado la inversión a niveles históricamente bajos y consecuentemente
en 1999, por primera vez en sesenta años, el país tuvo una tasa
de crecimiento económico negativa y la tasa de desempleo alcanzó
el 20%.
La violencia y el narcotráfico se han convertido en los principales
obstáculos para continuar avanzando en el proceso de desarrollo social.
El narcotráfico le ha generado inmensos costos económicos y
sociales a Colombia. El país debe gastar anualmente alrededor de mil
millones de dólares en actividades asociadas a la lucha contra el narcotráfico.
Los capitales ilícitos han debilitado la economía estimulando
el conflicto y fomentando el contrabando de productos industriales como instrumento
del lavado de dinero, mientras que los cultivos ilícitos han tenido
un impacto negativo en los campesinos y en los ecosistemas de zonas ambientalmente
frágiles como la amazonia. Se ha estimado que por cada hectárea
sembrada de coca se destruyen cuatro hectáreas de bosque amazónico
llevando a que en Colombia se hayan destruido ya un millón de hectáreas
de bosques. Mientras tanto, los campesinos que se ven involucrados en esta
actividad no mejoran su nivel de vida; está comprobado que sus ingresos
no son superiores a los que obtendrían cultivando productos agrícolas
tradicionales,
en contraste con el enriquecimiento de los intermediarios y narcotraficantes.
Los campesinos pobres que cultivan coca o amapola siguen siendo pobres y además
han terminado sometidos a los rigores del conflicto y al desplazamiento forzado.
El conflicto armado y el narcotráfico han afectado negativamente el
desarrollo a través de sus efectos sobre el capital humano, el capital
físico y el capital social. En cuanto al capital físico, la
destrucción de la infraestructura del país hace difícil
favorecer incrementos en la tasa de inversión y la competitividad en
los diferentes sectores económicos.
La conservación del capital natural se ha visto afectada en dos aspectos.
De una parte, el incremento de acciones bélicas atentando contra la
infraestructura petrolera que afecta de manera irreparable las fuentes de
agua y los bosques. De otra parte, el narcotráfico amplia la frontera
agrícola hacía los bosques y dinamiza los factores que conducen
a poblaciones a desplazarse y colonizar nuevos territorios. Finalmente, el
aumento de la violencia y del narcotráfico también tiene un
impacto negativo sobre el sector público y las instituciones del gobierno,
aumentando la corrupción y debilitando la confianza en el sistema politico.
El conflicto colombiano por su propia dinámica ha sufrido serias transformaciones
y sin duda alguna, la fuerza con la que irrumpe el narcotráfico en
los años ochenta, se constituye en el factor que ha generado el mayor
incremento de la violencia. El narcotráfico no solo permeó a
la sociedad y sus instituciones generando corrupción y destruyendo
valores sino que permeó también a los actores armados cuya financiación
proviene crecientemente del negocio de la droga. Durante los últimos
cinco años el área bajo cultivos ilícitos se duplicó,
ampliando el círculo de la violencia.
El conflicto colombiano es entonces un conflicto
sui generis
que requiere una solución
sui generis,
en la que el gobierno de Colombia está empeñado y que busca
avanzar al mismo tiempo en tres frentes. El primero una solución política
negociada al conflicto acompañada de un compromiso con la defensa de
los derechos humanos. El segundo, una lucha contra el narcotráfico,
que se constituye en el gran enemigo de la paz. Y en tercer lugar, un conjunto
de inversiones sociales y de atención humanitaria especialmente en
la zonas rurales más golpeadas por el conflicto y el narcotráfico,
para promover el desarrollo y acabar con la dependencia económica en
los cultivos ilícitos.
En este último frente se concentran inversiones en el campo social
y de infraestructura en programas para aquellas regiones del país en
donde existe violencia a inversiones relacionadas con la rehabilitación
tanto física como sicológica de las víctimas de la guerra,
incluyendo inversiones dirigidas a las comunidades desplazadas por la violencia,
fundamentalmente en to relacionado con atención humanitaria, generación
de garantías para el retorno
o
reubicación y rehabilitación sicológica. Estas inversiones
que en conjunto son de
gran tamaño, son indispensables para la generación o reconstrucción
del capital humano, físico natural y social deteriorado por la violencia,
así como para demostrar que, a largo plazo, los dividendos de la paz
son la mejor inversión colectiva para el país.
Todas estas acciones hacen parte de un ambicioso Plan Colombia, principalmente
de carácter social, ya que el 75% de sus recursos están orientados
a inversiones de carácter social para la generación de condiciones
propicias para que el proceso de paz avance y sea sostenible en el largo plazo.
Estas actividades que hacen parte de la estrategia de Fortalecimiento Institucional
y Desarrollo Social que el gobierno ha puesto a consideración de la
comunidad internacional representarán una inversión cercana
a los 2.000 millones de euros. De este monto global, pretendemos solicitar
a la comunidad internacional E$1.000 millones, a través de una Mesa
de Aportantes que se realizará en Madrid entre el 6 y el 7 de Julio
de este año y, los colombianos, a través de nuevos impuestos,
aportaremos los demás recursos.
Colombia ha cargado sobre sus hombros el peso de la lucha contra el narcotráfico, un problema sin duda de carácter internacional. Confiamos entonces en que ahora le demos pleno desarrollo al principio de la responsabilidad compartida y así, con el apoyo de la comunidad internacional, Colombia podrá derrotar los principales factores que limitan nuestro desarrollo e impiden el mejoramiento de las condiciones sociales de nuestra población.
Muchas gracias
